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Municipios de la Isla restringen el empadronamiento a inmigrantes

Noticia publicada en el Diario de Avisos el Jueves 28 de Enero por José Luis Cámara / Nicolás Dorta
Abogados y ONG denuncian que en los últimos cinco años se han dado más de un centenar de casos de personas a las que se impidió la inscripción en el padrón.

 

La polémica suscitada a raíz de la negativa del ayuntamiento catalán de Vic de no empadronar a inmigrantes en situación irregular, ha generado un agrio debate popular cuyas consecuencias reales aún están por llegar.

La decisión del consistorio barcelonés, sin embargo, ha puesto de manifiesto una realidad que, en comunidades autónomas como Canarias, se repitió con demasiada frecuencia en los últimos años. De hecho, distintas ONG de Tenerife, como Mensajeros por la Paz, Movimiento por la Paz, Cáritas, Asamblea de Cooperación, Médicos del Mundo y Cruz Roja, entre otras, constataron más de un centenar de casos en los que se negó el empadronamiento a inmigrantes, a los que se les exigió, por ejemplo, la tenencia de un visado junto a los habituales requisitos que marca el Real Decreto 2612/1996, como la tarjeta de residencia (o en su defecto, el pasaporte) y un contrato de alquiler de una vivienda. Es el caso de Seidi (nombre ficticio dado para preservar su intimidad), un joven senegalés de 21 años al que se le pidió el visado a la hora de empadronarse en Arona.

Más flagrante si cabe fue el de Ahmed, al que un policía local de Las Galletas amenazó con denunciarlo para que fuera expulsado si no dejaba de intentar empadronarse o, en su defecto, le daba dinero a cambio de facilitarle los trámites.

Según explica la abogada experta en Extranjería Libia Betancourt, «el tema de Vic ahora parece un escándalo, cuando fue una práctica usual en muchos municipios de Tenerife en los últimos cuatro o cinco años». Ella y otros letrados tuvieron que acompañar a empadronarse a muchas personas, para obligar a ayuntamientos como los de Candelaria, Granadilla, Güímar, Arona o Adeje, cumplieran con lo establecido por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. En ella se deja claro que «no precisarán visado para entrar en territorio español los extranjeros titulares de una tarjeta de identidad de extranjero, de una tarjeta de estudiante extranjero, de una tarjeta de acreditación diplomática o de la autorización de regreso; ni los titulares de una tarjeta de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas y estén vigentes al solicitar la entrada».

«Nos alegramos de que se haya pronunciado la Abogacía del Estado», recalca Libia Betancourt, opinión que comparte Roberto, quien durante años asistió jurídicamente a inmigrantes que acudieron a la ONG en la que colaboraba. Según él, «ante las dudas generadas en los ayuntamientos, el Gobierno dictó en 1997 una resolución conjunta de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictaban instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la actualización del padrón municipal». «La resolución ordena a todos los ayuntamientos a que empadronen a todos los extranjeros sin preocuparse de su situación legal, puesto que el objetivo del padrón es tener un registro de todos los que viven en el municipio, incluidos los indigentes sin hogar, y el análisis de las situaciones irregulares corresponde al Ministerio del Interior, no a las autoridades municipales», espeta Roberto.

En la orilla opuesta, las localidades implicadas niegan que, a día de hoy, se sigan produciendo situaciones de este tipo, algo lógico por otra parte si tenemos en cuenta que se ha reducido el flujo migratorio, y además muchos inmigrantes han decidido retornar a sus países.

Es «desaconsejable»

Desde el Observatorio de la Inmigración de Granadilla (Omigra) explican que no tener empadronados a los inmigrantes sería «bastante desaconsejable» por «su vulnerabilidad y marginación social ante cualquier trámite en la administración pública». Comentan que en principio no han existido problemas para empadronar a estas personas, todo lo contrario, «la ley establece unos derechos de residencia específicos», recalcan.

En la misma línea se manifiestan desde el Consistorio de Arona, donde dejan claro que «los inmigrantes irregulares se empadronan como cualquier otra persona». Necesitan algún tipo de identificación y un lugar de residencia que acredite que vive aquí. «Si el contrato de arrendamiento es legal o ilegal no lo decidimos nosotros».

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes, insiste en que «no hay ningún problema» para empadronar a los inmigrantes sin papeles, siempre que se cumplan las normas que la ley establece. «Esas personas tienen sus derechos, como todo el mundo y la ley los ampara», dice el regidor. Mientras, desde el Ayuntamiento de Adeje, comentan que «no ha existido inconveniente para el empadronamiento de los inmigrantes». De hecho, fuentes municipales denotan que «las políticas sociales van precisamente por el camino de la integración y la convivencia ciudadana».

Con trabas o sin ellas, y con la polémica de Vic de fondo, el empadronamiento de los inmigrantes seguirá en el primer plano político, y a buen seguro retornará en 2011 durante la campaña electoral.

Fuente: Diario de Avisos

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