El informe analiza el proyecto de decreto con el objetivo de formular observaciones y propuestas de mejora. Estas residencias se consideran un recurso fundamental para garantizar la equidad educativa, ya que permiten el acceso a la educación a alumnado con dificultades geográficas, sociales o derivadas de la oferta educativa, atendiendo en la actualidad a unos 649 estudiantes distribuidos en 13 centros.
Tras un breve análisis estadístico el Consejo analiza el articulado y propone reforzar su carácter como centros educativos, no solo residenciales, mejorando sus instalaciones, recursos y enfoque inclusivo. Asimismo, plantea una reorganización interna que garantice equipos directivos completos en todos los centros y la incorporación de nuevas figuras de coordinación. En relación con el personal, se insiste en la necesidad de formación específica, una regulación clara de funciones y condiciones laborales, y un refuerzo de plantillas, especialmente para atender alumnado con necesidades educativas especiales.
Se propone reforzar la participación en los órganos de gobierno, clarificar las responsabilidades de las familias y revisar los criterios de admisión para priorizar situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, se apuesta por mejoras en la financiación, el mantenimiento y la gestión de las residencias, con el fin de garantizar un funcionamiento más eficiente y adaptado a las necesidades actuales del sistema educativo canario.
Este informe fue aprobado en la reunión de la Comisión Permanente del pasado 10 de marzo.