Escenario de partida en nuestra comunidad autónoma

A raíz de la publicación de los Decretos 126 y 127, ambos de 24 de mayo de 2007, por los que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias, respectivamente, se han sucedido muchas actuaciones encaminadas a concretar la ley educativa o, lo que es lo mismo pero en términos pedagógicos, dirigidas al fortalecimiento de una práctica docente que se traduzca en la adquisición y consolidación de las competencias básicas en nuestro alumnado Contamos con órdenes y resoluciones que se refieren a distintos aspectos de la LOE —como la evaluación, la atención a la diversidad, la convivencia y el clima escolar, la mejora de los aprendizajes en lenguas extranjeras, la formación del profesorado, etc.—, que han venido acompañadas de una continuada, abundante y variada convocatoria de planes formativos [1]. Todas estas acciones organizativas y formativas, que han supuesto una importante inversión en recursos humanos y económicos, han traído consigo avances en muchas parcelas, y a pesar de ello, no han terminado de resolver de manera totalmente satisfactoria el problema de la evaluación colegiada de las competencias básicas.

El escenario que se nos ha venido presentando puede entonces describirse de la siguiente manera:

1. la cantidad de normativa generada ha provocado que la operatividad de esta disminuya y que, en muchas ocasiones, se haya producido una desconexión entre las políticas y las prácticas educativas, por lo que el necesario cambio de cultura pedagógica no se ha producido con efectividad;
2. en el intento de paliar esta situación, han surgido abundantes propuestas formativas y de acción que no siempre consiguen conectar adecuadamente con el espíritu de la propia LOE e incluso algunas se han alejado bastante de la propia legislación;
3. ello ha llevado a que los centros demanden a la Administración la reorientación de los discursos y las soluciones planteadas, con el propósito de que la norma se ajuste y facilite la práctica de aula;
4. y, sin embargo, esta reorientación debe conseguir la mejora de los resultados de las evaluaciones externas, de manera que pueda comprobarse que se está desarrollando una adecuada práctica docente, orientada a que el alumnado adquiera las competencias básicas.

Si admitimos esta descripción del escenario y formulación del problema en el que nos movemos, llegaremos a la conclusión de que se trata de un círculo que hay que romper para superarlo. La cuestión importante es cómo conseguirlo, para que todas las partes involucradas entren en sintonía.

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[1] La formación permanente del profesorado ha sido una gran apuesta de la Consejería de Educación. Desde la publicación de la LOE, se han ofertado una gran cantidad de cursos de actualización, tanto presenciales como virtuales, que han llegado a través de programas formativos abiertos a todo el profesorado de la comunidad autónoma. También encontramos una oferta mixta —presencial y virtual— contextualizada en los proyectos de formación de los centros. Esta última estrategia quizá haya sido la más adecuada dado el equilibrio entre costes e impacto en la mejora de la calidad educativa.

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La evaluación colegiada de las competencias básicas en la Comunidad Autónoma de Canarias
Hacia un modelo de escuela inclusiva y sostenible.
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias   |   Serie Ediciones Educativas Canarias, 2013
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