BREVE HISTORIA DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Por Francisco Suárez Moreno
Prehistoria
Las raíces más profundas de la historia de este municipio arrancan de la sociedad aborigen. En sus valles se hallaban establecidos desde tiempos muy lejanos dispersos poblados aborígenes, en algunos de los cuales se ha datado una antigüedad de al menos del siglo I de nuestra era. Conformaban diversos modelos de asentamientos humanos tanto en cuevas-habitación como en casas de piedra de planta interior cruciforme y exterior ovalada.
El principal núcleo habitado, de carácter protourbano, se situaba en las proximidades de la desembocadura del bco. de La Aldea, conocido hoy como el amplio yacimiento arqueológico de Los Caserones, Bocabarranco, La Caletilla y Lomo de los Caserones. En esta zona, y a finales del siglo XIX, V. Grau Basas contabilizó cerca de mil viviendas, además de varios túmulos funerarios y otros monumentos.
Constituía un territorio con excelentes condiciones ecológicas para el desarrollo de una comunidad aborigen dependiente del guanartemato de Gáldar. Su economía halló en los depósitos sedimentarios del valle, y en las terrazas de su red de barranquillos y de los valles de Tasarte y Tasartico, excelentes suelos para las sementeras de cebada, el alimento principal de la sociedad aborigen, complementando con la producción ganadera generada gracias a los extensos pastizales para los ganados de cabras y ovejas.
La costa ofrecía posibilidades para la actividad pesquera, con técnicas diversas como pudo ser probablemente la embarbasca o pesca en los charcos costeros narcotizando a los peces con euforbias, costumbre que se mantuvo siglos después de la Conquista y que debió ser el origen de la actual y renombrada Fiesta de El Charco, a celebrar cada 11 de septiembre.
La riqueza que podía ofrecer la Isla tanto en hombres para la esclavitud como en orchillas y otros bienes atrajeron a los primeros navegantes atlánticos, catalanes, mallorquines, andaluces y lusitanos– quienes desde mediados del siglo XIV comienzan a a llegar a ella, tanto para el infame comercio esclavista, como para intercambiar con los jefes indígenas orchilla y sangre de drago a cambio de mercancías europeas, especialmente de útiles de hierro.
En este contexto histórico y con planes evangelizadores, los mallorquines establecieron en la playa de La Aldea una misión, donde erigieron en una cueva costera una ermita en honor a San Nicolás de Tolentino, con la colocación de una imagen de piedra toscamente labrada, cuyo nombre sustituirá más tarde al hoy desconocido topónimo aborigen de este valle. De ahí la advocación religiosa y el topónimo popular de La Aldea de San Nicolás, nominación de este territorio desde tan lejana fecha hasta la actualidad.
Cuando comenzó la Guerra de Canaria, iniciada por los castellanos para conquistar a esta isla, por iniciativa de los Reyes Católicos (1478-1483), esta zona alejada y montañosa sirvió de refugio a los canarios con lo que se convirtió en un centro de operaciones militares. Y, en la fortaleza natural de Ajodar, probablemente ubicada en la actual montaña de Los Hogarzos (1.010 m), la resistencia canaria infligió una humillante derrota al ejército invasor, en el invierno de 1483, con la muerte del capitán Miguel de Mújica y su compañía de 200 ballesteros vizcainos que habían sido traídos de la Guerra de Granada, para acabar con la Conquista.
La Guerra de Canaria y la posterior conquista definitiva de la isla, originaron un dramático derrumbe de la población aborigen, al tiempo que se inició la colonización europea. Pero La Aldea permaneció, durante decenios, casi despoblada, aunque progresivamente sus riquezas naturales, tierras, aguas, pinares, ganados y hombres comenzaron a ser explotados por los nuevos dueños, cuyas posesiones arrancan desde los primeros repartimientos.
La principal data del valle de La Aldea aparece vinculada, confusamente, a Pedro Fernández Señorino de Lugo, hermano del Adelantado Alonso Fernández de Lugo que también había recibido tierras en Agaete. Junto a esta supuesta concesión aparecen otras, también difusas, en torno a personajes como Alonso Vázquez, el escribano Cristóbal de San Clemente y Juan de Siberio; unas quizás de repartimientos hoy desconocidos y otras adquiridas por usurpación de terrenos públicos o realengos.
Aquí llegaron nuevos colonos que desplazaron a los aborígenes de las tierras bajo riego para reasignarlas al cultivo de los cañaverales, productores del preciado azúcar con destino a los mercados europeos. Los nuevos amos, tras perder un largo pleito ante la Chancillería de Granada, no pudieron evitar que las aguas que nacían en la cumbre de Tejeda, que constituían la gruesa del primer heredamiento de aguas de La Aldea, fueran conducidas a la ciudad a través del túnel de La Mina, cuya construcción se aprueba con licencia real en 1501 y finaliza en torno a 1525.
Nuevo impulso colonizador (siglos XVI-XVIII)
Tras la quiebra de la producción azucarera, la economía del valle vio minorado entonces su principal factor de desarrollo, y la colonización europea perdió impulso. Y es que la ruina de la producción azucarera isleña fue debido a la competencia brasileña y antillana a partir de 1550. Entonces las tierras de regadío comenzaron a plantarse con mayor intensidad de millo (presente desde los primeros años del siglo XV), papas, hortalizas, etc. lo que se alternaba con las sementeras, al tiempo que la explotación forestal y la labor ganadera extensiva constituían parte de la actividad de la zona, cuya riqueza se exportaba, casi toda, hacia Tenerife.
Los primeros moradores que decidieron unir su destino a este lejano territorio formaron el pequeño y disperso caserío de «la aldea de Niculas», ubicado al fondo del valle, lejos de una costa bajo la constante amenaza pirática, que en sus aguadas utilizaba la abandonada ermita mallorquina de San Nicolás como alojamiento, por lo que el obispo Hernando de Rueda ordenó, el 7 de octubre de 1582, tapiarla y trasladarla con otra construcción al fondo del valle, cerca del primigenio caserío, El Barrio.
De todas formas la colonización fue muy lenta. El pueblo se vino a configurar como tal entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando la familia del regidor de Tenerife, Tomás Grimón, ya se había conformado por diversas compras un gran espacio de tierra fértil con lomas y hoyas anexas, comprendida entre el barranco principal y la cordillera Sur. Estos derechos pasaron por herencia a un nieto de aquel regidor, Tomás de Nava y Grimón, primer marqués de Villanueva del Prado, quien tras vencer en el primer pleito por la posesión de estas tierras planteado por el Cabildo y primeros colonos (1645), vincula esta propiedad al mayorazgo de su familia (1667). Este noble había venido promocionado roturaciones de nuevas parcelas, cedidas luego al partido de medias perpetuas, generando una atracción de colonos, entre 1650 y 1670.
El proceso que conducirá a la configuración de entidad propia de La Aldea continúa a lo largo del siglo XVIII. El motor del mismo no ofrece duda alguna: el creciente papel de los granos de La Aldea en el mercado interinsular sobre todo hacia las zonas vitícolas. En concreto desde la playa situada en la desembocadura del valle y el cercano puerto natural de El Perchel se embarcaba casi todo el excedente de cereales hacia Tenerife.
Una tierra y sus aguas en centenaria disputa
Se generan nuevas sorribas en los planos bajos de los cauces y roturaciones en las lomas y laderas para una labor agrícola más intensiva, caracterizada por la ampliación de las sementeras en las vegas irrigadas, en rotación con el millo, papas y legumbres. Labor que exigió un aumento del agua de riego en la zona baja del mayorazgo y que avivó la pugna por el control de esta riqueza con los vecinos de Tejeda, quienes desde el siglo XVII cuestionaban los derechos históricos del heredamiento de aguas del valle de La Aldea sobre los caudales que discurrían por el barranco principal. Ello originó repetidas demandas y procesos judiciales ante la Real Audiencia de Canarias, siempre favorables a que éstas debían discurrir libremente barranco abajo hasta las tierras de este valle, como también comenzaron los pleitos entre los aldeanos y los propietarios de las tierras, los Nava-Grimón, que continuaron, en la primera mitad del siglo XVIII, aumentando su superficie a costa de usurpaciones sobre los espacios realengos. Asistimos también otra labor roturadora, fuera del ya conflictivo latifundio de los Nava-Grimón, destinada esencialmente a los cereales inferiores.
Las tierras apetecidas para roturarse eran los espacios realengos de Furel y de los valles de Guguy, Tasarte y Tasartico, además de la zona interior de Linagua, que recibieron nuevos colonos desde principios del siglo XVIII. Estos ocuparon primeramente las terrazas antaño cultivadas por la comunidad aborigen y luego se extendieron por planos y laderas con la construcción de cadenas o terrazas abancaladas. Se trataba de un proceso roturador de carácter clandestino, de modo que en 1772 y 1777 los corregidores –representantes de los intereses de la Corona intervinieron con el fin de recuperar el patrimonio regio. Los aldeanos respondieron con un abierto tumulto en septiembre de 1777 que, sustanciado ante el Consejo de Castilla, éste decidió mantener a los colonos en la posesión de las tierras roturadas.
La Estadística de las Islas Canarias de Francisco María de Escolar (1805) evalúa la superficie cultivada de las tierras de la jurisdicción parroquial de La Aldea, en 2.800 fanegadas (has), con una producción media de 2.000 fanegadas de millo, 2.031 de trigo y 6.500 de cebada, además de otras cantidades menores de legumbres, frutos, etc., lo que sumándola a la producción pecuaria, genera una riqueza bruta del término de poco más de un millón de reales, a una media superior a la de los pueblos vecinos, de 894 reales por habitante, equivalente a once fanegas (627 kgs) de trigo anuales, cuando se estima el consumo medio por habitante y año en seis fanegas.
Esta riqueza agrícola explica el crecimiento demográfico del lugar. De los 400 habitantes que moraban a principios del siglo XVIII se pasa a 689 en 1742, distribuidos entre los diversos caseríos. A fines de la centuria (1802), esta cifra se había duplicado (1.337 hab.) –a pesar de la incidencia de las epidemias (viruela y sarampión) y del paludismo–, destacando la vitalidad de los caseríos situados en los valles de Tasarte (77 vecinos) y Tasartico (11 vecinos).
La creación de la Parroquia de San Nicolás de Tolentino y del ente premunicipal de La Aldea de San Nicolás (siglo XVIII)
La creación de la parroquia, base de la futura independencia municipal, constituyó un largo proceso histórico. Comienza cuando la primitiva la primitiva ermita de la misión mallorquina de San Nicolás, fue trasladada, a finales del siglo XVI, al fondo del valle. Allí se construye primero una pequeña ermita y luego otra mayor, que fue ampliada a principios del siglo XVIII. Para ello los marqueses de Villanueva del Prado obtienen la Real Cédula de 16 de Febrero de 1700 que permitía las deseadas obras de ampliación del edificio y la creación de curato, pero había que acometerse a costa económica del marquesado y no del diezmo, como pretendía éste.
Las obras se llevarán a cabo a partir de 1701 bajo el control del administrador del marqués y con el trabajo y fondos económicos de los vecinos, apoyados por un obispo temeroso de la pérdida de derechos en esta jurisdicción. Sus feligreses dependían de la parroquia de Tejeda desde 1677 y la ermita de San Nicolás se convirtió en ayuda de parroquia en 1742 aunque la creación definitiva, una larga reivindicación vecinal, se produjo en 1783, cuando la Casa de Nava-Grimón pretendía hacer uso de derecho de patronazgo, sin éxito al carecer de tal atribución.
Las reformas ilustradas determinan el reconocimiento del espacio territorial de La Aldea que, prácticamente, coincide con los actuales linderos municipales. Gobernado hasta 1772 por un alcalde ordinario elegido por el corregidor y dependiente del ayuntamiento capitalino, único en la isla, la nueva infraestructura municipal de la Ilustración supone la elección, mediante un proceso indirecto, por los vecinos de los cargos de alcalde real, diputados del común, síndico personero y fiel de hechos. El primer pasado para creación de su ayuntamiento constitucional tendría lugar, luego, en los años de transición al liberalismo, de acuerdo con el decreto de las Cortes de Cádiz de 26 de mayo de 1812, momento de elevada tensión social entre campesinos y la casa nobiliaria de Nava-Grimón.
El Pleito de La Aldea (siglos XVII-XVIII)
Al finalizar el siglo XVIII unas 200 familias venían cultivando al partido de medias perpetuas, la zona fértil del valle, dentro de los límites del mayorazgo de los marqueses de Villanueva del Prado, la llamada luego como Hacienda Aldea de San Nicolás, donde había crecido el pueblo. Fue un largo y tumultuoso litigio contra el dominio directo o eminente de esta casa nobiliaria sobre dicho fundo que alcanzaba, a finales del siglo XVIII, las 1.950 ha, cuyos orígenes se remontan al primer tercio del siglo XVII. Pero la causa remota arranca desde los primeros años de la colonización cuando las tierras y aguas del valle fueron repartidas a diversos conquistadores y colonos mientras el resto del territorio que conforma el actual municipio pertenecía a la Corona. Vamos a repasar de nuevo esta historia:
A finales del siglo XVI, tras complicadas transmisiones de dominio, la zona más fértil del valle, el primitivo heredamiento de los Lugo, es adquirida por diversas compras la familia Grimón, causantes de la casa de Nava-Grimón, marqueses de Villanueva del Prado.
Esta casa lagunera optó por la roturación y puesta en cultivo de su extenso fundo mediante el sistema de medias perpetuas o aparcería perpetua, régimen de tenencia de parecidas características al censo enfitéutico y con una política de progresiva ampliación sobre terrenos realengos.
Los colonos quedaban en posesión del dominio útil de la tierra a cambio de la entrega de la mitad de la cosecha al propietario del dominio eminente o directo; además, corrían con todos los costes del cultivo, aportando la Casa el agua y los casos de siembra en secano las simientes. Las mitad de la producción era recogida por un arrendatario general que anualmente satisfacía una renta global a la Casa, casi siempre en especies, a la Casa; en otros momentos el marqués colocaba en su hacienda a un mayordomo encargado de administrarla directamente, quien recogía de los colonos la mitad de la producción, además de lo generado en los terrenos de pleno dominio de la Casa. Una y otra producción la comercializaba el marqués en el mercado de Tenerife, enviándose algunos excedentes a Indias.
La raíz del conflicto agrario marqués-aldeanos residió en la carencia por parte de aquél de datas originales, es decir, de los documentos de posesión otorgados en los repartimientos, junto con la ausencia de detallados deslindes en las posteriores traslaciones de dominio así como por la acción usurpadora sobre bienes realengos anexos que agrandó el mayorazgo.
La Casa Nava-Grimón aducira en su defensa que tales datas fueron destruidas en el incendio del archivo municipal por el holandés Van des Does en 1599, así como la posesión inmemorial del fundo, argumento éste utilizado en todos los conflictos entre señores y campesinos que cuestionaban los títulos de propiedad.
Por su parte, los aldeanos a través del común premunicipal, exigirá durante toda su lucha la presentación de las datas originales. Sus dirigentes, una minoría de grandes medianeros, dueños del dominio útil de las mejores tierras de la Hacienda y de las usurpadas al patrimonio realengo fuera del mayorazgo eran también administradores de rentas reales y del clero –entre ellas, del diezmo– y ejercían la autoridad militar, comunitaria, eclesiástica e incluso económica, pues la comunidad campesina más empobrecida dependía de su bolsa o de sus préstamos, sobre todo en los años de malas cosechas.
El conflicto fuerte se inicia en el primer tercio del siglo XVII pero su llama sólo se avivaba cuando las circunstancias políticas, apoyadas en un ciclo de bonanza económica, presagiaban una solución favorable a la causa campesina. Así, durante la Ilustración se da un fuerte estallido (1779-1808), cuando la administración real planteó –aunque con absoluta timidez–, una reforma del régimen señorial.
El enfoque ilustrado llegó a La Aldea de San Nicolás por medio de su representante en la Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, Manuel Araujo y Lomba, emigrante gallego y miembro destado de una burguesía rural enriquecida gracias al incremento de los precios agrarios en el mercado interior. Los aldeanos plantearon ante el Consejo de Castilla las elevadas rentas exigidas sin justo título por la Casa de Nava-Grimón, y solicitaron además la propiedad de las tierras realengas roturadas por ellos fuera del mayorazgo; únicamente esta solicitud fue aceptada. Pero el pleito no acaba aquí y brotará nuevamente en otras etapas hasta la intervención del Estado en 1927.
Comienzos de la Historia Contemporánea, Crisis continuas (siglo XIX)
La larga transición del Antiguo Régimen al liberalismo, en la primera mitad del siglo XIX, esta marcada en este municipio nuevamente por la estudiada virulencia del Pleito de La Aldea y por una posterior y latente crisis económica, epidemias y hambrunas. La Guerra de la Independencia generó una fuerte efervescencia social y política, materializada en enfrentamientos entre las elites de Tenerife y Gran Canaria por el control político del Archipiélago.
El nombramiento de Presidente de la Junta Suprema de Canarias en la persona de Alonso de Nava Grimón, VI marqués de Villanueva del Prado, en julio de 1808, fuese inmediatamente contestado por sus colonos, quienes decidieron resolver el conflicto por su propia mano amotinándose en septiembre de aquel 1808 con la toma y reparto de su hacienda.
El absolutismo devolvió las cosas a su antiguo estado y propicia la resolución firme de este pleito socioagrario por parte del Tribunal de la Real Audiencia de Canarias en favor de la casa de Nava-Grimón 16-X-1817, sentenciando firme que “el Concejo y vecinos de La Aldea de San Nicolás no han probado bien y cumplidamente su acción y demanda”. Seguió lugo un largo período de tranquilidad a lo que contribuyó también el ciclo depresivo que caracteriza la economía del período 1820-1850, al contraerse las compras de grano en el mercado insular y de Tenerife como consecuencia de la ruina vitícola y por un arancel incapaz de defender la oferta interior frente a las importaciones de granos y harinas extranjeros.
Además, las sequías y otras calamidades naturales afectaron profundamente a esta seca comarca como la cigarra africana cuya presencia más dañina fue la del 20 al 28 de octubre de 1811, que arrasó por completo la producción agrícola, situación agravada poco después con la epidemia de fiebre amarilla de 1812 que obligó por primera vez a enterrar fuera de la Iglesia en el cementerio nuevo de La Ahulaguilla.
Aparecieron varios los ciclos de sequía, el más grave originó la hambruna de 1847 con 112 muertos seguido de la terrible epidemia del cólera morbo de 1851 con 42 fallecidos. Todo ello explica el estancamiento demográfico de la primera mitad de la centuria y la emigración con destino a Cuba y a las jóvenes repúblicas de la América independiente, momento en que el ayuntamiento había adquirido autonomía administrativa y financiera con independencia del Cabildo tras las reformas liberales de 1836 que conformaron las corporaciones municipales modernas.
El pleito de las aguas de Tejeda no había acabado aún pues los vecinos de aquel pueblo no habían dejado de quebrar el curso de estas aguas, lo que era más ostensible en los ciclos de sequía. Pero, nuevamente, a pesar de varios amotinamientos de los regantes de Tejeda, las resoluciones judiciales habidas en la primera mitad del siglo XIX, fueron claras en favor de la vinculación de estas aguas con las tierras de la gran hacienda de La Aldea y confirmadas cuando el Juzgado de Primera Instancia de Guía dio la última y definitiva sentencia a favor de la Casa Nava-Grimón, el 11 de abril de 1846. Estos derechos fueron inscritos en el nuevo Registro de la Propiedad de Guía en 1871 por la citada Casa, con especificación de todos los caudales de la cuenca, vinculados indivisiblemente con la tierra de la ahora denominada Hacienda La Aldea de San Nicolás, y convertidos en propiedad plena a partir de la ley de aguas de 1879.
La aclimatación de la cochinilla había mejorado en parte las condiciones económicas y de nuevo reavivó el conflicto terratenencia-colonato. Los últimos marqueses de Villanueva del Prado, en plena quiebra económica, plantearon un proceso de reconversión agraria en su hacienda, ya desvinculanda del mayorazgo por las leyes liberales, para amortizar las fuertes hipotecas que pesaban sobre la misma. E intentaron desahuciar al colonato insumiso para implantar el nuevo cultivo de la cochinilla y recuperar la propiedad absoluta y total sobre una tierra, nuevamente discutida por los aldeanos gracias al período democrático nacido con la Revolución de 1968.
Los cambios políticos de la restauración monárquica favorecieron a los intereses de la decadente Casa de Nava-Grimón y se materializa en el bienio de 1875-1876, con el control del gobierno municipal y juzgado de La Aldea, a través de su administrador general lo que propició presiones sobre los insumisos líderes locales y un escandaloso desahucio colectivo de 168 medianeros. Pero éstos, opuestos a la reconversión agrícola y a ceder sus derechos preexistentes como medianeros perpetuos, trazaron su propia defensa en el plano judicial y con acciones directas a través de sabotajes; un grave conflicto que acabó con el asesinato del secretario del ayuntamiento, la militarización del pueblo y arresto de las dirigentes aldeanos.
La Casa Nava-Grimón, acuciada por el impago sus deudas no pudo levantar las hipotecas que gravaban su histórica Hacienda de La Aldea de San Nicolás que, en 1892, pasó tras un largo proceso judicial a propiedad la familia Pérez-Galdós, principal acreedor, por 505 mil pesetas.
El nuevo propietario recibió el mismo trato de los colonos, si bien la fase depresiva que caracteriza el último cuarto del XIX, motivada por la crisis de la cochinilla, ralentizó el conflicto agrario. La recuperación, no obstante, es inmediata.
El tomate cambia la historia (principios del siglo XX)
En el ultimo bienio del siglo XIX, el comerciante y cónsul alemán afincadoenSanta Cruz de Tenerife, Ernesto Carlos Jaack, arrienda a los nuevos propietarios la Hacienda Aldea de San Nicolás e introduce por primera vez el cultivo del tomate para la exportación a través del puerto que allí construye, con lo que se inicia un largo período de comunicaciones periódicas e intensivas por mar dada la falta de carreteras. Los colonos participan de la innovación al reconocerles éste sus posesiones.
El tomate revaloriza la tierra, introduce el abonado artificial, modifica las estructuras de regadío y las propias relaciones sociales. Cuando por quiebra económica del alemán, en 1904, los Peréz Galdós asumen de nuevo la administración de la propiedad, renace una conflictividad social que en 1912 se traduce en una insoburdinación generalizada de los colonos, cuando optan por negar la entrega de la renta a los propietarios y comercializar la producción tomatera en los almacenes de empaquetado de Fyffes, Mr. Dum, Castillo y otros.
La tensión aumenta en los años de la Primera Guerra Mundial, y en 1916 la terratenencia opta por consolidar su posesión enajenando una parte del fundo a un reducido grupo de colonos, en la parte que venía cultivando. A pesar de la conflictividad social latente la economía aldeana, como ocurrió en el resto del Archipiélago, comenzó a acelerar el proceso de modernización de su estructura productiva, en la primera década del siglo XX. Se incorporan nuevos espacios al cultivo del tomate, lo cual exige un incremento de los recursos hidráulicos mediante la perforación de pozos e instalación de maquinaria para su elevación –máquinas de vapor, norias, motores de combustión y aeromotores.
Y, como en anteriores etapas del ya centenario pleito socioagrario, una activa burguesía rural, dirigida por líderes locales, encabezados por el alcalde Salvador Araujo Ramírez acometió con fuerza la solución definitiva del problema agrario, apoyada por sectores progresistas, conservadores reformistas y hasta por cierto sector del clero. Entre 1923 y 1927, tras el traspaso de los derechos de propiedad de los Pérez Galdos a un consorcio de cuatro propietarios, la conflitividad se acentuó. Se produjeron fuertes alteraciones del orden público, con la permanente presencia de un destacamento de la Guardia Civil. Esta fuerza coadyuvó a la ejecución de los lanzamientos de la tierra de los colonos, acciones promovidas por los nuevos propietarios ante los tribunales de Justica. Las fincas ocupadas fueron aradas y sembradas de grano por los propietarios. Todo ello precedido de una fuerte represión y detenciones continuas de colonos, lo que paralizó la producción tomatera de 1926-1927.
14 de febrero de 1927. El Ministro de Gracía y Justicia Galo Ponte y Escartín, desembarca en el puerto de La Aldea para resolver el tres veces centenario Pleito de La Aldea.
Fin del Pleito de La Aldea (1927), la modernización de las estructuras.
La virulencia social del Pleito de La Aldea y las gestiones de los dirigentes aldeanos lograron que, el 14 de febrero de 1927, el ministro de Gracia y Justicia del gobierno de Primo de Rivera, Galo Ponte, visitara La Aldea para conocer in situ el litigio.
A raíz de aquel sonado viaje ministerial se formula el histórico Decreto-ley de 15 de marzo de 1927, que da fin al tres veces centenario Pleito de La Aldea. El Estado adquiría por expropiación la histórica Hacienda Aldea de San Nicolás (1.950 ha), valorada en 505 mil pesetas y entregaba la parte en litigio (882 ha repartidas entre 815 parcelas de regadío y 796 de secano) a unos 400 colonos en la parte proporcional que venía cultivando, quienes se comprometían a su amortización a largo plazo. La parte de eriales, riscos y barrancos (882 ha) fueron calificadas por el Estado como bienes comunales y, además, permitió que unas 100 ha quedaran en pleno dominio del consorcio propietario y de colonos arreglados con ellos en 1916. Regía también en este decreto, el derecho de estas tierras sobre las aguas de la cuenca de Tejeda-La Aldea, base principal de la actual riqueza del pueblo, creando la Comunidad de Regentes de La Aldea de San Nicolás, como administradora de estas aguas, con la premisa fundamental de que éstas quedarían vinculadas a la tierra con los mecanismos que hoy determinan el régimen de uso y propiedad de las aguas pluviales de esta cuenca, únicos en Canarias.
Pronto se observó en el pueblo un gran desarrollo económico y social. La temporada agrícola de 1927-1928 fue muy significativa, pues se reanudan los cultivos y exportaciones de tomates, en una superficie de 300 fanegadas, con un significativo movimiento portuario por hallarse aún la carretera general en construcción. Aparecen los primeros vehículos a motor que circularon por el interior del valle y se crean el Centro Cultural Progresista de San Nicolás, la banda de música municipal y la plaza de médico.
A principios de la década de 1930 se crean nuevas escuelas por los barrios y los primeros clubes de fútbol, que compiten dentro y fuera del municipio, Nacional C.F. y Juventud C.F.; se construye la primera sala de cinematógrafo en La Palmilla, el Cinema X y se generaliza el transporte interior por carretera con nuevos turismos y camionetas. También se introducen o consolidan en su caso nuevas empresas foráneas de empaquetado como las de Mr. Leacock, Pilcher, Bonny, etc y se crean otras por iniciativa local como los almacenes de Antonio Quintana, Pedro Sánchez, Basilio Álamo, la primera experiencia cooperativista del Sindicato Agrícola de San Nicolás, etc. Pero la depresión provocada por la incidencia de la crisis de 1929 y, posteriormente, por la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, frustraron las expectativas puestas en la solución del conflicto.
Después del golpe de 18 de julio de 1936, la represión franquista alcanzó a varias personas de tendencia progresista. El alcalde frentepopulista Cecilio Segura, maestro nacional, fue sustituido, suspendido de empleo y sueldo y sometido a un proceso judicial tras ser acusado injusta y paradójicamente de “auxilio para cometer rebelión”, por facilitar la dinamita de la carretera en construcción al delegado gubernativo republicano Fernando Egea, lo que nunca ocurrió. Igualmente fueron procesados otros vecinos y algunos sometidos a castigos corporales y purgantes; pero, a pesar de los intentos, la incomunicación a que estaba sometida un pueblo sin carretera evitó las desapariciones habidas en el Norte.
La posguerra fue difícil para la vida de una masa campesina minifundista que había optado por los cultivos de exportación y sobre la que se cernía el temor de la actividad represiva de las milicias de la Falange que incluso sometió a los niños y jóvenes a instrucción paramilitar. Se paralizaron los envíos de plátanos y tomates a Europa por la Segunda Guerra Mundial. Y la presencia de un ciclo de sequía, las plagas que afectaron a las sementeras de trigo y el aislamiento internacional que sufría el régimen franquista por las naciones democráticas, determinaron, como en todos los pueblos de Canarias, hambre, miseria y carencia de recursos vitales y energéticos, en el marco de una economía autárquica controlada por los militares.
La única novedad fue la instalación de una fábrica de ron en 1936, que puso en cultivo unas 100 fanegadas de caña dulce, que luego llegaría a una producción máxima anual de 200.000 litros y la apertura en precario de la anhelada carretera general, en 1939, que enlazaba al pueblo con Agaete aunque la falta de carburantes no benefició al tráfico rodado, manteniéndose aún las comunicaciones por vía marítima.
La recuperación económica y demográfica, tras la posguerra (1946-1970)
Después de 1946 se normaliza la situación mundial y, a pesar de que el nuevo régimen político había impuesto una política económica autárquica, se reanudan la exportaciones de tomates a Europa. Es cuando comienza un nuevo despegue económico local, en el contexto del boom del tomate y las divisas que generaba, gracias a lo cual las autoridades militares permitieron estas relaciones comerciales. La recuperación completa llegó en la década de 1950. La superficie irrigada alcanza las 1.000 ha, de las que 780 se destinaban a tomateros, para lo que se crea una infraestructura hidráulica sin precedentes en la historia local.
Plaza de La Aldea 1925-27
Un numeroso grupo de 40 empresas de cosecheros exportadores de tomates asumen la gestión comercial del nuevo ciclo productivo junto a otras foráneas. Los recursos hídricos se consiguen en el subsuelo que se sobreexplota con la perforación de nuevos pozos hasta alcanzar las 400 unidades, la mayor densidad de Canarias, para cuyas extracciones y elevaciones de agua hacia las laderas de los valles de La Aldea, Tasartico y Tasarte se utilizaron 200 aeromotores americanos y 365 motores térmicos con una potencia total de cercana a los 5.000 CV. Así mismo se llevó a cabo una fructífera política de construcción de grandes embalses y canales en la cuenca de Tejeda-La Aldea, acogida a las subvenciones estatales de la ley de 7 de julio de 1911, cuyo resultado fue tres grandes presas, con una capacidad cercana a los 11 millones de m3 (el 10% de la capacidad total de los embalses de la Isla) y el trazado de dos grandes canales (35 km) para la conducción de las aguas embalsadas hasta la zona baja de regadío.
Como consecuencia de esta expansión económica se produce una explosión demográfica. De los 4.492 habitantes censados en 1940 se alcanza los 9.192 hab. en 1965, con una tasa de crecimiento anual superior al 4%, por un significativo aporte de personal foráneo procedente de Agaete, los Altos de Guía-Gáldar y pueblos cumbreros, atraído por la zafra del tomate.
Asistimos a una época de lenta mejora de los servicios públicos y comunicaciones a pesar de las dificultades orográficas y lejanía. El 4 de agosto de 1949 se inaugura la línea de transporte de pasajeros con Las Palmas de Gran Canaria de los coches de hora de la compañía Melián, en medio de una expectación vecinal, línea que se cubría en un tiempo de 4 horas. Poco después, en 1953, se enlaza por una estrecha pista con Mogán, con lo que se termina la circunvalación de la Isla, vía que conecta los lejanos pagos de Tasarte y Tasartico en 1955 y 1956, respectivamente.
En los años 40 vuelven las competiciones de fútbol con equipos históricos como el Juventud C.F. e Imperial C.F. y luego en 1956 se funda el Imperio CF, campeón de la liga federada del Norte, en 1958, equipos que desaparecen hasta que luego surge, en 1960, el actual equipo representativo de la UD San Nicolás. El pueblo además contaba con su vieja banda municipal de música y, en 1958, con un nuevo cine, el Cinema Moderno, de notable arquitectura racionalista. En 1959, desafortunadamente, se cambia oficialmente el histórico nombre de La Aldea de San Nicolás por el de San Nicolás de Tolentino, al entender las autoridades locales que el término Aldea no se correspondía con al crecimiento que experimentaba el pueblo, pero este nunca llegó a consolidarse.
En el plano educativo las escuelas se masifican hasta que en los años 70 se crean nuevos colegios, con la primera reforma educativa. En 1954 se funda un centro de bachillerato privado, el Colegio, integrado en 1961 dentro la enseñanza semioficial de grado medio al amparo del decreto 1.114/1960 de 2 de junio, sobre colegios libres adoptados, donde cursaron estudios más de 650 alumnos hasta que en 1975 se transformó en Instituto de Bachillerato. Gracias a este centro semioficial se formaron varias generaciones de intelectuales, enseñantes y empresarios con cargos de responsabilidad hoy en la vida política y económica de Canarias.
Visita de esta empresa a las obras de la presa Caidero de La Niña, hacia 1954-1956
El cooperativismo agrario (1970-2005)
La recesión económica de la década de 1960, se saldó con la creación de las dos grandes cooperativas (COAGRISAN y COPAISAN) que marcarán un nuevo rumbo en la economía del tomate, tras el fracasado intento del cultivo de las plataneras entre 1971 y 1974 con una superficie de 165 ha, frente a las 363 ha de tomateros, por una gravísima crisis de sequía que duró hasta 1979.
La actual base de la prosperidad económica del municipio sigue girando como desde hace un siglo en los tomateros con una superficie de 360 ha que producen, cubierta de malla y con una alta tecnificación, unos 40.000 tm.
Pero sobre este principal cultivo exportador pesa el clima de incertidumbre creado por la política comercial de la Comunidad Europea a propósito de las importaciones de tomates de países no comunitarios, en concreto, de Marruecos. La población permanece estabilizada, tras el fuerte receso de las crisis de 1960 a 1979, en unos 7.900 habitantes, con una estructura envejecida y fuerte reducción de la natalidad, hasta que llegamos al actual 2005, donde comienza un ligero aumento demográfico que supera la barra de los 8.100 habitantes, gracias a una oleada inmigratoria procedente de muchos lugares.
El municipio recupera su centenario nombre de La Aldea de San Nicolás, adquiere una mayor conciencia como pueblo con fuerte identidad histórica, dispone de mejores medios y servicios públicos a excepción de las vías de comunicación por carretera, consolida un proyecto de desarrollo sociocomunitario en el plano de la etnografía que obtiene el Premio de Canarias, en 2003, en Cultura Popular; mejora sensiblemente su explotación agraria de cara a la exportación; pero, el futuro, su modelo de desarrollo económico basado actualmente en el monocultivo agrícola del tomate, no aparece definido de cara a un futuro estable.
Bibliografía suscinta
Suárez Moreno, F., El Pleito de La Aldea: 300 años de lucha por la propiedad de la tierra, Las Palmas de Gran Canaria, 1990.
Idem, Ingenierías históricas de La Aldea. Las Palmas de Gran Canaria, 1994.
Idem, El maestro de obras Simeón Rodríguez: Ejemplo de la relación Cuba-Canarias en Arquitectura. Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. 1997.
Ídem, La Historia de La Aldea de San Nicolás. Santa Cruz de Tenerife, 1999.
Ídem, Apuntes para la historia de la Parroquia de San Nicolás, Madrid, 2000