Ante las transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, el mundo educativo debe ofrecer una rápida respuesta en el impulso de los valores de respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la convivencia, tan necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos. En este sentido, los poderes públicos deben actuar con carácter proactivo, sentando las bases que permitan educar en el ejercicio pacífico de derechos, en su defensa activa y en el respeto a los deberes ciudadanos, con el fin de hacer efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos, en una sociedad cada vez más compleja y diversa.
El compromiso de la comunidad educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el mantenimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en los centros docentes, mediante la incorporación de medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, medidas que refuercen la autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y demás trabajadores del centro, la agilización de los procesos, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte de la comunidad educativa, y la colaboración de las familias y del conjunto de la sociedad con el profesorado y con los centros docentes.
La finalidad de las normas de convivencia es mantener un clima escolar adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática que permita la adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.
El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño directo o indirecto a los miembros de la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de responsabilidad es parte de la gestión del conflicto, así como de la consecuente reparación responsable del daño causado.
Con ellas, pretendemos tener un marco de actuación propio, en el que participe toda nuestra Comunidad Educativa: Profesorado, Alumnado, Personal de Administración y Servicios, Padres y Madres del alumnado, que nos permita, al mismo tiempo desarrollar nuestro Proyecto Educativo, atendiendo a sus principios y objetivos, a la vez que a los fines de la educación, a los derechos y libertades reconocidos a todos los miembros de misma.
Su intención primera es la de dotarnos de un referente común que nos permita al IES Santa Lucía y a quienes trabajamos y convivimos en él, organizar la cotidianidad y el buen uso de sus recursos e instalaciones. Ha de asumirse con el mayor sentido de la responsabilidad de que sea capaz cada uno, conscientes de que es un documento “vivo”, desde el punto de vista de adecuar, revisar, acondicionar o evaluar, su día a día.
Por ello, una vez aprobado por el Consejo Escolar, estará este documento, abierto a cuantos cambios sean necesarios teniendo en cuenta todas las sugerencias y propuestas de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, siempre que el Consejo Escolar lo estime oportuno y deberá revisarse y actualizarse a principio de cada curso.
⇒ Decreto que regula la convivencia escolar
⇒ Normas de Organización y Funcionamiento del IES Santa Lucía
