La consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha presentado el martes 16 de marzo de 2024 el protocolo marco para que los centros docentes del archipiélago puedan afrontar con “más garantías” episodios de altas temperaturas como el ocurrido en octubre de 2023, en el que se optó por suspender la actividad lectiva en todas las islas. Este protocolo fija cuatro niveles de riesgo por altas temperaturas, en los que se identifican los riesgos y se exponen las medidas que se pueden adoptar, aunque el documento está concebido como “un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa canaria”, para que pueda “prepararse y dar respuesta de modo eficaz y efectivo” a situaciones de altas temperaturas excepcionales, apuntilló Suárez. Para hacer realidad este protocolo, han participado en su diseño personal de la propia consejería, con apoyo de los departamentos regionales de Sanidad y Seguridad y Emergencias, adaptando a la realidad de las islas ejemplos similares existentes en otros territorios. También ha sido remitido al Consejo Escolar de Canarias y a los grupos parlamentarios, por si quisieran hacer aportaciones. Se trata de un documento “abierto, que será revisado y actualizado periódicamente”, y tendrá la coordinación a nivel de centros, así como entre estos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular, Servicios Centrales*) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección, ayuntamientos*), según ha informado la Consejería regional de Educación en nota de prensa.
Los principios para la elaboración del protocolo han sido los siguientes:
- Realismo: considerar las características únicas del centro, incluyendo sus dimensiones, espacios, equipamientos, accesibilidad, conectividad, ubicación y la comunidad educativa que acoge.
- Claridad: definir correctamente todos los aspectos materiales y organizativos, así como la asignación de tareas y responsabilidades de las personas que intervienen en su aplicación.
- Pragmatismo: incorporar la información adecuada y necesaria para cada acción en situaciones reales, buscando la máxima protección de las personas y la mínima alteración posible en la vida de la comunidad educativa.
- Conocimiento: facilitar a la comunidad educativa y, especialmente a las personas responsables de su aplicación, el sentido y el contenido del protocolo.
