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Canarias destina más de 27 millones entre 2020 y 2021 a mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad

Elena Máñez en la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo

Elena Máñez informa a la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo de las principales líneas de acción de la Consejería en materia de formación y empleo dirigidas a este colectivo

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, hizo balance este lunes en el Parlamento de Canarias de las medidas puestas en marcha por su departamento, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), para impulsar la formación y el empleo en el colectivo de personas con discapacidad, un objetivo al que se han dedicado, en el periodo 2020-2021, más de 21,4 millones de euros entre políticas activas de empleo y medidas complementarias para favorecer la inclusión, con más de 3.200 personas beneficiarias. Además, como detalló la consejera, Canarias recibirá otros 13,2 millones del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) hasta 2023 para poner en marcha nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, que solo en 2021 supondrán la inyección de 5,6 millones adicionales para llegar a más de 2.000 personas con discapacidad, lo que elevará a 27 millones y 5.000 beneficiarias el impacto total en el periodo.

Máñez, que compareció ante la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo para informar de las líneas de creación y proyectos de empleo del Gobierno de Canarias para personas con discapacidad, puso de manifiesto el seguimiento permanente que hace su departamento de la situación de este colectivo, tanto con reuniones periódicas en el marco de la Comisión Asesora en Materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inserción Laboral, integrado por las entidades representativas de intereses sociales, como de manera bilateral con las distintas organizaciones. En este sentido, adelantó una próxima reunión con el Grupo de Mujeres e Igualdad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Canarias, encuentro en el que se abordará “la doble barrera en el acceso al mercado laboral que supone ser mujer y además tener una discapacidad”.

La consejera explicó que las medidas puestas en marcha por la Consejería están orientadas tanto al mercado de trabajo protegido como al ordinario, además de acciones complementarias y otras destinadas a eliminar barreras y mejorar la accesibilidad, de las que es un exponente el que en esta legislatura, por primera vez, el SCE ponga a disposición de todas las personas sordas un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos para los trámites de gestión de ofertas de empleo, demandas e inserción, una medida que se suma “al acompañamiento que ya ofrecemos en todos nuestros servicios”, añadió.

Más de 15 millones para los centros especiales de empleo

En cuanto a empleo protegido, la consejera puso en valor el papel de los centros especiales de empleo, en los que se han invertido 14,7 millones de euros entre 2020 y 2021 para el mantenimiento de puestos de trabajo, y las subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional de estos centros, equipos encargados de apoyar a las personas trabajadoras con discapacidad en su incorporación al puesto de trabajo, a los que se ha destinado 650.000 euros en 2020 para la contratación de 27 profesionales, a falta de la resolución de la convocatoria de 2021, cuyo plazo de solicitud se cerró en julio.

En materia de acceso al mercado de trabajo ordinario, Elena Máñez manifestó que se trata “del siguiente paso y el fin último de estas políticas, con la integración de los trabajadores y trabajadoras de forma plena”. Aquí, el Servicio Canario de Empleo tiene en marcha subvenciones a las empresas para la contratación indefinida de personas con discapacidad, a las que se ha destinado 574.881,86 euros entre 2020 y lo que va de 2021, con 147 personas beneficiarias; medidas alternativas al cumplimiento de la obligación de una reserva de empleo del 2% para este colectivo, en las que se han aprobado contratos de prestación de servicio, de suministro y donaciones por alrededor de 2,2 millones de euros; así como una unidad de información a las empresas sobre modalidades de contrato y bonificaciones a la hora de emplear a personas con discapacidad.

Además de estos programas de inserción laboral, Máñez informó de las convocatorias anuales de subvenciones del SCE para itinerarios integrados de inserción laboral, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, a las que se ha destinado 3 millones de euros entre 2020 y 2021, beneficiando a 483 personas; o el programa de promoción del empleo autónomo, para facilitar la constitución de personas desempleadas en trabajadoras por cuenta propia, al que recurrieron en 2020 37 personas con discapacidad.

Competencias digitales

Además, la consejera dio cuenta de una nueva línea impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigida a mejorar las competencias digitales entre los colectivos más vulnerables, con la que se abrirá “un campo específico de trabajo para las personas con discapacidad” y que en Canarias se articulará, llegado el momento, “a partir del diálogo con las organizaciones que representan al colectivo”.