Entre otros servicios, el 012 asumió la línea Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites, atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario, y servicios de atención especializada para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid

El pasado año se registraron 8.816.605 llamadas, de las cuales 8.267.753 fueron al Servicio de Atención Telefónica 012 y 548.852 a la Línea 900 Infocoronavirus

La crisis generada por la Covid-19 y el establecimiento del estado de alarma durante el pasado año originaron un aumento de las funcionalidades y servicios adicionales en el servicio telefónico de atención a la ciudadanía a través del 012, así como un incremento en la duración de las llamadas y en la facturación, lo que generó un aumento superior a los tres millones de euros del gasto inicialmente previsto para 2020 hasta alcanzar los 12,5 millones de euros. El total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año fue de 8.816.605, de las que 4.571.073 se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 4.245.532 en la provincia de Las Palmas.

Si bien el volumen de llamadas para solicitar cita previa con el Servicio Canario de Salud descendió con motivo de las mayores restricciones, subió el de llamadas para realizar toda índole de consultas y gestiones, llegando superar en algún mes las 800.000 llamadas y más de 40.000 llamadas en un mismo día en el periodo de confinamiento.

Desde la declaración del estado de alarma el servicio de atención telefónica ciudadana se ocupó de la atención del nivel 1 de la Línea 900 112 061 Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites relacionados con la COVID-19 y demás servicios originados por dicha situación, que atendieron un total de 548.852 llamadas, que se distribuyen en los siguientes servicios:

-Información coronavirus y estado de alarma: 386.994 llamadas

-Servicio gestión de trámites por vía telefónica (Ingreso Canario de Emergencia y Ayuda al Aquiler): 144.764 llamadas

-Responsables Covid centros educativos: 5.397 llamadas

-Cribados Covid: 11.697 llamadas

Estos contactos se caracterizan por una mayor complejidad y duración a las habituales, en algunos casos por la naturaleza de la información y en otros por llegar a tramitarse solicitudes de ayuda a través del canal telefónico.

ICE y Alquiler Covid

Desde el mes de marzo de 2020 se pusieron en marcha el de atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario y servicios de atención especializada para la gestión de trámites por vía telefónica para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid. Desde el mes de mayo se atendieron las solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia y la Ayuda al Alquiler Covid, que superaron las 144.000 llamadas cuya duración media superaba los 10 minutos.

Además, el proceso de transición a la normalidad, a partir del mes de junio, originó el establecimiento de un nuevo servicio de Cita Previa para las Oficinas de Información y Atención Ciudadana y las Oficinas de Registro de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los responsables Covid de los centros educativos.

Con el proceso de transición a la normalidad comenzaron también a restablecerse gradualmente los servicios de información y atención telefónica habituales del 012: Información General del Gobierno de Canarias, Información Tributaria, Información de Vivienda, Información y Cita Previa sobre Derechos Sociales, Información y cita previa del Servicio Canario de Empleo, Información y Cita Previa Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y Soporte digital a la Sede Electrónica. De manera que a partir de ese momento conviven los servicios habituales del 012 con los nuevos servicios prestados por la línea 900.

Cita previa y actividad escolar

Del total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año, 6.631.366 estuvieron relacionadas con el Servicio de Cita Previa del Servicio Canario de la Salud, cuya prestación no fue interrumpida por la declaración del estado de alarma y cuya duración se duplicó desde el mes de marzo de 2020.

Así, antes de la declaración del estado de alarma la duración media de las llamadas para solicitar cita previa en los centros de salud era de 62 a 65 segundos y durante los últimos meses del año 2020 la duración media aumentó hasta 1:30 minutos por la situación epidemiológica, lo que supone una modificación en el tramo de tarificación de la llamada conforme al contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

En el mes de septiembre, a solicitud de la Consejería de Educación, se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los Responsables Covid de los centros educativos.

Además, de los nuevos servicios, se pusieron en marcha campañas puntuales como el piloto del Radar Covid en la isla de la Gomera, la campaña de Seroprevalencia de Covid, la campaña para el Cribado de PCR en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, campaña de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y, ya en el mes de diciembre, la Campaña de Cribado a los pasajeros y pasajeras procedentes del resto del territorio nacional durante el periodo de Navidad.

Incremento de facturación

El presupuesto inicial para la prestación del servicio telefónico de atención a la ciudadanía en 2020 ascendía a 9.573.097,40 euros, mientras que el gasto a final de año fue de 12.597.550,76 euros, lo que supone un 32% más del inicialmente previsto, desviación presupuestaria que hizo necesaria una modificación de crédito superior a los 3 millones de euros. Por su parte, en el año 2019, el gasto total fue de 8.855.967,37 euros, lo que supone un 42% menos que en 2020.

El presupuesto para el ejercicio 2020 suponía un coste mensual máximo de 797.758,12 euros (IGIC incluido) pero debido al aumento de funcionalidades, servicios y duración de las llamadas la facturación mensual registró significativos cambios, llegando a aumentar en algunos meses más de un 50%.

La desviación de la facturación total del año sobre el presupuesto fue 3.024.453,36 euros (32%).  El gasto derivado de este servicio está computado a Covid-19, siendo posible que por parte del Estado se asuma parte del coste.

Así lo explica la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, quien recientemente mantuvo una reunión de trabajo con el consejero delegado de la empresa adjudicataria del servicio 012 (Contactel Teleservicios S.A), Juan Ramírez, para evaluar el balance del servicio de atención telefónica.

Para Álvarez, la atención a la ciudadanía es un objetivo vital y clave y supone una prioridad para el Gobierno de Canarias, más necesaria, si cabe, actualmente con la situación motivada por la pandemia, en donde informarse y realizar gestiones desde casa es esencial. Asimismo, resalta la prestación esencial del 012 como principal canal de contacto telefónico de la ciudadanía con la Administración pública.

Álvarez recuerda que el 012 permite a la ciudadanía obtener información de manera rápida y cómoda las 24 horas de los 365 días del año, también disponible a través de los teléfonos: 922 470 012 o 928 301 012. Además de las llamadas entrantes de las personas usuarias, el servicio de atención telefónica también organiza campañas de llamadas salientes, como la desarrollada el pasado 14 de marzo, cuando se realizaron en un solo día más de 2.000 llamadas para avisar al personal docente sobre la vacunación de la Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La norma fija la tramitación “urgente y preferente” de los expedientes de gasto asociados al Next Generation EU, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de informes y dictámenes

Los procedimientos para la adjudicación de contratos y para la concesión de subvenciones también se aligeran

La carga de trabajo se atenderá con refuerzo de plantillas, redistribución de personal, atribución temporal de funciones, movilidad y formación específica

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este miércoles, 31 de marzo, un Decreto-ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Entre ellas, se encuentra la tramitación urgente y preferente de los expedientes, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de los informes y dictámenes previstos; simplificación de la gestión de subvenciones; creación de unidades administrativas provisionales con refuerzos de personal y constitución de órganos de gobernanza para la tramitación de esos fondos con mayor eficiencia.

El Decreto-ley establece un modelo concreto para la gobernanza y la planificación de proyectos financiados por la Unión Europea e incorpora diferentes medidas administrativas, de organización de los recursos y de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a una gestión más ágil y eficiente para facilitar la adecuada ejecución de estos fondos y cumplir los objetivos previstos.

En ese sentido, los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, de contratación pública, y demás expedientes de gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. En materia de subvenciones, destaca la posibilidad de otorgarlas por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. Se contempla también una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, por más de un ejercicio presupuestario.

En cualquier caso, esa tramitación urgente no afectará a los plazos de convocatoria pública, presentación de ofertas, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica.

El decreto establece, asimismo, la creación de un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU, la Comisión de Planificación y Gobernanza, y otro que aprobará y realizará un seguimiento de los planes departamentales, el Comité Director de Planes y Proyectos. La autoridad responsable ante el Estado será la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General se encargará del control de los fondos. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios.

La nueva norma regula también la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación anticipada y adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado para que participe en el desarrollo de las actuaciones.

Disponibilidad de recursos humanos

El Decreto-ley señala que la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de estos proyectos se realizará, preferentemente, con los efectivos del departamento u organismo encargado de su gestión, que impulsarán las acciones necesarias para la redistribución de personas y puestos de trabajo que permita agilizar su ejecución. Asimismo, emplearán, como modo preferente de provisión la redistribución de efectivos, la reasignación de los mismos, la atribución temporal de funciones y la movilidad funcional teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración.

De esta manera, la Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de trabajo de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos financiados con cargo a los fondos de Next Generation EU.

Los departamentos y organismos públicos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración determinada. Estos nombramientos y contratos de personal se formalizarán solo por el tiempo imprescindible para la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation EU.

También se podrán atribuir temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal funcionario de carrera o interino, estatutario fijo o temporal y laboral fijo o temporal, sin que en ningún caso esta implique cambio de adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo o temporal de adscripción al mismo.

Podrá designarse personal directivo responsable de la gestión de programas y proyectos financiados con fondos europeos, que deberá estar en posesión de titulación oficial universitaria, y su selección se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo mediante procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia.

En materia de formación, se potenciará mediante acciones específicas de formación la capacitación de los empleados públicos en aquellas materias vinculadas a la ejecución de los proyectos y programas financiados con fondos Next Generation EU.

Medidas tributarias

Asimismo, contiene dos medidas tributarias: la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de las vacunas y recoge una modificación del Decreto-ley 19/2020, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarilla que se habían omitido en el texto original.

La póliza ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 25 de marzo, la prórroga del contrato de seguro de vida del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo que abarca entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, por importe de 3.750.000 euros.

La póliza de seguro ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El personal asegurado comprende las siguientes categorías:

-Personal funcionario –de carrera e interino-, incluidos los funcionarios docentes no universitarios y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

-Personal eventual.

-Personal laboral (fijo y temporal, ocupen o no puesto de trabajo en la respectiva relación de puestos de trabajo).

-Personal laboral en situación de excedencia forzosa con derecho a reingreso automático (cargo público o sindical).

-Trabajadores y trabajadoras en situación de suspensión de contrato por cualquier causa.

-Trabajadoras y trabajadores con contrato de trabajo de alta dirección.

-Personal estatutario del SCS.

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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Centraliza en un único punto toda la gestión de los distintos departamentos del Gobierno y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo, para simplificar, identificar y facilitar el acceso a las actuaciones administrativas

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron el pasado sábado 13 de marzo para evitar las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los procedimientos en marcha

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Direcciones Generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ha puesto en funcionamiento este fin de semana la Sede Electrónica Única, en la que se puede consultar la información sobre los procedimientos y servicios que se tramitan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y acceder a su tramitación electrónica. Este único buzón, que optimiza la relación con la Administración y hace este servicio más eficaz y eficiente, permite a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desee acceder y facilita el trabajo del personal público.

En la Sede Electrónica Única están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo.

La Consejería que dirige Julio Pérez cumple así con el acuerdo del Ejecutivo canario del pasado mes de diciembre de modificación del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

La implantación de la Sede Única ha supuesto cumplir una meta en el camino hacia la simplificación y facilidad de acceso de la ciudadanía a la Administración, más en la situación actual donde el acceso por vía telemática se hace tan necesario, señala la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, quien indica que se ha modificado la apariencia de la sede, que es más intuitiva y organizada.

Relación con la ciudadanía

Con la Sede electrónica, manifiesta, no solo se cumple con las exigencias de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permitirá que el camino que deba recorrer el ciudadano sea más directo y accesible, sino que también se mejora la relación electrónica del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, permitiendo la interconexión con el punto único de notificaciones y el registro electrónico de apoderamientos y otras futuras mejoras que redundarán en un servicio más eficaz, eficiente y sostenible, al reducir los actuales costes de mantenimiento y la complejidad de las adaptaciones ante eventuales cambios técnicos, organizativos y normativos.

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron en un solo día, el pasado sábado 13 de marzo, para evitar en el máximo posible las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los importantes procedimientos en marcha, aunque supusiera un importante esfuerzo de la Administración. No obstante, el trabajo de coordinación de todo el Gobierno para hacerlo posible ha llevado varios meses.

El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, explica que el proceso, desde su vertiente logística, se ha desarrollado en 24 horas para acotar inconvenientes a procedimientos tan relevantes como los de ayudas a las PYMES y personas autónomas o los de matrícula de alumnado de educación infantil, primaria y secundaria. Cumplir estos objetivos fijados, remarca, supuso involucrar el día 13 a más de 20 personas que, en muchos casos, han trabajado 10 horas de forma continuada y con disponibilidad las 24 horas.

Asimismo, destaca que dichas tareas no se hubiesen podido llevar a buen puerto sin el trabajo previo de aún más personas y de muchas más horas para preparar los distintos escenarios, hacer pruebas previas y definir los protocolos para enfrentar las incidencias.

Implantación

La implantación de la Sede Única de Gobierno de Canarias ha conllevado un trabajo de estandarización de la gestión de solicitudes, consulta de expedientes o requerimientos que facilitará tanto su uso como también su mantenimiento y la implementación de nuevas funcionalidades a la misma. Para ello se han abordado diferentes tareas, tanto desde los servicios centrales como departamentales, que dotan de mayor versatilidad a la tramitación electrónica pasando el foco de los departamentos a los procedimientos, dando a estos un papel más relevante y, por tanto, centrándose en ‘lo que se quiere hacer’.

En las tareas desarrolladas se han visto involucradas las principales plataformas horizontales de Gobierno (Sede, Platino, Hiperreg, Platea, …), múltiples gestores departamentales (Mayte, Sinergia, Gporta, FAP, SEFLOGIC, …), así como la gestión de varios recursos informáticos y de comunicación del Gobierno. Asimismo, con esta migración se ha pasado de 14 ‘sedes tipo’ a sólo tres (Sede Única, Sede Servicio Canario de Empleo y Sede de la Agencia Tributaria Canaria).

Melián cita algunas tramitaciones presentadas de los procedimientos en curso desde el sábado 13 de marzo al lunes 15 de marzo (hasta las 14:00 horas) como las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas, con un total de 317, o la admisión de alumnado de centros públicos y privados concertados de educación infantil, primaria y secundaria, con un total de 129 tramitaciones presentadas.

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Se trata de ayudas directas a puntos de encuentro familiar, memoria histórica y mediación intra y extrajudicial, entre otros capítulos

El Consejo de Gobierno conoció en su sesión de hoy, jueves 4 de febrero, las subvenciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha concedido de forma directa en el cuarto trimestre de 2020 por un importe total de 178.432,78 euros. Se trata de ocho ayudas para realizar actuaciones relacionadas con los puntos de encuentro familiar, memoria histórica, mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y recepción de notificaciones y traslado de escritos.

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 señala que trimestralmente se dará cuenta al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros y por el titular del departamento respectivo.

Durante el cuarto trimestre del presente año 2020, se concedieron por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las siguientes subvenciones directas, por importe que no excedió los 150.000 euros:

-Al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos 2020 (80.000 euros).

-A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para el establecimiento de un proyecto piloto de mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil entre empresas en la isla de Gran Canaria (18.232,46 euros).

-A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife destinada a un proyecto de investigación denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’ (15.900 euros).

-A la Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades, para el programa Punto de Encuentro Familiar específico de situaciones de violencia de género Miradas Resilientes en el sur de Tenerife 2020 (12.295,82 euros).

-A la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial + Familia, para el programa Implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar en Arrecife, en Lanzarote 2020 (11.777,58 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para llevar a cabo el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en la isla de Fuerteventura 2020 (11.109,89 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en Santa Cruz de Tenerife 2020 (16.403,52 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en el norte de Tenerife 2020 (12.713,51 euros).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe sendos convenios con la ULL y la ULPGC para que el alumnado universitario pueda adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para que el alumnado de ambas instituciones académicas pueda realizar prácticas externas en dependencias y centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objeto de estos acuerdos es dotar al alumnado de un mayor componente práctico a su formación académica, así como adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral.

Julio Pérez ha suscrito estos acuerdos de colaboración con el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y con la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara de la ULL, Gloria Lastenia Hernández, quienes muestran mediante esta firma su deseo de establecer una estrecha colaboración educativa en el ámbito de la realización de prácticas externas de las titulaciones de grado y máster de las universidades canarias, destinadas a la formación íntegra del estudiantado universitario y a la mejora de su empleabilidad.

Así, los convenios comprenden la realización de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en las distintas áreas de actividad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma por parte de estudiantes de Grado y Máster de diferentes disciplinas académicas y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que cursa.

La realización de prácticas formativas externas por parte del alumnado universitario tiene por objeto dotar de un mayor componente práctico a su formación académica, conectando los estudios universitarios con las actividades profesionales y con las salidas laborales existentes. Se trata de un mecanismo de conexión permanente de las universidades con el tejido productivo y el mundo empresarial, así como con el entramado institucional y organizativo de Canarias, al tiempo que se ofrece al estudiantado experiencia en el mundo laboral para su posterior inserción profesional en las ocupaciones del mercado de trabajo adecuadas a los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos en la titulación cursada.

Objetivos

Entre los objetivos de los acuerdos están contribuir a la formación integral de los y las estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico; facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que alumnado universitario habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos; favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas; obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura; y favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

La relación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el o la estudiante que acoge para el desarrollo de prácticas externas no será en ningún caso de carácter laboral. La realización de las prácticas no constituirá mérito para el acceso a la función pública, ni se computará a efectos de reconocimientos de servicios previos. Asimismo, la Administración autonómica, sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público no podrán cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con alumnado en prácticas externas, ni establecer una relación laboral retribuida.

Dado su carácter formativo, de la realización de las prácticas externas no se derivará, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

En este sentido, los y las estudiantes no cumplirán órdenes de trabajo; deberán identificarse como personal externo al centro donde realizan las prácticas; no dispondrán de acceso propio a sistemas, aplicativos ni recursos electrónicos, ni utilizarán medios telemáticos de la Administración; sus tareas serán formativas y no productivas y, en particular, no podrán realizar funciones propias del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni se turnarán con dicho personal y no estarán sujetos a las normas sobre horario de dicho personal ni a los medios de control de horario propios de los mismos.

Los convenios suscritos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de ambas partes, por un período de hasta otros cuatro años adicionales.

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Se publica la Ley 5/2020, de régimen excepcional del FCFM para 2020, que amplía hasta el 31 de marzo el plazo para que los municipios envíen la documentación necesaria para la elaboración de las auditorías

Asimismo, podrán destinar parte de estos recursos a los gastos por la crisis sanitaria de la Covid-19 y al mantenimiento de los servicios esenciales

En el día de hoy, se publica en el Boletín Oficial de Canarias, la Ley 5/2020, de 25 de noviembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, que contempla, el pago de las cantidades pendientes a cuenta de este instrumento financiero, antes del final del ejercicio,  junto con la publicación de la norma ya aprobada por el Parlamento como ley, el Gobierno hace efectivo el pago de esa cantidad a los ayuntamientos.

Igualmente, se amplían los plazos para la presentación de la documentación para la elaboración de la auditoría y para el acuerdo de toma en consideración de la misma, en coherencia con el diferimiento de los plazos legales de rendición de la cuenta general en un período equivalente a la duración efectiva del estado de alarma, aprobada por el Real Decreto ley 11/2020, y se regula el pago final del Fondo durante el último trimestre del ejercicio, conjuntamente con la distribución definitiva del Fondo correspondiente a 2018.

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, declaró que “la inmediata ejecución por esta Consejería de lo dispuesto en esta ley es otro ejemplo del compromiso del Gobierno de Canarias con la suficiencia financiera de los ayuntamientos y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”.

Esta Ley, producto de la tramitación parlamentaria del Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, viene a ratificar las decisiones anteriormente adoptadas por el Ejecutivo autonómico con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y previo informe del Consejo Municipal de Canarias. De este modo, a diferencia de otros ejercicios, en los que los ayuntamientos solo recibían un anticipo del 35%, y el resto se transfería cuando se presentaban las auditorías correspondientes a cada entidad, el Gobierno de Canarias estableció un nuevo  pago a cuenta, el mes de julio, de otro 35% del Fondo, al que se unirá ahora este último pago final como medida garantizar la liquidez de los municipios.

Flexibilización del destino del Fondo

Cabe recordar que el FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social -en determinados casos-, así como para gastos de libre disposición.

La nueva norma establece un régimen excepcional del FCFM para este ejercicio en el que, a pesar de que se mantienen los valores de los indicadores contemplados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, estos se configuran solo a los efectos de diagnóstico económico financiero, sin penalizaciones, y se regula un régimen especial del destino de la parte condicionada del Fondo para que pueda ser destinado a diversas políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

Además, los ayuntamientos con una peor situación financiera podrán mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Asimismo, a idénticas finalidades podrán ser destinados los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondientes al ejercicio 2019.

FCFM definitivo de 2018

Por otra parte, el Gobierno de Canarias acordó el pasado 15 de octubre de 2020 la distribución definitiva del FCFM 2018 entre los ayuntamientos previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, por un importe de 12.526.778,88 euros, que ahora se incluye en este pago final.

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La oferta respeta los límites establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el presente año

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 10 de diciembre, el decreto por el que se aprueba la oferta pública de empleo (OPE) de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que comprende un total de 373 plazas, de las que 295 corresponden al sistema general de ingreso libre y 78 al acceso mediante promoción interna.

La presente oferta respeta los límites establecidos en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el año 2020, por la que la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de una tasa de reposición de 295 efectivos. Según dicha ley, no computan dentro del límite máximo de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos aquellas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.

Las del turno libre incluyen 295 plazas distribuidas entre los cuerpos superiores de Administradores, Facultativo, Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Gestión, Agentes de Medio Ambiente, Agentes de Inspección Pesquera y Administrativo Técnico. Las 75 plazas de promoción interna se reparten entre los cuerpos superiores de Administradores, Gestión, Administrativo, Agentes de Medio Ambiente y Administrativo Técnico.

La OPE está orientada a cubrir las necesidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, completando así las ofertas realizadas en los ejercicios precedentes. Con ello se persigue prever las medidas de planificación de recursos humanos destinadas a contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad, acorde en todo caso con lo previsto en el artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Gobierno modifica el decreto que regula el uso de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para su adaptación legislativa

La dirección de referencia de la sede electrónica cuando se produzca el cambio será https://sede.gobiernodecanarias.org/

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 10 de diciembre, un decreto que modifica el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

Mediante este acuerdo, la Administración canaria contará con una sola sede electrónica en la que estarán incluidos todos los departamentos del Ejecutivo canario y se organizará atendiendo a criterios que permitan a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desee acceder.

La dirección de referencia de la sede electrónica será https://sede.gobiernodecanarias.org/, accesible directamente, así como a través del enlace dispuesto en https://www.gobiernodecanarias.org/. La entrada en funcionamiento de la sede electrónica con dicho dominio (https://sede.gobiernodecanarias.org) se producirá a partir de la entrada en vigor del citado decreto de modificación. Hasta tanto, operará bajo el dominio https://sede.gobcan.es.

El plazo que se tardará en realizar dicho cambio viene motivado por el hecho de que la modificación del dominio supone un gran impacto tecnológico que implica la ejecución de múltiples tareas, no sólo por parte de los órganos transversales con competencia en la materia, sino también por los distintos departamentos y organismos públicos de la Administración Pública.

Entre otras modificaciones, el nuevo decreto incorpora el punto general de acceso a través del cual se facilita el acceso a los servicios y procedimientos de las distintas sedes electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Las personas y entidades tendrán acceso al estado de tramitación de todas las actuaciones administrativas que se gestionen por los diferentes departamentos y organismos públicos dependientes, debiendo los titulares de estas adoptar las medidas oportunas para la efectividad de este servicio.

Normativa

El Gobierno de Canarias aprobó en febrero de 2011 el decreto por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de adaptar las normas estatales, autonómicas y locales a su regulación. Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, abarca por una parte la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas y por otra el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, así como la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones. Dedica su Título Preliminar al funcionamiento electrónico del sector público, por lo que se hace necesario adaptar el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, a la nueva normativa.

El Ejecutivo canario, en su sesión del 3 de julio de 2017, aprobó la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos 2017-2019, que incluía la creación de una sede electrónica única, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de la estructura de sedes electrónicas del Gobierno de Canarias.

Así, ante la necesidad de adaptar los preceptos del actual Decreto 19/2011, de 10 de febrero, a la regulación establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como a la creación de una sede electrónica única, el Ejecutivo canario considera necesario modificar determinados artículos del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, y proceder a la derogación de otros.