Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno aumenta en 25.258 euros la partida a la Fecam para la formación del personal público

El importe se enmarca en los fondos estatales asignados a Canarias por el acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy, miércoles 12 de mayo, la generación de un crédito del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) de 25.258,82 euros destinados a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) con la finalidad de acrecentar la dotación prevista para las actividades formativas del personal al servicio de las administraciones locales de Canarias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El importe del crédito se corresponde con la diferencia entre la cantidad inicialmente presupuestada para la Fecam (166.079 euros) y la asignada en la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de 21 de marzo de 2021 (191.337,82 euros), dentro de los créditos asignados a la Comunidad Autónoma de Canarias por el acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas del 17 de diciembre de 2020.

El Gobierno de Canarias atiende así la demanda de una entidad tan importante como la Fecam, que sin duda refleja de primera mano la sensibilidad de los municipios de Canarias. El ICAP, de modo coordinado y complementario, prepara su propio plan para entidades locales que refuerza y complementa el de la Fecam.

Los recursos asignados, distribuidos en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, ya han sido recibidos en la Tesorería del ICAP.

El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

Etiquetas

El Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de los juegos y apuestas

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección

Se delimitan las distancias entre los establecimientos de juego a 200 metros como mínimo, y de los que se establezcan a partir de ahora con los centros docentes o de atención a los menores a 300 metros, al menos

En materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego, se establece como novedad la prohibición para el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de emitir publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial)

También se introduce la prohibición de la publicidad en equipamientos, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, así como su lista de evaluación a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla la prohibición a dichos colectivos de las máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, al tiempo que amplía la relación de personas que tienen prohibido la participación en los juegos.

Asimismo, se impide el acceso a los establecimientos de juego a las personas que tienen prohibida la participación en los juegos o que porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales, advirtiendo expresamente de que la prohibición de acceso a menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la entrada del establecimiento de juego.

Se incorporan, de un lado, las personas inscritas en el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego entre los sectores vulnerables a que hace referencia el principio general de prevención de perjuicios a terceros; y de otro, el principio general de juego responsable, que opera como un compromiso colectivo encaminado a minimizar los riesgos del juego excesivo.

Publicidad, patrocinio y promoción

Se introducen dos importantes novedades en materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego: por un lado, se prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial); y, por otro, también la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Se suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración, por lo que la explotación de las apuestas solo podrá tener lugar en establecimientos específicos de juego (locales de apuestas externas o en los espacios de apuestas externas instalados en casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juegos).

En lo que se refiere a la planificación de juegos y apuestas, se introducen dos parámetros objetivos (población y camas turísticas), de cara a la localización y distribución de los establecimientos de juego, mientras que, en materia sancionadora, se tipifican como infracciones muy graves, entre otras, permitir el acceso a los establecimientos de juego (además de permitir su práctica) a las personas que lo tengan prohibido legal o reglamentariamente.

Infracciones

Además, se introducen nuevas infracciones graves. Entre otras, la no exhibición de forma visible en el acceso a los establecimientos de juego de la indicación de prohibición de entrada a personas menores de edad, así como la utilización de materiales y elementos de juegos y apuestas no homologados.

Se contempla una nueva infracción leve, que consiste en no presentar la pertinente comunicación previa en aquellos supuestos de transmisión de actividades o establecimientos cuya realización, instalación, apertura o funcionamiento esté sujeta a declaración responsable o comunicación previa.

Se actualizan e incrementan las horquillas inferiores y superiores de las sanciones leves, graves y muy graves. En lo que concierne a la graduación de las sanciones, se precisa, que uno de los criterios de ponderación, vendrá constituido bien por la transcendencia social o bien por la transcendencia económica de la acción.

Asimismo, se regula el cierre de los establecimientos de juego clandestinos, esto es, de aquellos que carezcan de título habilitante, precisando que dicha medida no tiene carácter sancionador.

Tendrán la consideración de responsables de algunas infracciones tipificadas en la ley las personas autoras de los proyectos, certificados e informes técnicos considerados falsos o inexactos, y se amplía el plazo de prescripción, de un lado, de las infracciones leves y muy graves, que pasa a ser de uno y cuatro años, respectivamente; y de otro, de las sanciones muy graves, que pasa a ser de cuatro años.

Se fija en un año el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de juego y se introduce un nuevo capítulo referido a la ordenación del juego responsable, que está integrado por cinco preceptos.

Así, se regula la autorización autonómica previa a la apertura de locales e instalaciones en los que se desarrollen juegos no reservados autorizados por la Administración del Estado, exonerando de dicha autorización a los establecimientos que comercialicen juegos gestionados por la SELAE y por la ONCE.

Sobre las políticas de juego responsable, se delimitan el alcance de las mismas y se relacionan diversas acciones encaminadas a proteger a las personas consumidoras de servicios de juego.

Distancias entre establecimientos y con los colegios

También se delimitan las distancias mínimas entre los propios establecimientos de juego, estableciendo con carácter general a partir de ahora una distancia de 200 metros entre cualesquiera de estos, como mínimo.

Asimismo, la distancia de los establecimientos de juego que se abran a partir de ahora con respecto a los centros docentes o de atención a menores deberá ser de 300 metros, al menos. En la actualidad, la distancia es de 50 metros para locales de apuestas externas, bingos y otras categorías.

Es la misma distancia que determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica de juego que se ha venido exigiendo a los salones recreativos y de juegos, que ahora se generaliza para cualesquiera establecimientos de juego.

Igualmente, se establece la obligación de que todos los establecimientos de juego dispongan de un servicio de admisión que controle el acceso e impida el acceso a aquellas personas que lo tengan prohibido; correlativamente, exige que las empresas que, en su caso, exploten modalidades de juego de ámbito autonómico por medio de canales telemáticos dispongan de un sistema que permita identificar a los jugadores y comprobar que no están incursos en prohibiciones para jugar.

También se exige la colocación de una placa-distintivo en los establecimientos de juego que dispondrá de un código QR o tecnología de escaneo similar susceptible de suministrar información del local derivada del Registro del Juego.

De la misma manera, se amplían las causas de revocación de las autorizaciones, incluyendo entre dichas causas tanto la falta de constitución o reposición de garantía como el cierre del local sin autorización.

Se incorporan diversas causas de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como diversas pautas procedimentales para la declaración de dicha ineficacia, y se regula la documentación precisa para tramitar las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de salones y locales de apuestas externas, hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los modelos y requisitos para ello.

Contexto

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 10 y 11 de diciembre de 2019, debatió y aprobó la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en la que se insta al Gobierno de Canarias, entre otros aspectos, a regular la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego; a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa, y a impulsar la creación de una mesa de expertos para llevar a cabo una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas.

En cumplimiento de esa resolución, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, norma con fuerza de ley que dispuso la suspensión de la vigencia del régimen de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como otras medidas.

Tras la promulgación y convalidación parlamentaria del referido Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, el Parlamento aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.

La misma establece que el Gobierno de Canarias impulsará una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo dicha iniciativa a la que el Gobierno ha tomado en consideración hoy.

Por otra parte, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, en el portal web https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/  estuvo publicada en la fase de consulta pública previa la iniciativa normativa para la elaboración de este anteproyecto de ley a fin de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el citado portal web, 30 personas y entidades utilizaron este canal de participación y colaboración para hacer llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sus aportaciones.

Manuel Fernando Martínez, nombrado viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia

Manuel Martínez

Es diputado del PSOE por Tenerife y licenciado en Arquitectura Técnica y graduado en Ingeniería y sustituye en el puesto a Alejandro Rodríguez

El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 15 de abril, el nombramiento de Manuel Fernando Martínez Álvarez como nuevo viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Martínez es diputado del PSOE por Tenerife en el Parlamento de Canarias y licenciado en Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras por la Universidad de La Laguna y está graduado en Ingeniería de la Edificación por la Universidad Antonio de Nebrija.

Martínez, que releva en el puesto a Alejandro Rodríguez, tiene un máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha trabajado como jefe de Producción de Obras con la Empresa Constructora Ferrovial- Agroman en las Obras: 148 Viviendas Residencial Parque y Facultad de Informática de la ULL (2000-2003); como arquitecto técnico de las Empresas Viatrio Ingenieros S.L. y P. Luis Arquitectura y Gestión S.L. (2003-2004); y como director de Ejecución y Coordinador de Seguridad y Salud de Obras como profesional independiente en obras públicas y privadas, tanto en edificación como obra civil (2004-2011).

Martínez ha sido concejal de Urbanismo, Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Rosario, (2011-2015); consejero con delegación especial en aguas del Cabildo de Tenerife (2015-2019) y vicepresidente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (2015-2019).

Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de diversas empresas pertenecientes al Cabildo de Tenerife: Casino de Santa Cruz de Tenerife, Titsa, Mercatenerife y Matadero Insular de Tenerife.

El Gobierno agiliza el acceso a la administración electrónica tras actualizar los servidores de la red corporativa

La inversión del nuevo sistema de almacenamiento, de 3,4 millones de euros, ha sido cofinanciada con fondos FEDER

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha actualizado su red corporativa de almacenamiento a través de un nuevo sistema, lo que permitirá, entre otros avances, prestar mejores y más ágiles servicios electrónicos a la ciudadanía. Para ello, la DGTNT ha implantado en cada provincia un sistema de almacenamiento SAN —de sus siglas en inglés Storage Area Network— que está compuesto por cabinas de servidores y de datos.

Como explica el director general del área, Víctor Melián, con la adquisición de este equipamiento se dota a la Administración autonómica de un sistema de última generación que constituye un salto cualitativo importante para la mejora del funcionamiento de la red corporativa global.

Con esta actualización, el sistema de almacenamiento para servidores ofrece un rendimiento muy elevado sin comprometer la seguridad, eficiencia, la disponibilidad, la protección o la flexibilidad en la gestión de los datos. Melián señala que esta nueva infraestructura permite reducir de forma considerable las saturaciones que se pueden producir en momentos puntuales asociados a procedimientos masivos como, por ejemplo, solicitudes de becas, pagos tributarios, subvenciones o procesos selectivos, entre otros.

Entre las mejoras detectadas tras la migración de estos nuevos servidores, se ha reducido la latencia (tiempo de respuesta), pasando de 25 milisegundos de media a 0,3 milisegundos, lo que supone bajar hasta 100 veces el tiempo de acceso; se ha mejorado la transferencia de datos hasta alcanzar los 1,3 Gb/s, una velocidad que dobla la existente anteriormente; y se ha reducido en seis horas el periodo de realización de copias de seguridad, lo que permite la realización de copias de seguridad adicionales tanto para nuevas aplicaciones como para los incrementos de datos de las aplicaciones actualmente existentes.

El proceso de traspaso de los recursos a la nueva plataforma tecnológica se realizó en siete etapas, dado que requería de planificación y coordinación entre la empresa encargada y el personal interno. Además, esto permitió que no se interrumpiera en ningún momento durante la migración el funcionamiento de la red corporativa de la Administración Pública.

El coste del sistema completo requirió de una inversión que ascendió a 3.392.133,52 euros, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, Eje: 2 Prioridad de Inversión: C, Medida: Infraestructura en tecnologías de la información, computación, centros de proceso de datos y edificios tecnológicos (PILA 166G119), Tasa de financiación 85%.

Etiquetas

El fax desaparece en la Administración Pública Canaria, que usará el correo electrónico

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hará innecesarios más de 1.500 terminales de fax y sus líneas telefónicas, que cuestan 12 euros al mes cada uno

Los nuevos faxes se podrán enviar desde el correo electrónico, sin papel ni impresoras

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de faxes a través del correo electrónico, lo que se conoce como FAXoIP —de las siglas en inglés Fax over IP—, lo que permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, por lo que se suprime así el fax en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero Julio Pérez señala que con esta medida “no solo ahorramos dinero de los contribuyentes, sino que además ganamos comodidad de los empleados públicos y eficacia y calidad de las comunicaciones entre sí y con los ciudadanos”.

Como explica el director general de la DGTNT, Víctor Melián, en la actualidad la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados 1.516 terminales y números de faxes, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Con el FAXoIP, la plantilla de la Administración autonómica tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar, al no ser necesario estar físicamente frente al terminal.

También se gana inmediatez al acceso y reducción de la necesidad de disponer de equipos en diferentes ubicaciones físicas, y se eliminan errores comúnmente asociados con los procesos manuales, aparte de que la persona que realiza el envío tendrá una recepción de notificación que le indica si el fax ha sido enviado correctamente.

Además, se establece el seguimiento y auditoría centralizada de todos los faxes emitidos y recibidos, así como evitar tener que escanear o imprimir el archivo enviado ya que los documentos se adjuntan en formato PDF.

Así mismo, el fax virtual supone un ahorro energético al no necesitar tener un terminal permanentemente conectado a la red eléctrica, pero también económico al no necesitar papel, consumibles ni mantenimiento de los aparatos.

En estos momentos, tras comenzar con una prueba piloto con los terminales de la propia Dirección General, se han migrado ya 287 números a FAXoIP, lo que corresponde al 19% del total, y se han dado de baja 80 números que no se estaban utilizando o que ya no son necesarios porque se ha simplificado el número de faxes por órganos administrativos. Melián resalta que se han priorizado los faxes de la Administración de Justicia, que disponía de 351, de los que 253 ya están usándose asociados a correos electrónicos y tres se han dado de baja.

Se estima que en dos meses se haya migrado la práctica totalidad de los terminales de los departamentos de la Administración, a excepción de los correspondientes al Servicio Canario de Salud, donde todavía no se ha comenzado esta implantación debido al exceso de trabajo que sufren los centros adscritos por la COVID-19.

Etiquetas

La Covid-19 generó en 2020 un aumento de los servicios, duración de las llamadas y el gasto del 012

La Covid-19 genera un aumento de servicios, duración de las llamadas y gasto del 012

Entre otros servicios, el 012 asumió la línea Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites, atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario, y servicios de atención especializada para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid

El pasado año se registraron 8.816.605 llamadas, de las cuales 8.267.753 fueron al Servicio de Atención Telefónica 012 y 548.852 a la Línea 900 Infocoronavirus

La crisis generada por la Covid-19 y el establecimiento del estado de alarma durante el pasado año originaron un aumento de las funcionalidades y servicios adicionales en el servicio telefónico de atención a la ciudadanía a través del 012, así como un incremento en la duración de las llamadas y en la facturación, lo que generó un aumento superior a los tres millones de euros del gasto inicialmente previsto para 2020 hasta alcanzar los 12,5 millones de euros. El total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año fue de 8.816.605, de las que 4.571.073 se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 4.245.532 en la provincia de Las Palmas.

Si bien el volumen de llamadas para solicitar cita previa con el Servicio Canario de Salud descendió con motivo de las mayores restricciones, subió el de llamadas para realizar toda índole de consultas y gestiones, llegando superar en algún mes las 800.000 llamadas y más de 40.000 llamadas en un mismo día en el periodo de confinamiento.

Desde la declaración del estado de alarma el servicio de atención telefónica ciudadana se ocupó de la atención del nivel 1 de la Línea 900 112 061 Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites relacionados con la COVID-19 y demás servicios originados por dicha situación, que atendieron un total de 548.852 llamadas, que se distribuyen en los siguientes servicios:

-Información coronavirus y estado de alarma: 386.994 llamadas

-Servicio gestión de trámites por vía telefónica (Ingreso Canario de Emergencia y Ayuda al Aquiler): 144.764 llamadas

-Responsables Covid centros educativos: 5.397 llamadas

-Cribados Covid: 11.697 llamadas

Estos contactos se caracterizan por una mayor complejidad y duración a las habituales, en algunos casos por la naturaleza de la información y en otros por llegar a tramitarse solicitudes de ayuda a través del canal telefónico.

ICE y Alquiler Covid

Desde el mes de marzo de 2020 se pusieron en marcha el de atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario y servicios de atención especializada para la gestión de trámites por vía telefónica para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid. Desde el mes de mayo se atendieron las solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia y la Ayuda al Alquiler Covid, que superaron las 144.000 llamadas cuya duración media superaba los 10 minutos.

Además, el proceso de transición a la normalidad, a partir del mes de junio, originó el establecimiento de un nuevo servicio de Cita Previa para las Oficinas de Información y Atención Ciudadana y las Oficinas de Registro de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los responsables Covid de los centros educativos.

Con el proceso de transición a la normalidad comenzaron también a restablecerse gradualmente los servicios de información y atención telefónica habituales del 012: Información General del Gobierno de Canarias, Información Tributaria, Información de Vivienda, Información y Cita Previa sobre Derechos Sociales, Información y cita previa del Servicio Canario de Empleo, Información y Cita Previa Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y Soporte digital a la Sede Electrónica. De manera que a partir de ese momento conviven los servicios habituales del 012 con los nuevos servicios prestados por la línea 900.

Cita previa y actividad escolar

Del total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año, 6.631.366 estuvieron relacionadas con el Servicio de Cita Previa del Servicio Canario de la Salud, cuya prestación no fue interrumpida por la declaración del estado de alarma y cuya duración se duplicó desde el mes de marzo de 2020.

Así, antes de la declaración del estado de alarma la duración media de las llamadas para solicitar cita previa en los centros de salud era de 62 a 65 segundos y durante los últimos meses del año 2020 la duración media aumentó hasta 1:30 minutos por la situación epidemiológica, lo que supone una modificación en el tramo de tarificación de la llamada conforme al contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

En el mes de septiembre, a solicitud de la Consejería de Educación, se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los Responsables Covid de los centros educativos.

Además, de los nuevos servicios, se pusieron en marcha campañas puntuales como el piloto del Radar Covid en la isla de la Gomera, la campaña de Seroprevalencia de Covid, la campaña para el Cribado de PCR en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, campaña de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y, ya en el mes de diciembre, la Campaña de Cribado a los pasajeros y pasajeras procedentes del resto del territorio nacional durante el periodo de Navidad.

Incremento de facturación

El presupuesto inicial para la prestación del servicio telefónico de atención a la ciudadanía en 2020 ascendía a 9.573.097,40 euros, mientras que el gasto a final de año fue de 12.597.550,76 euros, lo que supone un 32% más del inicialmente previsto, desviación presupuestaria que hizo necesaria una modificación de crédito superior a los 3 millones de euros. Por su parte, en el año 2019, el gasto total fue de 8.855.967,37 euros, lo que supone un 42% menos que en 2020.

El presupuesto para el ejercicio 2020 suponía un coste mensual máximo de 797.758,12 euros (IGIC incluido) pero debido al aumento de funcionalidades, servicios y duración de las llamadas la facturación mensual registró significativos cambios, llegando a aumentar en algunos meses más de un 50%.

La desviación de la facturación total del año sobre el presupuesto fue 3.024.453,36 euros (32%).  El gasto derivado de este servicio está computado a Covid-19, siendo posible que por parte del Estado se asuma parte del coste.

Así lo explica la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, quien recientemente mantuvo una reunión de trabajo con el consejero delegado de la empresa adjudicataria del servicio 012 (Contactel Teleservicios S.A), Juan Ramírez, para evaluar el balance del servicio de atención telefónica.

Para Álvarez, la atención a la ciudadanía es un objetivo vital y clave y supone una prioridad para el Gobierno de Canarias, más necesaria, si cabe, actualmente con la situación motivada por la pandemia, en donde informarse y realizar gestiones desde casa es esencial. Asimismo, resalta la prestación esencial del 012 como principal canal de contacto telefónico de la ciudadanía con la Administración pública.

Álvarez recuerda que el 012 permite a la ciudadanía obtener información de manera rápida y cómoda las 24 horas de los 365 días del año, también disponible a través de los teléfonos: 922 470 012 o 928 301 012. Además de las llamadas entrantes de las personas usuarias, el servicio de atención telefónica también organiza campañas de llamadas salientes, como la desarrollada el pasado 14 de marzo, cuando se realizaron en un solo día más de 2.000 llamadas para avisar al personal docente sobre la vacunación de la Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas

El Gobierno aprueba un decreto-ley para agilizar la gestión de los fondos europeos de recuperación

Consejo de Gobierno

La norma fija la tramitación “urgente y preferente” de los expedientes de gasto asociados al Next Generation EU, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de informes y dictámenes

Los procedimientos para la adjudicación de contratos y para la concesión de subvenciones también se aligeran

La carga de trabajo se atenderá con refuerzo de plantillas, redistribución de personal, atribución temporal de funciones, movilidad y formación específica

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este miércoles, 31 de marzo, un Decreto-ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Entre ellas, se encuentra la tramitación urgente y preferente de los expedientes, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de los informes y dictámenes previstos; simplificación de la gestión de subvenciones; creación de unidades administrativas provisionales con refuerzos de personal y constitución de órganos de gobernanza para la tramitación de esos fondos con mayor eficiencia.

El Decreto-ley establece un modelo concreto para la gobernanza y la planificación de proyectos financiados por la Unión Europea e incorpora diferentes medidas administrativas, de organización de los recursos y de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a una gestión más ágil y eficiente para facilitar la adecuada ejecución de estos fondos y cumplir los objetivos previstos.

En ese sentido, los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, de contratación pública, y demás expedientes de gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. En materia de subvenciones, destaca la posibilidad de otorgarlas por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. Se contempla también una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, por más de un ejercicio presupuestario.

En cualquier caso, esa tramitación urgente no afectará a los plazos de convocatoria pública, presentación de ofertas, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica.

El decreto establece, asimismo, la creación de un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU, la Comisión de Planificación y Gobernanza, y otro que aprobará y realizará un seguimiento de los planes departamentales, el Comité Director de Planes y Proyectos. La autoridad responsable ante el Estado será la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General se encargará del control de los fondos. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios.

La nueva norma regula también la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación anticipada y adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado para que participe en el desarrollo de las actuaciones.

Disponibilidad de recursos humanos

El Decreto-ley señala que la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de estos proyectos se realizará, preferentemente, con los efectivos del departamento u organismo encargado de su gestión, que impulsarán las acciones necesarias para la redistribución de personas y puestos de trabajo que permita agilizar su ejecución. Asimismo, emplearán, como modo preferente de provisión la redistribución de efectivos, la reasignación de los mismos, la atribución temporal de funciones y la movilidad funcional teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración.

De esta manera, la Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de trabajo de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos financiados con cargo a los fondos de Next Generation EU.

Los departamentos y organismos públicos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración determinada. Estos nombramientos y contratos de personal se formalizarán solo por el tiempo imprescindible para la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation EU.

También se podrán atribuir temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal funcionario de carrera o interino, estatutario fijo o temporal y laboral fijo o temporal, sin que en ningún caso esta implique cambio de adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo o temporal de adscripción al mismo.

Podrá designarse personal directivo responsable de la gestión de programas y proyectos financiados con fondos europeos, que deberá estar en posesión de titulación oficial universitaria, y su selección se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo mediante procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia.

En materia de formación, se potenciará mediante acciones específicas de formación la capacitación de los empleados públicos en aquellas materias vinculadas a la ejecución de los proyectos y programas financiados con fondos Next Generation EU.

Medidas tributarias

Asimismo, contiene dos medidas tributarias: la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de las vacunas y recoge una modificación del Decreto-ley 19/2020, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarilla que se habían omitido en el texto original.

El Gobierno aprueba la prórroga del contrato de seguro de vida del personal de la Administración canaria

La póliza ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 25 de marzo, la prórroga del contrato de seguro de vida del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo que abarca entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, por importe de 3.750.000 euros.

La póliza de seguro ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El personal asegurado comprende las siguientes categorías:

-Personal funcionario –de carrera e interino-, incluidos los funcionarios docentes no universitarios y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

-Personal eventual.

-Personal laboral (fijo y temporal, ocupen o no puesto de trabajo en la respectiva relación de puestos de trabajo).

-Personal laboral en situación de excedencia forzosa con derecho a reingreso automático (cargo público o sindical).

-Trabajadores y trabajadoras en situación de suspensión de contrato por cualquier causa.

-Trabajadoras y trabajadores con contrato de trabajo de alta dirección.

-Personal estatutario del SCS.

El ICAP formará al personal público en la gestión de los fondos ‘Next Generation’ y principios de Gobierno Abierto

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

Etiquetas