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Las personas aspirantes de los procesos selectivos de la CCAA de las categorías C1 y C2 se examinarán por internet

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Las 3.184 personas aspirantes que aprobaron el primer ejercicio para ingresar al Cuerpo Administrativo (C1) y al Cuerpo Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad Autónoma de Canarias deben cumplimentar un formulario disponible en los enlaces https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683 (para C1) y https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682 (para C2) a través de la sede electrónica

Quienes no dispongan del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, podrán descargar el formulario y enviarlo a la cuenta de correo electrónico selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

En ambos casos, el plazo comienza hoy, jueves 12 de noviembre, y acaba el lunes 16 a las 23:59 horas. De no presentarlo, se entenderá que participa con sus propios medios

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, anuncia la continuidad de los procesos selectivos iniciados por medio de las resoluciones de 10 y 11 de abril de 2018 de la Dirección General de la Función Pública publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 75 de 18 de abril de 2018, por las que se procedieron a convocar los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Culminado el primer ejercicio, a continuación se celebrará el segundo, que tendrá lugar a través de la plataforma AVEX de la UNED cuando determine el Tribunal Calificador.

Los primeros ejercicios tuvieron lugar antes de la declaración del Estado de Alarma, y las personas que aprobaron fueron un total de 3.184, distribuidas de la siguiente forma:

  • C1 Cuerpo Administrativo: 1.330 personas.
  • C2 Cuerpo Auxiliar Administrativo: 1.854 personas.

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, señala que la continuidad de estos procesos selectivos con las debidas garantías de objetividad, mérito y capacidad, constituye una prioridad para esta Administración.

Martín explica que, en cumplimiento de los protocolos y de las medidas de seguridad y prevención aprobados por las autoridades sanitarias en consideración a la actual situación de pandemia global, la organización de los segundos ejercicios de la fase de oposición de los procesos selectivos de participación masiva exige la articulación de vías telemáticas para su realización online evitando la aglomeración de personas en un mismo espacio físico.

De conformidad con las Bases Generales, artículo 4.c), así como las respectivas Base Específica 10.2, aprobadas en cada resolución de convocatoria, el segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en una “prueba [que] se desarrollará en soporte informático para lo cual se pondrán a disposición de las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización.”

Para su realización, en cumplimiento de los protocolos sanitarios, se pone a disposición de todos los aspirantes con derecho a realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición la plataforma AVEX de la UNED (puede consultarse toda la información en torno a la plataforma a través del siguiente enlace: https://blogs.uned.es/avex/ ).

Esta aplicación está diseñada para la realización de forma online de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red. El único requisito técnico que habrá de disponer la persona aspirante es el de una webcam operativa durante la celebración del ejercicio.

Para la organización de sendos eventos de participación masiva de forma telemática se precisa, con carácter previo, que cada aspirante cumplimente a través de sede electrónica el formulario disponible al que puede acceder a través de los siguientes enlaces:

Para el cuerpo Administrativo, C1: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683

Para el cuerpo Auxiliar, C2: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682

En estos formularios se deberá:

  • Confirmar el correo electrónico a través del que podrá acceder a la plataforma AVEX.
  • Manifestar la disposición de un equipo con conexión a internet con el que conectarse a la plataforma, que cuente con una cámara web operativa al momento de celebrar el examen.

No se precisa de requisito técnico específico adicional.

Esta confirmación implicará que realizará el segundo ejercicio de la oposición de forma online a través de su propio equipo.

En caso de no disponer del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, se podrá cumplimentar el formulario indicado al que podrá acceder y descargar en el portal web del proceso selectivo que corresponda, debiendo enviarlo a la siguiente cuenta de correo electrónico: selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto: Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

Para su cumplimentación se dispone de un plazo de tres días hábiles, iniciándose hoy, jueves 12 de noviembre y, finalizando el 16 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.

En caso de no presentarlo en tiempo se entenderá que participa en el segundo ejercicio con sus propios medios.

La participación en estos segundos ejercicios de la fase de oposición implicará la prestación de conformidad expresa para el tratamiento de datos por la UNED, limitado este último a las labores estrictamente técnicas que permitan la celebración de los ejercicios. El diseño y contenido de los exámenes, así como su evaluación quedarán a exclusiva disposición del respectivo Tribunal Calificador.

Para cualquier consulta, se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de email: funcionpublica@gobiernodecanarias.org , poniendo en el asunto: Consulta relativa al segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

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El Gobierno autoriza al ICAP a completar las partidas para financiar programas de formación a entidades locales

Se incrementa hasta 199.948 euros la subvención a la Fecam para instrumentar acciones formativas del personal público

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy jueves, 5 de noviembre de 2020, a iniciativa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la generación de un crédito del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) por 6.988,50 euros para la formación de personal público de las entidades locales. Con este crédito se aumenta hasta los 199.948,50 euros la subvención a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para instrumentar actividades formativas.

La memoria del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) pone de manifiesto que por acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la gestión de los fondos de formación de 2020, reunida el 16 de enero de 2020, se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 675.730,00 euros para la formación del personal de las entidades Locales canarias, dentro del marco del Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dictó una orden en junio por la que se acordaba la asignación y distribución de los fondos públicos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas para 2020, asignados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) y destinados a la financiación de la formación del personal público de las entidades locales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Mediante dicha orden, se asignó un total de 192.960 euros para la partida presupuestaria ‘Subvención FECAM formación empleados públicos entidades locales canarias’, que ahora se incrementa en 6.988,50 euros.

Dado que el importe inicialmente previsto, tanto en el presupuesto de ingresos como de gastos del ICAP, era de 652.110,00 euros, nace la necesidad de generar crédito por el mayor importe concedido.

El Gobierno de Canarias y la Diputación del Común pactan contra la Violencia de Género

Gobierno y Diputación del Común firman un acuerdo contra la Violencia de Género

Rafael Yanes y Julio Pérez acuerdan compartir datos en materia de delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, la libertad sexual y los delitos de Violencia de Género

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, firmaron hoy un Acuerdo Institucional de Cooperación entre ambas instituciones, en materia de Igualdad y Violencia de Género. En el acto también estuvieron presentes  la adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, y la secretaria general técnica de la Consejería, María Adela Altamirano.

Este Acuerdo concierta a ambas instituciones para la consecución de fines comunes de interés público en el marco de sus respectivas competencias. Un convenio que tiene una vigencia inicial de un año, pero que podrá ser prorrogado por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

La Diputación del Común mantiene un férreo compromiso con la defensa de las víctimas de violencia de género. Aspecto que se materializó con la creación de la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, y que nació con el fin de garantizar y fortalecer la eficacia de la intervención del Diputado del Común en esta materia.

Con esta motivación, ambas partes acordaron formalizar este Acuerdo de cooperación con el fin de compartir datos  en materia de delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, la libertad e indemnidad sexual y los delitos de violencia de género.

Un compromiso que busca profundizar y acrecentar la colaboración que han venido manteniendo hasta el momento, y que destacaría la importancia de fortalecer estas líneas de cooperación directas y de auxilio mutuo para un mejor desarrollo de sus respectivas competencias. Asimismo, establecer una comunicación más fluida e instantánea para, entre otros aspectos, comprometerse a tramitar ágilmente las quejas que se reciban por parte de la Diputación del Común.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Acuerdo, informaron sobre la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento que estará compuesta por dos miembros de la Consejería, por la adjunta segunda, Milagros Fuentes, y por la adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera.

Yanes aseguró que “la Consejería de Administraciones Públicas  es una de las que mejor contesta a los requerimientos de la Diputación del Común” y destacó que “este Acuerdo es el principio de una colaboración constante entre ambas instituciones”.

Por su parte, Pérez resaltó “la necesidad de extender los hábitos, usos  y mecanismos de relación con la Diputación del Común, a todo el conjunto de la Administración Autonómica, ya que todas las administraciones deben ser responsables de su correcto funcionamiento y, por tanto, debemos y necesitamos ser examinados por el Diputado del Común”.

 

 

El Gobierno distribuye 12,6 millones entre los municipios por el ajuste del Fondo Municipal de 2018

Reunión del Consejo de Gobierno

El importe definitivo del Fondo Canario de Financiación Municipal para ese año asciende, tras los ajustes preceptivos realizados, a 279,5 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 15 de octubre, la distribución de 12,6 millones de euros entre los municipios de Canarias tras el ajuste de las partidas del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) del año 2018, cuyo importe definitivo asciende a 279.470.974 euros. El Gobierno de Canarias había aprobado el 23 de abril de 2018 la distribución del Fondo por un importe de 266.817.662 euros, cantidad que, tras los ajustes preceptivos realizados, se procede a elevar y con ello se autoriza un nuevo gasto de 12.653.312 euros para repartir entre los municipios isleños.

Según recoge la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, el importe del Fondo en cada ejercicio se actualiza de forma provisional, en función de la evolución de las previsiones iniciales de los ingresos no financieros consolidados de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Posteriormente, una vez practicada la liquidación del ejercicio correspondiente, se procede a calcular el importe definitivo del FCFM según la evolución real de los derechos reconocidos netos de los mencionados ingresos, comparando el ejercicio presupuestario correspondiente con el ejercicio inmediato anterior.

La liquidación resultante de la diferencia entre el Fondo definitivo y el Fondo provisional se incluirá en el presupuesto del año siguiente al que esta se realice. Así, los créditos necesarios para la distribución definitiva del FCFM de 2018 está recogida en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, deberá detraerse el 1%, es decir 126.533,12 euros, partida que se abonará a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), debiéndose distribuir el resto del Fondo, 12.526.778,88 euros, entre los 88 municipios de las Islas. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de Canarias de la autorización del gasto, en cumplimiento de la ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

La mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal

Para distribuir el Fondo, la ley obliga a la realización de auditorías de gestión para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición

El Consejo de Gobierno recibió hoy, jueves 15 de octubre de 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la dación de cuenta por la ejecución de las auditorías de gestión realizadas al amparo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, estas para conocer la situación económica-financiera municipal a 31 de diciembre de 2018, la correspondiente al Fondo del año 2019. De dichas auditorías se desprende que la mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno explica que la Ley 3/1999 obliga a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, antes de proceder a la distribución del Fondo cada año, a la realización de auditorías de gestión a los ayuntamientos para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Se han realizado auditorías en 86 ayuntamientos -todos excepto los de Granadilla de Abona y Telde por falta de la documentación necesaria- y 85 de ellos cumplen con los indicadores de remanente de tesorería y de endeudamiento a largo plazo, 81 corporaciones locales cumplen con la valoración de la gestión recaudatoria y 79 con la valoración del esfuerzo fiscal. Entretanto, el indicador de ahorro neto lo cumplen 44 ayuntamientos.

El Fondo Canario de Financiación Municipal es importante como instrumento de coordinación interadministrativa en materia de financiación local y pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales, a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a escala autonómica a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de suficiencia financiera.

La citada ley establece que los recursos económicos deben ser en el 50% con destino a gastos de libre disposición y el otro 50% a saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la citada norma, a inversión. Los indicadores que muestran la situación de saneamiento financiero son referidos al remanente de tesorería, al ahorro neto y al endeudamiento a largo plazo. El otro 50% son para gastos de libre disposición, si bien su cuantía puede verse reducida por los condicionante de la Gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal.

El Fondo se adecua atendiendo a los indicadores de saneamiento económico-financiero y los condicionantes de la cuantía de libre disposición a la situación económica general en cada momento, con el fin de que ese instrumento sea de ayuda a los municipios en momentos de crisis económica general y social, suavizando el umbral necesario para su cumplimiento por los ayuntamientos.

A ello atiende, para el Fondo Canario de Financiación Municipal 2019, la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, actuando sobre el ahorro neto, la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal, para flexibilizar el destino del Fondo a inversión y ayudas de emergencia social y no reducir el importe de libre disposición del Fondo a percibir por los ayuntamientos.

El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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El Gobierno promueve un debate jurídico en el segundo año de la reforma estatutaria en el marco de su desarrollo

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo autonómico organiza unas jornadas que abordarán las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o las posibilidades y límites del texto estatutario durante seis sesiones, que se celebrarán en la modalidad online

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha organizado, en colaboración con Presidencia del Gobierno, unas jornadas que tienen como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del texto estatutario, continuando con la línea de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo canario. Así lo expone el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que añade que, por este motivo, el Gobierno promueve un debate jurídico a través de unas jornadas que se celebrarán en seis sesiones, entre los días 5 y 19 de noviembre, en la modalidad online, a través de un entorno virtual, para salvar las dificultades que se derivan de la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participará el 5 de noviembre en la apertura de las jornadas que llevan por título ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023).

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución por la que se convocan las jornadas, que tendrán lugar los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre y estás dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias. El número de plazas asciende a 150 y la presentación de las solicitudes se podrá realizar hasta el próximo 22 de octubre a través de la Secretaría Virtual del ICAP.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que profesionales de reconocido prestigio abordarán diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

De Anta, detalla que el contenido de las jornadas se presentará principalmente a través de paneles en los que analizarán entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se desarrollarán durante seis sesiones. En horario de mañana y con un total de 19 horas lectivas servirán para analizar las implicaciones de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y su posible proyección en los próximos años.

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El Gobierno adquiere 4.000 licencias de correo electrónico para facilitar el teletrabajo de su personal

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tramita esas licencias, por valor de 24.353,20 euros y financiadas al 85% con fondos Feder, ante la incorporación en septiembre de nuevo personal sanitario y educativo

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha dado cuenta hoy, jueves 1 de octubre de 2020, al Consejo de Gobierno de una resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la que se tramitó un expediente de contratación para la adquisición de 4.000 licencias de correo electrónico con el fin de facilitar el teletrabajo del personal sanitario y educativo de la Administración pública.

La adquisición de esas 4.000 licencias cliente, por valor de 24.353,20 euros, ha sido cofinanciada al 85% con fondos Feder, por lo que el 15% restante se completa con aportación de la Administración autonómica. La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías justificó que, para garantizar que el personal del Gobierno de Canarias pudiera seguir realizando sus funciones en la modalidad del teletrabajo, era imprescindible facilitar y asegurar la actividad administrativa, motivo por el que se procedió a esa compra.

Cuando comenzó la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, en marzo de este año, el Gobierno de Canarias disponía de 30.000 licencias cliente, número que resultaba suficiente para el colectivo del personal público, ya que la mayoría utilizaba plataformas ajenas al servicio corporativo de correo electrónico o no utilizaba el correo electrónico como herramienta de trabajo. No obstante, debido a que el grueso de los empleados y empleadas públicos comenzaron a realizar sus funciones de manera telemática, se hizo necesaria la contratación de 10.000 licencias adicionales.

Ha sido en septiembre de 2020, con motivo del incremento del personal sanitario y docente para atender las demandas sociales sanitarias y educativas, cuando se ha necesitado adquirir estas 4.000 licencias para que esos trabajadores y trabajadoras se incorporaran al uso del correo corporativo del Gobierno de Canarias.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incluido en el Portal de Transparencia, dentro del cuadro Información COVID-19, un apartado en el que la ciudadanía puede acceder a toda la información actualizada de los contratos adjudicados y formalizados por el procedimiento de emergencia por la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo de la pandemia

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contratacion/actividad- contractual/emergencia/).

Asimismo, esta Consejería ha solicitado la inclusión de ese expediente dentro de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, con lo que debe ser remitido al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 1.a), de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación de una sede electrónica única

El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación de una sede electrónica única

La medida busca la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digital al tiempo que brindará una mayor simplicidad técnica

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tomar en consideración el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 19/2011, regulador de la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre ese texto. Se busca así la creación de una sede electrónica única del Gobierno de Canarias en adaptación de las Islas a la regulación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objetivo último de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digital.

La nueva sede electrónica se denominará Sede Electrónica Única del Gobierno de Canarias y se alojará, previsiblemente, en el enlace https://sede.gobiernodecanarias.org, de manera que se alinea con el dominio principal del Gobierno de Canarias. Está previsto que entre en funcionamiento en el último trimestre de este 2020.

La redacción actual del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprobó en el marco jurídico del desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Por ello, la estructura actual del mencionado decreto y de las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias responden a esa normativa, que se ha visto superada por la Ley 39/2015. Así, hasta ahora existe una sede electrónica por Consejería, además de otras de los organismos autónomos. Con la modificación planteada se pretende unificar todas ellas en una única.

Con esto, se conseguirá reducir los elevados costes de mantenimiento, ya que es necesario prestar soporte a sedes electrónicas con diferentes tipos de tecnología, así como reducir la complejidad de los cambios técnicos, organizativos y normativos al poder cambiar en un único punto con efecto para todos los trámites de todo el Gobierno. Pero más importante aún es la existencia de un único punto a través del cual la ciudadanía pueda interactuar con la Administración autonómica, lo que permitirá mejorar la relación electrónica del Gobierno con la ciudadanía.

Además, la sede electrónica única será plenamente interoperable en lo que se refiere a registro, tal y como requiere la Ley 39/2015, permitiendo dirigir registros a cualquier administración. El esfuerzo en la creación de esta sede se enmarca en la política de profundización en la administración electrónica del Gobierno de Canarias, que también incluirá la interconexión con el punto único de notificaciones, permitiendo la notificación en cualquier sede electrónica interoperable, el registro electrónico de apoderamientos, así como el desarrollo de la carpeta ciudadana y otras mejoras que permitirán potenciar la relación electrónica de la ciudadanía con el Gobierno de Canarias, mucho más sostenible, eficaz y eficiente.

Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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