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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato, que tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.

La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.

En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.

Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000 euros para atender la crisis de la Covid-19

Son dos contrataciones de refuerzo destinadas al Servicio de Soporte (Oficina Técnica) del Sistema de Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma, así como al mantenimiento de diversos sistemas de información corporativos de la Administración autonómica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.

El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.

El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.

Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes, cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

La edición 42 del Plan de Formación del ICAP contará con 1.880 plazas que se impartirán en modalidad online

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

Además, el BOC publicó esta semana el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del ICAP, un instrumento de planificación dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma en dos líneas de actuación que permite a cabildos y municipios sufragar el coste de las actuaciones de formación previstas, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Fecam

La Comisión para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acordó en la sesión celebrada el 19 de mayo del corriente el reparto de fondos Afedap (Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas) para formación en el ejercicio 2020, destinados a la financiación de planes de formación para personal de las entidades locales. Corresponde al ICAP la cantidad de 111.902 euros, que supone el 17,16% del total del crédito asignado para la Comunidad Autónoma de Canarias

El Plan de Formación del ICAP tiene como objetivo principal ofrecer una formación basada en el conocimiento, orientada a facilitar al personal al servicio de las entidades locales la adquisición de habilidades y mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos.

En esta edición, la número 42, se contará con 1.880 plazas. Todas las actividades incluidas en el mismo se desarrollarán en la modalidad online y se distribuirán entre las áreas de Transparencia y Buen Gobierno; Innovación en la Gestión Pública; Organización del trabajo y mejora de habilidades; Tecnologías de la información y la comunicación; Idiomas; Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; Jurídica-administrativa; Unión Europea; Ordenación del Territorio y Medioambiente, y Políticas de Igualdad.

Además, en la Comisión de Formación para el Empleo Local celebrada el 8 de julio se aprobó el plan específico de entidades locales.

Por otra parte, la Fecam ya cuenta con el Plan Interadministrativo de Formación 2020, que tiene como ámbito de aplicación el personal público de las corporaciones locales canarias (cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de estas).

Incluye 44 acciones formativas a realizar en 57 ediciones durante 1.543 horas y van destinadas a 3.390 personas. Esta oferta formativa busca la consecución de objetivos como la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía; Potenciar la cualificación profesional y personal del personal; Favorecer el acceso a la formación del mayor número de personas; Liderar el proceso de modernización de las Administraciones Públicas Canarias con especial énfasis en la e-administración; Establecer líneas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados públicos canarios, e impulsar el papel de la formación como un factor estratégico de las entidades locales canarias.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó mediante la Orden nº 89 del 12 de junio de 2020 el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que en fecha 6 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se trata de instrumento de planificación que permite, entre otros objetivos, que las entidades locales pongan en marcha sus actuaciones en materia de formación con cargo al mismo.

Dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, cuenta con dos líneas de actuación a las que pueden optar cabildos y municipios para desarrollar los cursos que tengan previstos entre este año y 2022, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Entre los objetivos generales del Plan Estratégico de Subvenciones figura dar cumplimiento al mandato legal a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que obliga a los órganos y entes dependientes de las Administraciones Públicas a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, con carácter previo a la concesión de subvenciones. También busca concretar la planificación estratégica del ICAP en materia de subvenciones en un documento específico que recoja todas las líneas y programas de ayuda que el ICAP gestiona en sus diferentes áreas de actuación, y no solo en el Plan Estratégico de la entidad en su conjunto.

Asimismo, busca detallar, en un instrumento unificado, los programas, objetivos e indicadores presupuestarios de las actividades subvencionables del ICAP, dando cuenta de los costes de estas actividades, y promover las acciones formativas a realizar por las entidades locales para dar cumplimiento al Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, y en ejecución del Acuerdo de Gestión de Formación para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este plan se circunscribe a las actuaciones que están previstas y se desarrollen durante el periodo 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Cuenta, por un lado, con una línea de actuación de destinada a la formación del personal público de las corporaciones locales canarias. Su finalidad es subvencionar a los cabildos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la formación de su propio personal con los fondos transferidos para que con los medios materiales y personales que estos disponen, acometan las actividades formativas del personal dentro del marco del Afedap.

Se pretende así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que configuran el Plan Estratégico de Subvenciones, ejecutando con los fondos transferidos por la Administración del Estado, las acciones formativas a través de las entidades locales de Canarias, para lo que cuenta con 347.248 euros, que se distribuyen entre los distintos promotores en el ámbito local por un acuerdo de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias para esta línea de actuación.

La otra línea de actuación tiene por finalidad subvencionar a la Fecam, siendo el destino final la formación del personal público de los ayuntamientos y cabildos mediante una subvención nominada al citado organismo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada ejercicio. Para ello, el Gobierno de Canarias aporta 192.960 euros.

La Fecam deberá presentar una solicitud de subvención a través del Plan Interadministrativo de Formación, que detalla las actividades formativas que ejecutará a lo largo de cada ejercicio presupuestario y dentro del marco del Afedap.

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El 60% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma teletrabaja en la actualidad

Julio Pérez durante la comparecencia parlamentaria del 8 de julio de 2020

El consejero Julio Pérez señaló hoy en sede parlamentaria que el Gobierno llevó a cabo una encuesta sobre la implantación de la modalidad del trabajo a distancia en el personal público de la Comunidad Autónoma un mes después de comenzar el confinamiento. Entre otros aspectos, la encuesta reveló que el 75% de las empleadas y los empleados aprueban la instauración permanente del teletrabajo como fórmula de flexibilización

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, afirmó hoy en sede parlamentaria que, a finales de junio, un 60% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba teletrabajando. El consejero explicó que, tras la imposición del estado de alarma debido a la pandemia de la Covid-19, el Ejecutivo canario impulsó la implantación del teletrabajo entre su personal, un objetivo que ya contemplaba al inicio de la legislatura y que obedece a la plena convicción que el Gobierno ya tenía al respecto, pero que las circunstancias aceleraron.

El siguiente paso después de su implantación, explicó Pérez, ha sido el estudio y análisis de su aplicación, tras lo cual quede desarrollar una normativa, si bien la Administración autonómica ya cuenta con una regulación provisional al respecto (Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la administración general de la comunidad autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del covid-2019).

En este sentido, adelantó que si bien aún no se sabe si el teletrabajo acabará siendo considerado como un derecho o una posibilidad, en la actual regulación canaria tiene la categoría de derecho para quién lo necesita, una normativa que ha sido pactada con los sindicatos.

El consejero también explicó que el Gobierno tiene ya preparada una propuesta de regulación de la Dirección por Objetivos de manera que las personas responsables de las unidades de Servicio examinen el trabajo del personal subordinado no en términos de presencia, sino por los resultados, lo que supondrá implantar otro modo de gestionar las consejerías.

Y todos estos aspectos, razonó, debería regularse en una nueva Ley de Función Pública, que el Ejecutivo ya habría llevado al Parlamento de no haber sido por la situación creada debido a la Covid-19.

Encuesta al personal

Asimismo, explicó que se llevó a cabo una encuesta entre el personal público para conocer su opinión sobre la modalidad de teletrabajo y detectar la percepción que, sobre esta modalidad, tenía cada persona. El estudio tuvo lugar al término del primer mes de confinamiento.

Entre otros resultados, reveló que el 75% del personal encuestado aprobaría la instauración del teletrabajo como mecanismo de flexibilización. Cabe recordar que, ante la situación de emergencia planteada por la pandemia del COVID-19, la Consejería facilitó los medios posibles al objeto de que el personal incluido en la modalidad del teletrabajo pudiera llevar a cabo sus tareas desde casa con herramientas tecnológicas que permitieran la prestación de servicios a distancia, así como prestar el apoyo y soporte técnico necesario.

Para evaluar los resultados de esta actuación, la Consejería diseñó una encuesta específica que abordó tanto los medios tecnológicos e infraestructura, como los aspectos de salud laboral y de carácter organizativo que pudieran influir o requerir alguna mejoría. Otros resultados de la misma desvelaron que un 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo, y que al 79% le motiva esta modalidad.

En general, la encuesta revela que, a pesar de la prisa con que se debieron cubrir las necesidades presentadas y algunas dificultades puntuales, en general la experiencia del teletrabajo ha sido muy positiva en el ámbito de la Administración autonómica por tres razones fundamentales.

En primer lugar, por el alto nivel de colaboración por parte del personal empleado público ante una circunstancia sobrevenida de emergencia y actitud proactiva ante la modalidad de teletrabajo en el afán de continuidad de sus funciones teniendo que reorganizar y conciliar su vida laboral con la familiar en estas circunstancias.

En segundo lugar, por la disponibilidad de medios tecnológicos, infraestructura y soporte que el Gobierno de Canarias tiene para el ejercicio de sus funciones y responsabilidades y, al mismo tiempo, la preparación tecnológica de su personal, el cual, a pesar de las necesidades existentes, ha sabido mantener un nivel de rendimiento alto para facilitar la implantación de esta modalidad.

Y en tercer lugar, por la capacidad de respuesta que, en conjunto, se ha desarrollado ante la crisis generada con esta pandemia, para cubrir las necesidades que la ciudadanía requería en estos momentos y para solucionar las dificultades que surgían.

Cuatro bloques

Los resultados de la encuesta se pueden resumir en cuatro grandes bloques de conclusiones: Sociológicas; Medios y soporte; Dirección y organización, y Salud laboral y emocional.

En cuanto al primero, el referido a las conclusiones sociológicas, cabe destacar que la mayoría de las personas que respondieron eran mujeres (67%) y que el rango de edad mayoritario está comprendido entre los 45 y 60 años (un 69%), seguido por el 20 % que se encuentra entre los 30 y 45 años. El 11% tiene más de 60 años, por lo que el 80 % del total es mayor de 45 años.

En cuanto a los medios y soporte, un 84% declaró disponer de un lugar adecuado para realizar teletrabajo, el 96% afirmó contar con una conexión a internet apropiada, y el 78% considera que dispone de los medios técnicos necesarios y adecuados.

Por otra parte, la Administración pública ha provisto de conexión VPN a un 86% de los encuestados para acceder de forma directa a sus equipos en el puesto de trabajo. La valoración de las herramientas tecnológicas corporativas empleadas es positiva, pues el 9% la considera excelente; un 44%, buena; el 24%, aceptable; y tan solo un 21%, mejorable y otro 2%, mala.

Respecto a la configuración del equipamiento un 68% responde que ha sido sencilla con una documentación disponible valorada como buena en un 80% y excelente en 10% (otro 10% opinó que era mala), al tiempo que les resulto sencillo de localizarla a un 82%.

La asistencia y apoyo técnico fue requerida en un 65% y su valoración fue muy positiva: excelente para el 25%, y buena para el 36%. Solo un 3% dijo que fue mala, y el resto no se pronunció.

En cuanto a la red de conexión con el Gobierno, un 86% indica no haber tenido ningún problema, mientras que el 81% señaló que no tuvo problemas con el uso de las aplicaciones y herramientas de servicio tipo gestores de expedientes o portafirmas, entre otros aspectos. Finalmente, el 93% considera el entorno seguro.

En relación a la dirección y organización, como ya se indicó, el 91% respondió que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo, y un 93% considera que se comunica de forma fluida con sus compañeros/as de trabajo. Apenas el 13% piensa que se ha visto resentida la comunicación con su responsable jerárquico, mientras que el 88% señaló que no pierde influencia en su trabajo. En cuanto a la organización del mismo, un 73% entiende que no se ha visto resentida.

Sobre el control del desempeño, un 39% indica utilizar un sistema de control además del sistema de geogestión horaria (App Sicho Geogestión) y el 85% considera que no se distrae más con esta forma de trabajo. El 57% sí ha cambiado de hábitos y, es importante destacar que un 44% refiere que su concentración no se ha visto afectada, al contrario, un 39% dice que ha sido una mejora y un 16% si refiere empeoramiento.

Un 73% refiere no haber tenido dificultades para gestionar el tiempo, mientras que el 12% se ha sentido más controlado por teletrabajar. En cuanto a la carga de trabajo, sienten que ha aumentado un 23%; el 14% dice que ha bajado y el 63% expresa que es la misma.

Al preguntar si deseaban que el teletrabajo fuese aprobado con carácter general, una vez superada la crisis del COVID-19, un 43% responde que sí como mecanismo de conciliación familiar y, tal como se apuntó antes, un 75% contestó que sí como mecanismo de flexibilización, mientras que otro 10% dijo que no.

El 61% indicó que se debería aplicar en fórmula mixta (algunos días); el 21%, como fórmula habitual; el 11%, como fórmula complementaria, y el 7%, solo en casos de emergencia.

Sobre la salud laboral y emocional, el 86% no detecta desajustes en la alimentación; un 83% no le ocasiona estrés el teletrabajo, y al 88% no le ha costado adaptarse ni organizarse.

Al 79% le motiva esta modalidad, y a un 51% le parece que no existe aislamiento social en el ámbito laboral.

En su contexto personal, el 80% cree que es útil y beneficioso, mientras que el 87% entiende que el teletrabajo cumple sus expectativas.

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El Gobierno quiere impulsar, a través de Radio ECCA, un plan general de “alfabetización digital” para toda Canarias

Lucas López, director general de Radio ECCA; Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECCA; Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias; y Goretti Almeida, subdirectora educativa de Radio ECCA.

Se pretende el aprendizaje de los conocimientos básicos para el manejo de todos los recursos y servicios digitales, en general, y en especial de los que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el director general de Radio ECCA, Lucas López, acordaron, tras la reunión mantenida el pasado 1 de julio, preparar la creación y, en su caso, la puesta en marcha de un programa de “alfabetización digital” para la ciudadanía de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones centrales de la emisora en Las Palmas de Gran Canaria y en él también estuvieron presentes el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra; la directora gerente de Radio ECCA, Amparo Osorio; y la subdirectora educativa de Radio ECCA, Goretti Almeida.

Pérez planteó a la emisora la puesta en funcionamiento, en la segunda mitad de este año, de un programa educativo destinado al público en general que permita a la ciudadanía conocer las herramientas digitales con las que cuenta para hacer los trámites administrativos, de manera que acerque la administración electrónica a las personas que todavía no están familiarizadas con ella.

El consejero hizo hincapié en que el programa difunda los conocimientos básicos para el manejo del amplio abanico de recursos y servicios digitales que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, pero también para los representantes de las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.

Con esto se pretende que la ciudadanía aprenda, a través de este programa, a obtener el certificado digital, que conozca el funcionamiento de la Sede Electrónica, que acceda a los principales servicios y recursos digitales del Gobierno o que sepa descargarse y presentar los documentos necesarios para realizar las diferentes gestiones en línea.

Precisamente en los últimos meses, con motivo de la crisis generada por la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en esta tarea. Así, con el Ingreso Canario de Emergencia se gestionaron, telefónicamente, 30.000 solicitudes que no necesitaron desplazamientos ni presentación de papeles, mientras que durante el Estado de Alarma se incrementó del 22% inicial al 54% actual la digitalización de documentos.

Alcanzar la tramitación electrónica íntegra de todos los procedimientos administrativos es uno de los objetivos prioritarios que este Gobierno se ha propuesta alcanzar en su mandato y para ello promueve un modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente.

Radio ECCA cuenta con programas firmados con el Gobierno de Canarias en los que se promueve el aprendizaje e inserción laboral de colectivos vulnerables, así como más de 400 acciones formativas, entre las que se incluyen tres titulaciones oficiales como son la Educación Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior en Integración Social.

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Administraciones Públicas da cuenta del gasto de 1,8 millones en contratos realizados durante el estado de alarma

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dictado 20 resoluciones para la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección de edificios judiciales, así como para posibilitar el teletrabajo

La obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario, para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo, y dar soporte a las sedes electrónicas, son las finalidades de los contratos aprobados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno del gasto de 1,8 millones de euros correspondientes a 24 contratos aprobados por el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Dichos contratos están relacionados con la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección frente a la COVID-19 en edificios y sedes judiciales de Canarias, así como para la obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo y atender las incidencias provocadas por el virus.

Un total de 20 de los contratos fueron aprobados por resoluciones dictadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por un importe completo de 1.772.142,79 euros, y los cuatro restantes por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por importe de 48.790,91 euros.

Pérez ha solicitado la inclusión de todos los expedientes dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Protección en sedes y edificios judiciales

Los contratos realizados mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia son los siguientes:

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios y protección en zonas operativas de los Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia de Género y Registro Civil (21.335,80 euros).

– Servicio de traslado, entrega y acondicionamiento de equipamiento informático, mobiliario, material sanitario, mecanismos y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (83.759,60 euros).

-Suministro, configuración y clonación de equipos y ordenadores portátiles, para la prestación de servicios mediante el sistema de “Teletrabajo a Jueces, Magistrados, Letrados y Funcionarios de los Órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias’ (531.088,44 euros).

-Suministro e instalación de mobiliario de protección anticontagios y de archivo y custodia de documentación judicial para proceder a las labores de desinfección en la Sedes Judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (127.912,08 euros).

-Trabajos de limpieza e higienización de los conductos del Sistema de Climatización y Ventilación en Edificios y Sedes Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (124.954,27 euros).

-Servicio de limpieza extra por refuerzo y desinfección emergencia COVID-19 y dispensación de diverso material de protección antincontagio en Edificios Judiciales de la provincia de Las Palmas (174.644,43 euros).

– Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de protección respiratoria, KN95, de eficacia de filtración máxima contra contagios auto-filtrante, calificado como Equipos de Protección Individual (50.985 euros).

-Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de alta protección anticontagio desechables FPP2 (4 capas), calificadas como Equipos de Protección Individual (39.500 euros).

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios protección ampliación nuevos servicios operativos en diversos Órganos Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (5.649,60 euros).

-Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la elaboración del Plan de Respuesta y Contingencias derivado de la situación de emergencia por la COVID-19 (48.150 euros).

-Trabajos de revisión, comprobación y verificación de las instalaciones de protección contra incendios (PCI) de Edificios Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (33.688,24 euros).

-Suministro e Instalación Sistema Megafonía de Evacuación de Emergencia en el Edificio Judicial de Arona, en Tenerife (37.332,04 euros) y del Edificio Judicial de Arrecife, en Lanzarote (83.933,67 euros).

-Servicio extra de traslado, reparto, entrega y acondicionamiento de material de protección, equipamiento informático, material desinfección, mecanismo y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas (23.525,23 euros).

– Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior en las instalaciones de climatización y ventilación en Edificios Judiciales de la isla de Tenerife (75.525,92 euros).

-Sustitución módulo control sistema climatización en el Edificio Judicial de La Laguna (13.750,04 euros).

-Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior del sistema de climatización y dependencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (31.437,48 euros) y en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona (180.911,75 euros).

-Realización de Auditoria de emergencia Servicio de Limpieza para la evaluación, control e implantación de las medidas de higiene y desinfección derivadas de la COVID-19 en Edificios y Sedes Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (29.960 euros).

-Trabajos reposición equipos de refrigeración en los aparatos de transporte mecánico y elevación (panorámicos) en el Edificio Judicial ‘Ciudad de La Justicia’ de Las Palmas de Gran Canaria (54.099,20 euros).

Telefonía remota y sedes electrónicas

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha dictado durante el estado de alarma cuatro resoluciones por las que se aprueban los siguientes contratos:

-Refuerzo del servicio de soporte de Nivel 1 al uso de las Sedes Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (4.280 euros).

-Adquisición de licencias para telefonía remota para la Red Corporativa de Telefonía del Gobierno de Canarias para que el personal público puede desarrollar sus funciones en la modalidad de teletrabajo (24.553,27 euros).

-Contratación de evolutivos de la Aplicación SICAC para habilitar la presentación telemática de los procedimientos comunes ante la necesidad de que todos los procedimientos del Gobierno de Canarias se puedan tramitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente (11.235 euros).

-Servicio de Asistencia técnica para la mejora de capacidades en la comunicación y presentación eficaz de actuaciones en la modalidad de teletrabajo (8.722,64 euros).

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Inspección 2020

Plan Inspección Modernización 2020

Los planes de inspección analizan el funcionamiento de las unidades y servicios de la administración autonómica y proponer cambios de gestión que mejoren la calidad de los servicios a la ciudadanía

Se inspeccionarán los servicios tecnológicos del Gobierno, la gestión de las empresas y fundaciones públicas y los servicios de dependencia

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el Plan Anual de Inspección 2020 de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la Dirección por Objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria.

Tipo de actuaciones

El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo canario, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias.

A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno. Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.

Se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en los mismos, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.

El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste de estos.

Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones. En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.

El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.

Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.

Se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la Administración canaria y su sector público.

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La Dirección General de Modernización da cuenta al Gobierno de las inversiones realizadas en mamparas y ordenadores

Ambas son medidas adoptadas para hacer frente a las necesidades surgidas por la crisis de la COVID-19; en el caso de las mamparas, para completar las ya instaladas en las oficinas de Registro, y en el de los ordenadores, para facilitar la modalidad del teletrabajo a la Inspección Médica del Gobierno de Canarias

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (DGMCS), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de la Resolución 2681/2020, de 4 de junio de 2020, por la que se aprobó el gasto y se adjudicó el contrato de emergencia consistente en el suministro de mamparas de protección para Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana (OCIAC) en las sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por 10.558,47 euros, así como de la Resolución 2482/2020, de 1 de junio de 2020, por la que se aprueba el gasto y se adjudica el contrato de emergencia, consistente en el suministro de dos ordenadores, licencias Windows 10 Pro, y cuatro monitores, por el procedimiento de emergencia destinados al Servicio de Inspección Médica por importe de 1.893,90 euros.

En ambos casos, se trata de la adopción de medidas para hacer frente a la COVID-19, por lo que se ha justificado la necesidad de actuar de manera inmediata, y se solicitó al Gobierno de Canarias que se incluyan esos expedientes dentro de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 1.a), de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Por una parte, la DGMCS justificó que en las OCIAC, que deben continuar prestando sus servicios al conjunto de la población, se han instalado mamparas de protección tanto para el personal que presta sus servicios en las oficinas como para la ciudadanía que acude a estas dependencias y que, para completar las medidas de protección, se ha constatado la necesidad de instalar con carácter de emergencia nuevas mamparas para garantizar las medidas de seguridad y prevención de contagios.

Por otra parte, también justificó que precisaba adquirir con urgencia dos ordenadores con licencias Windows 10 Pro y cuatro monitores para el Servicio de Inspección Médica, en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dado que los que dispone en la actualidad dan problemas y errores de conectividad con la VPN, por lo que no se podía garantizar la modalidad de teletrabajo de una manera efectiva, tal y como se fomenta desde el Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias destina 252.819 euros al nuevo personal que ingresa como técnicos de grado medio

Los puestos a dotar, del grupo A2, incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección y un director adjunto; irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, una distribución de crédito por 252.819,21 euros destinada a atender los costes salariales (tanto las retribuciones como los correspondientes a la Seguridad Social) del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Los puestos a dotar incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección, y un director adjunto, que irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

La Dirección General de Función Pública señala que, tras la adjudicación de plazas a las personas aspirantes seleccionadas en las pruebas selectivas convocadas al efecto mediante Resolución del 11 de abril de 2018, se hace necesario dotar de recursos a esos puestos.

El Gobierno ya había tenido en cuenta esta situación, por lo que reservó recursos a ese fin al elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 dentro de una sección común (la 19) al tratarse de personal de nuevo ingreso sin fecha cierta de incorporación, por lo que ahora acuerda tramitar las modificaciones oportunas.