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El Plan de Formación del ICAP 2022 incluye la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas

El Plan de Formación del ICAP 2022 incluye la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas

El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública aprueba una comisión de trabajo para crear un registro de docentes y actualiza las retribuciones de las personas que imparten los cursos

El programa consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas

Julio Pérez considera la formación continua como “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía

El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado este lunes el Plan de Formación 2022, que incluye, entre otras materias, actividades dirigidas a formar al personal público para implementar la Dirección por Objetivos y la evaluación de las políticas públicas, así como impulsar los instrumentos de participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto. Según ha manifestado Julio Pérez, la formación continua constituye “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía.

El Plan recoge también acciones dirigidas a ampliar el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, incrementar la capacitación del personal en competencias digitales para la transformación digital de la administración, promover el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación, como valor a compartir en el ámbito público, y promover la formación del personal en habilidades directivas.

Además, ofrece actividades formativas sobre novedades legislativas, aumenta los contenidos de autoformación, incrementa la oferta de idiomas (inglés, francés y alemán) e introduce un nuevo nivel en el aprendizaje de la lengua de signos española.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que el objetivo principal de este programa formativo es satisfacer las necesidades formativas prioritarias para el desarrollo de las competencias profesionales del personal empleado público y su carrera profesional, así como proporcionar herramientas para afrontar los nuevos retos derivados de un contexto de transformación sin precedentes.

“Su finalidad es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales del personal al servicio de la Administración Pública y que repercuta en una gestión eficiente y de calidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía”, ha remarcado Pérez.

Junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, forman parte del consejo de administración del ICAP, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, como vicepresidente, y la directora del Instituto, como secretaria. En calidad de vocales, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, la secretaria general técnica, las directoras generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de la Función Pública, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, dos representantes de la Fecai y uno de la Fecam, un representante por cada una de las universidades públicas canarias y tres personas en representación de las organizaciones sindicales, en este caso IC, Sepca y CCOO, aunque también estaban invitados CSIF y UGT.

Ejecución del Plan

El programa formativo, que se ejecutará entre abril y diciembre de 2022, está dirigido al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el archipiélago.

Con un presupuesto de 806.864,90 euros, consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas. Del total de plazas, 12.954 corresponden al personal de la Comunidad Autónoma y las 400 plazas restantes al de otras administraciones públicas en Canarias.

La directora del ICAP, Eva de Anta, ha explicado que tanto en el diseño como en la ejecución del plan se ha hecho hincapié en incrementar el desarrollo de actividades formativas con metodologías no presenciales -en la modalidad en línea o presencial en línea a través de sesiones virtuales-, una adecuación ya recogida en los dos planes anteriores motivada por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

De Anta ha agregado que la oferta de actividades presenciales o mixtas con clases presenciales se ha limitado a los casos en que se haga imprescindible para su desarrollo, por su naturaleza o carácter más especializado, y siempre condicionadas a las circunstancias sanitarias del momento.

Además de los cursos, el plan contempla también la celebración de jornadas, como actividades formativas de duración limitada, para abordar temas de actualidad y de especial interés para el personal público, lo que permite el encuentro e intercambio de experiencias.

Registro de docentes

El consejo de administración del ICAP ha aprobado también la creación de una comisión de trabajo, integrada por la dirección del organismo autónomo, su personal y todas las organizaciones, para determinar, de manera consensuada, los criterios y procedimientos para el establecimiento de un registro de docentes y su selección, con base en los principios de transparencia, calidad, e igualdad de trato, para colaborar en la impartición de acciones formativas incluidas en los distintos planes del ICAP.

Asimismo, ha valorado el esfuerzo y la calidad del personal docente y ha acordado mejorar los recursos y herramientas que se requieren para la formación de las empleadas y empleados públicos, así como la actualización de la baremación sobre las retribuciones a percibir por el personal que imparte las acciones formativas.

Las organizaciones sindicales participantes en el consejo de administración han valorado de forma positiva su desarrollo, al haber salido adelante propuestas como la comisión de trabajo para implantar la lista de empleo de docentes o las tutorías específicas en los puestos de trabajo incluidas dentro del programa de acogida. El representante de Intersindical, David Ortuño, ha manifestado estar “muy contento” y su homóloga de CCOO, Flor Acosta, ha calificado “muy positivamente” la política participativa que ha impregnado la reunión, así como el talante de la directora del ICAP y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Por su parte, el representante de SEPCA, Jesús Piñeiro, ha destacado que estamos ante un plan ambicioso que responde a las necesidades formativas de los empleados públicos y ha mostrado su esperanza de que antes de final de año se puedan alcanzar los objetivos programados. A su juicio, también se están dando los primeros pasos para aumentar la plantilla del ICAP y que funcione como un centro de formación de referencia, orientado a perfeccionar a los empleados públicos y mejorar su carrera profesional.

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El Gobierno destina 2,2 millones de euros al mantenimiento de su red corporativa de voz y datos

Distribuida entre los diferentes edificios, oficinas y centros de las Islas, la red da soporte a los sistemas de información que ofrecen servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Ejecutivo

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves efectuar un gasto plurianual de 2.261.979,46 euros, para la contratación del servicio de mantenimiento integral del equipamiento y cableado de la red corporativa de voz y datos del Gobierno de Canarias, así como dar cuenta de este acuerdo al Parlamento autonómico.

El presupuesto de licitación será distribuido en tres anualidades: 282.747, 43 euros en el año 2022, un total de 1.130.989,73 euros durante el año 2023, y 848.242,30 en el año 2024.

La red corporativa, que se distribuye entre los diferentes edificios, oficinas y centros situados en todas las islas, está integrada por diversos elementos electrónicos de comunicación, así como por las infraestructuras de cableado y líneas de teleproceso, y da soporte a los sistemas de información que ofrecen servicios necesarios para el normal desarrollo de las actividades que lleva a cabo el Gobierno de Canarias, entre otras, a sus más de 30.000 extensiones telefónicas.

Tras la finalización del contrato anterior y sus correspondientes prórrogas, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías acreditó, en un informe del 17 de marzo de 2022, la necesidad de proceder a la contratación de dicho servicio, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para adecuar la red corporativa a las nuevas necesidades y conseguir un funcionamiento óptimo del sistema.

Dicho centro directivo ha ido incorporando nuevas redes y servicios que demandan cada vez una mayor capacidad de actuación para dar cabida al crecimiento continuo de las aplicaciones informáticas de la red corporativa.

Con el fin de optimizar el funcionamiento de la red, es preciso contar con un conjunto de servicios técnicos y humanos capaces de resolver las más de 9.000 incidencias que se gestionan anualmente, realizar las acciones preventivas necesarias y aportar los medios para adecuar la red a las nuevas necesidades.

El objeto específico del contrato es la prestación de un Servicio de Mantenimiento Integral en las áreas de comunicaciones LAN y WAN de voz y datos, y en los sistemas de cableado y suministro eléctrico de los sistemas de comunicaciones y servidores.

Para la prestación efectiva de estas tareas, la empresa adjudicataria deberá poner a disposición del Gobierno de Canarias personal técnico que se dedicará, de forma exclusiva, a la atención de las actividades que se incluyen en el acuerdo.

El Gobierno aprueba prorrogar el contrato del servicio de peritaciones judiciales por un importe de 2,3 millones

Un total de 1.346.862,5 euros se asignan a actuaciones desarrolladas en los órganos judiciales de Las Palmas y 960.325 euros a las realizadas en los de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, 24 de marzo, prorrogar, por segunda vez, el servicio de peritaciones en los órganos judiciales de Canarias, por un importe de 2.307.187,5 euros (IGIC incluido).

Su vigencia abarca desde el 1 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023. Del montante total del contrato, 1.346.862,5 euros se destinarán a las peritaciones efectuadas en los órganos judiciales de Las Palmas y 960.325 euros a las desarrolladas en los de Santa Cruz de Tenerife.

El contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó en mayo de 2020 en dos lotes: lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021. Al terminar la vigencia de este, se prorrogó por 12 meses, hasta el próximo 31 de mayo de 2022.

Ante la finalización del plazo de la prórroga y valiéndose de que el contrato permite su prolongación por un periodo de tres años más, el Ejecutivo canario ha considerado necesario una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2023.

El libro sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, editado por el ICAP, puede adquirirse ya de forma gratuita

El libro sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, editado por el ICAP, puede adquirirse ya de forma gratuita

La publicación recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias y explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual

Tanto el presidente del Gobierno como el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destacaron en su presentación que esta obra pone en valor el talento de la sociedad canaria y de su Administración Pública

El libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023)’, editado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), con el propósito de profundizar en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros, ya puede adquirirse, de forma gratuita y por vía telemática, en la tienda de Wolters Kluwer, empresa encargada de su publicación.

En su presentación en el Parlamento de Canarias, el pasado miércoles 16 de marzo, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, coincidieron en destacar que esta obra pone en valor el talento de la sociedad y de la Administración Pública canaria.

Acompañado también por el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y la directora del ICAP, Eva de Anta, el jefe del Ejecutivo canario agradeció el trabajo de todas las personas que han posibilitado este documento, que calificó como fundamental, porque recoge muchas cosas que se consiguieron cuando se pensaba que era casi imposible reformar el Estatuto de Autonomía, modificación que, según recordó, se materializó en 2018 como un texto de tercera generación, pero que se intentó muchos años antes.

Una norma, remarcó Torres, que hace que Canarias cuente con mayor autogobierno, que permite que el Parlamento pueda delegar en el Gobierno a través de decretos leyes, que contempla que el mar que circunda las islas sea de ámbito autonómico o que, por fin, la condición de Región Ultraperiférica esté anclada en el texto estatutario, entre otros avances.

Por su parte, Julio Pérez manifestó que las personas al servicio de la administración pública son siempre objeto del escrutinio de la ciudadanía y se tiene una imagen injusta que no se corresponde con la realidad, por lo que resaltó la importancia de que se sepa cuánto talento hay en la Administración. Y así se manifiesta, señaló, en el libro sobre el Estatuto, una obra colectiva de una treintena de empleadas y empleados públicos que reflejan sus puntos de vista técnicos, jurídicos, administrativos o económicos sobre el desafío que significa el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El consejero afirmó que la plena expansión del texto estatutario, la aplicación para que la ciudadanía note la ampliación de competencias que recoge la nueva norma requiere, no solo de la voluntad política del Gobierno de impulsar la asunción de las mismas, sino que haya una Administración que tenga la capacidad para desempeñarlas y hacerlo con el talento, el conocimiento y la calidad de las personas a su servicio.

Gustavo Matos indicó que la obra tiene un significado especial en un año en el que la Autonomía de Canarias cumple 40 años, desde que en 1982 se aprobó el primer texto estatutario y en el que se reunió el primer Parlamento provisional que daría un año después lugar a las primeras elecciones a la Cámara Autonómica. “Son 40 años de autogobierno, de hombres y mujeres en el Parlamento de Canarias que durante diez legislaturas han dado lo mejor para traernos hasta aquí”, aseveró.

Desarrollo y retos del Estatuto

Eva de Anta resaltó la complejidad del nuevo texto estatutario, que prácticamente triplica a la anterior norma institucional básica canaria, y apuntó la necesidad de estudiar en profundidad este marco jurídico desde la particular perspectiva de las instituciones y las administraciones públicas canarias. Con dicho objetivo, se desarrollaron unas jornadas técnicas, celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del Estatuto de Autonomía, que han dado lugar a una publicación que recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria.

El texto es fruto de las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, que ha compartido sus conocimientos e inquietudes. “Mujeres y hombres profesionalmente comprometidos con lo público y que tienen la bondad de compartir su conocimiento”, subrayó De Anta, quien destacó que la generosidad y el talento de las personas al servicio de las administraciones públicas es, en la actualidad, “una de las mejores formas de poder avanzar hacia un futuro esperanzador y con las mejores expectativas”.

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El Gobierno concede el título de ‘Histórica’ a la Villa de La Matanza de Acentejo

La Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma fundamenta que concurren méritos suficientes acaecidos para ser públicamente honrada con la concesión del privilegio de usar dicho tratamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, 17 de marzo, el Decreto por el que se concede al municipio de la Villa de La Matanza de Acentejo el título de ‘Histórica’ y se autoriza la incorporación de dicha distinción a su escudo heráldico. Este distintivo, que fue solicitado por el Ayuntamiento de la Villa el pasado año, se concede una vez que la Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma ha emitido un informe favorable.

En esta concesión el Ejecutivo canario ha aplicado el procedimiento para otorgar títulos a los municipios, así como para la incorporación de los citados títulos en el escudo municipal, que se prevé en la Orden de 15 de noviembre de 1990, de la Consejería de la Presidencia.

Dicha orden regula el procedimiento a seguir para la aprobación, por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, de escudos heráldicos, blasones y banderas de las islas y municipios del Archipiélago, a los expedientes que se tramiten para la concesión a las Corporaciones Locales de tratamientos, honores y distinciones, así como para el otorgamiento a islas y municipios de títulos, lemas y dignidades.

De acuerdo con dicho procedimiento, se ha recabado el informe de la Comisión Heráldica de la Comunidad Autónoma de Canarias, realizado en la sesión celebrada el 10 de febrero de 2022. Dicha comisión fundamenta el otorgamiento del título de ‘Histórica’ a la Villa de La Matanza de Acentejo en que, tradicionalmente, la concesión de estas distinciones honoríficas municipales ha ido aparejada al reconocimiento y proclamación de sucesos de gran importancia, que merecen ser recordados en los textos históricos, y cuya trascendencia se puede circunscribir al propio ámbito local o exceder del mismo.

Así, señala que, en este supuesto, concurren méritos suficientes acaecidos para ser públicamente honrada con la concesión del privilegio de usar tratamiento del título de ‘Histórica’. Al respecto, destaca que “en la matanza o derrota de Acentejo, acontecida en el año 1494, fueron derrotados los conquistadores por los aborígenes, quienes aprovechándose de las condiciones del terreno que conocían muy bien, encerraron a los castellanos y a sus aliados y les atacaron, suponiendo el retraso en los planes de conquista del Adelantado Alonso Fernández de Lugo”.

Con esta distinción, el municipio de La Matanza de Acentejo tendrá que adherir a su escudo heráldico, bajo la punta, cinta de plata con la leyenda en sable y en letra mayúscula del título de ‘Villa Histórica’.

El Gobierno impulsa la formación de asociaciones canarias en el entorno digital de las administraciones públicas

El Gobierno impulsa la formación de las asociaciones canarias en el entorno digital de las administraciones públicas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto a Radio ECCA, lanza el ‘Programa +Digitales’, dirigido a los miembros de las asociaciones registradas en las islas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias impulsa, junto a Radio ECCA, la formación de las asociaciones del archipiélago en el uso de las plataformas digitales del Gobierno de Canarias, a través del curso Programa +Digitales.

El programa, financiado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a las personas responsables de las asociaciones en la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con el uso adecuado de servicios y recursos digitales de la administración pública autonómica.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, resalta que la informatización de los servicios y trámites se ha incentivado aún más durante la pandemia con el incremento de las gestiones digitales. Por ello, esta formación permitirá a las personas inscritas aprender a realizar procedimientos relacionados con las asociaciones que representan como, por ejemplo, la tramitación de citas previas o la solicitud de subvenciones, ayudas o certificados, entre otros.

La acción formativa está dividida en dos bloques. El primero, destinado a la Sede Electrónica, donde se enseñará a desarrollar los conocimientos que permitan buscar los procedimientos y servicios que ofrece la Administración, el manejo del área personal, el uso de los sistemas de identificación digital y la búsqueda de ayuda en caso de dudas o problemas técnicos. El segundo bloque permitirá adquirir los conocimientos necesarios para aprender a tramitar solicitudes a través de la Sede Electrónica.

Hasta el próximo mes de mayo están abiertas las inscripciones para la formación, que consta de 200 plazas. La inscripción se podrá realizar cumplimentando los formularios disponibles en los siguientes enlaces:

Para las asociaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUJPObWGQwgPM-gxNyYLULT4h_FaSR2kgoqhJgMy8zLo5GaA/viewform

Para las asociaciones de la provincia de Las Palmas, a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/1SGBDKkiG6HgN1W60DTDVxXNDvmYIx1ihD22R8VsqrEU/viewform

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El ICAP edita un libro que analiza el desarrollo y los retos del Estatuto de Autonomía de Canarias

El ICAP edita un libro que analiza el desarrollo y los retos del Estatuto de Autonomía de Canarias

La obra, que explora el texto estatutario desde una perspectiva innovadora y actual, podrá ser adquirida, próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica

Julio Pérez destaca que la publicación muestra el valor de la norma autonómica y “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado el libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X legislatura autonómica (2019-2023)’. La publicación recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria, emanado de las jornadas celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del texto estatutario, aprobada por la ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

El texto, que recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, no solo explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual, sino que sirve para examinar y reflexionar sobre el camino que se puede recorrer bajo su amparo y lo logros a conseguir.

La edición, que podrá ser adquirida próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica, profundiza en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros.

La publicación está llena de conocimiento, que “nos servirá como manual de consulta para interpretar nuestro presente y nuestro futuro”, y sus páginas se convertirán en “un instrumento de apoyo para seguir avanzando en la consolidación del reformado Estatuto de Autonomía de Canarias”, según señala el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el prólogo.

A juicio del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y así queda plasmado en la presentación, la obra muestra tanto la importancia del texto estatutario para el futuro de las Islas y su ciudadanía como “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”, y, asimismo, “la calidad de sus conocimientos y de sus aportaciones a la función pública y al servicio público”.

La directora del ICAP, Eva de Anta, recuerda que el propósito de la publicación es contribuir al reto de reflejar las distintas reflexiones que se desarrollaron en las jornadas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias en 2020, y señala que la misma será un instrumento de apoyo, útil y eficaz, “que ayudará a mejorar el funcionamiento y los resultados de nuestras instituciones públicas”. Al mismo tiempo, apunta, supone una “puesta en valor del conocimiento experto que reside en el cuerpo de las y los profesionales de la administración pública canaria”.

El documento podrá ser adquirido, próximamente y de forma gratuita, mediante su descarga en versión electrónica en la URL: https://tienda.wolterskluwer.es/p/estatuto-de-autonomia-de-canarias-ante-el-reto-de-su-desarrollo.

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Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el centro de estudios universitarios suscriben un convenio que persigue también mejorar las políticas de recursos humanos

Gracias a este acuerdo se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios por cualquiera de las administraciones firmantes

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación, que estará vigente cuatro años, cuyos objetivos son mejorar las políticas de recursos humanos y el uso compartido de las listas de reserva constituidas por ambas administraciones para el nombramiento de personal funcionario interino.

Estas listas de reserva, conformadas por personas aspirantes a un posible nombramiento como personal funcionario interino, son un instrumento del que se han dotado las administraciones públicas con el fin de, dentro de las limitaciones legalmente establecidas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y su propio funcionamiento interno.

Según ha explicado Julio Pérez, a través de esta vía, por un lado, se garantiza el acceso al empleo público, de forma temporal, respetando los principios constitucionales de igualdad, publicidad y libre concurrencia, así como de mérito y capacidad, y, por otra parte, se permite una gestión ágil y eficiente para la provisión, con carácter urgente, de puestos de trabajo ante situaciones de necesidad de prestación de servicios.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha indicado que este tipo de convenios se han suscrito ya con otras administraciones y se aplica siempre y cuando una de ellas no dispusiese de lista de reserva propia para un determinado cuerpo y escala funcionarial, estuviesen agotadas o no hubiese persona aspirante en situación disponible. De este modo, gracias al acuerdo, se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios.

En cuanto a la mejora de la gestión de las políticas de recursos humanos, la rectora de la ULL ha apuntado que ambas instituciones se comprometen a colaborar en ámbitos de interés mutuo y a mejorar y simplificar la gestión de los procedimientos selectivos de personal que lleven a cabo.

Rosa María Aguilar ha manifestado que la ULL pone a disposición de la Dirección General de Función Pública los medios de que dispone, por ejemplo, para la realización de pruebas selectivas para el personal de la Comunidad Autónoma, estudios, análisis y su colaboración para el desarrollo de procesos selectivos mediante sistemas telemáticos o escritorios virtuales para realizar pruebas informáticas.

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Autorizados 2,3 millones para el Colegio de Abogados de Las Palmas por la asistencia jurídica gratuita

Los importes certificados, correspondientes al cuarto trimestre de 2021, incluyen los gastos del Turno Especial de Extranjería, que se han duplicado con respecto al anterior trimestre

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 3 de marzo, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas. Esta subvención tiene como objetivo abonar las actuaciones de profesionales del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2021, por un importe de 2.340.894,45 euros.

El incremento en el número de asuntos del turno de oficio y el consiguiente aumento del importe de dicho servicio, así como el alza del Turno Especial de Extranjería, han repercutido significativamente en los importes facturados por el Colegio de Abogados de Las Palmas en el cuarto trimestre de 2021 y en la correspondiente solicitud de subvención.

Estos factores han hecho que se supere la cantidad de dos millones de euros, lo que hace preceptivo contar con la autorización del Gobierno de Canarias para continuar con la tramitación de la subvención, según dispone la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.

El total de la cuantía certificada está marcada por el número de asuntos del turno de oficio, que ascendió a 6.740, la segunda cifra más elevada en el año 2021, y el importe acreditado en dicho servicio, que fue de 1.245.973,34 euros, mientras que en el trimestre anterior alcanzó los 961.276,20 euros.

El cómputo del importe correspondiente al cuarto trimestre de 2021 también está marcado por el incremento, con respecto al trimestre anterior, de las cifras que se alcanzan en el Turno Especial de Extranjería para la atención adecuada y digna a las 6.672 personas migrantes que llegaron a las costas del Archipiélago, hasta alcanzar los 314.310,11 euros, casi el doble que en el tercer trimestre de 2021 (159.824,52 euros) y la cuantía más alta del conjunto del año.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobó en octubre de 2020 una resolución en relación con el Turno Especial de Extranjería, reduciendo el número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno con el objetivo de prestar una asistencia jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

El resto de los servicios efectuados objeto de la subvención están relacionados con el servicio de guardia (326.667 euros), guardia de enjuiciamiento rápido (260.544 euros), guardia de Violencia de Genero (193.200 euros) y servicios adicionales por incompatibilidad (200 euros).

El Gobierno eleva al Consultivo el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar

Pretende dotar de un régimen específico que los configure como un verdadero servicio público de asistencia y orientación, al que puedan ser derivadas las familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo

El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves en consideración el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores o familiares en situaciones de conflicto, y ha solicitado al Consejo Consultivo de Canarias su dictamen sobre el mismo.

El proyecto de decreto, propuesta conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, pretende dotar a los PEF de un régimen específico. Un régimen que los configure no solo como un instrumento para hacer efectivos los regímenes de visitas establecidos en una resolución judicial, sino como un verdadero servicio público de asistencia y orientación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

De igual modo, busca conformarlo como un servicio de apoyo a niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Administración Pública, funcionando como un recurso que permita un contacto seguro y beneficioso con sus familias biológicas y sirva a su vez de apoyo a las mismas en la misión de normalizar sus relaciones familiares.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, se recogen en el Reglamento los derechos y obligaciones de las personas usuarias, garantizando así el respeto a la intimidad y los derechos de ciudadanía, a la vez que se garantizan los objetivos a cumplir por el punto de encuentro.

Son igualmente propósitos de la regulación los tipos de intervención que pueden tener lugar en el punto de encuentro, con expresa mención de los objetivos a cumplir con cada uno de ellos.

Se garantiza también la profesionalidad del servicio, que estará integrado por personal técnico cualificado y con formación específica, desde una perspectiva de género, en materia de familia y menores, la asistencia y protección a víctimas de violencia machista y mediación familiar.

En la actualidad, Canarias cuenta con diez puntos de encuentro familiar, distribuidos por las siete islas, y para garantizar la existencia de este servicio la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incrementado notablemente su presupuesto, al pasar de los 600.000 euros en 2020 a 920.000 en 2022, lo que supone un aumento del 142% en la presente legislatura.