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La subida salarial de 2020 abarca todo el personal de las administraciones públicas y no solo a los directivos

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

El incremento salarial comprende todo el personal de todas las Administraciones y responde a un acuerdo alcanzado con los sindicatos nacionales y el Ejecutivo central de 2018, que entonces presidía Mariano Rajoy

La subida salarial del 2% que entró en vigor en enero de este año, y que el personal público ha comenzado a percibir desde la nómina de febrero, es de aplicación para todas las retribuciones públicas, por lo que comprende no solo al Gobierno de Canarias, sino al personal de toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de todas las administraciones públicas, la nacional y locales incluidas.

Los incrementos o decrementos en salario base y trienios solo le corresponde establecerlos al Estado, por lo que esta medida responde a la aprobación el pasado 21 de enero de un Real Decreto-ley de medidas urgentes por parte del Consejo de Ministros que incluyó esta subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. La fijación de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos de todas las administraciones tiene carácter básico y solo puede decidirlo el Estado.

Se trata del porcentaje que estaba pactado en el acuerdo a tres años alcanzado en marzo de 2018 entre el Gobierno del Estado, entonces presidido por Mariano Rajoy, y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF).

El Gobierno de Canarias publicó el viernes 20 de este mes una instrucción en el Boletín Oficial de Canarias (1161, Resolución de 10 de marzo de 2020, por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 2020 del personal al servicio del sector público) que, como es obligado, aplica lo aprobado en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2020.

Si bien en esa instrucción concreta dictada por la Dirección General de la Función Pública (en conjunto con la Dirección General de Planificación y Presupuesto) no está incluido el personal sanitario, el aumento también abarca a este colectivo, incluido en una instrucción anterior específica para el mismo (número 1/20, de la directora del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el ejercicio 2020). Por tanto todos los sueldos y salarios de las administraciones públicas subirán en la misma proporción en toda España.

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Aprobados 1,6 millones para el personal de nuevo ingreso en distintos cuerpos y escalas de Administración General

Responde a la ejecución de Ofertas de Empleo Público, que suman 33 nuevas plazas

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy un acuerdo para la distribución de una partida de 1.663.687,21 euros a favor de varios departamentos del Ejecutivo canario y organismos autónomos para atender los costes salariales del personal del nuevo ingreso en distintos cuerpos y escalas de Administración General.

Con este acuerdo se destinan fondos a varias consejerías y organismos autónomos para dotar 33 puestos de trabajo en Administración General con ocasión de la adjudicación de plazas de las personas aspirantes seleccionadas en los procesos selectivos convocados en ejecución de las Ofertas de Empleo Público.

En concreto, 260.800,40 euros se destinarán a:

Servicio Canario de la Salud (157.823,34 euros)
Servicio Canario de Empleo (51.488,53 euros)
Instituto Canario de la Vivienda (51.488,53 euros)
El resto de la partida autorizada (1.402.886,81 euros) se distribuirá entre las siguientes consejerías del Gobierno autonómico:

Educación, Universidades, Cultura y Deportes: 151.791,96 euros
Agricultura, Ganadería y Pesca: 44.329,59 euros
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud: 51.488,53 euros
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial: 364.326,63 euros
Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos: 106.883,97 euros
Economía, Conocimiento y Empleo: 193.509,54 euros
Turismo, Industria y Comercio: 191.836,31 euros
Obras Públicas, Transporte y Vivienda: 102.977,07 euros
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad: 195.743,21 euros

Cerca del 80% del personal público de la Comunidad Autónoma hoy trabaja desde casa

Fachada del edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Julio Pérez explica que la Administración autonómica ha puesto en marcha un dispositivo de control para que quienes trabajan desde sus hogares puedan fichar a través del móvil. Además, una gran parte de ellos puede conectarse telemáticamente con la administración

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó hoy que cerca de un 20% del personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias ha acudido hoy a trabajar a sus puestos de trabajo en las distintas sedes. El restante 80% está en casa y, en su mayor parte, está trabajando con o sin condición informática. 

Pérez recalcó que se ha puesto en marcha un dispositivo de control desde casa, de forma que quienes están en sus hogares pueden fichar a través del teléfono móvil y avisar a sus superiores de que están trabajando, o de que han dejado de hacerlo. Adicionalmente, pueden hacer constar desde su casa que comienzan y que terminan de trabajar.

El consejero aclaró que es posible que una pequeña cantidad de esas personas que están en sus casas no estén desarrollando una actividad concreta, sino que estén disponible, y aclaró que esa situación también es trabajar. “Eso también es trabajar, estar disponible por si hace falta”.

En todo caso, advirtió de que es posible que esta situación cambie en los próximos días, y que se turnen los trabajadores que tienen que estar presencialmente en la Administración.

Distribución del personal y atención telefónica

En cuanto a la distribución dentro de esos porcentajes, Pérez indicó que se reparte de un modo desigual porque hay unidades donde no hay nadie físicamente en las sedes de la Administración autonómica y todas las personas están trabajando desde casa y, en cambio, hay otras unidades, dependiendo de su naturaleza, en las que la situación es distinta. Pero la media, ratificó es un 20% frente a un 80%, y ese es el cambio ocurrido desde hoy.

Otro cambio que también ha tenido lugar hoy, señaló Pérez, es el aumento y mejora de la atención telefónica. Al haber mucha gente en su casa, una gran parte de la ciudadanía ha aumentado la demanda de información telefónica.

En este sentido, el consejero explicó que la Administración ha mejorado la velocidad de respuesta y destacó dos datos: el tiempo medio de espera es poco más de medio minuto, y el medio de la conversación es de algo más de tres minutos. Añadió que las llamadas que cuelgan, que quizás vuelvan a hacerse después, han bajado a cerca del 10%.

Sedes físicas seguras

Por otra parte, añadió Pérez, hasta este momento ninguno de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma presenta problemas de salud o peligro para el personal público, según le indicó la Consejería de Sanidad, que afirma que todos los edificios, tanto los Múltiples como el resto, son seguros hoy por hoy. El consejero matizó que la situación quizás cambie mañana, “pero hoy lo son”.

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El Gobierno asegura el mantenimiento de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y protección al personal

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, una de las sedes del Gobierno de Canarias

El personal directivo del Ejecutivo de Canarias mañana lunes organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, en el marco de medidas que viene adoptando para hacer frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19 y dentro del margen de actuación del estado de alarma decretado por el Ejecutivo del Estado, un acuerdo a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por el que mañana el personal directivo del Gobierno de Canarias organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica.

Así, mañana lunes 16 solo acudirán a los centros de trabajo el personal directivo y el que desempeña funciones de carácter crítico, sin perjuicio de las medidas de conciliación y de prescripción sanitaria, a fin de llevar a cabo dicha organización. Se busca de esta manera garantizar la prestación de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y de protección al personal de la Comunidad Autónoma.

Se trata de los altos cargos, personal eventual y todo el personal funcionario y laboral que desempeña funciones directivas (jefaturas de Área, de Servicio y de Sección o asimilados), así como el personal que se considere imprescindible por los responsables de cada unidad orgánica o administrativa. Así mismo, tiene esta consideración todo el personal vinculado a funciones de seguridad, mantenimiento y comunicaciones u otros servicios relacionados con las tecnologías de información.

Este acuerdo es de aplicación en la Administración General y sus Organismos Autónomos, y al colectivo de Administración General que realice funciones en la Administración Sanitaria y Educativa y responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por cada Departamento.
Esta medida tiene por objetivo establecer una adecuada organización de tareas durante este período excepcional, extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial o por medios telemáticos, y, en el caso del resto de puestos de trabajo que requieran de presencia física del empleado, reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Contención del Coronavirus

El Gobierno de Canarias muestra así su voluntad decidida para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad frente a la presente crisis sanitaria, si bien entiende que deben también realizarse todos los esfuerzos necesarios para mantener los servicios esenciales de la Administración Pública de Canarias, ya que constituye un pilar fundamental para el funcionamiento un Estado social, democrático y de Derecho, sobre todo en una situación excepcional como la que implica la declaración del estado de alarma.

Para ese normal desarrollo de los servicios públicos se requiere de la colaboración, coordinación y cooperación de todas y todos los empleados públicos, como han venido haciendo hasta ahora, y con especial intensidad mientras dure la situación de estado de alarma que, según el artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será inicialmente de 15 días naturales.

Para ello, el acuerdo también faculta a las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes para que, durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma, establezcan los servicios necesarios que deberán permanecer en funcionamiento dentro del ámbito de su Consejería a propuesta de los centros directivos reforzando las medidas de seguridad y salud en protección del personal.

Requisitos para autorizar el teletrabajo

Las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes, en tanto órganos responsables de personal, facilitarán el desempeño del puesto de trabajo de los empleados públicos por medios no presenciales o por medios telemáticos, teniendo en consideración la adecuación al puesto para la modalidad de trabajo no presencial, sin perjuicio de las limitaciones por razón de esencialidad del puesto, las limitaciones técnicas y la capacidad de los sistemas informáticos.

La autorización de la modalidad no presencial de trabajo tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
a) Carácter crítico del puesto para el funcionamiento de los servicios públicos (esenciales o críticos), infraestructuras críticas, o sectores estratégicos.
b) Adecuación del puesto de trabajo a la modalidad de trabajo no presencial.
c) Aseguramiento de la eficacia en la prestación de los servicios críticos o esenciales.

Obligación de estar localizable

Sin perjuicio de lo anterior, todos los empleados públicos permanecerán localizables y deberán acudir a sus puestos de trabajo presenciales cuando sean requeridos para ello.

Estas medidas de carácter extraordinario tendrán la duración imprescindible para dar respuesta a la situación que ha motivado su adopción.

La atención administrativa a la ciudadanía de carácter urgente se canalizará preferentemente a través de modalidades no presenciales.

En los casos en que el desempeño, laboral o funcionarial, deba realizarse de manera presencial, se establecerán las medidas contempladas en la Resolución núm. 313, de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública por la que se aprobó la instrucción de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19, y en la Resolución 323, de 13 de marzo de 2020, de este mismo centro directivo en relación a los aparados 3.6 de “Medidas de aislamiento decretadas por la Autoridad Sanitaria”, el apartado 3.8.b) de “Medidas de conciliación por el cierre de centros educativos y de mayores” o el apartado 4.1 de “Sistemas de control horario”, sin perjuicio de sus adaptaciones o modificaciones que resulten oportunas.

Estas medidas se aplicarán a los empleados y empleadas del sector público estimativo autonómico comprendido en el art. 3.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria de Canarias con las singularidades que se estimen oportunas en cada entidad.

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El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

Se trata de un conjunto de medidas para salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la aprobación de un protocolo de medidas preventivas dirigido al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19.

Así, se establecen medidas destinadas a reducir el riesgo a la exposición y, asimismo, procedimientos de actuación para distintos casos que pueden producirse, incluyendo también recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del citado patógeno, en el actual escenario. Este protocolo es de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros.

Procedimiento en caso de sospecha de infección

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la población general, si un trabajador/a de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sospecha que pudiera estar infectado/a por darse las siguientes situaciones:

1)      Ha viajado recientemente a alguno de las zonas consideradas de riesgo según el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

y/o

2)      Ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19

y/o

3)      Presenta síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

El trabajador deberá:

Llamar al 900112061 y permanecer en su domicilio siguiendo las instrucciones que le facilite el Servicio Canario de la Salud. En caso de que el trabajador esté en su puesto de trabajo se contactará con el 900112061, y hasta su valoración por parte de los servicios médicos, se separará a la persona enferma del resto del personal, manteniendo al menos dos metros de distancia y, si es posible, se la reubicará en una habitación separada que se mantenga aireada, instándola a adoptar medidas de higiene respiratoria.
Trasladar la información facilitada, y en su caso el diagnóstico, vía telefónica a su Servicio de Personal, de forma que pueda comenzar a aplicarse, de forma inmediata, las medidas que se consideren necesarias a fin de prevenir el riesgo de contagio.

En el caso de que un trabajador/a tenga conocimiento de haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, aunque no presente síntomas, informará vía telefónica, al 900112061 y seguirá las instrucciones que le faciliten.

Procedimiento si no hay sospecha de infección, pero presenta síntomas

Si un trabajador/a no tiene sospecha de estar infectado por el nuevo coronavirus, por no haberse dado ninguna de las situaciones indicadas en el apartado anterior, pero presenta síntomas de infección respiratoria, informará de la situación a su superior inmediato, y solicitará cita telefónica de su centro de atención primaria. Una vez tenga diagnóstico de su médico de atención primaria, y si este descarta la infección por COVID-19, el/la trabajador/a contactará con el Servicio de Personal para informar de su situación, y seguir las recomendaciones que se le indiquen.

Actuación en caso de detectarse un positivo entre el personal

El/la trabajador/a informará de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, al Servicio de Personal o, en su ausencia, a su superior jerárquico quien lo notificará a su Secretaría General Técnica, o al órgano equivalente en el ámbito de la Administración Sanitaria, Educativa y de Justicia, según corresponda. Además, no accederá a su centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.

Se estudiará cada caso con carácter particular junto con la Dirección General de Salud Pública, según el escenario específico, adoptándose acciones concretas dependiendo del centro de trabajo, actividad laboral y número de contactos estrechos, entre otros aspectos, y se determinarán las áreas de trabajo que requerirían limpieza y desinfección especial dándose indicaciones específicas al personal afectado.

Incapacidad temporal y aislamiento

La expedición de los partes de baja y de sus confirmaciones se efectuará preferentemente por medios telemáticos, y su entrega se realizará preferentemente utilizando la sede electrónica. Si se tratara de un empleado/a público/a en régimen de cotización a la Seguridad Social, deberá llamar al 012 o 9000112061 y solicitar cita telefónica con su médico de Atención Primaria, pero si fuera mutualista de MUFACE o MUGEJU, deberá ponerse en contacto telefónico con ellos.

En los supuestos de que los profesionales sanitarios aconsejen una medida de aislamiento o “cuarentena”, el/la trabajador/a lo comunicará telefónicamente o por correo electrónico a su Servicio de Personal correspondiente. La acreditación de dicha medida conllevará la consideración de deber inexcusable y, según el Decreto Ley, la asimilación a incapacidad temporal por accidente laboral.

Viajes a zonas de riesgo por motivos ajenos al trabajo y conciliación

Si algún trabajador/a ha realizado o tiene previsto realizar viajes, por motivos distintos a los laborales, a zonas declaradas de riesgo por infección de COVID-19, tendrá la responsabilidad de informar, de inmediato, al Servicio de Personal de su Departamento.

Al personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes que pudieran verse afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, les será de aplicación medidas de flexibilización y/o permanencia en domicilio.

Instrucciones laborales

En el actual escenario, de acuerdo con las recomendaciones generales de las autoridades de salud pública, es conveniente el seguimiento de pautas de actuación que promuevan el distanciamiento físico entre los empleados públicos. Para ello, en el ámbito de las relaciones de trabajo de la Administración autonómica se adoptarán, por los correspondientes centros directivos las siguientes medidas:

Control horario, atención al público, reuniones

Se podrá utilizar un sistema de control horario alternativo al actual y de carácter voluntario que permitirá el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en los teléfonos móviles.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la telemática. Se promueven sistemas de cita previa y se restringen, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención al público.

En la medida de lo posible, se incrementarán la realización de las reuniones de trabajo a través del uso de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Cursos, procesos selectivos, viajes

Se fomentará la utilización de medios telemáticos como alternativa a la formación presencial, cuando resulte posible, en los casos en que el número de asistentes o las características físicas de las instalaciones lo hagan aconsejable.

Se mantendrán los procesos selectivos en los que se pueda asegurar una distancia correcta entre aspirantes y tribunales y colaboradores.

De acuerdo con las recomendaciones generales, se realizarán los viajes de trabajo que sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales. Pueden realizarse con normalidad viajes de carácter interinsular, sin perjuicio del fomento de las reuniones a través de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Medidas extraordinarias de flexibilización

Las medidas de prevención, de seguirse rigurosamente, se han mostrado efectivas en el control de epidemias similares. No obstante, y si bien la situación actual no requiere de la adopción de otras medidas excepcionales o extraordinarias, atendiendo a las circunstancias de cada centro directivo y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrán habilitar otros sistemas de prestación de servicios.

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Las pruebas selectivas a los Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos comienzan el 20 de marzo

Listados provisionales OPE 2015 y 2016

El BOC publica las listas de personas admitidas a siete procesos selectivos correspondientes a los años 2015 y 2016, así como las personas designadas para cada uno de los tribunales calificadores

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, publicó ayer viernes 28 de febrero en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a siete pruebas selectivas correspondientes a los años 2015 y 2016 para el acceso a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto por el sistema de turno libre como por promoción interna. En ellas se determinan los lugares y hora de realización del primer ejercicio, que se celebrará entre los días 20 y 22 de marzo de 2020, en función de cada proceso. Asimismo, se publican las resoluciones por las que se designan las personas que integran cada uno de los tribunales calificadores.

Las resoluciones, tanto sobre las listas de personas admitidas como de aquellas que formarán parte de los tribunales calificadores, se corresponden con los siguientes procesos selectivos para el sistema general de acceso libre:

• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), especialidad Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros Agrónomos.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros de Montes.
• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Forestales.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros de Minas.
• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos de Minas.
Respecto al turno de promoción interna, se publican las resoluciones sobre la relación de personas admitidas y las designadas para el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros Agrónomos.

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El Gobierno aprueba una partida de 1,6 millones para el personal de nuevo ingreso en la Policía Canaria

Responde a la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 correspondientes al cuerpo de policía autonómico, que suma 57 nuevas plazas

El Gobierno de Canarias ha aprobado una partida de 1,6 millones de euros para atender los costes salariales del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de la Policía Canaria, con motivo de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 correspondientes al cuerpo de policía autonómico.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez recordó que, al inicio de esta legislatura, los efectivos con los que contaba el Cuerpo General de la Policía Canaria eran de 96, pero debido a las convocatorias de la Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 se aumentan en las 57 plazas para las que se aprueba esta partida.

Por otra parte, puntualiza el consejero, la Oferta de Empleo Público de 2019 aumentará en otros 69 los efectivos del Cuerpo, por lo que al finalizar estos procesos el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 222 policías.

Además, apuntó Pérez, la Consejería tiene previsto llevar en los próximos meses al Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público del 2020, por lo que al finalizar todos estos procesos se prevé que la Policía Canaria pueda alcanzar los 300 efectivos antes de finalizar la legislatura.

El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias

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La sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra las ayudas de acción social estima parcialmente las alegaciones del Gobierno de Canarias

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.

El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.

En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.

Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Solo afecta la cuantía

El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.

Abono de las cantidades resultantes, en marzo

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).

Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.

La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.

De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.

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El BOC publica hoy el nombramiento de 136 personas que ingresan como personal funcionario de la Comunidad Autónoma

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Se les adjudica puesto de trabajo en siete cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy el nombramiento como personal funcionario de carrera de 136 personas en siete resoluciones que se corresponden con igual número de cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como anunció el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en una reciente comparecencia parlamentaria, cuando adelantó que la Dirección General de la Función Pública tenía previsto efectuar estos nombramientos en el transcurso de este mes.

En las resoluciones publicadas hoy se incluyen los nombramientos de los siguientes cuerpos:

  • Dos personas que ingresan por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1).
  • Ocho por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1).
  • 12 por el sistema general de acceso libre en Cuerpo Facultativo, de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Técnicos de Prevención).
  • Tres por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Técnicos de Prevención.
  • 47 por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2).
  • Uno en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Arquitectos.
  • 63 en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1).

En todos los casos, la adjudicación del puesto de trabajo correspondiente es de carácter provisional y la toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes contado a partir del lunes de la próxima semana.

Por otra parte, quedan pendientes de efectuar el nombramiento en el turno libre del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2 (hay 34 personas aspirantes seleccionadas); en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2 (ocho personas aspirantes seleccionadas), y en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia, con 14 aspirantes). En promoción interna están pendientes el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1 (74 personas seleccionadas) y el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1 (dos personas seleccionadas). En todos estos casos, la Dirección General de la Función Pública continúa con la revisión de la documentación presentada con la intención de resolver lo antes posible.

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El ICAP recibirá este año 2,1 millones del Estado para formación del personal público

ICAP recibirá 2,1 millones en 2020 del Estado para formación

La directora del ICAP, Eva de Anta, que ha asistido en Madrid a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sostiene que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandas de la ciudadanía

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recibirá este año 2.133.600 euros, según el reparto de fondos acordado en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada en Madrid, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, asistió ayer jueves a la reunión, en la que, explica, se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas por el que Canarias recibirá 1.457.000 euros correspondientes a los fondos autonómicos y 675.000 euros de los fondos locales. De Anta afirma que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandadas de la ciudadanía y afrontar los retos de crear valor público para una sociedad plural, participativa y diversa.

También se aprobó la convocatoria para 2020 de subvenciones para financiar planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, según informa De Anta, quien precisa dado que el pasado año no se convocaron dichas ayudas, en el presente ejercicio se concentrarán las partidas de los años 2019 y 2020 y se organizarán encuentros de personal técnico y directivo de los institutos de administración pública de las Comunidades Autónomas.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública, se dio asimismo el visto bueno a partidas para el desarrollo y mantenimiento del Portal FEDAP (Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas), herramienta para la gestión integral, por medios electrónicos, de las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para personal público promovidos en el ámbito de la Administración del Estado.

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