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La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio reciben 10,3 millones en el primer semestre de 2021

Los cuatro colegios de abogados de Canarias perciben 9.045.554,61 euros, mientras que los dos colegios de procuradores obtienen 1.339.873,3 euros

El Consejo de Gobierno conoció hoy jueves, 15 de julio, las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2021 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 10.385.427,91 euros y que han sido tramitadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Dichas ayudas se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote por importe total de 9.045.554,61 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.339.873,3 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, un total de 5.223.593,48 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.679.484,19 euros al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife; 657.090,53 al de Lanzarote; y 485.386,41 al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife se le otorgaron 730.953,7 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 608.919,6 euros.

Con esta dación de cuentas se cumple con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogacía y procuraduría.

Canarias pone en funcionamiento el juzgado Mercantil 3 de Las Palmas y ultima el Social 9 de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha el pasado 30 de junio el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

El Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife estará situado en el Edificio El Cabo, donde hoy está el Juzgado de lo Mercantil 1, que se trasladará junto al Mercantil 2, permitiendo agrupar órganos de la misma jurisdicción en edificios comunes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas, que se inauguró el pasado 30 de junio, y ultima la apertura, para el día 30 de octubre, del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la creación de estos dos juzgados es una respuesta específica del Gobierno de Canarias ante las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha provocado un incremento de la litigiosidad “particularmente notable” en las jurisdicciones social y mercantil. Por ello, el pasado verano se solicitó al Ministerio de Justicia tres juzgados con los que hacer frente a este aumento, poniéndose en marcha el primero de ellos a finales de 2020, cuando se abrió el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas.

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas está ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, en la misma planta que están situados los mercantiles 1 y 2, lo que, como recuerda Vallejo, favorecerá en el futuro su reconversión como Tribunal de Instancia.

En cuanto al Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, estará situado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña, donde está en la actualidad el Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, que se trasladará a la calle Álvaro Rodríguez López, número 19, junto al Mercantil 2.

Este incremento y redistribución de espacios permite a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contar con instalaciones para dos nuevas unidades judiciales, además de resultar una organización más eficiente, por cuanto se agrupa a órganos de una misma jurisdicción y especialidad en edificios comunes.

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, comparten iniciativas sobre protección a víctimas del delito

El Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana celebraron hoy en Tenerife una reunión bilateral para compartir iniciativas sobre la protección de las víctimas del delito, como la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina Especializada de Denuncias de Violencia de Género, en la comunidad Valenciana, o el Juzgado de Protección y Atención a la Infancia, proyecto piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La reunión estuvo encabezada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, y consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quienes abogaron por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas.

En la reunión también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Maria José Meilán, y la jefa de sección de Mediación de la Viceconsejería de Justicia, Elisa Santiago. Por parte delegación valenciana asistieron la directora general de Modernizaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón. Ambas partes compartieron la preocupación por la formación y especialización en competencias relacionadas con la infancia.

Carla Vallejo explicó que el juzgado de Protección y Atención a la Infancia es un proyecto pionero, que se inicia en Las Palmas, un juzgado especializado cuyo funcionamiento efectivo comenzará el 1 de octubre. Actualmente, dijo, se está diseñando todo el programa de atención integral porque las víctimas menores requieren una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial.

Se trata de un proyecto piloto, precisó Vallejo, quien confió en que tenga éxito y que sirva para que se cree una jurisdicción especializada en atención a menores víctimas, como la hay para mujeres víctimas de violencia de género, ya que los y las menores víctimas requieren de una atención específica y con personal especialmente cualificado para ello.

Al respecto, la consellera de la Generalitat Valenciana destacó que los menores, como víctimas, requieren de una mirada especial y una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para estas víctimas, y abogó también por una jurisdicción especializada para menores víctimas.

Así, Bravo consideró dicho piloto desarrollado en Las Palmas como fundamental porque cualquier menor que se ve en la obligación de pasar por un juzgado soporta una revictimización muy dura, y mostró su interés en ponerlo en marcha también en la Comunidad Valenciana.

Bravo destacó que la Generalitat Valenciana desde hace cinco años se ha centrado en políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas y habló de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, única red pública en toda España que ha puesto en marcha centros en cada uno de los partidos judiciales. Se trata de oficinas, indicó, donde un equipo multidisciplinar atiende a las víctimas del delito, colocándola en el centro del proceso.

Presentó también la única oficina de denuncias especializada en violencia de género, donde las víctimas pueden ir a presentar su denuncia y a informarse en un espacio amable y seguro, en el que están apoyadas y arropadas por un equipo multidisciplinar.

 

 

 

 

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Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Se trata de la partida que corresponde a Canarias de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia en la vertiente de justicia

Se destinarán a la adquisición de equipos portátiles, a equipamiento tecnológico para salas de vistas y a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas

El Gobierno de Canarias ha generado un crédito para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 1.462.509 euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cuya distribución, entre comunidades autónomas con competencias en justicia, fue acordada en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado 30 de abril. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, invertirá dicha partida en equipamientos para la realización de actos procesales por vía telemática (inmediación digital) y para dotar puestos de trabajo deslocalizados.

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la vertiente de justicia están orientados a mejorar la capacidad que tiene la justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital y la transición ecológica.

De la partida que le corresponde a Canarias, 600.000 euros irán destinados a la adquisición de 400 equipos portátiles y sus accesorios para conformar el ‘Puesto único de usuario’, configurado para su utilización como puesto de escritorio y movilidad; otros 462.000 euros se invertirán en equipamientos para Salas de Vistas (cámaras, micrófonos, pantallas y demás material tecnológico), y los 400.509 euros restantes estarán dedicados a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas.

El Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron el pasado 30 de abril, por unanimidad, el acuerdo la distribución de un total de 20.604.610 euros del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, en concreto para el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030.

Dicho proyecto tiene como objetivo acometer una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables (hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos) en todo el territorio del Estado, para lo que se contempla la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.

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Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

El proyecto, financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, abre nuevas líneas de investigación en posibles fosas

El trabajo se ha centrado en una labor de indagación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes

Un estudio financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha permitido elaborar una lista contrastada de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión generada durante la represión franquista en Tenerife entre personas desaparecidas, fallecidas por ejecuciones extrajudiciales o como consecuencia de las acciones represivas o torturas sufridas en prisión y  aquellas ejecutadas en consejos de guerra. Esta indagación abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas de personas desaparecidas.

En relación al perfil de las 182 víctimas, en la mayoría de los casos se trataba de hombres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, miembros de organizaciones obreras y/o partidos republicanos, con especial preeminencia del sindicato anarcosindicalista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), si bien también afectó a integrantes del Parido Socialista, el Partido Comunista y la Izquierda Republicana. Dentro de los mismos había personas trabajadoras y campesinos, pero también integrantes de la pequeña y mediana burguesía.

La mayoría pertenecían a la isla de Tenerife, pero también existe un número importante de personas naturales de otras islas de la provincia occidental y de la Península, lo que señala a Tenerife como punto de centralización de la represión franquista en las islas occidentales. Según los testimonios recuperados y los nuevos recabados, la represión no terminó en el asesinato de estas personas, sino que además se extendió a sus familias, que padecieron procesos de acoso e indefensión y que motivó una parte sustancial de la emigración producida en la posguerra.

En el proyecto de investigación, realizado entre noviembre de 2020 y abril de 2021 por las investigadoras Nuria Álvarez Rodríguez y María Laura Bencomo Fernández, se indica que si bien el número de personas desaparecidas y los asesinatos tuvo que ser bastante superior, solo se recogen en el estudio los datos contrastados durante el estudio, que se ha centrado en una labor de investigación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes.

Esta indagación ha permitido actualizar y arrojar luz sobre los efectos de la represión franquista en la isla de Tenerife y abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas, ya que se han investigado igualmente las potenciales localizaciones en las que pudieran hallarse parte de las personas desaparecidas avanzado en nuevas líneas de trabajo que pueden llegar a ser productivas, según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Proyecto de interés público

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se trata de un proyecto de interés público pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española, y supone un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Otro de los objetivos fundamentales de esta investigación ha sido el análisis de diferentes puntos señalados por la historiografía y la tradición oral como lugares en donde se localizaban víctimas mortales en fosas, tales como el cementerio de San Juan, en La Laguna, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo en Fuente Cañizares en La Laguna, una cueva en el Tablero, una cueva de Bocacangrejo, el Pozo de los Alemanes en Arona, unas localizaciones en Valle Jiménez y San Andrés y por último, la localización de las fosas existentes en el interior del Cementerio de Santa Lastenia, que se relaciona con las personas fusiladas en la batería del Barranco de El Hierro.

Pese a la ralentización de los trabajos debido a la pandemia motivada por la COVID-19, se ha avanzado en nuevas líneas de investigación y se ha adelantado el trabajo de perfilar la ubicación de dichas localizaciones, para en un futuro proyecto poder sondear algunos de los que parecen tener más probabilidades de poseer restos de víctimas mortales.

Para la ejecución del proyecto, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concedió el 14 de noviembre de 2020 una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros.

Carla Vallejo señala que los datos derivados de dicha investigación abonan la posibilidad de profundizar en las investigaciones iniciadas y justifican en algún caso el inicio de labores de prospección.

En esta línea, indica, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en diversos proyectos para localizar a las personas desaparecidas afectadas por la represión de aquel momento histórico y este año emprenderá otros proyectos en el mismo sentido, en el marco de los compromisos en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática constituida el pasado mes de marzo.

En dicha conferencia se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, para actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de los que 71.707,65 de euros corresponden a Canarias.

Así, con cargo a dichos fondos se han propuesto dos proyectos a desarrollar en la isla de La Palma; uno para un estudio con Geo-radar 3D multifrecuencia en una cela situada en Fuencaliente y, el otro, para la realización de sondeos en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de 15.996 euros.

Se contempla asimismo una partida de 5.889,51 euros para llevar a cabo un estudio sobre posible localización de las víctimas canarias de la Guerra Civil que figuran como desaparecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como otro proyecto, por importe de 33.826,14 euros, para la revisión y actualización del Mapa Georeferenciado de Fosas de Canarias y del Portal de Memoria Histórica de Canarias.

 

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Gobierno y Parlamento homenajean a las víctimas canarias del campo de concentración y exterminio de Mauthausen

Gobierno y Parlamento homenajean a los canarios del campo de concentración de Mauthausen

La Cámara autonómica acoge hasta el próximo 3 de julio la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con competencias en memoria histórica, ha financiado la exposición que, para Julio Pérez, es un acto de memoria, justicia y consuelo

El Gobierno de Canarias y el Parlamento autonómico han rendido hoy homenaje a los 45 canarios que estuvieron prisioneros durante la II Guerra Mundial en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) en un acto celebrado en la Cámara regional con el objetivo de que la sociedad canaria conozca el sufrimiento de quienes padecieron el horror de los campos de concentración nazis y mantener viva su memoria. La situación que padecieron los canarios en el campo de exterminio, 28 de los cuales fueron asesinados, se puede conocer a través la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera, que permanecerá hasta el 3 de julio en la sala Estatuto de Autonomía del Parlamento canario.

El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el presidente de la Fecai, Mariano Zapata, y el autor de la exposición intervinieron en el acto, en el que también participaron la chelista Caridad Rosa Varona, que interpretó la pieza musical ‘La lista de Schindler’ del autor John Williams; así como la escritora y Medalla de Oro de Canarias 2016 Elsa López, quién recitó los nombres y apellidos de los canarios de Mauthausen y sus lugares de procedencia.En el homenaje estuvieron presentes asimismo la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet.

Cabrera dijo que las víctimas canarias de Mauthausen, que han vivido demasiado tiempo en el olvido, sufrieron la mayor aberración de la que es capaz el ser humano. “Hoy volvemos a pronunciar sus nombres y podemos decir, por fin, que ya están de vuelta, ya están en casa”, afirmó.

Pérez mostró su satisfacción por el hecho de que su departamento, que tiene competencias en materia de memoria histórica, haya contribuido con su financiación a la realización de la exposición, que tiene, remarcó, una dignidad y una calidad verdaderamente singulares. El consejero destacó que el homenaje a los canarios en los campos de concentración nazis es importante porque no supone un acto de rencor, sino de memoria, justicia y consuelo.

Al respecto, precisó que el acto construye memoria, sin la cual no se puede vivir, supone un acto de justicia, que siempre es oportuna, para los 45 canarios y otros ciudadanos que sufrieron el horror del holocausto, y representa un acto de consuelo porque ante el horror y la maldad siempre cabe preguntarse si la humanidad verdaderamente progresa o no, si es mejor ahora que hace años y si es posible el consuelo. “Sí es posible porque sin esa posibilidad no sería viable vivir”, añadió.

El presidente del Parlamento afirmó que con esta exposición, el recuerdo de los canarios de Mauthausen “permanece vivo, porque no los hemos olvidado”. Indicó que estas personas no acabaron ahí de forma aleatoria, “sino que eran demócratas y republicanos que tuvieron la desgracia de ser perseguidos en nuestro país”. Esa persecución, subrayó, “tuvo que ver con su lucha por la libertad, por la democracia y con la defensa de un mundo mejor”.

Matos señaló que la historia de los canarios en los campos de concentración nazis es “profundamente desconocida” y, en su intervención, recordó el caso de Sebastián Perera, concejal socialista en San Cristóbal de La Laguna en la II República que, tras pasar por las prisiones de Fyffes y Barcelona, huyó a Francia y terminó, finalmente, en un campo de concentración nazi en la II Guerra Mundial. “Murió víctima de los nazis por haber cometido el único pecado de defender la democracia y las ideas progresistas”. El presidente hizo hincapié en la necesidad de no olvidar historias como esta, “porque la democracia es muy frágil y se rompe cada día”.

El presidente de la Fecai agradeció el trabajo, el esfuerzo y la implicación de todas las personas que han hecho realidad el proyecto con el que se pretende traer de vuelta a casa a las víctimas canarias de Mauthausen. Zapata señaló que en las fuentes documentales constan entre las víctimas del campo de concentración vecinos de cinco de las ocho islas, pero, agregó que con independencia del origen y de los nombres, todas las víctimas son canarias.

Un viaje incómodo, pero necesario

Tras el recuerdo a las víctimas se inauguró la exposición, que consta de seis paneles explicativos en los que, en castellano e inglés, se narra el recorrido de los prisioneros, desde su llegada al pueblo de Mauthausen, a orillas del Danubio, pasando por el campo de concentración y la cantera de 186 escalones en la que los prisioneros realizaban los trabajos forzosos.

El trazado de la muestra culmina en la ‘Habitación de los nombres’ que, según Cabrera, es un lugar de recogimiento y reflexión donde se pueden visualizar los nombres y apellidos de las víctimas, tanto de las fallecidas como de las supervivientes, y su lugar de procedencia “para que podamos traerlos de vuelta a casa.

Aseguró que es un viaje incómodo, pero necesario, y manifestó que cualquier persona normal puede convertirse en un monstruo si se dan las circunstancias adecuadas, circunstancias que se construyen con discursos que siembran el conflicto, la diferencia, el rencor y la sed de venganza, y también utilizando las palabras para sembrar el odio hacia otros seres humanos.

“Hoy tenemos la historia, por eso es tan importante contarla tal y como sucedió, con sus luces y sus sombras, porque solo así podremos trasmitir a las generaciones venideras el aviso de lo que somos capaces de hacer si nos dejamos llevar por la semilla del odio”, enfatizó Cabrera, quien pidió recoger el testigo y volver a pronunciar los nombres de quienes lucharon para sobrevivir y contarle al mundo lo que sucedió en los campos de exterminio nazis.

“No dejemos escapar la ocasión para contarlo a quienes mañana tendrán en sus manos las decisiones y las palabras. Construyamos un mañana en el que no quepa repetir el pasado”, solicitó Cabrera, quien ha realizado investigaciones in situ en distintos campos de concentración de Austria, Polonia y Alemania.

Canarios en Mauthausen

Algunos de los canarios en Mauthausen fueron reclutados para combatir en la Península durante la Guerra Civil. Otros, que estaban presos en Canarias fueron intercambiados por otros presos de la Península y, al término de la Guerra Civil, se vieron obligados a huir a Francia, donde algunos continuaron presos y otros se unieron a la resistencia. Capturados por los nazis tras la invasión de Francia, fueron enviados al campo de concentración y exterminio.

La cifra establecida de 45 canarios, 28 asesinados y 17 supervivientes de Mauthausen, está constatada con las distintas fuentes y archivos consultados, entre ellos el archivo oficial del Memorial de Mauthausen. Todas las víctimas son hombres, no figuran mujeres dado que no fueron llamadas a combatir, circunstancia por la que no fueron prisioneras.

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El Gobierno es informado del gasto de 1,09 millones en Justicia para la protección de personas frente a la COVID-19

El importe total se corresponde con contrataciones para la prestación de servicios y suministros para dotar a los edificios judiciales de medidas de higiene y salubridad y para garantizar la continuidad de la actividad judicial como servicio esencial

El Consejo de Gobierno fue informado hoy, jueves 3 de junio, del gasto de 1.097.497,08 euros correspondientes a siete contratos aprobados, por tramitación de emergencia, para atender las necesidades de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19 en los edificios judiciales.

Para tal fin, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha llevado a cabo entre diciembre de 2021 y marzo de 2021 expedientes de contratación para la prestación de servicios y suministros, con el fin de dotar a los edificios judiciales que gestionan de las medidas de higiene y salubridad necesarias para la protección de las personas contra el virus y para garantizar la continuidad la actividad judicial como servicio esencial.

Dichos contratos están relacionados con el suministro e instalación en edificios judiciales de sistemas de videovigilancia para el control de acceso y seguridad, de sistemas de megafonía de evacuación de emergencia y de redes de telecomunicaciones Wifi, así como con el suministro de equipos de dispositivos purificadores del aire para la eliminación de las transmisiones por aerosoles y con la provisión de material sanitario de protección de la COVID-19, entre otros.

En concreto, las contrataciones realizadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para para hacer frente a la COVID-19 son las siguientes:

·        Suministro e instalación de sistema videovigilancia para control acceso y seguridad (CCTV), medidas de gestión de situación frente a la COVID-19 en edificios judiciales de la isla de Gran Canaria (32.399,36 euros).

·        Suministro e Instalación de sistema de megafonía para evacuación de emergencia en el Edificio Judicial San Bartolomé de Tirajana (80.382,05 euros).

·        Suministro e Instalación de redes y telecomunicaciones Wifi (Panel información nivel C02, mecanismo de control de aerosoles y ventilación COVID-19) en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (80.843,66 euros).

·        Desarrollo para la integración del Nuevo Servicio de Comparecencia APUD ACTA REMOTO (SCAAR) con Atlante Web (264.290 euros).

·        Suministro equipos dispositivos purificadores del aire para eliminación de transmisiones por aerosoles del ambiente, en Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (237.790 euros).

·        Suministro de material sanitario de protección COVID-19 para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (14.880,01 euros)

·        Implantación del Servicio de Comparecencia del nuevo Sistema Telemático de APUD ACTA REMOTO (SCAAR) con Atlante Web (386.912 euros).

 

El consejero Julio Pérez recibe al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

Julio Pérez recibe a Juan Luis Lorenzo Bragado

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibió hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, con quien mantuvo un encuentro institucional en el que ambos hicieron un repaso general a los asuntos comunes. Además, la reunión sirvió también para darle un impulso a la necesaria colaboración entre ambas instituciones.

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Canarias organiza dos jornadas sobre el Gobierno Abierto en los ODS y la digitalización de la Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa en la Semana de la Administración Abierta 2021 que impulsa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, participará en la Semana de la Administración Abierta, los días 20 y 21 de mayo, con dos jornadas en las que presentarán la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Ambos actos podrán seguirse en directo a través del Canal de YouTube Canarias Gobierno Abierto, donde los comentarios estarán abiertos a la ciudadanía para que participen en las mismas.

El jueves 20, a partir de las 11.00 horas, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, presentará la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a cargo de la redactora del borrador del mismo, Nuria Portillo, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Coincidiendo con este acto, el citado borrador se abrirá a información pública el mismo día. El documento nace de las conclusiones de la jornada celebrada bajo el título El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tenía como fin aunar un proceso participativo que permitió analizar la importancia de los pilares del Gobierno Abierto en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

Al día siguiente, el viernes 21, a partir de las 09.00 horas, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, expondrá la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Bonnet explicará los avances que desde el Gobierno se han dado en el área que dirige con el fin de contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Semana de la Administración Abierta es una iniciativa impulsada en todo el planeta por la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que en esta edición versan sobre la reconstrucción de Administraciones, Instituciones y sociedades, para que sean más transparentes, responsables, participativas e inclusivas.

Con estas jornadas, que tienen lugar entre el 17 y el 21 de mayo, se pretenda acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto, es decir, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Consulta el programa:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA/SemanaAA_2021_CCAA.html

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