Logo del Gobierno de Canarias

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación como alternativa de resolución de conflictos

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concede a la institución tinerfeña una subvención directa de 37.544,49 euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha concedido una subvención al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por importe 37.544,49 euros para promover el recurso a la mediación como forma alternativa de resolución de conflictos.

La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien, reducir el alcance de los mismos.

La subvención tiene como objetivo el establecimiento de un proyecto de mediación entre personas usuarias del turno de oficio y abogados, servicio de orientación a la mediación y mediación intrajudicial y extrajudicial en los ámbitos Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo, en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El período de realización de este proyecto abarca desde el pasado 13 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

Se contará para ello con mediadores y mediadoras expertos, titulados como tal y registrados en el Colegio de Abogados de Santa Cruz Tenerife, que está reconocido como una Institución de Mediación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, constituyéndose en su seno el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en el año 2014.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, resalta que el proyecto es de interés público puesto que además de favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, la mediación minimiza la confrontación, generando un entorno de consenso y de asunción de responsabilidades dónde todos ganan; fomentando la cultura del acuerdo y del diálogo.

Bonnet destaca que con este proyecto “se pretende fomentar y generalizar el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos entre particulares dados los múltiples beneficios que ello genera: se limita la litigiosidad y se favorece el recurso a diálogo y el acuerdo como medio normal de solventar una controversia, con las ventajas que ello supone pues se ofrece una respuesta mucho más ágil, económicamente menos costosa y de cumplimiento efectivo”.

Así mismo, recalca que a través de la mediación se evita la “excesiva judicialización” de los conflictos que conlleva “pasar por un proceso más traumático y lento”, lo que resulta particularmente importante en estos tiempos en los que, tras el estado de alarma, existen una gran cantidad de asuntos ante los juzgados y tribunales que se vieron paralizados y que deben reanudarse, a lo que hay que sumar el previsible aumento de asuntos anudados a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Tres proyectos asociados a la subvención

Para poner en marcha este procedimiento, la subvención se articulará a través de tres proyectos: Turmedia, el Servicio de Orientación a la Mediación (SOM) y la propia mediación.

En el caso de Turmedia, este tiene como finalidad dar a conocer y difundir la mediación, permitiendo con ello resolver las quejas presentadas por los usuarios del turno de oficio contra la abogacía o entre abogados y abogadas a través de la mediación.

Mientras, el SOM consiste en prestar una asistencia personalizada y presencial, a las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita y/o usuarios y usuarias del Servicio de Orientación Jurídica, informando sobre la mediación como método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial, haciendo hincapié en las ventajas económicas, temporales y emocionales, que ofrece la mediación, que la finalidad última.

Por último, la mediación será tanto extrajudicial como intrajudicial en el ámbito mercantil, contencioso-administrativo y civil (excluyendo la mediación familiar, salvo la sesión informativa). La medicación extrajudicial se iniciará mediante solicitud. Tras la solicitud de inicio tendrá lugar una sesión informativa y desarrollo de la mediación de acuerdo con la legislación vigente. La mediación podrá terminar con o sin acuerdo extendiéndose acta final de terminación de la mediación.

En cuanto a la mediación intrajudicial, en este tipo de mediación es el órgano judicial quien seleccionará los asuntos que se someten a mediación. El órgano judicial cumplimentará la ficha de derivación. En este caso, la persona designada por el Colegio de Abogados procederá a la preparación del expediente, pudiendo finalizar con o sin acuerdo.

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

Este órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor estará presidido por Julio Pérez como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado hoy la orden por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cuya sesión constitutiva se celebrará a principios del mes de septiembre. Este órgano colegiado tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.

Entre las funciones de la Comisión Técnica están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018, elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, o informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, le atañe la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Integrantes de la Comisión Técnica

Julio Pérez, como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica, presidirá la Comisión Técnica, tal y como se establece en el Decreto 5/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho órgano consultivo y asesor. La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha sido designada como suplente de la Presidencia.

La composición de la comisión técnica de memoria Histórica se completa con las siguientes personas:

Vicepresidencia 1º

-María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural (integrante nata).

-Juan J. Márquez Fandiño. Viceconsejero de Cultura (suplente).

Vicepresidencia 2º

-Manuela Armas Rodríguez. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (integrante nata).

-Gregorio Cabrera Déniz. Director General de Ordenación, Innovación y Calidad (suplente).

Vicepresidencia 3º

-Mercedes Pérez Schwartz. Presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.

Vocalías

-Gregorio Arencibia Gorrín. Secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas.

-Félix Andrés González Lorenzo. Presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma.

-Francisco González Tena. Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos.

-Juan José Pestano Brito. Director Laboratorio de Gené0ca, Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

-Germán Santana Pérez. Profesor titular, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-María Isabel Navarro Segura. Profesora titular, Universidad de La Laguna.

-Argelia Camino Pérez. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.

-Francisco José Macías Marín. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

-Berta Pérez Hernández. Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización. Cabildo Insular de Tenerife. Por parte de la Federación Canaria de Islas (FECAI). Suplente:  Teodoro Claret Sosa Monzón. Consejero de Presidencia. Cabildo Insular de Gran Canaria)

-Juan Jesús Facundo Suárez. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento de Arucas. Por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Suplente: Antonio Manuel Jiménez Medina. Técnico de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Arucas)

La Secretaría de la Comisión Técnica será ocupada por Elisabet Sanago Hernández, jefa de sección de Mediación de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

 

 

 

Etiquetas

La asistencia jurídica gratuita recibió 9,4 millones de euros en el primer semestre de 2020

Los cuatro colegios de abogados de Canarias ingresan 8.374.622,86 millones, mientras que los dos colegios de procuradores obtienen 1,024.868,29 millones.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2020 a los cuatro colegios de abogados de las Islas (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote) y a los dos colegios de procuradores (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) para la prestación de la asistencia jurídica gratuita que en total ascienden a 9.399,487,15 euros.

Se cumple así con la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Esas ayudas, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 8.374.322,86 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.024.864,29 euros.

Un total de 5.236133,95 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.510.439,89 euros al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 360.598,38 euros al de Lanzarote, y 267.450,64 euros al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 431.496,79 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 593.367,5 euros.

 

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

En breve se podrá iniciar la tramitación del expediente administrativo que dará cobertura a la construcción de las nuevas instalaciones judiciales y se impulsará la redacción del proyecto para dotar a Santa Cruz de Tenerife de un nuevo edificio judicial, en Cabo Llanos, manteniendo las dotaciones y servicios públicos de la zona

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, informó hoy al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones llevadas a cabo para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos que albergará tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, los equipos de Mediación, dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura, además de otras profesiones jurídicas, así como servicios comunes, salas de acceso y espera, bibliotecas y salas de estudio, entre otros.

En este sentido, Pérez explicó la alternativa (entre nueve que han sido estudiadas) acogida de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte de la Ciudad de la Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento.

A tal fin, se emplearán dos parcelas propiedad del Gobierno de Canarias en la manzana ubicada detrás de los centros comerciales de la Avenida de 3 de Mayo. De esta manera, se repartirá el aprovechamiento de esas dos parcelas. El uso docente se trasladará a una parcela inmediata, a la ubicada detrás de las Torres, donde se utilizará el aprovechamiento edificativo existente para albergar el centro educativo.

Con el fin de culminar los trabajos en el menor tiempo posible, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tramita ya un nuevo encargo a la Empresa Pública Gestur Tenerife, S.A. para la redacción de los documentos que permitan llevar a cabo la actuación excepcional del Gobierno para la modificación de parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, con el objeto de garantizar la implantación de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, se elaborarán las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del PGO y se efectuará el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégico.

Con estas actuaciones se logrará el impulso definitivo del proyecto y el comienzo de los trabajos para dotar a Santa Cruz de Tenerife de las instalaciones necesarias para garantizar una Administración de Justicia moderna y eficiente, en un espacio emblemático de la ciudad y de forma coincidente con las reivindicaciones de los operadores jurídicos y de la ciudadanía, al mantener y ampliar las dotaciones y servicios públicos de la zona.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En el marco del encargo suscrito por Orden del anterior Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias de 30 de abril de 2019 con la entidad Gestur Tenerife, S.A., esta empresa pública elaboró los documentos necesarios para el estudio de distintas alternativas que permitan la corrección, en lo necesario, de las previsiones urbanísticas vigentes en la zona de Cabo Llanos, para el desarrollo del nuevo edificio.

En este contexto, la Consejería introdujo varios planteamientos nuevos al encargo que se tomaron en consideración, tales como la no supresión de los equipamientos ciudadanos previstos, o su traslado a zonas inmediatas; el mantenimiento del uso del actual Palacio de Justicia; el traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los restantes órganos ubicados en la Plaza de San Francisco, y que se tomara como referencia para el proyecto que el desarrollo del Palacio de Justicia en la zona actual de Cabo Llanos deberá contar con zonas verdes y plazas de conexión entre sus edificios. Con estas indicaciones se elaboraron las alternativas estudiadas.

La vigencia de este Plan será indefinida hasta que se alcancen los objetivos planteados. No obstante, cada cinco años deberá realizarse un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las medias y actuaciones y de la consecución de objetivos. El coste aproximado de este plan es 203.300 euros

Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife
Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife

Canarias se adhiere al convenio entre Justicia y Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres

Julio Pérez en la firma de la adhesión de Canarias al Convenio en materia humanitaria e identificación de cadáveres

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia del mismo ya que Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas

En Canarias cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. Así, se garantiza al menos que su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, ha suscrito hoy mediante una reunión telemática, el acuerdo de adhesión y aceptación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres firmado el 6 de abril de 2017. En el acto estuvieron también presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. Además, asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, el director del Departamento de La Laguna del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Antonio Cuellas, y el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antoni Rico.

El consejero remarcó que, para Canarias, es muy satisfactoria la cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; los Institutos de Medicina Legal (IML), y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicó que el convenio constituye un mecanismo básico para mejorar el trabajo conjunto, además de que facilita una línea de actuación importante para las Islas, que es el aumento de la sabiduría científica a través de la capacidad de investigación de los IML y el Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, añadió, la adhesión de Canarias al convenio es relevante porque la identificación de cadáveres tiene una gran importancia para la opinión pública, que lógicamente es muy sensible ante estas situaciones, por escasa que sea su incidencia numérica.

Con la adhesión de la Comunidad Autónoma, Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas. En las Islas cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. De esta manera, se garantiza que, al menos, su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos al establecerse un proceso que facilita su identificación y contacto.

El objeto del convenio se centra en el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los IML y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. Así, el objetivo es dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.

En la actualidad, esas personas quedan sin identificar en la mayoría de los casos y no existe información suficiente para su identificación posterior. Mediante este convenio, se prevé que por parte de los IML se lleve a cabo una labor de recogida de muestras y acopio de información que constituirá una base de datos que se cruzará con la que tiene el Servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja Española y Cruz Roja internacional.

En el caso de que se halle una posible coincidencia, se llevarán a cabo las pruebas de ADN y se cotejarán con las muestras de los familiares recogidas en origen por Cruz Roja con el fin de determinar el parentesco. Si este es positivo, se podrán arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus restos a las familias.

Con la firma de hoy, la Comunidad Autónoma de Canarias ratificó la voluntad de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del citado convenio de colaboración, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado.

El citado convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes, recoge que las comunidades autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y que lo soliciten podrán acogerse a la colaboración.

Etiquetas

El Gobierno coopera con el Ministerio de Justicia en la realización del tercer ejercicio de tramitadores procesales

Realización del ejercicio de tramitadores en el Recinto Ferial Tenerife

La prueba, a la que se presentaron 786 aspirantes, tuvo lugar el pasado sábado 18 de julio en ambas provincias canarias sin incidencias

El pasado sábado 18 de julio se celebró, sin incidencias, el tercer ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de tramitadores procesales. El Gobierno de Canarias las organizó en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas, y del Recinto Ferial, en Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Ministerio de Justicia.

En Las Palmas se presentaron 456 personas (hubo nueve no presentados), de las que 344 fueron mujeres y 112, hombres. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se presentaron 330 personas (hubo 15 no presentados) de las que 247 fueron mujeres y 83, hombres.

La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden que regulará la lista de empleo interino

Empleo interino en Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación, que se producirá en este mismo año.

Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto, diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de legislatura.

Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.

Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.

Etiquetas

Las actuaciones judiciales en Canarias mediante videoconferencia pasan de cero a casi 1.000 en seis meses

Edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife

Los medios técnicos puestos a disposición por el Gobierno de Canarias en el ámbito judicial han posibilitado que, a día de hoy, cerca del 40% de todas las videoconferencias llevadas a cabo en la plataforma del Ejecutivo autonómico estén relacionadas con la actividad judicial

Las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el Archipiélago mediante videoconferencias entre enero y junio de este año han pasado de cero a 954. Al término del primer semestre, las mismas suponían ya el 39,1% de todas las videoconferencias realizadas mediante la plataforma del Gobierno de Canarias (Webex). Esas actuaciones engloban tomas de declaraciones en instrucción, actuaciones en vistas como comparecencias, audiencias previas y juicios, entre otras.

Este crecimiento exponencial de la actividad telemática en el ámbito judicial se explica por la aprobación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que contempla la posibilidad de llevar a cabo actuaciones telemáticas en procesos judiciales, cuya aplicación ha sido posible gracias a los medios técnicos que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto a disposición del ámbito judicial tanto a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia como desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

En concreto, los datos de videoconferencias llevadas a cabo en el Gobierno de Canarias son:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Número Total 3 12 180 562 1.425 2.440
Número en Justicia 0 1 2 67 342 954
% Justicia sobre total 0% 8,3% 1,1% 11,9% 24% 39,1%

Hay que tener en cuenta que, al margen de estas cifras, también están las videoconferencias convencionales, cuyo número exacto se desconoce porque cada equipo de vídeo puede llamar a otro equipo directamente mediante tecnología IP, salvo que se haya pedido una sala a Cibercentro. En todo caso, solo se llama a Cibercentro en el caso de las multivideoconferencias (conferencias entre tres o más puntos simultáneamente), cuyos datos entre enero y junio de este año son los siguientes:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Número Multivideoconferencias Total 252 254 409 293 211 289
Número Multivideoconferencias Justicia 42 32 34 25 36 71
% Multivideoconferencias Justicia sobre total 17% 12,6% 8,3% 8,5% 17,1% 24,6%

Queda claro así que el uso de las videoconferencias está siendo muy elevado, lo que demuestra que se están celebrando más reuniones a través de Internet. En concreto, la semana del 11 al 18 de junio se celebraron 693 reuniones por Webex, de las que el 41,6% (288) correspondieron a juicios.

El Gobierno de Canarias ha conseguido de esta manera que, además de que el personal de la propia Administración celebre reuniones virtuales y de que el teletrabajo no sea un impedimento para la coordinación de los equipos, también se lleve a cabo la celebración de juicios.

Etiquetas

Administraciones Públicas da cuenta del gasto de 1,8 millones en contratos realizados durante el estado de alarma

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dictado 20 resoluciones para la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección de edificios judiciales, así como para posibilitar el teletrabajo

La obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario, para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo, y dar soporte a las sedes electrónicas, son las finalidades de los contratos aprobados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno del gasto de 1,8 millones de euros correspondientes a 24 contratos aprobados por el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Dichos contratos están relacionados con la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección frente a la COVID-19 en edificios y sedes judiciales de Canarias, así como para la obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo y atender las incidencias provocadas por el virus.

Un total de 20 de los contratos fueron aprobados por resoluciones dictadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por un importe completo de 1.772.142,79 euros, y los cuatro restantes por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por importe de 48.790,91 euros.

Pérez ha solicitado la inclusión de todos los expedientes dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Protección en sedes y edificios judiciales

Los contratos realizados mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia son los siguientes:

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios y protección en zonas operativas de los Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia de Género y Registro Civil (21.335,80 euros).

– Servicio de traslado, entrega y acondicionamiento de equipamiento informático, mobiliario, material sanitario, mecanismos y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (83.759,60 euros).

-Suministro, configuración y clonación de equipos y ordenadores portátiles, para la prestación de servicios mediante el sistema de «Teletrabajo a Jueces, Magistrados, Letrados y Funcionarios de los Órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias’ (531.088,44 euros).

-Suministro e instalación de mobiliario de protección anticontagios y de archivo y custodia de documentación judicial para proceder a las labores de desinfección en la Sedes Judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (127.912,08 euros).

-Trabajos de limpieza e higienización de los conductos del Sistema de Climatización y Ventilación en Edificios y Sedes Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (124.954,27 euros).

-Servicio de limpieza extra por refuerzo y desinfección emergencia COVID-19 y dispensación de diverso material de protección antincontagio en Edificios Judiciales de la provincia de Las Palmas (174.644,43 euros).

– Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de protección respiratoria, KN95, de eficacia de filtración máxima contra contagios auto-filtrante, calificado como Equipos de Protección Individual (50.985 euros).

-Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de alta protección anticontagio desechables FPP2 (4 capas), calificadas como Equipos de Protección Individual (39.500 euros).

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios protección ampliación nuevos servicios operativos en diversos Órganos Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (5.649,60 euros).

-Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la elaboración del Plan de Respuesta y Contingencias derivado de la situación de emergencia por la COVID-19 (48.150 euros).

-Trabajos de revisión, comprobación y verificación de las instalaciones de protección contra incendios (PCI) de Edificios Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (33.688,24 euros).

-Suministro e Instalación Sistema Megafonía de Evacuación de Emergencia en el Edificio Judicial de Arona, en Tenerife (37.332,04 euros) y del Edificio Judicial de Arrecife, en Lanzarote (83.933,67 euros).

-Servicio extra de traslado, reparto, entrega y acondicionamiento de material de protección, equipamiento informático, material desinfección, mecanismo y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas (23.525,23 euros).

– Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior en las instalaciones de climatización y ventilación en Edificios Judiciales de la isla de Tenerife (75.525,92 euros).

-Sustitución módulo control sistema climatización en el Edificio Judicial de La Laguna (13.750,04 euros).

-Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior del sistema de climatización y dependencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (31.437,48 euros) y en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona (180.911,75 euros).

-Realización de Auditoria de emergencia Servicio de Limpieza para la evaluación, control e implantación de las medidas de higiene y desinfección derivadas de la COVID-19 en Edificios y Sedes Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (29.960 euros).

-Trabajos reposición equipos de refrigeración en los aparatos de transporte mecánico y elevación (panorámicos) en el Edificio Judicial ‘Ciudad de La Justicia’ de Las Palmas de Gran Canaria (54.099,20 euros).

Telefonía remota y sedes electrónicas

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha dictado durante el estado de alarma cuatro resoluciones por las que se aprueban los siguientes contratos:

-Refuerzo del servicio de soporte de Nivel 1 al uso de las Sedes Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (4.280 euros).

-Adquisición de licencias para telefonía remota para la Red Corporativa de Telefonía del Gobierno de Canarias para que el personal público puede desarrollar sus funciones en la modalidad de teletrabajo (24.553,27 euros).

-Contratación de evolutivos de la Aplicación SICAC para habilitar la presentación telemática de los procedimientos comunes ante la necesidad de que todos los procedimientos del Gobierno de Canarias se puedan tramitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente (11.235 euros).

-Servicio de Asistencia técnica para la mejora de capacidades en la comunicación y presentación eficaz de actuaciones en la modalidad de teletrabajo (8.722,64 euros).

Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

Etiquetas