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Noemí Santana solicita que las pruebas de ADN de menores migrantes se realicen en Canarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha solicitado en sede parlamentaria que la Fiscalía provincial de Las Palmas no separe a los menores de los adultos con los que vienen acompañados y que se deriven a recursos específicos para familias a la espera de los resultados de las pruebas de ADN

“Pedimos la agilización de las pruebas que determinan la filiación de los menores que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras acompañados de adultos que aseguran ser sus madres o padres”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en sesión parlamentaria tras una pregunta de la diputada del grupo Sí Podemos Canarias, María del Río.

La consejera informó que ya se está trabajando en coordinación con la viceconsejería de Justicia y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con el fin de que las muestras de ADN se procesen en Canarias, ya sea en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Toxicológico. “El objetivo es agilizar la obtención de los resultados y, además, minimizar los tiempos de separación de los menores de sus adultos de referencia o, en el caso de que la Fiscalía desista de esta práctica, resolver la cuestión lo antes posible”.

Es una de las actuaciones que pidió hoy la consejera tras la decisión de la Fiscalía provincial de Las Palmas de separar a los menores de los adultos con los que llegan a Canarias. “Nos oponemos frontalmente a esta actuación y pedimos que se deriven a las familias a recursos específicos para familias”, aseguró Noemí Santana.

Unos recursos que ya están disponibles y habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones, según informó la consejera. En concreto, ya están operativos dos recursos alojativos, con capacidad para 90 plazas, que permite albergar a familias completas y/o mixtas.

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Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

 

 

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Canarias plantea un nuevo modelo de atención a los mayores “más humanizado y diverso”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, anunció que se trabajará con Sanidad para la próxima apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”

“Queremos escuchar de voz de los propios mayores posibles líneas de trabajo hacia un nuevo modelo más humanizado y diversificado de las políticas de atención a las personas mayores, ya que se trata de un colectivo que no es un colectivo monolítico sino diverso y con diferentes necesidades”, explicó de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el marco de la celebración del Consejo Canario de las Personas Mayores, que se reactiva después de dos años de la celebración de su última sesión en pleno. Los mayores de 65 años en Canarias representan el 16,5% de la población.

“Este nuevo modelo, indicó, apuesta por la humanización, por el impulso del envejecimiento activo, promoviendo espacios hacia las personas mayores no dependientes y apostando, por ejemplo, por un modelo de cohousing”, afirmó Noemí Santana.

El Consejo abordó también el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el colectivo de personas mayores, sobre todo, en cuestiones como la gestión y control de residencias, la soledad no deseada que se ha visto incrementada o la brecha digital que les afecta a las personas mayores.

A este respecto, el Consejo de Mayores solicitó a las diferentes administraciones públicas que se elabore un protocolo de apertura, con todas las medidas de control y protección, de los diferentes centros de día y club sociales donde los mayores realizan actividades de envejecimiento activo y recreativas ya que “ayudará a prevenir la soledad y fomentar su ocio, manteniendo la realización de muchas de las actividades que son fundamentales para su desarrollo individual y colectivo”.

Por su parte, sobre esta cuestión, la consejera anunció que ya se está trabajando para agilizar la apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”. En Canarias, en torno a unas 46.000 personas mayores hacen uso de la red de centros de día dirigidos a la atención de personas mayores, de los cuales siete son gestionados directamente por la Dirección General de Derechos Sociales.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el seno del Consejo, donde también se estudió la elaboración una nueva Estrategia global de Envejecimiento Activo, de acuerdo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconozca la enorme contribución social, cultural, económica y política de las personas de edad, e introduzca un nuevo modelo de cuidados en la Comunidad Autónoma de Canarias centrado en la persona y sus necesidades.

En su intervención, la consejera del área indicó que “el desarrollo de esta nueva Estrategia debe ir unido necesariamente a una nueva economía de los cuidados, que fomente, por ejemplo, las nuevas formaciones para profesionales relacionados con la atención a las personas mayores”

El Consejo Canario de los Mayores es un órgano colegiado, de carácter consultivo y de información permanente, con representación del Gobierno de Canarias, Fecai, Fecam así como representantes de las distintas asociaciones y federaciones de personas mayores existentes en Canarias.

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Santana: “Canarias es la frontera Sur de Europa y, por tanto, necesitamos una respuesta de la UE”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, demandó a Europa la reactivación de partidas económicas específicas para la atención de menores extranjeros no acompañados

“Aunque parece una obviedad, hay que recordar que Canarias es frontera Sur de Europa, y por tanto, las políticas de atención y actuación ante el fenómeno migratorio también deben ser europeas”. Así lo manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la reunión telemática que mantuvo con la directora general de Migración y Asuntos de Interior de la Unión Europea, Monique Pariat. Un encuentro al que también asistieron la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez; la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, y el director general de Asuntos Europeos, Julián José Zafra.

La consejera trasladó a la representante de la Comisión Europea la actual situación que se vive en las Islas y trasladó algunos datos relevantes para demandar una respuesta europea. “Durante el pasado año, llegaron 2.371 personas y en lo que llevamos de año, 9.123 inmigrantes, es decir, un 285% más que el año anterior y aún nos quedan dos meses y medio para terminar el año”, indicó Santana quien matizó que “vuelven a llegar embarazadas, 46 este año, frente a ninguna del pasado año.

Un incremento del 240% en la cifra de menores extranjeros no acompañados

En relación a la situación de los menores extranjeros no acompañados, que son competencia directa del Ejecutivo canario, Santana indicó que se solicitó de la Unión Europea el destino de fondos específicos para la atención de los menores inmigrantes no acompañados, tal y como se establecieron en el periodo 2010-2014 y que no se han vuelto a renovar.

“Es necesario contar cuanto antes con estos fondos”, aseguró Santana, quien recordó que mientras hace un año, Canarias contaba con 359 menores tutelados, esta cifra es hoy de 1.202, “es decir, el número de menores extranjeros que han llegado en pateras hasta las islas Canarias se han incrementado en un 240%”.

Hay que recordar que la llegada continuada de menores extranjeros ha exigido al Ejecutivo canario la puesta en marcha de un total de 14 dispositivos de emergencia en los últimos nueve meses al estar la red de acogida completamente llena y no contar con plazas disponibles.

“Hasta ahora, hemos dado una respuesta digna a esos menores. Pero es verdad que necesitamos colaboración”, indicó. “El Gobierno canario está haciendo frente a este incremento en solitario y con fondos propios. Por tanto, pedimos esa colaboración porque este no es solo un problema de Canarias, es un fenómeno al que le tenemos que dar respuesta de forma común como país, por ejemplo, facilitando el traslado de estos menores hacia otras comunidades autónomas donde no exista una presión migratoria y como comunidad Europea, contando con los fondos necesarios para una atención digna donde la protección de la infancia y el respeto a los derechos humanos sea lo primero”, enfatizó la consejera.

El Gobierno de Canarias realizará un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia

Tras la aprobación por el Parlamento de Canarias de esta medida, la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud procederá en las próximas semanas al abono de esta prestación

Los beneficiarios serán los mismos que los del primero ingreso y recibirán la misma cuantía que va de los 367 euros a los 478 euros, dependiendo de la composición de la unidad de convivencia

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizará en las próximas semanas un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) a los mismos beneficiarios que lo recibieron con anterioridad, tras el visto bueno del Parlamento de Canarias que hoy ha dado luz verde a esta medida. “Desde un inicio dijimos que el ICE era un ingreso puente hasta la llegada del Ingreso Mínimo Vital que gestiona el Estado. Viendo las dificultades para su implantación y contando con los recursos suficientes, propusimos este segundo pago, al que hoy el Parlamento ha dado su visto bueno”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

“Este ingreso es un alivio para la gente que peor lo está pasando. 16.000 familias que tendrán de nuevo un pequeño ingreso que esperemos que suponga un gran alivio. Frente a la crisis social provocada por el COVID, este Gobierno no solo se preocupa, se ocupa. Somos la única Comunidad de todo el Estado que tiene un ingreso de emergencia como este”, afirmó la consejera.

Este segundo pago del ICE mantendrá las mismas cuantías, que varían en función del número de personas que componen las unidades de convivencia (y que suponen el 75% de la actual Prestación Canaria de Inserción): de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

Recordar que este ingreso logró dar protección a un total de 28.023 personas (16.000 familias) que cumplían con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio menor de 50.000 euros. Para la atención de estas ayudas el Gobierno destinó una primera partida económica de 6.324.183,96 euros.

Tras realizar esta segunda inyección de liquidez a las familias con escasez de recursos, los remanentes, hasta llegar a los 16 millones de euros que se habían destinado a esta medida, se les entregará a los municipios para ayudas de emergencia.

Tipología de familias y ayudas concedidas por municipios

El primer pago del Ingreso Canario de Inserción (ICE) llegó a un total de 28.023 personas, de las cuales 8.593 conforman familias de un solo miembro, 8.078 de 2 miembros, 6.366 de 3 miembros y 4.986 de 4 miembros o más.

Por municipios, los diez municipios que más ayudas recibieron fueron Las Palmas de Gran Canaria, con 3.408 ayudas concedidas; Santa Cruz de Tenerife con 2.282 ayudas; La Laguna con 1.505;  Arona con 720; Telde con 643; Santa Lucía de Tirajana con 520; Adeje con 400; Granadilla de Abona con 388; Arrecife de Lanzarote con 303 y Tacoronte con 205.

El 35% de la población canaria en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el Informe El estado de la Pobreza

 Se registra un descenso del 1,4% de las personas que se encuentran en pobreza y/o exclusión social  con respecto a los datos de 2018

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, destacó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para atender a las familias en peor situación social

“Todavía no podemos hablar con datos de las consecuencias que nos traerá la actual situación de crisis social y económica provocada por la Covid-19, pero este Gobierno no ha necesitado conocer esos datos para ponernos a trabajar y articular toda una batería de medidas de protección a las personas más vulnerables” afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, durante la presentación del X Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019’, que se produce en el marco de la conmemoración el 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

“En Canarias el paro y la pobreza son estructurales y, por tanto, necesitan de un conjunto de acciones tanto sociales como económicas. Desde que asumimos la consejería de Derechos Sociales hemos ido aprobando toda una serie de medidas con el fin de ir paliando una situación que ya era complicada antes de la crisis sanitaria”, afirmó Gemma Martínez. La viceconsejera destacó la modificación de la Prestación Canaria de Inserción para incluir a familias con menores a cargo; la aprobación del Ingreso Canario de Inserción a través del cual se ha otorgado un colchón económica a más de 16.000 familias y el impulso del proyecto de la Ley de Renta Ciudadana, que llegará al Parlamento a finales de mes.

Martínez destacó, además, que “una de las cuestiones que ha quedado clara ante la actual situación de crisis social es la necesidad de modernizar la administración pública y la importancia de apostar por un sólido sistema de servicios sociales”.

Los datos de este décimo Informe pone de manifiesto, indicó la viceconsejera de Derechos Sociales, que “España está muy lejos de cumplir con su parte del compromiso de reducción de la pobreza asumido en la Estrategia Europa 2020, que especificaba una reducción de 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) sobre los datos de 2008, y que debía alcanzarse como muy tarde en 2020”.

En cuanto a los datos del X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez, indicó que en el año 2019 el 35% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone en términos absolutos unas 773.053 personas residentes en las Islas. Esta cifra sitúa a Canarias 10 puntos por encima de media nacional, fijada en el 25,3% (11.870.000 personas), y con el tercer porcentaje AROPE más elevado, solo inferior a Extremadura y Andalucía.

En relación a la Tasa de Riesgo de Pobreza, los datos reflejan que se sitúan en un 28,5% de la población vive con 641 euros mensuales por persona, lo que supone un incremento de 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2018. Esto significa que residen en Canarias unas 628.282 personas en riesgo de pobreza, 53.718 menos que en 2018.

“La situación de pobreza en Canarias se va a fragilizar aún más”, señaló el presidente de EAPN-Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en alusión a los actuales datos macroeconómicos, según los cuales el Índice de Precio al Consumo (IPC) en el Archipiélago se ha incrementado en un 0,4% , sobre todo en alimentos, calzado y bebidas alcohólicas, “todo ello se trasluce en una acentuación de los perfiles que las familias que se encuentran en situación de exclusión social y de pobreza o en riesgo de padecerla”.

El X Informe elaborado por EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), analiza el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2019, con especial referencia a Canarias.

Se puede consultar el X Informe en la página web de EAPN: Informe Estado de Pobreza

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Derechos Sociales solicitará fondos europeos para el plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, hizo el anuncio en sede parlamentaria, donde realizó un balance de la gestión de su departamento en el último año

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, anunció en sede parlamentaria la intención del Gobierno regional de solicitar a Europa la inversión necesaria para poder finalizar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Según indicó Santana, “actualmente, el Plan de Infraestructuras se encuentra aproximadamente a la mitad de su desarrollo y haría falta para terminarlo unos 71 millones de euros más”. “Si conseguimos que Europa preste la financiación para la finalización del Plan –explicó- sería muy beneficioso tanto para Cabildos, como para el Gobierno y, en definitiva, para la ciudadanía canaria y permitiría a Canarias ir saldando el actual déficit de plazas sociosanitarias”.

“Esto nos permitiría, además, derivar la inversión hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados, con residencias más pequeñas y de proximidad, comunidades residenciales de servicios compartidos tipo cohousing, potenciar la ayuda a domicilio e incrementar la digitalización y nuevas tecnologías en los servicios asociados a las personas mayores”, adelantó la consejera del área.

Hay que recordar que el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 (ahora 2022) de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta unos 160 millones y los Cabildos los 100 millones restantes. Ante la situación de pandemia, que obligó a paralizar la consejería de Derechos Sociales amplió el plazo de ejecución del citado Plan para los Cabildos hasta finales de 2022.

El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Este fue uno de los asuntos abordados hoy en sesión plenaria por la consejera de Derechos Sociales, en una sesión donde se realizó un balance de gestión de su departamento. En su intervención, Santana recordó las diversas medidas impulsadas por su equipo en el último año. A este respecto, aclaró que a finales de mes se llevará al Parlamento el proyecto de ley de Renta Ciudadana. Así, una vez que esta sea probada en el la Cámara regional complementará al Ingreso Mínimo Vital del Estado. “Estas dos rentas, juntas, permitirán sacar de la pobreza a esas 50.000 personas y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta que se apruebe, hemos permitido que la ciudadanía pueda seguir solicitando la PCI y que ambas prestaciones sean complementarias en su totalidad”, explicó la consejera del área.

En relación a la PCI, hay que recordar la modificación realizada por el Ejecutivo que permitió ampliar de 5.000 familias que se beneficiaban de esta ayuda, a las más de 8.000 familias actuales.

A esta medida hay que sumar otras como el desbloqueo de los 12 millones de euros correspondientes a los fondos de pobreza, el adelanto de la financiación a los ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y las medidas de mejora en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.

“Nuestro objetivo, con la situación de la que partíamos cuando asumimos la responsabilidad al frente de la Consejería de Derechos Sociales y la crisis social que trajo consigo la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19, no ha sido otro que gestionar más y mejor”, sentenció la consejera.

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Noemí Santana visita la isla de Fuerteventura junto al ministro José Luis Escrivá

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias asiste a un encuentro en la isla de Fuerteventura junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y  representantes de la Administración general del Estado e insulares

El encuentro se centró, fundamentalmente, en la cuestión migratoria y la protección a las familias más vulnerables La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha asistido este sábado, junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, a un encuentro en la isla de Fuerteventura.

La reunión ha tenido lugar en el Cabildo insular y, en la misma, también ha participado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y representantes de la Administración general del Estado e insulares.

Sobre la cuestión migratoria, Noemí Santana destacó la cooperación que siempre se ha mantenido con el Estado, el Cabildo de Fuerteventura y las entidades del tercer sector de la isla en materia de menores inmigrantes no acompañados – competencia autonómica-. Recordó la consejera de Derechos Sociales que, actualmente, la comunidad autónoma tutela a 1.048 menores. Aseguró que el Gobierno de Canarias está dando respuesta a este incremento en el número de menores a través de la apertura de dispositivos de emergencia pero, a medio y largo plazo, apeló a la “solidaridad interterritorial en la acogida de estas niñas y niños”. Sobre la situación en la isla de Fuerteventura en estos momentos manifestó que “tenemos recursos y estables con plazas disponibles, por lo que si tenemos llegadas en las próximas semanas podremos darle respuesta”.

La consejera de Derechos Sociales también se refirió al papel crucial que debe tener en esta materia la Unión Europea, en concreto, con la habilitación de fondos para la atención de menores inmigrantes. Noemí Santana anunció que ya se está trabajando en esta línea y que en las próximas semanas se mantendrá un encuentro con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Yohansson.

Sobre la protección a las personas más vulnerables, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció la labor de la comunidad autónoma. “Canarias es una de las comunidades que mejor ha entendido que tiene que ayudarnos y acompañarnos hasta que el Ingreso Mínimo Vital se implante”, afirmó Escrivá.
La consejera, por su parte, destacó el compromiso del gobierno regional con las personas con rentas más bajas y destacó medidas puestas en marcha como la compatibilidad de la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital por un periodo transitorio hasta el próximo 31 de diciembre, o bien, el Ingreso Canario de Emergencia que llegó a 16.000 familias (unas 800 en la isla de Fuerteventura) y del que, si el Parlamento da su conformidad, se realizará un segundo y último pago a los hogares beneficiarios.

Noemí Santana, además, se refirió a la creación de una red de recursos que sirvan como alternativa habitacional para familias afectadas por desahucios, “especialmente por impago de alquileres”. Un trabajo que se está realizando en conjunto con la consejería de Obras Públicas y Vivienda que también ha realizado una importante apuesta por la construcción de vivienda pública.

Tras ese encuentro, la consejera de Derechos Sociales ha acompañado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la secretaria de Estado de Migraciones en la visita al puerto de Gran Tarajal donde han conocido y reconocido la labor que realiza Salvamento Marítimo. Posteriormente, se ha realizado una visita a las instalaciones del antiguo Centro de Internamiento para Extranjeros de El Matorral.

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Canarias consolida la mejora de su gestión en Dependencia en 12 meses

El Informe del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, elaborado por el IMSERSO, vuelve a situar a Canarias  como la tercera comunidad en incrementar el número de dependientes con prestación

Dependencia redujo en casi cinco meses el tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación

Canarias continúa la línea de aumento de personas beneficiarias con prestación siendo la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y las Islas Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a agosto de 2019, según el informe sobre el impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Dicho informe, que realiza un análisis comparativo de las distintas variables relativas al sistema de prestaciones a la dependencia en todo el Estado, se constata que un total de trece comunidades autónomas ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, tanto de servicio como económica, respecto a agosto de 2019, siendo las más que han aumentado la cifra de personas beneficiarias con prestación la comunidad Valenciana (17,2%, con 14.346 personas más), Baleares (12,3% interanual, con 2.480 personas beneficiarias con prestación más) y Canarias (11,4% interanual, con 2.587 personas con prestación más).

Por el contrario, las comunidades donde más han disminuido las personas beneficiarias con prestación fueron La Rioja (-4,7% interanual, con 387 personas menos) la Comunidad de Madrid (-4,1% interanual, con 5.832 personas beneficiarias con prestación menos) y Castilla-La Mancha (-2,3% interanual, con 1.424 personas menos).

“Estos datos ponen de manifiesto los esfuerzos que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo durante los últimos meses en materia de atención a las personas en situación de dependencia, logrando incrementar el número de personas dependientes que estaban pendientes de una prestación, lo refleja el trabajo realizado por el departamento de Dependencia, especialmente en unos momentos y ante una situación tan complicada para todos como la generada por actual pandemia”, afirma la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

El informe pone de manifestó igualmente que Canarias también ha sido la tercera comunidad que más ha incrementado la cifra de personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de recibirla, con 1.793 personas más, detrás de la Comunidad Valenciana, con 7.627 personas más, y del Principado de Asturias, con 1.760 personas más, mientras que las comunidades donde más han caído las personas beneficiarias con prestación han sido Madrid, con 8.289 personas menos; La Rioja, con 481 personas menos, y Castilla–La Mancha, con 3.481 personas menos.

En la línea de continuar mejorando la labor de gestión de los recursos de atención a las personas en situación de dependencia, Derechos Sociales acordó esta misma semana incrementar el coste plaza de los convenios de atención para personas dependientes que se rubrican anualmente con los Cabildos insulares. El acuerdo contempla el incremento entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza (residencial o centro de día), con un financiación a estos convenios de más de 147 millones de euros, que se sumarán a los 67 millones de euros que aportarán los Cabildos insulares.

Reducción en casi cinco meses el tiempo de espera para la resolución de la prestación

A esta tendencia en positivo de los datos relativos a la gestión en materia de Dependencia, hay que añadir la reducción en casi cinco meses del tiempo medida de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, pasando de 785 días de media a 640 días, es decir, un avance de 145 días en relación al tiempo de espera, en el periodo de agosto a diciembre de 2019, gracias a la reactivación y restructuración del departamento efectuado por la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.

Esta cifra, sin embargo, se ha visto incrementada por la situación del estado de alarma por pandemia que obligó a paralizar las valoraciones subiendo la media de tiempo de espera a 875,42 días, de enero a julio de 2020.

 

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Derechos Sociales incrementa en 8,5 millones la financiación de los recursos sociosanitarios

El incremento de la financiación del coste plaza, el mayor que se ha hecho hasta la fecha, se realizará tras el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos insulares que han celebrado en un encuentro al que ha asistido la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero

El coste plaza se incrementa entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud destinará casi 8,5 millones de euros más a la financiación de los recursos de atención a la dependencia y discapacidad . Esto supone un importante incremento de las aportaciones a los convenios plurianuales que se firman con los Cabildos insulares para la financiación de los recursos de atención a las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, con el fin de incrementar la aportación precio/plaza. En total, el Gobierno de Canarias destinará – incluido el incremento- 147.051.635,70 euros a estos convenios, mientras que los Cabildos insulares aportarán 67.481.621 euros, tras un incremento del 4,4 millones de euros.

“Este incremento viene a paliar una deuda histórica con las entidades que gestionan los recursos de personas dependientes, discapacidad y mayores. Se trata de la mayor subida del coste plaza realizada hasta la fecha. Nuestro compromiso es que de forma progresiva se cubra todo el coste e, incluso, ir más allá en la financiación para asegurar una atención de calidad para las personas dependientes”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro con los Cabildos.

La consejera también agradeció el compromiso de las corporaciones insulares con la ciudadanía más vulnerables y reconoció el esfuerzo de los Cabildos para que este incremento histórico sea haga realidad. Hay que tener en cuenta que hasta este momento, en 2016 se produjo un aumento global del 7,5% de las plazas de discapacidad; en 2017 aumenta de forma global el 6,75% de las plazas de discapacidad; en 2018 se incrementaron todas las plazas un 1,1% (IPC 2017), y el año 2019 en el que la subida se centró en discapacidad intelectual.

Con este incremento en el fondo, el Gobierno va acercando el precio de la plaza al coste real de las mismas, que aumenta entre un 13,8 y un 6% función del tipo de plaza, residencial o centro de día. Así, con respecto al sector de la discapacidad las plazas residenciales aumentan un 10%, las plazas diurnas un 7,5%, un 10% crecen los servicios de promoción de la autonomía personal y un 13,8% el mantenimiento de funciones adquiridas. Con respecto al sector de mayores, el incremento de plazas residenciales se sitúa en un 6%.

El acuerdo alcanzado por unanimidad con los siete Cabildos supone un incremento de las aportaciones por islas que queda de la siguiente manera: al Hierro se destinan 51.590,32 euros más; a Fuerteventura, 224.510,88; a Gran Canaria, 3.298.858,72; a La Gomera, 102.568,57; a La Palma, 537.485,93; a Lanzarote, 460.428,61, y a Tenerife, 3.840.997,39 euros más.

 

 

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

 

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