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Igualdad impulsará políticas dirigidas a potenciar la empleabilidad de las mujeres con discapacidad

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, participó en un acto de presentación de los cupones de la ONCE diseñados con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial y del Día Internacional de la Mujer

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha iniciado una línea de trabajo dirigida a potenciar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad así como a atender las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Según explicó la directora del ICI, Kika Fumero, ya se han celebrado una serie de encuentros con entidades, como la Fundación ONCE y la Fundación CERMI, para trabajar en este línea específica de colaboración.

“Hay que tener en cuenta que el 27 por ciento de las 55 mujeres asesinadas el pasado año por sus parejas o exparejas en Canarias contaban con una discapacidad; este es un dato muy relevante que nos indica dónde debemos situar un foco de atención sumado al hecho de que, además, muchas mujeres, víctimas de violencia de género, adquieren una discapacidad precisamente como resultado de esta violencia”, enfatizó la directora del ICI.

La directora del ICI realizó estas declaraciones en el marco del acto de presentación de los cupones diseñados por la ONCE para conmemorar del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra el sábado, 22 de febrero, y el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, presidido por el presidente del Consejo territorial, Miguel Ángel Déniz, y del delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y que tuvo lugar hoy en la sede de la Fundación Once en Las Palmas de Gran Canaria.

Foto grupo presentación de cupones de la Once por el 8 de Marzo y Día de la Igualdad Salarial

En su intervención, Fumero subrayó el compromiso del Ejecutivo canario “para sensibilizar y visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad que debido, precisamente a su condición de discapacidad, sufren una situación de vulnerabilidad social y de dificultad de acceso al empleo doblemente complicada”.

“Es necesario unir los recursos y las fuerzas para construir una sociedad mucho más democrática e inclusiva, una sociedad de respecto entre iguales y, para ello, vamos de la mano con entidades sociales que trabajan diariamente en pos de la inserción social y laboral de colectivos con especiales dificultades como son las personas con discapacidad, unas dificultades que resultan aún mayores cuando se trata de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad”.

El acto de presentación de los cupones conmemorativos concluyó con la recepción por parte de la directora del ICI de manos de los representantes territoriales de la ONCE en Canarias, de una lámina enmarcada con los once millones de cupones que, bajo los lemas ‘generación igualdad’ e ‘iguales’, serán distribuidos para su venta.

El Gobierno de Canarias mejora la coordinación entre administraciones para responder a la problemática de vivienda

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el director general de Derechos Sociales, Jonás González y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Isabel Santana, mantuvieron hoy un encuentro de trabajo con las responsables del Cabildo de Gran Canaria y de los ayuntamientos más poblados de la isla en materia social y de vivienda

El objetivo es coordinar las políticas públicas que desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de la isla se desarrollen en materia de atención a las familias en situación de vulnerabilidad así como impulsar la realización de acciones conjuntas que den solución a las familias que se encuentren ante una situación de desahucio y personas sin hogar. Al encuentro asistió la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el director general de Derechos Sociales, Jonás González y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Isabel Santana, así como los responsables del Cabildo de Gran Canaria y de los ayuntamientos más poblados de la isla.

Según explicó el director general de Derechos Sociales, Jonás González, el fin de este encuentro de trabajo es “coordinar políticas de actuación y optimizar los recursos existentes con el fin buscar soluciones a las personas que se encuentran en una situación de emergencia habitacional, así como a la preocupante situación de las personas sin hogar”.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Isabel Santana, destacó la importancia de poner en común los distintos recursos económicos y habitacionales con los que cuenta el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. “Estos encuentros son esenciales para poder conocer la realidad de primera mano y dar respuesta a los principales problemas que en materia de vivienda se encuentran los habitantes de Gran Canaria”, aseguró Santana.

La reunión contó con la presencia de la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, María Concepción Monzón, la consejera de Políticas Sociales y Accesibilidad del Cabildo grancanario, Isabel Mena, y con los responsables del área de políticas sociales y vivienda de los Ayuntamientos de Agaete, Agüimes, Arucas, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Telde.

Esta reunión es la segunda que se celebra, la primera de esta tipo tuvo lugar el pasado mes de diciembre con el Cabildo insular de Tenerife y los ayuntamientos más poblados de esta isla. La voluntad del Ejecutivo es celebrar sesiones de trabajo con esta misma línea y temática en el resto de las islas del Archipiélago.

Santana destaca que los ayuntamientos recibirán más financiación y tiempo para los fondos de servicios sociales

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que se ha incorporado hoy a la actividad parlamentaria tras su permiso de maternidad, recordó que el Ejecutivo ha logrado anticipar la firma del Plan Concertado que financia los servicios sociales

“Los municipios son la puerta de entrada a los derechos sociales. Por tanto, debemos trabajar mano a mano con los ayuntamientos para garantizar los servicios sociales básicos, de hecho, este año adelantamos a enero la firma del Plan Concertado de Servicios Sociales y podemos anunciar hoy que los ayuntamientos contarán esta misma semana con estos fondos”, anunció la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en su primera intervención en sede parlamentaria tras su permiso por maternidad.

Según explicó la consejera, la firma anticipada, cerca de cinco meses antes que en el año anterior, ha permitido que los municipios puedan contar “mucho antes” con los fondos del Plan, a través del cual se financian los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día, atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, etc.

“Cuando en otros años se firmaba en abril, este año firmamos en enero, dotándolo, además, de más fondos ya que en 2020 el Plan contará con 21.331.171 euros, 1,6 millones más que en 2019, a los que hay que sumar los 12 millones de euros que provienen del Plan de Lucha contra la pobreza”, aclaró.

En su intervención, Santana indicó que desde que el nuevo grupo de la Consejería asumió la gestión de la misma, los municipios les hicieron llegar dos demandas fundamentales, por un lado, más recursos para atender mejor a la ciudadanía, y, por otro, recibir los fondos con mayor antelación y contar así con más tiempo para gestionarlos y, no como con anterioridad, a mediados de año, sin apenas tiempo para gestionar la inversión y el gasto de los mismos.

“Desde luego, atendimos ambas demanda, permitiendo la contratación de más personal para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la ampliación de un mayor número de familias en situación de riesgo de exclusión social”, aseguró.

“Igual que ahora vemos inadmisible llegar a un centro sanitario y que no haya médicos, o llegar a un colegio y que no haya profesorado, no es normal que una persona llegase a un ayuntamiento y no haya personal para atenderle en los servicios sociales porque la financiación regional no había llegado para su contratación. Hemos logrado revertir esta situación. Esto es lo que significa gobernar poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier otra cosa”, concluyó.

Infancia se forma sobre las buenas prácticas dirigidas a potenciar las relaciones positivas en el seno familiar

El personal técnico de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia participa en un proceso de autoevaluación sobre parentalidad positiva

“Cuando se trabaja en un ámbito tan sensible como el de la atención a la infancia y a la familia, resulta fundamental que el personal técnico se autoevalúe, se forme y recicle conocimientos que les permita contar con las herramientas dirigidas a procurar la máxima protección del menor, garantizando que las niñas y los niños crezcan en el seno de una sociedad donde prime el respeto de sus derechos y en la que se les eduque sin recurrir al castigo físico”, aclara la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano.

Con este fin, el personal técnico del servicio de Adopción de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia ha participado en un proceso de autoevaluación con el fin de evaluar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía desde el enfoque de la Parentalidad Positiva, referida a promover las relaciones positivas en el seno familiar.

“Este proceso consistió en la celebración de tres sesiones de trabajo a nivel regional, para llevar a cabo el diseño del plan de mejora que nos permitirá, no solo mejorar la práctica profesional del servicio de Adopción desde este enfoque, sino también obtener el Reconocimiento a la Promoción de la Parentalidad Positiva por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias”, indicó Serrano.

Para llevar a cabo este proceso formativo, se ha utilizado como instrumento el Protocolo y la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva, editada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias. El proceso de autoevaluación ha consistido en el análisis y debate en relación a las Buenas Prácticas en el Servicio, Buenas Prácticas en el trabajo profesional con las familias y Buenas Prácticas en los programas basados en evidencias. Una vez finalizada la autoevaluación, se obtuvieron un conjunto de recomendaciones que serán utilizados para el diseño de un plan de mejora de los diferentes ámbitos de actuación técnica del servicio.

El Ejecutivo canario avanza en el desarrollo de la ley de Servicios Sociales

El director de Derechos Sociales, Jonás González, destaca el carácter participativo de las subcomisiones que desarrollan el cuerpo normativo del concierto social y del catálogo de servicios sociales con la implicación del Tercer Sector y colegios profesionales

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias continúa en el proceso del desarrollo de la ley de Servicios Sociales. Según ha explicado el el director general de Derechos Sociales, Jonás González, en las últimas semanas se han celebrado diversas reuniones de trabajo de las subcomisiones técnicas encargadas de desarrollar el cuerpo normativo y técnico del concierto social y del catálogo de servicios sociales.

“Desde Derechos Sociales continuamos en nuestra labor de desarrollo del concierto social, a través del cual se regula la prestación de los servicios sociales públicos en nuestra comunidad, así como en el desarrollo del catálogo de servicios sociales”, señaló González, quien aclaró que el Concierto social permitirá que aquellos servicios sociales que no preste la administración pública, como comedores sociales o pisos tutelados, lo puedan gestionar las entidades del tercer sector con un periodo mínimo de 4 años, “lo que repercute positivamente otorgar a los servicios sociales una mayor estabilidad y garantizar que la ciudadanía cuente con estos servicios de forma continuada”.

En relación al Catálogo de Servicios Sociales, a través del cual se recogen, identifican y definen las prestaciones de referencia del sistema público de servicios sociales, el director general anunció que el Ejecutivo tiene ya “muy avanzado” los servicios y prestaciones de la consejería y actualmente están trabajando Cabildos y ayuntamientos para definir los servicios y prestaciones insulares y municipales.

González enfatizó que todo el proceso de diseño y debate de estos decretos se ha llevado a cabo desde la premisa de la participación. “Queremos que el estudio y desarrollo de estas normativas se realicen de forma consensuada, participada y participativa; por ello, la Consejería ha asumido la elaboración de los borradores de los decretos y las subcomisiones están realizando interesantes aportaciones”. Dichas subcomisiones están conformadas, no solo por personal técnico de la Consejería, sino también por miembros del Tercer Sector y de los colegios profesionales del sector.

“Nuestro objetivo es procurar la máxima participación de los agentes sociales implicados más allá del proceso de participación exigido por ley y no solo en relación al desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales”, aclaró el director general. En esta línea, señaló que ya se está trabajando también en otros compromisos derivados de la Ley como la renta ciudadana, el plan de lucha contra la pobreza o la gestión de la tutela de personas mayores.

Canarias y el Estado se reúnen para abordar la agenda social de Canarias

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y el director de Derechos Sociales, Jonás González, mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el recién nombrado secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez

Primer encuentro entre la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y el equipo recientemente nombrado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sobre la mesa, la agenda social de Canarias con cuestiones relevantes como la financiación del sistema de dependencia o el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF. En el encuentro ha participado la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el director general de Derechos Sociales, Jonás González, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Sobre el sistema de dependencia, Canarias ha solicitado que las nuevas cuentas estatales mejoren la financiación ya que, en la actualidad, son las comunidades autónomas las que asumen en un 80% el coste de su financiación. Asimismo, ha pedido que los próximos Presupuestos Generales del Estado vuelvan a incluir el Plan de lucha contra la Pobreza que destinaba a Canarias un fondo de 30 millones de euros.

Otra de las cuestiones abordadas fue la futura Ley de Renta de Ciudadanía en la que el Gobierno de Canarias ya trabaja. En ese sentido, el responsable estatal mostró su interés y anunció que va en la misma línea que el ingreso mínimo vital que el actual Gobierno está estudiando su posible aplicación.

En cuanto a los criterios de reparto del 0,7% del IRPF, las Islas ha solicitado que se revisen y se priorice el criterio poblacional y datos concretos sobre exclusión social de cada uno de los territorios. La situación de la atención de menores extranjeros no acompañados en las Islas así como la modificación de la Ley de familia numerosa para dar cabida al carnet de familia monoparental, fueron otros de los temas abordados.

El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha mostrado su disposición para atender las cuestiones planteadas desde Canarias y dar respuesta a las demandas planteadas en este primer encuentro emplazándose para futuras reuniones en las que avanzar en los temas que se han abordado.

Gran Canaria contará con dos nuevos recursos para la atención y acogida de menores no acompañados

Una nueva instalación ha sido cedida por el Ayuntamiento de Tejeda, con capacidad para 36 menores, y otra estará ubicada en Telde, con capacidad para atender hasta 40 chicos

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, destaca la implicación y la colaboración del Cabildo y de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda

La Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento de Tejeda, pondrá en funcionamiento un nuevo recurso para la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados con capacidad para 36 plazas en el municipio.

La puesta en marcha de este nuevo recurso, que será gestionado por la entidad social Mundo Nuevo, se suma a la creación de otro recurso en el municipio de Telde, con capacidad para 25 menores con posibilidad de acogida hasta 40, que será gestionada por la entidad colaboradora Quorum, y que acogerá a los chicos que están actualmente acogidos en el centro insular de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos recursos se suman al creado recientemente en el albergue juvenil de Ayagaures, en San Bartolomé de Tirajana, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, donde están acogidos 24 menores inmigrantes no acompañados.

Estos centros acogen a los menores extranjeros no acompañados surgen con carácter temporal ante la falta de plazas en la red de centros de acogida en la isla y en ellos estarán acogidos los menores no acompañados hasta que las pruebas óseas que confirmen su minoría de edad. Una vez comprobada, pasarán bajo la tutela del Gobierno canario

“Desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud queremos agradecer la colaboración tanto del Cabildo de Gran Canaria como de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Tejeda por su implicación ante la llegada de menores a las costas canarias; es fundamental el trabajo conjunto entre todas las Administraciones y entidades sociales con el fin de ofrecer una respuesta adecuada a estos chicos y chicas que se juegan la vida a bordo de una patera con el único objetivo de optar a una oportunidad de vida mejor”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano.

A fecha a 31 de enero, Canarias cuenta con un total de 580 menores inmigrantes no acompañados de los cuales 213 están en Gran Canaria, 91 en Fuerteventura, 107 en Lanzarote, 130 en Tenerife, 29 en La Palma y 10 en La Gomera.

El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria se coordinan para trabajar en la atención de familias con menores

Los directores general de Derechos Sociales y de Protección a la Infancia y la Familia y la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria celebraron una reunión de trabajo sobre este asunto

“Desde el Gobierno estamos afrontando la atención de las familias en situación de exclusión social con menores a cargo con una herramienta fundamental como ha sido la modificación de la Prestación Canaria de Inserción que ha permitido incorporar a aquellas unidades de convivencia que, desde 2007 a 2019 cobraron la ayuda, y ya no la podían volver a cobrar”, afirmó el director general de Derechos Sociales, Jonás González, en el marco de la reunión de trabajo celebrada hoy con la consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, María Concepción Monzón, y la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, para abordar posibles líneas de cooperación entre la oficina insular de antidesahucios y el Ejecutivo canario.

“De hecho, con el cambio de la Ley de la PCI, aproximadamente 5.600 familias con menores a cargo que antes no tenían ningún derecho a cobrar esta ayuda, a partir del 1 de enero, pueden volver a solicitarla”, indicó González, quien añadió, como una segunda línea de actuación, que el Gobierno canario trabaja con los ayuntamientos y entidades sociales para la distribución de los 18 millones de euros para pobreza que vinieron del Estado “para que lleguen cuanto antes a las familias que peor lo están pasando en Canarias”.

“Además, avanzó González, estamos valorando, en coordinación con el área de Vivienda del Gobierno canario, la posibilidad de crear un complemento de vivienda dentro de la futura Ley de Renta ciudadana, que permita a las familias hacer frente a los pagos de alquiler de una vivienda”.

Por su parte, la consejera insular de Vivienda, María Concepción Monzón, aseguró que “el punto de inflexión de la exclusión social es la pérdida de la vivienda, por eso, hacemos un llamamiento a las familias que se encuentran en situación de desahucio a que acudan a las administraciones competentes para buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde”.

En cuanto a la atención de la infancia de familias en esta situación, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, recordó que el hecho de que las familias se encuentran en una situación de dificultad económica “no es motivo para que el Gobierno asuma la tutela de los menores, por eso, es importante insistir a las familias con menores a cargo que estén pasando momentos complicados a que acudan sin miedo a los servicios sociales y poder ofrecerles alguna solución a su situación”.

Martínez: “La pobreza en Canarias tiene rostro de mujer y va acompañado de niñas y niños”

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, explicó en comisión parlamentarias las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para la atención de familias monoparentales en situación de exclusión social

El Gobierno de Canarias está trabajando en la atención a las familias de exclusión social o en riesgo de padecerlo de nuestra comunidad, y muy especialmente, en las familias monoparentales con menores a cargo. De hecho, una de las primeras medidas que ha llevado a cabo el nuevo Ejecutivo ha sido la modificación de la Prestación Canaria de Inserción para que las familias en situación de exclusión social con menores a cargo puedan volver a solicitar esta ayuda.

“La pobreza en Canarias tiene rostro de mujer y va acompañado de niñas y niños” afirmó Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales, quien explicó que, en la actualidad, 28,5% de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción son hogares monoparentales, con hijas e hijos a cargo. En este sentido, señaló que “es una prioridad de este Gobierno atender la situación de vulnerabilidad que sufren las familias monoparentales”.

A este respecto, la viceconsejera quien hizo alusión al Informe acerca de la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias, elaborado en el año 2018, en el que se indica que Canarias cuenta con 97.100 hogares monoparentales, el 11.7% del total. De ellos, 79.600 hogares están conformados con la madre (9.6% del total de hogares) frente a los 17.500 con el padre (2.1% del total de hogares).

Además, según el citado Informe, el 53,3% de los hogares monoparentales está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y el 12,5 % de los menores pobres es miembro de una familia monoparental y otro 22% lo es de una familia numerosa.

“Estos datos nos obligan a rediseñar las políticas públicas para que respondan a las nuevas realidades y demandas sociales y que muestren, además, una sensibilidad especial hacia realidades familiares en las que también se producen situaciones de violencia de género o de exclusión provocada por discapacidades o dependencia”, aseguró Martínez.

Medidas de apoyo a la infancia y las familias

Conocer esta nueva realidad dinámica y cambiante de la infancia y la familia en el Archipiélago canario fue el objetivo del Informe acerca de la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias, que se hizo en el año 2018, a partir de cuyas conclusiones se diseñó la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019/2023, aprobada por el Gobierno de Canarias en sesión de 13 de mayo de 2019.

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, en dicha Estrategia, se recogen de manera general diversas medidas encaminadas a generar políticas de apoyo a la familia, y en concreto dos medidas específicas dirigidas en concreto a las familias monoparentales como es el establecimiento de medidas compensatorias socioeconómicas, laborales y fiscales para las familias numerosas y monoparentales, y dar apoyo económico a las familias para cursar el primer ciclo de Educación Infantil, priorizando familias numerosas, con partos múltiples, monoparentales y de menor renta, así como familias con hijos/as con diversidad funcional.

Además, aclaró, a estas medidas se suman otras que se desarrollan desde el ámbito de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia como son la financiación de programas a todos los municipios de Canarias para Lucha contra la Pobreza Infantil y los Equipos de Atención a la Infancia y la Familia y los programas de protección a la infancia y atención a la pobreza infantil o el Apoyo a familias y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Infancia amplía la red de recursos para la atención de menores que cumplen medidas judiciales

La Dirección General de Protección de Infancia y Familia pone en marcha una nueva unidad de convivencia en Gran Canaria, ampliando la oferta de plazas en este tipo de recursos de 170 a 185 plazas

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, pondrá en marcha una nueva unidad de convivencia educativa adscrita al Centro de Internamiento Educativo para menores que están cumplimiento una medida judicial de internamiento judicial de La Montañeta, en Gran Canaria.

“La nueva unidad permitirá realizar un abordaje educativo y terapéutico especialmente pensado para los chicos y las chicas que se encuentran en la fase de finalización de internamiento, realizando con ellos un trabajo que consideramos fundamental en su camino hacia la reinserción en el ámbito familiar, social y laboral”, aclaró la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano.

Con esta nueva unidad de convivencia se amplía en 15 plazas la oferta de plazas en las Islas, pasando de las 170 actuales a un global de 185, 100 plazas en el Centro de Internamiento Educativo Valle Tabares, en Tenerife y 85 en La Montañeta, en Gran Canaria.

La particularidad de esta nueva unidad de convivencia es que se trata de un vivienda de uso residencial, unifamiliar no adosada y, por tanto, es una unidad externa al centro de La Montañeta pero adscrita al mismo.

La vivienda ha sido dotada de todos los medios materiales y humanos necesarios para garantizar una adecuada intervención educativa y terapéutica con los y las menores y jóvenes, dotándola de mobiliario, enseres, ajuar, electrodomésticos, sistemas de protección en caso de emergencia, de control y seguridad pasiva, climatización, de acceso a redes de datos, de equipamiento informático, además de contar con un equipo técnico compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social, educación y derecho, que serán los encargados de trabajar en la reinserción de los menores.