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Lanzarote contará en 2021 con 1,6 millones de euros para servicios sociales, un 36% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Lanzarote contarán este año con un global que asciende a 1.692.017,44 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 36% más con respecto al importe global de 2020, un total de 609.641,84 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, es la capital, Arrecife, la que contará con una mayor cuantía, con 693.829,81 euros, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 36,5 por ciento, un total de 253.469,76 euros más.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

 

Distribución de fondos en Lanzarote

Por municipios, las aportaciones totales han sido las siguientes: Arrecife recibirá este un total de 693.829,81 euros; Haría, 126.783,4 euros; San Bartolomé, 171.489,09 euros; Teguise, 231.244,26 euros; Tías, 211.198,10 euros; Tinajo, 115.957,86 euros y Yaiza, 141.514,92 euros.

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Canarias comienza el traslado de menores extranjeros no acompañados a la Península

Tras los acuerdos adoptados con las Comunidades autónomas, ha sido trasladado hoy el primer grupo de diez menores extranjeros no acompañados a Castilla y León

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, pone en énfasis la solidaridad y el compromiso de las Comunidades Autónomas que se han mostrado dispuestas a acoger en sus recursos a chicos y chicas que han llegado en pateras y cayucos en solitario hasta las costas canarias

El primer grupo de diez menores extranjeros no acompañados han sido trasladados durante la jornada de hoy miércoles, 10 de marzo, hasta la comunidad autónoma de Castilla y León donde pasarán a estar bajo el sistema de protección para menores de esta comunidad, cinco de ellos en la provincia de León y otros cinco en la de Palencia.

Se trata del primer grupo de los 25 menores que pasarán a estar acogidos por esta comunidad autonoma, tras el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que lidera Noemí Santana, y la Comunidad autónoma de Castilla y León, a través de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco Llamas, en aplicación del cual Castilla y León asume la tutela legal de las personas menores de edad migrantes no acompañadas que serán trasladadas desde la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la guarda y custodia y su atención integral.

Momento del traslado de menores extranjeros no acompañados

Según se especifica en el acuerdo, el Gobierno de Castilla y León es sensible a la situación y comparte con el Gobierno de Canarias la necesidad de buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan cumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial contenido en el artículo 2 de la Constitución Española, por lo que adquiere un compromiso solidario de cooperación y auxilio al Gobierno de Canarias asumiendo la atención integral de 25 personas menores de edad migrantes no acompañadas que actualmente residen en Canarias, a través de sus propios medios humanos, técnicos y financieros, incluida la asunción de la tutela administrativa.

Hay que recordar que Canarias acoge en estos momentos a 2.634 menores que han llegado a las costas canarias a través de cayucos y pateras, para cuya atención se han abierto un total de 29 recursos alojativos. De hecho, ante la continua llegada de menores que el Gobierno canario ha ido abordando en solitario, desde el Ejecutivo autónomo se ha solicitado con urgencia, tanto al Estado como a la Unión Europea, la necesidad de contar con los recursos necesarios que permitan sufragar los costes económicos para poder abordar esta crisis social, más teniendo en cuenta que el Archipiélago canario constituye la frontera sur de Europa.

Además, la consejera del área, Noemí Santana, ha mantenido diversas reuniones con el Estado y las Comunidades autónomas para concretar la firma de convenios de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias, sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados, que permita la derivación solidaria menores entre las comunidades autónomas; y un fondo específico del Estado para ayudar en la gestión de estos niños y niñas, tal como se articuló en el año 2008.

“El objetivo es buscar soluciones entre todos, Europa, el Estado y el resto de las Comunidades autónomas, para que Canarias deje de afrontar esta crisis humanitaria en solitario”, indicó Santana, quien recordó que la cifra de menores extranjeros no acompañados atendidos en las Islas se ha incrementado considerablemente el último año, pasando de 540 en 2019 a los casi 2.700 acogidos en la actualidad.

A este respecto, Canarias, a través de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, ha ya concretado acuerdos para la derivación de menores con Navarra (10 plazas), Cantabria (20 plazas), Valencia (18 plazas), Cataluña (43 plazas), Castilla y León (25 plazas), Extremadura (25 plazas), Asturias (16 plazas) y Galicia (20 plazas), en total, 177 plazas, faltando todavía por concretar con Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco.

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Canarias acogerá en noviembre el XXII Congreso Estatal de Voluntariado

Cartel Voluntariado

La consejería de Derechos Sociales será la encargada de organizar este Congreso que estará centrado en el papel del voluntariado en relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Canarias acogerá en el mes de noviembre el XXII Congreso Estatal de Voluntariado. La propuesta, que se había concretado inicialmente para que se llevara a cabo de forma presencial en el año 2020, pero ante la situación de pandemia se trasladó al año 2021, acordándose, en el marco de la reunión de la Comisión de Directores Generales de Voluntariado de las Comunidades Autónomas celebrada la pasada semana de forma virtual, la celebración a finales del presente año en las Islas.

El Congreso, que tendrá lugar de forma virtual, aunque se contemplan, si resultara posible, que algunas de las actividades previstas se realicen de forma presencial, contempla un programa que incluye la celebración de grupos de trabajo de las personas inscritas en el Congreso previa a la celebración del mismo, así como la celebración de conferencias, ponencias, mesas Redondas y talleres para culminar con la celebración de un plenario y la entrega de los Premios Estatales de Voluntariado Social.

Según explicó el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, el objetivo del citado Congreso es propiciar un espacio participativo donde las entidades de voluntariado, las personas voluntarias, instituciones, organizaciones, Administraciones Públicas y agentes relacionados con el Voluntariado puedan analizar y reflexionar sobre la realidad del Voluntariado en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas fundamentalmente teniendo en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y la situación social y sanitaria generada por la pandemia de la Covid19.

“El voluntariado es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, luchando contra las desigualdades como en educación, salud, trabajo, género, así como la pobreza y la injusticia, abordando el cambio climático, participando desde lo local e interactuando entre todas aquellas personas y entidades de forma comprometida e inclusiva, con el fin de lograr un crecimiento sostenible de nuestras comunidades”, señaló Bermúdez, quien explicó que “la actual situación de pandemia ha generado un aumento notable de la solidaridad y la participación social activa, lo que ha traído consigo nuevos perfiles de las personas voluntarias más innovadores ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos”.

Entre las temáticas planteadas en el marco del XXII Congreso Estatal de Voluntariado se encuentran la erradicación de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Desde este marco se trataría de analizar y hacer propuestas sobre el papel y la labor que desarrollan las personas voluntarias, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas, reflejándose los distintos perfiles de Voluntariado, las fortalezas y necesidades de las Entidades de Voluntariado y su relación con las Administraciones Públicas en las diferentes áreas o ámbitos.

Otros temas a tratar serían el marco normativo, la financiación, el apoyo al desarrollo del voluntariado, la formación y la implantación del voluntariado en las diferentes áreas y campos de actuación, la seguridad jurídica para las personas voluntarias, además de la certificación y el reconocimiento de la acción voluntaria.

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Canarias solicita traspasar en bloque a los beneficiarios de PCI al Ingreso Mínimo Vital

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se adhiere a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para impulsar una pasarela automática para que las personas beneficiarias de la PCI pasen directamente a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

En Canarias, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos

Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes, 5 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.

Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.

A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.

“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.

“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.

Casi 16.000 familias beneficiaras

A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.

A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.

En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

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Tenerife contará en 2021 con más de 13,3 millones de euros para servicios sociales, un 35,6% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Tenerife contarán este año con un global que asciende a 13.349.402,78 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,62% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.755.866,43 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna los que cuentan con una mayor cuantía, con 3.189.390,18 euros y 2.053.405,20 euros, respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 35,6 por ciento para la capital tinerfeña y del 36,27 por ciento para La Laguna.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Tenerife

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Tenerife contarán con un global de 13.349.402,78 euros que se distribuye de la siguiente forma: Adeje, 353.248,68 euros; Arafo, 123.673,9 euros; Arico, 280.380,74 euros; Arona, 567.578,28 euros; Buenavista, 156.421,95 euros; Candelaria, 294.494,64 euros; Fasnia, 100.767,37 euros; Garachico, 191.632,10 euros; Granadilla, 558.772,37 euros; La Guancha, 206.175,91 euros; Guía de Isora, 267.833,48 euros; Güimar, 316.264,34 euros; Icod de los Vinos, 496.431,01 euros; La Laguna, 2.053.405,20 euros; La Matanza, 243.342,74 euros; La Orotava, 743.699,79 euros; Puerto de la Cruz, 475.347,76 euros; Los Realejos, 631.299,85 euros; El Rosario, 237.057,34 euros; San Juan de la Rambla, 128.751,12 euros; San Miguel de Abona, 174.288,52 euros; Santa Cruz de Tenerife, 3.189.390,18 euros; Santa Úrsula, 236.727,44 euros; Santiago del Teide, 143.037,74 euros; El Sauzal, 142.211, 03 euros; Los Silos, 118.685,83 euros; Tacoronte, 345.353,5 euros; El Tanque, con 100.512,41 euros, Tegueste, con 205.754,27 euros; La Victoria con 179.781,55 y Vilaflor, con 87.081,74 euros.

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Gran Canaria contará en 2021 con casi 13 millones de euros para servicios sociales, un 36% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria contarán este año con un global que asciende a 12.721.650,43 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,8% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.560.255,39 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, los que cuentan con una mayor cuantía, con 5.119.859,85 euros y 1.695.206,98 euros respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 32,5 por ciento para la capital grancanaria y del 35,5 por ciento para Telde.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para todos los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Gran Canaria

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Gran Canaria contarán con un global 12.925.898,16 euros para financiar servicios sociales comunitarios, distribuidos de la siguiente forma, por municipios:

Agaete contará este año con 164,867,32 euros; Agüimes, con 425.401,78 euros; Artenara con 85.188,62; Arucas, con523.758; Firgas, con 154.991; Gáldar, 506.081,06; Ingenio, con 506.081,06, Mogán, con 330.725,39; Moya, con 176.811,54 euros; San Bartolomé de Tirajana, con 647.213,43; La Aldea, con 187.062,62 euros; Santa Brígida, con 212.833,78 euros; Santa Lucía, con 893.420,07 euros; Guía, con 233.887,39 euros; Tejeda con 147.289,16 euros; Telde con 1.695.206,98 euros; Teror, con 211.307,23 euros; Valleseco, con 145.871,08 euros y Valsequillo, con 208.212,93 y la Vega de San Mateo, con 143.846,13 euros. Y, por último, Las Palmas de Gran Canaria, con 5.119.859,85 euros.

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Derecho Sociales celebra una jornada técnica sobre el proyecto de decreto de concierto social

En torno a 150 técnicos asistieron hoy a la jornada, realizada on line, en la que se abordó el contenido y objetivo del proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias

El director general de Derechos Sociales, del Gobierno de Canarias Javier Bermúdez, presentó hoy el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias, en una jornada técnica dirigida a profesionales y especialistas del área de trabajo social tanto de las Administraciones públicas como del personal de las entidades de carácter social.

La jornada, que contó con la participación de unos 150 profesionales del ámbito social, abordó en detalle el contenido y objetivo del citado proyecto de Decreto, incidiendo, entre otros aspectos, en su objeto y definición, ámbito reglamentario, qué tipo de servicios se pueden concertar y cuáles son sus aspectos jurídicos.

Este proyecto de Decreto permitirá que las Administraciones públicas puedan concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando dichas Administraciones no puedan prestarlos de manera directa o por medios propios, garantizando de esta forma, el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y servicios del catálogo contemplados en la Ley de Servicios Sociales.

Hay que recordar que la Dirección general de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado ya a consulta pública el proyecto de decreto cuyo objeto es desarrollar el régimen jurídico de los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados, con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma.

Para ello, las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa.

Consulta el documento sobre el proyecto de Decreto que regula el Concierto Social aquí:

Presentación Concierto Social

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El Hierro cuenta por primera vez con una técnica en valoración fija de Dependencia

“La presencia de esta técnica en la isla permitirá agilizar las valoraciones y tramitar los expedientes con mayor rapidez”, explica el director general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo canario, Miguel Montero

“Por primera vez, la isla de El Hierro contará con una técnica fija cuyo trabajo se centrará principalmente en la realización de labores de valoración de los Planes Individuales de Atención, es decir, de PIAs, para las personas en situación de dependencia. Esto nos permitirá agilizar y ponernos al día con los expedientes pendientes”, ha anunciado hoy el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero.

Según explicó el director general del área de Dependencia, “la presencia fija de esta técnica en la isla de El Hierro se enmarca dentro de la contratación, por tres años prorrogables a cuatro, de un total de 101 funcionarios interinos impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, que permitirá contar con más de un centenar de especialistas en las áreas de medicina, psicología, trabajo social, administración y auxiliar de administración que realizarán sus funciones en las áreas de dependencia y discapacidad, incluyendo una veintena de trabajadores sociales y profesores de educación especial para las Unidades de Atención Temprana de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura”.

En concreto, la incorporación de esta técnica fija en la isla de El Hierro permitirá agilizar la tramitación de un total de 66 expedientes pendientes de valoración del PIA. A este respecto, Montero resaltó que, si desde los tres Ayuntamientos de la isla, se asumiera, tal y como establece la actual normativa en materia de atención a la Dependencia, la realización de los Informes sociales, necesarios para la tramitación de los expedientes, el proceso se vería beneficiado ya que se podría agilizar la valoración de grado de las personas solicitantes de la ayuda de dependencia.

Montero recordó que la contratación de este nuevo grupo de personal técnico supone “la mayor incorporación de especialistas en el departamento de Dependencia realizada hasta la fecha, lo que permitirá darle un gran impulso al servicio y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y con discapacidad así como reducir la situación actual de las listas de espera”.

En este sentido, el director general indicó la voluntad del Ejecutivo canario es “continuar ampliando la actual plantilla y garantizar la estabilidad laboral y profesional de la misma con el fin de agilizar y asegurar una correcta atención a la población en situación de dependencia de las Islas”.

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Noemí Santana anuncia más presupuesto y mayor equilibro en el reparto de los fondos del IRPF

Canarias contará este año con 9,3 millones de euros para financiar proyectos sociales con fondos derivados del IRPF, lo que supone 1,6 millones más que la convocatoria de 2020, cerca de un 18% más

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explicó que su departamento ya ha diseñado las bases que regularán estas ayudas en 2021 que se volverán a realizar por concurrencia competitiva y de forma anticipada

“La situación social generada por el COVID-19 hace necesario que las entidades sociales cuenten con los fondos lo antes posible. Por eso, este año, hemos optado por conceder de forma directa – atendiendo a la resolución del año pasado- las subvenciones del IRPF”, anunció hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Este año, Canarias contará con 9.363.321 euros, lo que supone un incremento de 1.670.038,6 euros más que en la convocatoria de 2020, es decir, cerca de un 18% más que se traducirá en que más proyectos y programas sociales contarán con financiación.

“De esta manera, los fondos se distribuirán entre más entidades, logrando que el reparto sea más justo y equilibrado, pero esto sin dejar caer grandes proyectos que también son necesarios, y que llegan a un gran número de personas”, indicó la responsable del área.

Cambio en las bases para la convocatoria de 2021

Según adelantó Santana, “ya están cerradas las bases para proceder a la convocatoria de manera anticipada una vez que el Estado anuncie la cantidad que le va a corresponder a las comunidades autónomas para 2021 – y que se espera que sea mayor a la actúa-, a ejecutar en 2022”. De esta forma, explicó, “esto permitirá convocar las ayudas entre los meses de junio y julio y que las entidades puedan contar con los fondos desde principios de año”.

Con respecto al contenido de las bases, la Consejería mantiene las novedades introducidas en la convocatoria del 2019, con una línea específica de igualdad y de diversidad LGTBI, incluyendo la transversalidad de la perspectiva de género en todos los proyectos. Además, se reduce el número máximo de proyectos por entidad, pasando de 15 a 10 proyectos por entidad, así como se establece un límite general máximo de tres proyectos por líneas y se reduce el máximo de financiación por proyecto.

En este sentido, anunció que su departamento está trabajando en un plan que permitirá retomar la concurrencia competitiva para los años venideros, que pasa por la dotación de medios técnicos y humanos. Para ello, la Consejería tiene previsto el encargo de un aplicativo para mejorar la gestión de la convocatoria en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias.

“El objetivo es poder sacar la convocatoria de manera anticipada, para que las entidades con proyectos aprobados cuenten con los fondos a principios de 2022 lo que garantizará que puedan desarrollar sus proyectos con todas las garantías”, concluyó la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario.

A las subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pueden acceder las entidades del Tercer Sector de acción social así como las entidades u organizaciones no gubernamentales que estén legalmente constituidas que desarrollen programas que tengan por objeto cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

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Derechos Sociales acuerda el traslado de 40 menores inmigrantes no acompañados a Cataluña

Este acuerdo se suma al que ya se ha realizado con la comunidad de Castilla y León para el traslado de otros 25 menores.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, mantuvo un encuentro hoy con eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo – GUE/NGL, Sira Rego.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, anunció este miércoles el acuerdo alcanzado en el día de hoy con la Generalitat de Catalunya para el traslado de 40 menores inmigrantes no acompañados a esta comunidad. El acuerdo recoge la cesión de la tutela a la mencionada comunidad autónoma. Las derivaciones se realizarán en las próximas semanas.

“Es un acuerdo que se cierra en el marco de los encuentros que se han mantenido entre el Ministerio de Derechos Sociales con el conjunto de las comunidades autónomas para lograr un reparto solidario de los menores inmigrantes no acompañados que contemplase la cesión de la guarda y tutela a los distintos territorios”, explicó la consejera Noemí Santana.

Esta acuerdo se suma al que se cerró hace dos semanas con la comunidad autónoma de Castilla y León que se comprometió a asumir la tutela de 25 menores. Por tanto, de momento, Canarias ha logrado el compromiso de estas dos comunidades autónomas que suman un total de 65 plazas. En las próximas semanas se espera que se sigan sumando otros territorios.

A fecha de hoy, la cifra de menores tutelados por Canarias asciende a 2.652 menores. La Consejería de Derechos Sociales ha puesto en marcha un conjunto de 27 recursos de emergencia para la atención de esos chicos y chicas: 16 en Gran Canaria, 8 en Tenerife y 2 en Fuerteventura.

Encuentro con la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo – GUE/NGL

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, mantuvo un encuentro de trabajo con la eurodiputada y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo – GUE/NGL, Sira Rego, para analizar la situación de la migración en Canarias.

Entre otras cuestiones, se abordó la situación de los menores extranjeros no acompañados y de la necesidad de que la Unión Europea destine fondos específicos para su atención, tal y como se establecieron en el periodo 2010-2014 y que no se han vuelto a renovar. Una solicitud que la comunidad autónoma ya ha realizado por distintas vías y que la eurodiputada se comprometió a llevar al Parlamento Europeo.