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Los servicios sociales municipales contarán en 2022 con 41,2 millones, más del doble con respecto a 2019

La Consejería de Derechos Sociales y la FECAM firman el protocolo a través del cual se distribuyen los fondos para la financiación de los servicios sociales comunitarios y la atención a las familias en situación de vulnerabilidad de los municipios

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han rubricado el jueves, 3 de febrero, el protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los municipios, por un montante que asciende a 41.294.742 euros, 6.047.428 euros más que en 2021 y más del doble con respecto a 2019, cuando la inversión alcanzó los 20.182.927 euros.

“El Plan Concertado supone transformar los derechos en hechos”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, quien recordó que la firma del acuerdo se realiza a comienzos del año, “lo que permite que los ayuntamientos puedan contratar a los mismos equipos que tenían el año anterior, garantizando, de esta forma, la continuidad en el trabajo de personal tan esencial como es el de los servicios sociales municipales”.

“Desde que estamos en el Gobierno canario, hemos incrementado la cantidad destinada a los servicios sociales comunitarios cada año, aumentando en un 125% la financiación a este protocolo desde los 18 millones con los que contó en 2018 a los más de 41 millones de euros de 2022”, subrayó Santana.

Incremento de la financiación del Plan Concertado 2018-2022

“A nadie se le escapa que hemos pasado por una crisis social enorme, provocada por la pandemia, ante la que la mejor respuesta es dar más ayuda a quien más lo necesita. En eso vamos a seguir y no vamos a cejar en ese empeño”, enfatizó la consejera de Derechos Sociales, quien destacó que, con el fin de facilitar a los ayuntamientos la ejecución de las diferentes líneas de financiación de carácter autonómico, la convocatoria de 2022 ampliará el plazo de ejecución hasta marzo del año 2023.

La presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, destacó la importancia de la firma de este Plan Concertado que garantiza la continuidad de la labor que desarrollan los municipios canarios en atención a las familias y en personas en exclusión social o en riesgo de padecerla. El protocolo que firmamos hoy dotará a los ayuntamientos de más de 41 millones lo que supondrá un incremento con respecto al año pasado de un 16,86 %, permitiendo a los canarios el acceso a los derechos sociales en estos momentos en los que resulta imprescindible el apoyo de las instituciones públicas.

Según contempla el Protocolo firmado, el Plan concertado contará con una financiación de 17.000.000 euros; la línea de Prestaciones básicas de servicios sociales, una partida que asciende a 7.398.726 euros y la línea de apoyo a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con 12 millones de euros, a lo que hay que sumar la aportación del Estado a la línea de Prestaciones básicas de Servicios Sociales, casi 5 millones de euros, con lo que la suma total asciende a más de 41,2 millones de euros.

A través de este acuerdo se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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Derechos Sociales ejecuta el 92% de su presupuesto del 2021

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, destaca la ejecución récord de la Consejería: “Esta inversión récord es fruto del esfuerzo de este Gobierno por poner las herramientas necesarias para que así sea”, indica

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias ejecutó, durante el pasado 2021, el 92% del presupuesto gestionado por el equipo de la consejera Noemí Santana.

El departamento responsable de las políticas sociales del Ejecutivo regional utilizó la casi totalidad de los 521.279.697 euros con los que contaba en las cuentas autonómicas del pasado año, quedando como crédito disponible solo 30 millones, en su mayor parte, remanentes de IRPF y otras partidas que podrán ser usadas durante el presente año.

Noemí Santana, responsable del área, valoró positivamente el dato, que confirma la senda marcada durante el primer semestre del año, en el que la Consejería lideraba la ejecución de todas las áreas del Gobierno regional.

“Esta inversión récord es fruto del esfuerzo de este Gobierno por poner las herramientas necesarias para que así sea: más personal y más herramientas tecnológicas para mejorar la gestión”, indicó.

Manteniendo la inercia de la primera mitad del ejercicio, el capítulo de gastos corrientes, el que se destina a subvenciones o ayudas sociales fue el que concentró una mayor ejecución presupuestaria, con un 94% de los 358.996.056 euros consignados en las cuentas.

Santana, a su vez, destaca que esta inversión por parte del área de Derechos Sociales, permite al Ejecutivo coordinar con las administraciones del Archipiélago una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía. “Nunca se había ejecutado tanto dinero en políticas sociales en Canarias: hoy hay más dinero para ayuntamientos, más ayudas sociales y más dinero al sector social que nunca. Cuando más falta hace, más recursos se han ejecutado”, concluyó.

Derechos Sociales y el Ayuntamiento de Moya avanzan en la creación del nuevo centro sociosanitario

La futura residencia, con capacidad para más de 100 plazas, ofrecerá alojamiento, manutención, asistencia sanitaria de baja complejidad, área de rehabilitación, cuidados de enfermería y seguimiento médico periódico, entre otros servicios

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; la directora general de Dependencia, Marta Arocha, y el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, han celebrado una reunión de trabajo para continuar avanzando en la creación del nuevo centro sociosanitario en el municipio grancanario.

En la reunión de trabajo, Santana ha trasladado al alcalde de Moya su compromiso de que la residencia será incluida en el Plan ‘Canarias Te Cuida’ 2021-2027, impulsado por el Ejecutivo canario, con el fin de contar con un modelo basado en lo social y en los cuidados que se convierta en el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Por su parte, el máximo edil moyense trasladó a la consejera regional y a la directora de Dependencia la necesidad de que el municipio norteño cuente con un centro sociosanitario, dada la “elevada demanda” de este tipo de instalaciones para los y las habitantes de Moya y para el resto de municipios del norte de Gran Canaria. “La construcción de una nueva residencia para mayores, que tendría capacidad para dispensar cuidados y atención a más de un centenar de personas entre plazas residenciales y diurnas, es una reivindicación histórica del municipio que los vecinos y vecinas requieren”, destacó Afonso quien aseguró que “el objetivo del Consistorio, que ya trabaja en el anteproyecto de la instalación, es que éste pueda ser incluido en el Plan ‘Canarias Te Cuida’ de la Consejería regional y pueda acogerse a ayudas procedentes de la Unión Europea”.

El proyecto de la futura residencia de la Villa de Moya, que requeriría una inversión de unos 8 millones de euros, contempla la construcción de una infraestructura de tres plantas sin barreras arquitectónicas para ofrecer todas las facilidades a las personas con movilidad reducida. La instalación contará con un área administrativa y otro de atención sociosanitaria, además de espacios de convivencia, alojamiento y zonas comunes; mientras que estará situada en el casco de Moya, en las inmediaciones del CEIP Agustín Hernández Díaz.

El nuevo centro ofrecerá a los usuarios y usuarias alojamiento, manutención, asistencia sanitaria de baja complejidad técnica y actuaciones preventivas y/o rehabilitadoras permanentes, así como cuidados de enfermería, control y seguimiento médico periódico.

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Noemí Santana visita las obras de mejora del centro de la Asociación de Parkinson de Gran Canaria

La Consejería de Derechos Sociales concedió a la entidad en 2021 más de 60.000 euros para llevar a cabo las mejoras del recurso ubicado en Tafira Baja, en el que se atiende a unas 60 personas aquejadas por la enfermedad

“La Asociación de Parkinson de Gran Canaria cubre una necesidad a la que la Administración no llega, por eso resulta fundamental continuar apostando y financiando este tipo de recursos y programas de atención a las personas con parkinson y a sus familias”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que realizó hoy al centro que gestiona la Asociación Parkinson Gran Canaria en la zona de Tarifa Baja, en Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de conocer en persona el resultado de las obras de reforma llevadas a cabo en el mismo.

Los trabajos de acondicionamiento llevados a cabo en el centro “son un ejemplo más de la colaboración entre las distintas administraciones en un bien común como es la atención de las personas que más lo necesitan”, enfatizó Santana, quien valoró muy positivamente el resultado de las obras para cuya ejecución Derechos Sociales destinó unos 62.000 euros.

Momento de la visita al recurso de Tarifa Baja

Según explicó la directora de la Asociación de Parkinson de Gran Canaria, María Luisa Alemán, en la actualidad, la entidad atiende a unos 60 usuarios y ofrece un conjunto de servicios que incluyen atención social, fisioterapia, logopedia, atención psicológica, musicoterapia, animación sociocultural y alfarería, además de diversos programas específicos dirigidos al apoyo y asesoramiento a las familias.

La Asociación de Parkinson de Gran Canaria, entidad sin ánimo de lucro, ofrece una cobertura de carácter insular y provincial, atendiendo las demandas a nivel social, laboral, familiar, sanitarias, etc. de las personas con Parkinson. El centro, ubicado en la zona de Tarifa Baja, cuenta con un equipo de profesionales que incluyen fisioterapeutas, logopedas, psicóloga, trabajadoras sociales, auxiliares, técnicos, monitores y voluntariado que imparte actividades de musicoterapia, talleres de baile, taichí, entre otras actividades.

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Marta Arocha toma posesión como nueva directora general de Dependencia y Discapacidad

“Debemos seguir trabajando para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en Canarias” afirmó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el acto de toma de posesión de la nueva directora

Arocha, quien ya asumió responsabilidades al frente de esta dirección general en 2016, afirmó que su gestión se centrará en intentar reducir las actuales listas de espera

“Según los últimos datos del Imserso, Canarias está a la cabeza entre las comunidades que más y mejor están gestionando los expedientes de grado pero aún contamos con una situación muy complicada y debemos seguir trabajando para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en nuestra comunidad”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el acto de toma de posesión de la nueva directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife.

Noemí Santana, Marta Arocha y Marlene Santana

Santana, quien destacó la experiencia previa de Arocha en esta materia, afirmó que “estoy segura de que ayudará a seguir avanzando con el fin de lograr mejores resultados en cuanto a la atención a la población en situación de dependencia y discapacidad en nuestras Islas”.

Por su parte, Arocha agradeció la confianza depositada en su persona por parte de Santana y aclaró que su gestión “se va a centrar en reducir las listas de espera tanto en discapacidad como en dependencia y para ello contaré con el trabajo y la profesionalidad del personal del departamento sin cuyo esfuerzo no sería posible mejorar las cifras e ir reduciendo las actuales listas de espera”.

Marta Arocha es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Como gestora pública destaca su etapa al frente de la Gerencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife.

En el año 2016, asumió la responsabilidad al frente de la dirección general de Dependencia en la departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, donde también ocupó en su momento la Secretaría general técnica. En la actualidad, ocupaba el cargo de directora insular de Apoyo a la Presidencia, Organización y Planificación en el Cabildo de Lanzarote.

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Entra en vigor el reglamento que regula el Concierto Social de los Servicios Sociales en el Archipiélago

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy la nueva normativa por la que se fija el régimen jurídico de los conciertos sociales para la prestación de servicios sociales destinados a la atención social de la ciudadanía

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy jueves, 13 de enero, el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias, que establece el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en las Islas.

Con la aprobación de este Reglamento, se crea el marco jurídico que determina el alcance y significado de los conciertos sociales, entendidos como los instrumentos organizativos de gestión indirecta, de naturaleza no contractual, suscritos con personas físicas o entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, a través de los cuales se podrá encomendar la prestación de servicios sociales.

Además, mediante este reglamento se describen las modalidades de servicios y prestaciones, que precisen los requisitos de participación; se detalla el procedimiento de selección de las personas o entidades proveedoras de los servicios y se determinan los derechos y obligaciones de quienes presten el servicio, con especial referencia al sistema de remuneración de los costes.

De esta forma, en el citado reglamento, se definen los distintos servicios, las prestaciones que contemplan cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.

Pueden ser objeto de concierto la reserva y ocupación de plazas en centros y en servicios de carácter sociosanitario para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; la gestión integral de los servicios, prestaciones o centros previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se establezcan con la posibilidad de ser gestionados de manera indirecta y, cuando resulte más conveniente o eficiente, la gestión parcial de los servicios y de las prestaciones contenidos en el citado Catálogo de Servicios y Prestaciones.

Los servicios que opten a un modelo de concierto social deben disponer de autorización y/o acreditación administrativa y estar inscritos en el Registro Único de entidades, centros y servicios así como habrán de cumplir un conjunto de obligaciones de gestión y de control fijadas legalmente y desarrolladas en este reglamento.

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Derechos Sociales destina 1,5 millones de euros para los municipios afectados por el volcán

Pasado encuentro de las responsables de la Consejería con las concejalas del área de los tres municipios afectados

Noemí Santana explica que para la Consejería era “importante” coordinar estas ayudas con los servicios sociales municipales, porque son la primera línea de respuesta para las personas afectadas por la erupción

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha abonado a los municipios afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma 1,5 millones de euros para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos ante la situación de emergencia generada por el volcán. Los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte han recibido cada uno dos ayudas directas por un montante global de 500.000 euros, cantidad destinada a la contratación de personal o el abono de prestaciones sociales.

Noemí Santana, responsable de las políticas sociales del Ejecutivo regional, señala que para la Consejería era “importante la coordinación con los servicios sociales municipales porque son la primera línea de respuesta para las personas afectadas por la erupción”.

Derechos Sociales otorgó una primera ayuda de sus fondos propios de unos 100.000 a Tazacorte y El Paso y de 120.000 a los Llanos de Aridane como acción de emergencia tras la erupción y lo ha completado con una segunda subvención de 400.000 euros (380.000 en el caso de Los Llanos) antes del final del año, cantidad con la que los municipios contará para las políticas de reconstrucción que se están poniendo en marcha tras el cese de la actividad volcánica.

Este plan de acción desarrollado por la Consejería de Derechos Sociales fomenta la creación de una atención social que se desarrolla de una forma más directa y eficaz, propiciando con estos recursos la contratación de personal técnico y especializado que garantice la atención y la oferta de servicios y recursos necesarios para evitar las situaciones de exclusión y buscar una respuesta inmediata y personalizada a las demandas de la ciudadanía afectada, atendiendo a sus situaciones personales y familiares.

La subvención directa a estos ayuntamientos es una de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias para paliar los efectos de la erupción volcánica producida el pasado 19 de septiembre en La Palma.

Entre las acciones desarrolladas por la Consejería se encuentran la gestión de ayudas a la compra de enseres para las personas que han perdido sus pertenencias o el suplemento extraordinario a las 431 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 

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Perduran los pasillos rosas y azules que propician la compra de juguetes estereotipados

El ICI presenta los resultados de un estudio en el que se analiza la perspectiva de género en las jugueterías

El estudio, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) sobre perspectiva de género en las jugueterías canarias, concluye que persiste la práctica de asociar determinados artículos, profesiones y colores a cada sexo, un aspecto que según la directora del ICI, Kika Fumero, “sesga las posibilidades del imaginario de la elección infantil y reproduce creencias del mundo adulto patriarcal que establece esas diferenciaciones y la asignación del rol de abnegada cuidadora a la niña y de fortachón, valiente y aventurero a los niños”.

“Esta asignación -prosigue- no hace ni bien a las niñas, que ven limitada su proyección personal o profesional, ni a los niños, a los que les obliga a arriesgarse aún sin sentirlo o desearlo y desarrollar una masculinidad con la que no se sienten identificados”.

Como apunta el estudio en sus conclusiones, el sexo al que va dirigido el producto se posiciona como uno de los principales criterios para organizar los juguetes en las tiendas segregándolas en pasillos donde predomina el rosa para las niñas y en otros el azul para los niños.

En la misma línea, el estudio revela como el embalaje que se emplea en la fabricación bajo las consignas rosa o azul supone otro impacto grave en la infancia ya que, independientemente de los juguetes que lleven a casa, en las tiendas ven con este sesgo cientos de ellos. De acuerdo a los datos que arroja el informe la incidencia de estereotipos en el embalaje alcanza un 70%.

“La apuesta real por la igualdad -argumenta Kika Fumero- sigue sin ser una tema prioritario en las jugueterías, quizá tenga que ver con la escasa o inexistente normativa que regule el cumplimiento de esta temática, especialmente en cuanto a la fabricación de juguetes se refiere”.

El análisis del ICI también apunta a la persistencia en los precios de la conocida como tasa rosa o impuesto rosa. Un término que el colectivo feminista francés Georgette Sand comenzó a utilizar en 2014 para denunciar el sobreprecio que tenían que pagar las mujeres por adquirir productos y servicios, que con características similares a los dirigidos al público masculino, eran más caros. Se trata de una tasa que contribuye a ampliar la brecha de género y a producir segregación social, como otra forma más de discriminación para las mujeres y las niñas. La tasa rosa se detecta en más de un 10% de los productos de las tiendas especializadas y en un 14% en los de las grandes superficies de las islas.

Otro de los datos relevantes es la la ausencia de personas con discapacidad en los medios de promoción (cartelería, catálogos, escaparates…) y cuando aparecen son en su mayoría niños o niñas con gafas y en juguetes educativos.

Un mes de trabajo de campo

El objeto del estudio fue detectar cómo se reproduce el tratamiento de roles y estereotipos sexistas en el sector para lo que se realizó trabajo de campo en las distintas islas durante un mes, entre el 10 de junio y el 10 de julio de 2021.

Se realizaron visitas a diversos tipos de comercios vinculados, de forma especializada o no, con la venta de juguetes. Para la selección de los comercios se establecieron tres categorías: grandes superficies, tiendas especializadas y en tercer lugar, comercios mixtos, de tamaño pequeño o mediado y en los que además de otras cosas se venden juguetes (bazares, papelerías…). Se visitaron comercios ubicados tanto en entornos urbanos como rurales de las distintas islas.

El proceso de observación e interacción se hizo en diferentes etapas. La primera experiencia previa a la compra, en la que se analizaron las páginas web, folletos, redes sociales y escaparates; durante la compra, en la que se observó la disposición en las estanterías, el asesoramiento, los precios y la cartelería distribuida por la tienda; Por último, el momento posterior a la compra, cómo se realizaba el empaquetado, qué papel de regalo se empleaba y otros elementos como los recursos humanos.

En cada una de estas etapas se analizaba el predominio de un sexo en particular, la asignación de profesiones o roles por sexo, la sexualización; el uso sexista; los colores y elementos decorativos para cada sexo; el uso sexista del lenguaje; la diversidad cultural y funcional la existencia de pasillos rosas; la inclusión de la tasa rosa en el precio; el uso del criterio sexo en el asesoramiento o las recomendaciones basadas en los estereotipos de género.

“Es hora de impulsar la reflexión -ahonda Kika Fumero-, no solo entre las personas que compran, como hemos hecho hasta ahora, sino también entre quienes fabrican los juguetes; quienes establecen tasas rosas para encarecer juguetes destinados a niñas y marcados de estereotipos; y quienes deciden cómo se colocan en las estanterías de las tiendas y los distribuyen en pasillos rosas o azules. Desde las empresas se debe dar un paso al frente para cambiar esa mirada sexista que ya, desde el mismo juego, marca itinerarios de desigualdad en la infancia así como en la asignación de roles”.

Por una venta sin estereotipos

Con motivo de las fiestas navideñas y el incremento de ventas de juguetes, el (ICI) lanzó este mes una campaña de sensibilización sobre la importancia de ofrecer juguetes no sexistas. “Por una venta sin estereotipos, defendamos la libertad de diversión” es el lema de los anuncios que se están difundiendo en radios, televisión, medios digitales y redes sociales.

En esta campaña, los propios juguetes, un dinosaurio cansado de luchar y una muñeca que no quiere continuar colocada en un pasillo rosa de la tienda, se rebelan y hacen un llamamiento para reivindicar la libertada de diversión.

Enlace ESTUDIO

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Derechos Sociales incrementará a partir de enero la Prestación Canaria de Inserción en igual porcentaje que el IPC

La medida beneficiará a casi 9.200 familias beneficiarias de esta prestación económica en Canarias

Las personas beneficiarias de la PCI, PNC y Fondo de Asistencia Social recibirán a partir del 22 de diciembre, la nómina mensual y el suplemento extraordinario de 250 euros anunciado por Derechos Sociales

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias incrementará a partir de enero de 2022 la actual cuantía que reciben en nómina de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en la misma cuantía porcentual de incremento del IPC en el Archipiélago. Este incremento beneficiará a las casi de 9.200 unidades familiares perceptoras de esta prestación económica lo que implica en torno a unas 13.700 personas beneficiarias.

“Esta medida es una muestra más de nuestra determinación por mejorar está prestación, que a lo largo de la legislatura ha sido modificada en varias ocasiones para tratar de dar una cobertura más amplia a la población que más lo necesita en las islas”, enfatizó la consejera de Derecho Sociales, Noemí Santana.

Por su parte, el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, indicó que “este incremento se realiza con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo por parte de las familias que reciben esta ayuda en Canarias”. El aumento será también de aplicación para los importes mínimos de la ayuda y será efectivo siempre y cuando el IPC de Canarias sea positivo.

El incremento de las cuantías del PCI se suman a las medidas impulsadas por Derechos Sociales con el fin de apoyar a las personas y familias en situación de exclusión o de vulnerabilidad social en las Islas así como para paliar los efectos del Covid-19 en Canarias.

En este sentido, Bermúdez adelantó que, a partir del próximo 22 de diciembre, se procederá al abono de las nóminas de la PCI, así como del abono de una prestación extraordinaria de 250 euros aprobada por Derechos Sociales. Este suplemento extraordinario se aprueba por segundo año consecutivo para las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, al objeto de paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19. Esta medida afectará a 52.457 familias canarias.

A este respecto, Noemí Santana recordó que “cuando llegamos al Gobierno jamás se había dado un complemento en navidad para las familias que reciben la PCI. Lo dimos el año pasado por primera vez y este año lo volveremos a ingresar”.

Igualmente, el Ejecutivo canario, convalidado por el parlamento de Canarias, ha aprobado un suplemento extraordinario a las personas titulares de la PCI residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte con el fin de ayudar a paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica.

Para hacer frente a estas medidas, Derechos Sociales destinará un montante que supera los 13,2 millones de euro, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, hace unos días en sede parlamentaria.

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Dependencia destina 52.000 euros a la mejora de la accesibilidad de espacios públicos de Valverde

El director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, visitó hoy El Hierro para conocer las actuaciones que se financiarán a través de la líneas de subvenciones para la ejecución de programas dirigidos a la prevención de la discapacidad y/o la dependencia

“Desde el Gobierno canario se entiende la Accesibilidad como una política integral y no como una acción de carácter sectorial vinculada a la Dependencia y la Discapacidad”, aclaró el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, durante la visita que realizó hoy al municipio de Valverde, en El Hierro, junto al alcalde, Antonio Chinea, con el fin de conocer en persona los tres proyectos que se financiarán en este municipio a través de la convocatoria de subvenciones dirigidos a fomentar los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

Según indicó Montero, se trata de proyectos ejecutados por el Ayuntamiento y dirigidos a promocionar la accesibilidad y adecuación de espacios públicos no administrativos, siendo el de Valverde el ayuntamiento que más proyectos presentó a esta convocatoria. En este sentido, Montero matizó que, gracias a esta línea de subvención de la convocatoria de ayudas, “los ayuntamientos cuentan con fondos para hacer accesibles sus instalaciones, edificios y actividades”.

“El próximo año, el 2022, será el año de la Accesibilidad en Canarias, avanzó el director general de Dependencia y Discapacidad, no solo por la ley entregada al Parlamento que esperemos aprueben los grupos por unanimidad, sino porque en los presupuestos se contemplan una partida de 500.000 euros para esta materia, 400.000 euros para un Fondo de Accesibilidad y 100.000 euros para el primer Punto de información”.

En cuanto a los proyectos concretos impulsados por el Ayuntamiento de Valverde, se ha concedido un total de 51.904,12 euros, que se destinarán a la realización de obras para la eliminación de barreras físicas en el Patronato insular de Música-Escuela de Adultos, con un montante de  9.630 euros; la adquisición de productos de apoyo para la eliminación de barreras físicas en la ludoteca Mocanal, proyecto que contará con 23.547’53 euros, y la adquisición de producto de apoyo para la eliminación de barreras físicas en el Centro cultural Asabanos, con una partida de 18.726,59 euros.

Estos proyectos han recibido financiación en el marco de la convocatoria de subvenciones de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad dirigida a fomentar los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, a través de las cuales se financian este año un total de 125 proyectos en toda Canarias con una inversión global que asciende a casi 5 millones de euros.

A esta convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, han podido acogerse las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Canarias y cuyos proyectos contemplen la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia así como de sus familias y entorno, tales como programas de atención temprana, de promoción de la autonomía personal, iniciativas dirigidas a logar hogares accesibles, proyectos de especialización ambulatoria y a domicilio para personas con discapacidad o la protección mediante la tutela para personas con discapacidad intelectual, así como proyectos dirigidos a la adecuación de servicios y adecuación de edificios públicos no administrativos, a los que pueden acceder los Ayuntamientos, tal y como es el caso del Ayuntamiento de Valverde.

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