A través de estos fondos se financian, entre otros, los servicios de atención primaria y comunitaria, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, el personal municipal destinado la Prestación Canaria de Inserción o la Renta Ciudadana

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias destinará este año 38.094.742 euros para financiar las prestaciones sociales de los Ayuntamientos canarios. Con esta cantidad, que ya se ha tramitado de manera anticipada con el fin de dar continuidad a los programas y facilitar su gestión a los ayuntamientos desde los comienzos del año, se financiará parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción. Del total, 1.696.016 euros son de aportación estatal, que se espera se incremente durante el año en 3.605.923,46 euros adicionales, con lo que el presupuesto final en esta materia alcanzaría los 41.700.665,46 euros.

Como explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, esta inversión supone que el Gobierno de Canarias duplica, con presupuesto propio, en 2023, la financiación con la que contó al comienzo de la legislatura actual en 2019. “Descontando la aportación de 1,7 millones de euros que realiza el Estado para esta anualidad, el Gobierno de Canarias financia este año los servicios sociales municipales con 36.398.726 euros, mientras que en el año 2019, se presupuestaron 18.339.789,57 euros, casi la mitad”.

A iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación que tiene como fin que los ayuntamientos canarios puedan seguir dando continuidad a los programas que ya realizan en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como de apoyo a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción.

El objeto del citado Protocolo es la distribución de los créditos entre los Ayuntamientos de Canarias, mediante tramitación anticipada para el año 2023 con el objetivo de dar continuidad a los Programas dirigidos a la financiación de los servicios sociales de atención primaria y comunitarios.

Esta tramitación anticipada permite que las entidades locales cuenten con los fondos desde principios de año, lo que permite una mayor sostenibilidad, eficiencia y recursos para la atención a las necesidades sociales desde las administraciones locales.

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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El manual se dirige a profesionales y contiene 10 fichas para abordar diferentes temas como el amor romántico, el patriarcado, el feminismo, las relaciones de pareja o la inteligencia emocional

La Dirección General de Juventud ha editado la guía didáctica destinada a profesionales que trabajen con adolescentes con la finalidad de ofrecer herramientas prácticas dirigidas a potenciar las masculinidades no violentas. Se trata de una reedición adaptada a la realidad canaria de la primera guía editada en 2019 y elaborada por la Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual, escritora y profesora, Coral Herrera. En esta nueva edición con adaptación metodológica han colaborado las dos agentes de igualdad Irene Negrín León y Diana Pérez Saavedra.

La guía ofrece hasta 10 fichas para abordar diferentes temas como el amor romántico, el patriarcado, el feminismo, las relaciones de pareja o la inteligencia emocional. Además, incluye una ficha evaluativa y de seguimiento de cada sesión que tienen como objetivo conocer los aspectos a resaltar o las dificultades de ejecución, lo que permitirá mejorar las fichas en próximas ediciones.

Como se argumenta en la guía, las actividades se fundamentan en poner la filosofía de los cuidados en el centro para ayudar a construir relaciones basadas en los buenos tratos y el respeto mutuo, incidir en la resolución de conflictos, visibilizar que la violencia no es solo física, trabajar la autoestima, desprenderse de los miedos y trabajar la diversidad para vivir su sexualidad y sentimientos en libertad, entre otros.

Cada ficha se compone por dos lecturas y dos dinámicas que se pueden realizar en dos sesiones de aproximadamente una hora y media cada una. En cada herramienta se establecen una serie de indicaciones que determinan el orden de trabajo, así como la población juvenil destinataria recomendada y su formato de trabajo, en grupo grande o pequeño y con la opción de dividir el grupo por sexo y género, trabajando el mismo material. Hacer grupos mixtos, o solamente con chicos.

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El porcentaje de financiación por parte del Ejecutivo canario a los convenios de prestación de servicios para personas dependientes y con discapacidad alcanza el 72,6% del total y pasa de 158,09 millones de euros de 2018 a 264,19 millones en 2023

Canarias contará en este nuevo año con un incremento de la financiación de los servicios para prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, de 106 millones de euros con respecto a 2018, pasando de 158,09 millones de euros de 2018 a 264,19 millones en 2023. Según explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en 2023, con la aprobación de las cuartas adendas de los convenios rubricados entre el Ejecutivo canario y cada uno de los Cabildos insulares, la aportación del Gobierno canario a estos convenios pasará de 109,63 millones en 2018 a 191,72 millones en 2023, es decir, 82 millones de euros más. Esto supone un incremento, en cuanto a la aportación a estos acuerdos por parte del Ejecutivo regional, de 3,2 puntos porcentuales, pasando de financiar en 2018 el 69,4 % del total a financiar el 72,6 % del total en 2023.

Por su parte, la aportación global de los Cabildos pasa de 48,45 millones (el 30,6% en 2018) a 72,47 millones en 2023 (el 27,4% del total de la financiación).

Por islas, destaca el crecimiento de La Gomera en relación con el número de plazas sociosanitarias que pone en funcionamiento el próximo año 2023, pasando de 125 plazas en 2018 a 244 en 2023. Asimismo, crece en servicios como la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio, con 5.040 horas conveniadas.

De hecho, la financiación de La Gomera crece de manera muy importante, pasando de 2,1 millones de euros en 2018  a un total de 5,7 millones en 2023, de los que 4 millones de euros son aportación de Derechos Sociales y 1,7 millones del Cabildo gomero. Estoy implica que se dobla la aportación a la financiación de los servicios de atención a la dependencia en la isla entre 2018 y 2023, y ello se debe a la importante apuesta en el crecimiento de número de plazas, en la promoción de la autonomía personal y en el servicio de ayuda a domicilio. Hay que recordar que el Cabildo de La Gomera no tiene lista de espera en materia de dependencia.

Igualmente, se produce un importante crecimiento de la isla de Lanzarote en plazas de teleasistencia (194 plazas); en promoción de la autonomía personal, con 203.520 horas de prestación y en el servicio de ayuda a domicilio, con 232.200 horas, lo que supone un incremento de la financiación por parte del Gobierno regional en 5 millones de euros respecto a la adenda anterior. De esta forma, la isla de Lanzarote contará con una inversión en materia de dependencia en 2023 que asciende a 21 millones de euros, de los cuales 17 millones de euros son aportación de Derechos Sociales y 4 millones del Cabildo insular. Con el crecimiento que experimenta en 2023 se pretende atender a 800 personas dependientes y conseguir terminar con la lista de espera en la isla en 2023.

En cuanto a La Palma, se incrementa de forma importante la promoción de la autonomía personal con 35.350 horas y el servicio de ayuda a domicilio con 441.000 horas, pasando de una financiación de  9 millones de euros en 2018 a 26 millones en 2023 (19,7 millones de euros del Gobierno canario y 6,4 millones del Cabildo).

Por su parte, la isla de El Hierro también verá incrementada su financiación de forma importante respecto al 2018, pasando de 1,5 millones de euros a 2,8 millones (2,1 del Gobierno y 700 mil el Cabildo) creciendo en los últimos años la ayuda a domicilio y la promoción de la autonomía personal con 20.400 y 14.400 horas respectivamente.

La isla de Fuerteventura mantiene sus servicios, con una financiación de 4 millones de euros, de los cuales 3,1 son aportados por el Gobierno de Canarias y 900 mil por el Cabildo Insular. Manteniendo así las 215 plazas con las que cuenta y las 2400 horas de promoción de la autonomía personal.

La isla de Tenerife pasará de 67 millones de euros en 2018 a 111 millones en 2023 (78 millones aportación del Ejecutivo canario y 33 millones de euros del Cabildo), con un crecimiento en teleasistencias que pasa de 848 a 1188 plazas y en promoción de la autonomía personal con 358.200 horas, además del mantenimiento de las más de 4.900 plazas entre residenciales y centros de día.

Por último, la isla de Gran Canaria también aumenta la financiación a los servicios de atención a la dependencia, pasando de 65,9 millones en 2018 a 92,7 millones de euros en 2023 (66,8 del Gobierno de Canarias y 25 millones del Cabildo insular), a lo que hay que sumar el mantenimiento de las casi 4.500 plazas existentes en la isla, así como las 2.252 teleasistencias y la importante promoción de la autonomía personal y ayuda a domicilio que ascienden a 213.690 y 133.354 horas respectivamente.

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Instar a la toma de conciencia y reflexionar sobre la importancia de romper los estereotipos y cultivar la igualdad desde y a través del juego, es el objetivo de la campaña presentada por la directora del ICI, Kika Fumero

La directora del ICI presentó ‘Jugamos por la Igualdad. Guía de Buenas Prácticas para profesionales del ámbito de la juguetería’, dirigida a contribuir a minimizar las prácticas sexistas en el sector del comercio de juguetes

Romper los estereotipos adultos acerca de qué juguetes son de niñas o cuáles de niños es el objetivo de la campaña ‘Rompe los papeles, envuelve en igualdad’ presentada hoy por la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero.

“Durante las fiestas navideñas es cuando más se incrementa la venta de juguetes, unos regalos que tendemos a envolver con papeles de princesas para ellas y de cochecitos para ellos, perpetuando unos estereotipos que redunda en la diferencia y no en la igualdad, entre las personas. Por eso, este año, hemos querido poner el foco en algo que a priori puede parecer inocente, como es el papel que envuelve los juguetes, pero no lo es ya que perpetúan costumbres discriminatorias que no ayudan a construir una sociedad igualitaria”, explicó Fumero, quien recordó que la campaña se difundirá a través de los medios de comunicación (radios, televisión, medios digitales) y redes sociales a lo largo del mes de diciembre.

‘Rompe los papeles, envuelve en igualdad’ , lema de la campaña puesta en marcha por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través del Instituto Canario de Igualdad, sigue la sintonía de las anteriores campañas, buscando generar una toma de conciencia y reflexionar sobre la importancia de cultivar la igualdad también desde y a través del juego.

“En esta ocasión, indicó Fumero, el objetivo es generar la implicación en toda la cadena de compra: quienes ofrecen, quienes eligen, quienes envuelven esos regalos para que lleguen a niñas y niños sin sesgos sexistas. Porque los juguetes son para jugar y puede hacerse con cualquier juego, con cualquier color, envuelto en cualquier papel”.

De esta forma, la creatividad de la campaña se ha centrado en el envoltorio como el símbolo de esos estereotipos arraigados de qué es apropiado para unas y otros e invita a reflexionar sobre si queremos que nuestras ideas preconcebidas conformen a a la ciudadanía del futuro.

Jugamos por la Igualdad. Guía de Buenas Prácticas para profesionales del ámbito de la juguetería

En el marco de la presentación de la campaña, la directora del Instituto Canario de Igualdad hizo referencia al documento Jugamos por la Igualdad. Guía de Buenas Prácticas para profesionales del ámbito de la juguetería, elaborado por el Ejecutivo canario, a través del ICI, tras el análisis de un total de 104 jugueterías y fabricantes del sector del juguete de las islas.

El estudio, de entre los datos más relevantes, destaca la ausencia de personas con discapacidad en los escaparates, hasta en el 89% de los casos. Cuando aparece, son en su mayoría niñas o niños con gafas y en juguetes educativos. Además, se subraya la importancia de añadir diversidad en los escaparates: corporal, cultural, étnica, discapacidad…

“Esta Guía surge como un eslabón más en la tarea de acciones dirigidas a la prevención, la sensibilización y la formación en igualdad y diversidad”, explicó la directora del ICI, quien señaló que el objetivo es “impulsar la reflexión entre quienes fabrican los juguetes, quienes deciden cómo se colocan en las estanterías de las tiendas y los distribuyen en los pasillos rosas o azules”.

La Guía, que parte del análisis de sector a partir de aspectos como el análisis de medios de promoción previa a la comprar, los elementos que condiciona la compra, el empaquetado de los productos y otros elementos como el embalaje de los juguetes, ofrece un conjunto de buenos hábitos y pautas dirigidas a contribuir a minimizar las prácticas sexistas en el sector del comercio de juguetes.

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Bajo el lema ‘Con la familia elegida, también es Navidad’, el área de Diversidad del Gobierno de Canarias lanza una campaña dirigida a dar valor a las familias elegidas como espacios seguros de celebración de las fiestas navideñas para las personas LGTBI+

“La Navidad es identidad y acervo cultural, pero para algunas personas puede ser un tiempo de recuerdos dolorosos donde la tradición de reunir a la familia o la nostalgia de los ritos heredados devuelven imágenes de tristeza e incomprensión”, indicó el director general de Diversidad, Víctor Ramírez, en el transcurso de la presentación de la campaña ‘Con la familia elegida, también es Navidad’.

La campaña, que centra su difusión a través de las redes sociales y medios digitales, busca lanzar a la sociedad el mensaje de disfrutar durante las celebraciones navideñas de la familia que respeta y quiere, ya sea esta la biológica o la elegida, “pero siempre de aquella familia en la que las personas se puedan expresar sin tapujos y con la confianza que sentirse en un espacio de cariño y protección”.

“La iniciativa tiene como eje central el recuerdo del sabor de los dulces caseros; sabores y olores que no se olvidan pero que, mientras para algunas personas son preciados tesoros, para otras responde a momentos vividos de dolor e incomprensión”, explicó Ramírez quien recordó que “hablar de navidad es hablar de familia, y hablar de reuniones navideñas con aquellas familias tradicionales excluyentes que no admiten la diversidad en su núcleo, lo que sigue siendo para muchas personas del colectivo LGTBI+ un momento doloroso en el que se sienten el rechazo por su entorno familiar, por lo que tienen que ocultar su identidad como persona LGTBI+”.

Según explicó el director general de Diversidad, “el concepto de familia ha evolucionado en nuestra sociedad, existen tantos modelos diferentes como variedad de relaciones íntimas y afectivas y, por supuesto, la familia ya no es solo la que se integra por las personas a las que unen lazos biológicos, sino también la que se elige libremente, desde la amistad, amor y respeto. Por ello, es importante lanzar a la sociedad que también la familia elegida, no solo la biológica, nos une y cobija en estas fiestas navideñas”.

VER VÍDEO DE LA CAMPAÑA ‘CON LA FAMILIA ELEGIDA TAMBIÉN EN NAVIDAD’

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El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía, lo que supone “un avance firme y decidido hacia una sociedad más igualitaria”, en palabras de la consejera de Derechos Sociales

La nueva Ley sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que garantizan una protección social para la población más vulnerable

“Hoy es un día histórico para Canarias. Hoy el derecho a una vida digna empieza a ser una realidad. Hoy nuestra tierra es un lugar más justo”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy en sede parlamentaria del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.

La nueva ley, que consolida a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente, “supone un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”, aseguró la consejera quien recordó que “cuando asumimos la responsabilidad al frente del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, además de mejorar las cuantías que reciben las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más generosa que la actual PCI.

De esta forma, la Ley de Renta de Ciudadanía impulsada por el Ejecutivo canario regula el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades. Además, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Además, la renta de ciudadanía complementa al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión, y en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

Igualmente, la nueva Ley permitirá la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social definidas en el artículo siguiente y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

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Canarias es la primera comunidad española en contar con un programa específico con diferentes acciones dirigidas a formar, prevenir, sensibilizar, detectar y actuar frente a la violencia infantil

El programa Clave-A, impulsado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, ha formado ya a más de 1.500 profesionales en Canarias, en materia de sensibilización, detección y actuación de violencias sexuales en personas menores de edad

El programa Clave-A de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia pone en marcha un conjunto de nuevos cursos de formación dirigidos a profesionales del ámbito educativo, Tercer Sector, deportivo, de ocio y tiempo libre, infancia y familia y Ampas, a los que se podrá acceder de forma gratuita.

Estos cursos se suman a los ya impartidos en materia de sensibilización, detección y actuación de violencias sexuales en personas menores de edad, en los ámbitos de centros educativos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, así como a entidades del tercer sector, clubes deportivos, empresas de ocio y tiempo libre, a través de los cuales se han formado a más de 1.500 profesionales en Canarias.

Según indicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, “el programa Clave-A constituye una herramienta potente para luchar contra la violencia infantil en todos los ámbitos, y para ello, contamos con el mejor equipo de docentes en esta materia de España”. “De hecho, subrayó, la 2ª edición del curso de sensibilización, prevención e intervención frente a las violencias sexuales infantiles cuenta ya con más de 400 personas preinscritas, a pesar de que aún no se ha abierto la inscripción oficial”.

Por su parte, el director General de Ordenación, Innovación y Calidad del Ejecutivo canario, Gregorio José Cabrera Déniz, anunció que “con el fin de lograr que los centros educativos canarios sean espacios seguros y protectores para el alumnado, los centros educativos no universitarios contarán durante este curso con la figura de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado, para lo cual se ha contado con el diseño y próxima implementación y certificación de un curso específico de ‘Coordinación para el bienestar y la protección del alumnado’.

En esta misma línea se está trabajando desde la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias al objeto de concretar el contenido del curso de formación ‘Delegado/a de Protección al Menor y Profesionales que trabajen de forma habitual con personas menores de edad’, que se ofrecerán a todas las Federaciones y Clubes Deportivos y entidades de ocio y tiempo libre.

En palabras del Magistrado Tomás Luis Martín del Juzgado de Instrucción nº3, Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, “La relevancia de los cursos que se impartirán, y que encajan dentro de los fines y principios de Clave A, deriva de la pretensión de alcanzar los objetivos marcados por la Ley, y en cuanto que formamos parte de la sociedad, nos marcamos como objetivo el promover activamente esta lucha contra la violencia sobre la infancia y adolescencia asumiendo que es un imperativo derivado de los Derechos Humanos”.

Hay que recordar que Clave-A es un programa pionero en España cuya primera acción se ha centrado en la formación en sensibilización y concienciación sobre cualquier tipo de violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

Según explica la responsable del desarrollo del programa, Sonja Arup, presidenta de la asociación STAR-UP, el plan de actuación cuenta con una multitud de proyectos y recursos (infografías, actividades didácticas, vídeos y guías) que han sido supervisados a nivel técnico por todas los ámbitos implicados en el programa, desde las consejerías de Derechos Sociales y Educación, pasando por el juzgado de violencia contra la infancia, el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Menores y Familia de la Policía Canaria y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, contando también con la colaboración de la Fundación MAPFRE Guanarteme.

Más información sobre los cursos y del equipo docente en CLAVE-A

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El área de Derechos Sociales ha tenido un aumento del 206,61% de beneficiarios incorporados al sistema en relación a 2018

La Consejería de Derechos Sociales continúa poniendo al día el sistema de Dependencia y ha abonado en lo que va del presente año 11.090.013,11 de euros con carácter retroactivo a personas que llevaban años esperando por prestaciones económicas en el archipiélago. En 2022, la nómina de estas prestaciones económicas asciende a 64.994.268,31 euros, 13 millones más que en 2018.

La consejera Noemí Santana recalca que necesitamos consolidar este camino para depurar las listas de espera, pero que este pago en atrasos «supone un acto de justicia con las personas que han padecido la gestión de la Dependencia en las islas. Un área que históricamente ha sido la gran olvidada. Desde la Consejería de Derechos Sociales siempre hemos peleado por una mayor financiación y por un refuerzo de los recursos humanos para este área y gracias a ello estamos viendo resultados que nos muestran el camino a seguir».

El área de Derechos Sociales ha tenido un aumento del 206,61% de beneficiarios incorporados al sistema en relación a 2018.

El departamento de Dependencia ha atendido en datos netos durante el mes de noviembre a 527 personas en grado, 817 en PIAS (Programa Individual de Atención) y 851 en prestaciones, lo que supone hasta el mes de noviembre un total de 4899 personas con grado reconocido en 2022, frente a la cifra en negativo de 31 personas de 2018. Además, en este año se ha reconocido a 7017 personas con PIA, frente a las 2.283 de 2018. Mientras que en el caso de las prestaciones económicas reconocidas se alcanza la cifra de 9.021 prestaciones reconocidas en comparación con las 2.390 de 2018

Canarias tiene en la actualidad 33.804 personas con PIA reconocido frente a las 21.638 de 2018. De estas, 18.508 son prestaciones económicas un 44,13 % más que en 2018 (12.841).

Santana recalca que «esta mejoría, que nos permite mirar con optimismo al objetivo de llegar a 2024 erradicando la lista de espera en Dependencia, es producto del esfuerzo colectivo de todo el equipo del área, que comparte el objetivo de situar a las personas dependientes y a sus familias en un lugar prioritario de las políticas sociales de las islas».

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El Diagnóstico, elaborado por el ICI, revela que el 71% de las encuestadas han vivido violencias machistas fuera de la pareja, y cerca de la mitad los agresores eran hombres de la familia. Las humillaciones, desprecios y aislamiento social son las violencias más habituales detectadas en el seno de la pareja o expareja

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, presentó este viernes el Diagnóstico sobre Mujeres con Discapacidad y Violencia de Género en Canarias en el que, entre otros asuntos, se evidencia que el mayor obstáculo que las mujeres encuentran para denunciar, o contar la violencia que han sufrido, es la falta de credibilidad del entorno. Como arroja el estudio elaborado a partir de las encuestas realizadas a 219 mujeres con discapacidad residentes en Canarias y 18 entrevistas a profesionales, el 40% de las personas a quién se le confía el testimonio duda de la veracidad de sus testimonios y en el 92% de las ocasiones, alguien dudó de la veracidad.

Kika Fumero contextualizó el informe en la celebración del 3 de diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad y aseguró que “se trata de un diagnóstico sin precedentes, en Canarias no teníamos datos, y sus resultados, datos alarmantes, presentan una realidad nada deseada que pone de relieve la reacción urgente que debemos tener desde la administración”. “Ahora sí tenemos una fotografía que se aproxima mucho a la realidad y ahora sí tenemos una base fundamentada para empezar a diseñar políticas públicas al respecto”.

La directora resaltó que “el 27% de los feminicidios desde 2019 fueron de mujeres con discapacidad” y del total de las ayudas económicas solicitadas al ICI en 2021, “el 15% fueron mujeres con grados reconocidos con discapacidad”.

El Diagnóstico, elaborado por el ICI, revela que el 71% de las encuestadas ha vivido violencias machistas fuera de la pareja, y cerca de la mitad (47%) eran hombres de la familia, el 29% eran desconocidos, el 21% conocidos y el 3% un cuidador.

En el seno de la pareja o expareja, las violencias más habituales fueron las humillaciones, desprecios o aislamiento social. El 72% de los casos, el hombre quería saber en todo momento dónde estaba y se enfadaba si hablaba con otros; el 77% la menospreciaba o humillaba delante de otras personas; El 75% era amenazada por el agresor con hacerle daño. En el 57% de los casos utilizaban su discapacidad para menospreciarla y el 74% se ha sentido intimidada o asustada.

También han expresado haber vivido violencia económica el 65% de las mujeres violentadas. En cuanto a la violencia física, el 58% fue abofeteada o golpeada con algún objeto. El 35% amenazada. El 59% fueron obligadas a mantener relaciones sexuales sin desearlo por miedo de lo que podía hacer si se negaba.

La discapacidad, consecuencia directa de la violencia

En cuanto a las consecuencias, el 35% considera que su discapacidad es resultado directo de la violencia de género, un 31% manifiesta padecer algún tipo de trastorno o enfermedad mental como consecuencia de la violencia de género, y el 34% ha tenido pensamientos suicidas o deseo de autolesionarse.

Los síntomas más habituales tras ser agredidas han sido la ansiedad (79%), tristeza (78%), sentimiento de inutilidad (75%), cambios de ánimo (73%), ganas de llorar sin motivo (70%), angustia (60%), insomnio (57%), irritabilidad (54%) y fatiga permanente (41%). Pérdida de autoestima (76%), depresión (69%) y sentimiento de enfado, rabia e ira (60%). La ansiedad, el miedo, ataques de pánico (55%), sentimiento de desesperación e impotencia (52%), problemas de sueño y alimentación (51%), problemas de concentración o falta de memoria (39%).

El 17% nunca lo había contado antes y entre las que lo han contado, cerca de la mitad, el 47%, fue porque se había descubierto o porque habían sido preguntadas directamente.

En el 45% de las ocasiones manifestaron que no denunciaban la situación de violencia porque la relación había finalizado y preferían no recordar, por miedo al agresor o por vergüenza.

Un 27% solicitó ayuda a través de Servicios Sociales especializados en la Atención a la Violencia de Género (SIAM, DEMA, CAI, ETC.), el 10% en los Servicios Sociales Municipales y el resto a través del 112, 016 o profesionales de referencia. El 42% tuvo problemas de algún tipo para acceder a la ayuda y el 30 % no acudió a ningún sitio a solicitar ayuda.

El objetivo de este estudio, fruto del protocolo establecido entre el ICI y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, CERMI-Canarias, ha sido conocer la situación y factores determinantes de la mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en Canarias con relación a la violencia de género.

En total se encuestaron a 219 mujeres con discapacidad residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, entre el 3 de junio y el 11 de agosto de 2022, y se mantuvieron entrevistas con 18 profesionales del ámbito de la discapacidad y a profesionales de la red de atención a la violencia de género.

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La viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Gemma Martínez, realizó en el anuncio de constitución de este órgano transversal en el marco de la II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias

Poner en marcha un órgano transversal conformado por las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias y las entidades y empresas sociales con el fin de mantener una comunicación interna fluida y facilitar la concertación social y los contratos reservados del 2% de obligado cumplimiento dentro de la Administración, fue el compromiso adquirido por la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, en el marco de la II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias se celebró el lunes 28 y martes 29 de noviembre en formato online.

En el transcurso de su intervención, Martínez apostó por la constitución de este órgano como “herramienta fundamental para poner en conocimiento a las Administraciones Públicas locales de cuál es la legislación vigente y cómo cumplirla”. A este respecto, adelantó que ya se está trabajando para la puesta en marcha de esta comisión transversal.

En este sentido, informó que ya se está trabajando desde los diferentes departamentos de la consejería de Derechos Sociales, en la concreción de tres conciertos sociales que involucrarán a empresas sociales.

Estos anuncios los realizó la viceconsejera de Derechos Sociales en el marco de la II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias, organizadas por el Observatorio de la Contratación Pública Responsable de Canarias, donde se dieron a conocer las herramientas disponibles para que las Administraciones Públicas cumplan correctamente con la Ley de Contratos del Sector Público.

La Feria, que se llevó a cabo online los días 28 y 29 de noviembre con la participación de más de 350 personas inscritas y la asistencia de 100 administraciones públicas distintas, se ha reafirmado como un espacio para mejorar el nivel de profesionalización del personal técnico público a través de talleres -en nivel inicial y avanzado-, mesas para compartir experiencias y foros para resolver dudas.

La II Feria de la Contratación Pública Responsable de Canarias está organizada por el Observatorio de Contratación Pública de Canarias, proyecto a su vez impulsado por Red Anagos, la Red canaria de entidades de promoción e inserción socio-laboral. Cuenta con el apoyo de EAPN-C y ADEICAN, el asesoramiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL) y la financiación del Gobierno de Canarias.

El Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias nace como un órgano con carácter crítico, de apoyo, transparente e independiente que vela por el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

La II Feria de Contratación Pública Responsable de Canarias es el primer proyecto enmarcado en la actividad del Observatorio. En las próximas semanas, el órgano presentará su página web, en la que los usuarios podrán acceder a diferentes recursos y herramientas, así como a toda la actualidad vinculada a su actividad. En 2023 se abrirán nuevas líneas de trabajo que incluyen la investigación sobre el impacto de la contratación pública y su relación con los ODS, un servicio de asesoramiento para las AAPP y el sector privado, y un foro de la Contratación Pública Responsable.

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