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Canarias destina 240.000 euros en 2020 a proyectos contra la economía sumergida

Elena Mánez

El departamento dirigido por Elena Máñez convoca subvenciones de 10.000 a 24.000 euros para corporaciones de derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias destaca la importancia de la lucha contra las actividades informales entre las acciones para la recuperación del empleo

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anuncia la convocatoria de subvenciones por un importe de 240.000 euros durante 2020 para el desarrollo de hasta una decena de proyectos contra los efectos de la economía sumergida en el Archipiélago.

Publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la orden firmada por la consejera Elena Máñez contempla ayudas a las corporaciones de derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia competitiva de 10.000 a 24.000 euros para financiar sus acciones dirigidas a paliar las consecuencias de las actividades económicas informales o irregulares en las Islas a lo largo de este año.

Precisamente, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña para afrontar la crisis global a causa de la emergencia sanitaria de la COVID-19, destaca la importancia de la lucha contra la economía sumergida dentro de las actuaciones para el mantenimiento y la recuperación del empleo impulsadas mediante el documento de consenso.

De hecho, las actividades irregulares encuentran en circunstancias tan singulares como la pandemia por coronavirus “un caldo de cultivo privilegiado y, por tanto, conviene hacer seguimiento a este tipo de comportamientos y adoptar las medidas precisas para reducir su avance”, argumenta el Pacto de Reactivación, suscrito en el Parlamento de Canarias durante la jornada conmemorativa de la comunidad autónoma.

Aumento de vulnerabilidad

No solo se incluye entre las prioridades estratégicas de recuperación laboral o impulso económico la lucha contra la informalidad, como competencia desleal para las empresas canarias con actividades sí declaradas ante las diversas administraciones; sino que el acuerdo autonómico también sitúa la economía sumergida en el ámbito social, en concreto, entre las diversas medidas de atención y apoyo a las personas más desfavorecidas en el marco del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

“En la primera línea de impacto, a raíz de las severas consecuencias económicas que se estima pueda tener la COVID-19, se encuentra el aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o que prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma”, detalla el Pacto para la Reactivación.

A partir del pasado jueves, las entidades interesadas en las subvenciones contra la economía sumergida por un importe total de 240.000 euros para 2020 disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es/ece/tramitador/creacion/tramites/4355).

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El Gobierno de Canarias someterá a participación pública su Estrategia de Economía Azul

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, espera contar con un documento consensuado con los agentes públicos y privados implicados alrededor del próximo mes de noviembre

“El mar siempre ha formado parte de la experiencia vital de nuestra tierra y va a tener un papel muy importante en nuestro desarrollo de los próximos años”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo abrirá un proceso participativo dentro del Gobierno de Canarias y con los agentes privados implicados para culminar la elaboración de la Estrategia Canaria de Economía Azul, un documento que podría contar con su versión final alrededor del mes de noviembre, con la incorporación de las aportaciones que resulten de este proceso participativo. Así lo anunció la consejera, Elena Máñez, durante el acto de inauguración de las jornadas virtuales ‘El mar y la economía azul, un gran potencial para Canarias’, organizadas por la Consejería a través de la empresa pública Proexca, un encuentro en el que destacó el papel que va a jugar la economía azul en las Islas en los próximos años. “El mar siempre ha sido parte de la experiencia vital de nuestra tierra y va a ser muy importante en nuestro desarrollo futuro”, afirmó.

Máñez recordó que el Archipiélago cuenta “con una posición geoestratégica privilegiada, única en el ámbito europeo y de las RUP, capacidades ampliamente demostradas y desarrolladas a lo largo del tiempo en materia de economía azul y unos sectores vinculados a la actividad portuaria muy consolidados”, así como un potencial de crecimiento en áreas como la biotecnología azul o la energía eólica marina. “Todo ello posiciona a Canarias como un área clave para el desarrollo de la economía azul”, afirmó, y con esta estrategia se definirán “los mejores instrumentos para impulsarla en las Islas”.

Horizonte Europa

En este sentido, la consejera remarcó la importancia de aprovechar la oportunidad de financiación que representa la entrada en el Noveno Programa Marco (FP9) de investigación e innovación de la Unión Europea (UE), denominado Horizonte Europa, que abarca el período 2021-2027 y que da un giro para encaminar la política científica al logro de grandes objetivos sociales y económicos, con especial hincapié en las economías azul y circular. “En esa apuesta y en ese compromiso va a trabajar el Gobierno de Canarias”, señaló Elena Máñez.

Además, la consejera destacó la importancia de impulsar la economía azul en un contexto económico “complicado” a causa de la emergencia de la COVID-19 en el que “es fundamental todo lo que podamos trabajar para la recuperación económica”. “La apuesta por la economía azul debe tener un carácter estratégico en este proceso de recuperación”, dijo, pues a su juicio ahora es necesario “atender a los sectores que más están sufriendo el impacto de la crisis, pero lo urgente no nos puede hacer olvidar lo importante”.

Como señaló Máñez, Canarias cuenta con las capacidades científicas y tecnológicas, con una serie de estructuras como la Plataforma Océanica de Canarias (Plocan) o el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) “que nos sitúan en el mapa mundial de la I+D+i” y representan “un potencial económico de primer orden, tanto en materia de aportación al PIB como en generación de empleo estable y de calidad, por el que apostamos en el Gobierno autonómico”. “Canarias tiene que ser un eje y motor del crecimiento azul en Europa, partiendo de una mirada sostenible al mar, a través de la apuesta por una economía vinculada a la Agenda 2030 de la ONU y trabajando desde la coordinación con los agentes implicados”, aseveró.

Las jornadas ‘El mar y la economía azul, un gran potencial para Canarias’, han sido organizadas junto al Clúster Marítimo de Canarias, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas (Cetecima) y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), en el marco del proyecto SmartBlue_F del programa Interreg MAC de la Unión Europea (UE). Contarán con tres sesiones, la primera celebrada este martes y las otras dos los próximos días 8 de junio y 16 de junio. En la jornada inaugural participaron, además de la consejera, el presidente del Clúster, José Vicente Navarro; el responsable del Área de Innovación de Cetecima, Sebastián Hernández; la gerente del Clúster, Elba Bueno; el director de Plocan, José Hernández; el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra; el presidente de Astilleros Canarios, Germán Carlos Suárez, y el director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, Cosme García.

La iniciativa se está desarrollando de manera telemática, mediante inscripción previa abierta, en el sitio web https://www.eventbrite.es/e/registro-el-mar-y-la-economia-azul-un-gran-potencial-para-canarias-106908105020.

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El SCE subvenciona con nueve millones a los municipios para contratar a 1.330 personas paradas de larga duración

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias incrementa las ayudas para el desarrollo de proyectos con planes de formación durante 2020 en colaboración con las corporaciones locales

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de nueve millones de euros para la contratación de alrededor de 1.330 personas desempleadas de larga duración junto a las corporaciones municipales mediante el desarrollo de proyectos con formación y práctica profesional a lo largo de 2020.

En pleno proceso de reactivación económica tras la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la resolución firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE supone un incremento de dos millones de euros con respecto a la convocatoria de 2019, cuando se contrató a 1.034 personas paradas con la concesión de ayudas por valor de 6,9 millones.

Mediante esta iniciativa en colaboración con los ayuntamientos, además, el departamento autonómico se apoya en la entidad administrativa más cercana a la ciudadanía en su apuesta por mejorar la empleabilidad de las personas con una mayor dificultad de acceso al mercado de trabajo, al ofrecer la formación necesaria para adaptar sus capacidades a la oferta laboral junto a una remuneración mensual para afrontar los efectos de la actual crisis.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado viernes, la convocatoria del SCE contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las corporaciones locales o entidades dependientes de municipios isleños con más de 900 personas desempleadas para la contratación de aquellas paradas de larga duración durante un periodo máximo de ocho meses y medio para la realización de obras o prestación de servicios calificados de interés general y social.

Obras y servicios en cultura, medioambiente o dependencia

Durante los proyectos generadores de empleo se impartirá formación obligatoria en competencias clave durante el 40% de la jornada y se facilitará experiencia profesional con remuneración económica a lo largo del 60% restante, mediante la ejecución de obras y servicios de competencia municipal en áreas de utilidad colectiva, ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de actuaciones derivadas de la ley de dependencia.

Las actuaciones subvencionadas beneficiarán, principalmente, a las personas desempleadas con formación deficitaria, sin el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ni certificado de profesionalidad, ya que se facilitará la adquisición de las competencias básicas o clave para el acceso a la obtención de las correspondientes acreditaciones.

A partir del 30 de mayo, las entidades municipales disponen de un plazo de quince días para presentar las oportunas solicitudes a través de la sede electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo), según concluye la resolución publicada en el BOC.

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El Servicio Canario de Empleo impulsa la contratación de personas jóvenes desempleadas con 300.000 euros

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo convoca las subvenciones del programa de incentivos al empleo joven Incentívate en 2020-2021

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, anunció este miércoles la convocatoria de subvenciones por valor de 300.000 euros para la contratación de personas jóvenes paradas con cargo al programa de incentivos al empleo joven Incentívate del ejercicio 2020-2021, en el ámbito del Fondo Social Europeo.

Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera Elena Máñez, como presidenta del SCE, contempla ayudas en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta para incentivar los contratos en la modalidad de prácticas o de formación y aprendizaje firmados entre abril de 2020 y marzo de 2021 por las empresas con centro de trabajo en las Islas a personas desempleadas de 16 a 30 años incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por importe de 180.000 euros para este año y 120.000 euros para el próximo ejercicio.

Actuación cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, con una tasa del 91,89%, las subvenciones Incentívate para la contratación durante un periodo superior a seis meses de personas jóvenes sin trabajo establecen cuatro plazos de presentación de solicitudes de acuerdo con el momento de la firma laboral, ya con el primer intervalo vigente y el documento modelo disponible tanto en la página web como en la sede electrónica del SCE (www.gobiernodecanarias.org/empleo y https://sede.gobcan.es/empleo).

Mediante el programa Incentívate e iniciativas similares, el SCE pretende mejorar la empleabilidad de la juventud al figurar entre los colectivos con peor comportamiento en el mercado laboral, tanto en Canarias como en toda España, con una tasa de paro de las personas menores de 25 años que duplica el índice de desocupación del total de la ciudadanía: 35,3% frente al 18,7% en la comunidad autónoma y 30,5% frente al 13,7% en el conjunto estatal, según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el cuarto trimestre de 2019.

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Elena Máñez expone las medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la COVID-19

Reunión con UPTA

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se reúne con las principales asociaciones del colectivo profesional en el Archipiélago

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, expuso este martes al secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de España, Eduardo Abad, y al coordinador del colectivo en Canarias, César García, el conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar la actividad empresarial de este colectivo en el escenario de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Las iniciativas se incluyen tanto en la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y profesionales por cuenta propia que elabora el departamento dirigido por Máñez como en el Pacto para la Reactivación Social y Económica impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que, afirmó la consejera, ponen de manifiesto que “este Gobierno no va a dejar caer a las personas trabajadoras autónomas”.

Con la participación de los viceconsejeros de Empleo, Gustavo Santana; y Economía e Internacionalización, Almudena Estévez; junto al director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, la reunión telemática completa la ronda mantenida con el colectivo en el Archipiélago tras el encuentro celebrado a principios de mayo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

La consejera señaló que la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización para los autónomos y autónomas que han cesado su actividad debido a la declaración del estado de alarma, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 6 de mayo, “es la primera de estas medidas que se pone en marcha” y explicó que está orientada a “dar garantías durante la crisis a las personas de este colectivo con más dificultades, que son aquellas que han cesado completamente su actividad”.

Así, explicó que “esta primera ayuda vendrá seguida de otras medidas”, relativas a asesoramiento y formación, como la creación de un gabinete de información en el SCE para pymes y personas autónomas; mantenimiento del empleo, como la citada prestación adicional del 30% o incentivos a la contratación; apoyo a la actividad empresarial, con ayudas extraordinarias para la compensación de gastos corrientes fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social; y medidas de liquidez para pymes y personas trabajadoras autónomas, con una línea de apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de los autónomos y autónomas de las Islas, así como instrumentos financieros en la forma de préstamos para la creación y desarrollo de pymes innovadoras, I+D+i y ahorro, eficiencia energética y renovables.

De hecho, algunas de ellas ya forman parte del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, junto a otras destinadas al aplazamiento tributario, a potenciar la participación de los autónomos y autónomas de las Islas en las líneas de financiación abiertas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por el Banco Europeo de Inversiones, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos, en especial a través de Aval Canarias. Algo que demuestra, a juicio de Máñez, “el compromiso incondicional del Gobierno autonómico con las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago”.

También se informó a ATA y UPTA del aumento hasta casi un millón de euros en 2020 de las subvenciones del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

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Máñez anuncia un acuerdo con patronal y sindicatos para pedir una prórroga de los ERTE hasta diciembre

Elena Máñez

La consejera adelanta ante el Pleno del Parlamento que el Consejo de Relaciones Laborales pedirá la prórroga hasta diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo en el turismo y los sectores vinculados

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el acuerdo alcanzado con las patronales y sindicatos más representativos del Archipiélago, en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales, para elevar a la Comisión de Seguimiento Tripartita una propuesta de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo “desde la unidad de acción”, propuesta que, detalló, incorpora entre otras cuestiones la necesidad de permitir la ampliación de los ERTE hasta final de año para el sector turístico y las empresas con actividad “estrechamente vinculada al principal sector productivo de Canarias”.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó hoy mismo elevar a la Comisión Tripartita laboral del proceso de desconfinamiento la prolongación automática hasta el 31 de diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto en el turismo como en las empresas con actividad estrechamente vinculada al principal sector productivo en el Archipiélago.

Conformado por la administración autonómica junto a las patronales y sindicatos con mayor representatividad (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), el Consejo Canario de Relaciones Laborales consensuó la solicitud de prórroga hasta final de año de los ERTE turísticos y sectores vinculados por tratarse de “una cuestión fundamental dadas las singularidades de las Islas de cara a la reactivación económica”.

El acuerdo, alcanzado en el marco de la unidad de acción mantenida por el Gobierno con los agentes económicos y sociales desde la declaración del estado de alarma, contempla “que sea la autoridad laboral competente la que pueda determinar la fuerza mayor total o parcial a otros sectores, que no siendo sector turístico, tengan su producción vinculada de forma notoria con la recuperación del sector turístico”. Además, el Consejo Canario de Relaciones Laborales solicita que la causa por fuerza mayor total o parcial se determine por centros de trabajo y no por empresas, “pudiendo mantener la fuerza mayor total aquellos centros de trabajo que no puedan reabrirse por las diferentes restricciones sanitarias, manteniendo las especialidades contempladas en el Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2020, especialmente la exoneración del 100% o del 75%, según los casos”. En centros con ERTE por fuerza mayor total, no computaran los plazos de contrato, ni de paro, ni de los seis meses de salvaguarda del empleo.

Igualmente, el órgano colegiado adscrito a la consejería dirigida por Elena Máñez acordó trasladar a la comisión tripartita que las empresas turísticas o de otros sectores que “por necesidades de mantenimiento de sus establecimientos, cuestiones de gestión de nóminas o de carácter fiscal necesiten recuperar del ERTE de fuerza mayor total a algún trabajador y sus establecimientos no estén generando ingresos por restricciones sanitarias, no se les compute la exoneración de cuotas por una causa mayor parcial, y por lo tanto, no compute a efectos de tiempo las cláusulas de salvaguarda de empleo ni de prestaciones”.

La Comisión Tripartita fue creada por Real Decreto Ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo y está integrada por los ministerios tanto de Trabajo y Economía Social como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a las confederaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) más representativas del Estado.

Balance de situación

Durante su comparecencia ante el Parlamento para informar de la situación de la crisis de la COVID-19, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo hizo balance de la actual situación económica, de las previsiones de crecimiento que trabaja este departamento y dio cuenta de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para “no dejar caer a las pymes y personas trabajadoras autónomas de las Islas”.

Tras expresar su satisfacción “por volver a encontrarnos en esta casa” y agradecer “a todo el equipo del Parlamento el gran esfuerzo que han hecho para mantener la actividad fundamental que realiza esta Cámara”, Elena Máñez afirmó que las medidas y políticas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España “están haciendo posible que en estos momentos no haya una quiebra social sin precedentes en España”.

La consejera también adelantó que este miércoles la Consejería publicará el primero de los informes de previsiones económicas elaborado por este departamento, un documento del que se extrae un escenario muy variable “que habrá que tomar con cautela”. Así, este estudio trabaja con tres posibles escenarios que se mueven, para 2020, entre unas caídas del PIB del 12% y el 19%, con un escenario intermedio, “el más plausible”, del 15%. Asimismo, el informe apunta a una recuperación económica “en torno a marzo o abril de 2021”, con un crecimiento del PIB del 16,2%.

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El Consejo General de Empleo amplía su oferta formativa y se adapta al mercado laboral derivado de la COVID-19

Elena Máñez

El Servicio Canario de Empleo refuerza su programación un 12,5% con respecto a 2019 hasta ofrecer 2.084 acciones este año, con prioridad a las personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes un incremento del 12,5% en las acciones de formación profesional para 2020 y una adaptación de la oferta al mercado laboral derivado tanto de la pandemia de COVID-19 como del proceso de transición ecológica.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General del SCE emitió el informe preceptivo a favor de la actualización para este año de la oferta de formación profesional para el empleo correspondiente al periodo 2019-2021, a partir de las propuestas de los agentes socioeconómicos y del tratamiento de las especialidades de transición ecológica.

“Desde esta consejería seguimos trabajando en el diálogo social para buscar los mejores acuerdos posibles con sindicatos y patronales, porque en estos momentos necesitamos la unidad de acción para dar la mejor respuesta posible a la crisis excepcional que atravesamos”, destacó Máñez tras la reunión telemática del Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representatividad

Dos centenares de acciones más

En concreto, el documento aprobado por el Consejo General del SCE contempla 233 acciones más en su oferta formativa, dirigida con prioridad a las personas desempleadas, al aumentar desde 1.851 en 2019 hasta 2.084 actuaciones para este año.

Además, la oferta del SCE incluye 145 especialidades consideradas de transición ecológica, programadas en 265 acciones a lo largo de 2020, como las nuevas cualificaciones en Huella de carbono de producto y organización o Modelos de negocio en la economía circular.

También se incorporan otras especialidades en respuesta a la actual demanda del mercado laboral, marcado por la crisis sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus, como Transformación logística en un entorno de industria 4.0, Gestión de llamadas de teleasistencia o Asistencia a la investigación de mercados.

Igualmente, la sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo emitió un informe favorable al convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Gran Canaria para el inicio del plan de empleo en la isla derivado de la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

También informó a favor de otro acuerdo de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Tenerife para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además de propuestas de adendas a los convenios con diversas entidades para los programas experimentales de la convocatoria 2018-2019.

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El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

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Abierto el plazo para que los autónomos y autónomas sin actividad por la COVID-19 pidan la ayuda adicional del 30%

Elena Máñez

Las solicitudes se podrán presentar durante dos meses a partir de este miércoles y para ello es necesario tener ya concedida la prestación estatal del 70%, haber cesado la actividad a causa del estado de alarma y estar de alta como autónomo o autónoma a fecha de 14 de marzo

Elena Máñez afirma que la medida, impulsada desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias para que puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con mayores garantías”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre este miércoles, 6 de mayo, el plazo para la solicitud de la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para las personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias que hubieran cesado en su actividad debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html), está dotada con 11 millones de euros y pretende completar la prestación extraordinaria que concede el Estado hasta alcanzar el 100% de la base de cotización. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante dos meses, a través de la Sede Electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo).

Para optar a recibir la ayuda se deberá tener ya concedida la prestación extraordinaria del 70% que otorga el Gobierno de España, un trámite que se tiene que hacer en la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente. Este extremo se debe acreditar en el momento de presentar la solicitud, como también se comprobará, a través de la vida laboral, que el o la solicitante de la ayuda estaba en situación de alta en la Seguridad Social como persona trabajadora autónoma en el momento de la declaración del estado de alarma, así como la suspensión de su actividad por esta causa. Además, la actividad empresarial o profesional, así como el domicilio fiscal, deben estar fijados en Canarias.

Certificado digital

Para facilitar los trámites a aquellas personas que aún no tengan certificado digital, necesario para operar por la vía telemática, el Servicio Canario de Empleo ha activado un servicio de asistencia para la obtención del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), mediante cita previa en el número de teléfono 922 924 070, donde se fijará una hora y un día para acudir presencialmente al organismo que corresponda, que será asignado por el SCE en función del municipio e isla de residencia. Antes de acudir a esta cita, los usuarios y usuarias deben obtener el código de solicitud del certificado en el sitio web de la FNMT, que les será requerido para acreditar su identidad junto con el documento de identidad o, en su defecto, el carné de conducir.

Esta convocatoria de subvenciones forma parte de las medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 recogidas por el Gobierno de Canarias en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, esta emergencia sanitaria “ha impactado con especial fuerza en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, que junto a las pymes representan la base de nuestro tejido empresarial”. La consejera señala que la ayuda adicional del 30%, impulsada desde la consejería que dirige, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias que han cesado su actividad debido a la pandemia para que, a medida que vaya pasando la emergencia sanitaria, puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con garantías”.

La consejera recuerda que la estrategia de apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas en la crisis de la COVID-19 diseñada por la Consejería, que ya avanzó en su reciente intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, contempla otras medidas para “acompañar en la vuelta a la normalidad a las personas trabajadoras por cuenta propia”, como las orientadas a la digitalización o la dotación de líneas de avales para impulsar su liquidez.

 

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La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

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