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Empleo abre la convocatoria 2019-2020 de incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil

Las subvenciones van dirigidas a menores de 30 años con formación o sin ella y las empresas pueden combinar los contratos en prácticas con formación en alternancia con el empleo, en función del perfil del beneficiario

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige en funciones Cristina Valido, ya ha publicado la convocatoria 2019-2020 para que las empresas interesadas soliciten las subvenciones para incentivar la contratación de jóvenes menores de 30 años inscritos como personas desempleadas y en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). A través de la convocatoria de la edición anterior 2018-2019, el SCE subvencionó los contratos de 82 jóvenes.

El objetivo de esta convocatoria, explica Valido, “es facilitar que las empresas apuesten por personas sin experiencia laboral, den una primera oportunidad a jóvenes que debido a su inexperiencia no consiguen acceder al mercado laboral”.

“Con estas ayudas, que según la tipología del contrato y su duración, oscilan entre los 1.500 y los 5.500 euros, el Gobierno compensa a las empresas que realiza un esfuerzo de formación y aprendizaje con la persona a la que contratan”, destaca.

El director del SCE en funciones, Sergio Alonso, describe que existen dos tipologías de contratos, de formación y aprendizaje o en prácticas, según la cualificación de la persona contratada, y de un tiempo siempre superior a los seis meses. “Estos incentivos -matiza- se dirigen tanto a jóvenes sin formación suficiente, con los que se establecen los contratos de formación en alternancia con el empleo, insistiendo en al formación dual en empresas, como a aquellos jóvenes titulados, universitarios, de formación profesional o de formación para el empleo, con los que se establecen los contratos en prácticas”.

En el caso de contratos de formación y aprendizaje, el tiempo de trabajo efectivo, que deberá ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal durante el primer año, o al 85% durante el segundo y tercer año. El salario será proporcional al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio y nunca por debajo de la parte proporcional del salario mínimo interprofesional.

Los contratos en prácticas no podrán ser inferiores a seis meses ni exceder de dos años, el salario será el fijado en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas y no podrá ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. Tampoco podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional.

Con el objeto de que las personas contratadas en prácticas no ocupen puestos ya creados, la empresa beneficiaria de la subvención deberá mantener el nivel de plantilla media acreditado en el momento de la concesión de la subvención, durante todo el periodo de permanencia del trabajador objeto de subvención. El nivel de plantilla declarado en dicho informe deberá ser, al menos, igual al que consta en el informe aportado en el momento de la concesión de la subvención.

Estas subvenciones se conceden en el ámbito del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, del Fondo Social Europeo.

Siempre que se cumplan los requisitos exigidos, serán subvencionables los contratos laborales que, reúnan las condiciones establecidas en las bases reguladoras y se suscriban entre abril de 2019 y marzo de 2020.

Las solicitudes se pueden presentar en los diferentes plazos que plantea la convocatoria publicada en el BOC y dependiendo de las fechas en las que se formalicen los contratos y hasta el 31 de marzo de 2020.

Con la publicación en el BOC el miércoles, 29 de mayo, queda abierta la presentación de solicitudes del primer periodo, de los cuatro que establece la convocatoria de este año, en el que se podrá solicitar subvención para los contratos formalizados o que se formalicen, entre los meses de abril, mayo y junio de 2019. El plazo de presentación de este primer periodo abierto finaliza el próximo 12 de julio de 2019.

El segundo periodo será para los contratos que se firmen entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, y las solicitudes se deberán presentar entre el 15 de julio y el 14 de octubre de 2019.

El tercer periodo será para los contratos que se firmen entre octubre, noviembre y diciembre de 2019 y el cuarto y último periodo, para los contratos que se establezcan entre enero, febrero y marzo de 2020.

Podrán ser beneficiarias de la subvención cualquier entidad, ya sea persona física, jurídica, así como también comunidad de bienes, que desarrollen una actividad empresarial acogida a cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, con capital íntegramente privado y centro de trabajo permanente en Canarias, que formalicen nuevos contratos de trabajo, o presenten en el momento de la solicitud un compromiso de contratación,

Las bases reguladoras, estarán a disposición de las personas interesadas a través de la página web del organismo, a través del buscador de subvenciones que dirige a la página web y en la Sede Electrónica del SCE.

El índice de accidentalidad laboral desciende casi un 20% en Canarias

El director general de Trabajo en funciones, José Miguel González, destaca el trabajo conjunto entre la administración y los agentes sociales, así como la mejora de los sistemas de notificación de enfermedades profesionales

La incidencia de la accidentalidad laboral registrada en Canarias, es decir, el número de accidentes notificados por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, durante los cuatro primeros meses del año arroja un descenso del 18,64% respecto al mismo periodo del año anterior. La incidencia bajó en todos los sectores económicos, en especial en Servicios, donde descendió un 23,36%, pero también lo hizo en Agricultura (-7,33%), Industria (-7,50%) y Construcción (-4,83%).

Esta tendencia a la baja de la accidentalidad, que se mantiene desde agosto de 2017, representa, en opinión del director general de Trabajo en funciones, José Miguel González, “una consecuencia directa de que todos los agentes que intervienen en el ámbito laboral están incorporando de manera efectiva, y desde su responsabilidad, la cultura preventiva en todas sus actuaciones”. “El consenso de la administración con los agentes sociales y económicos es fundamental para diseñar planes de formación y campañas de divulgación adecuadas”.

“Desde la administración -añade- hemos realizado un esfuerzo presupuestario para incrementar las partidas y dotar económicamente la totalidad de las acciones contenidas en el plan de actuación de seguridad y salud en el trabajo, entre las que se encuentra la recuperación de los gabinetes de seguridad laboral, que permitirán asesorar técnicamente al tejido productivo”

En números absolutos, la suma total de accidentes (con baja, sin baja e in itinere) durante el mes de abril ha sido 4.772, lo que supone un 10,49% menos que en abril de 2018. Del total de estos accidentes, 1.848 fueron con baja en jornada de trabajo, de los que 1.828 fueron leves, 20 graves y no se registró ningún accidente mortal.

En el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo (in itinere) se notificaron 227 accidentes, de los que la gran mayoría (224) fueron leves y 3 graves.

González reseña también la relevancia de “estudiar con rigor los accidentes que ocurren y las enfermedades reincidentes de la población trabajadora”. “Debemos detectar los motivos que originan estas situaciones, diagnosticar correctamente enfermedades profesionales y analizar lo que hay que cambiar para que no vuelva a ocurrir”, precisa.

Mejora el proceso de identificación de enfermedades profesionales. La gráfica de enfermedades profesionales notificadas representa en el mes de abril la más elevada de la historia, lo que supone, como destaca González, “un éxito de las actuaciones de sensibilización que realizamos entre la población en este aspecto y de la mejora en los procedimientos de identificación, y, por lo tanto, de la solución a problemas que antes no eran detectados”.

“Es evidente -señala- que si no abordamos una enfermedad profesional a tiempo, y se confunde con una enfermedad común, no originada por una mala práctica laboral o un ambiente inadecuado, ésta se hace crónica y a la larga se convierte en un accidente laboral o en una baja laboral reincidente, pues no se soluciona el entorno laboral nocivo que está ocasionando esa enfermedad”.

Por patologías, entre enero y abril se diagnosticaron 81 trastornos musculoesqueléticos (50 mujeres y 31 hombres), lo que suponen el 91,01% de las enfermedades profesionales notificadas.

Por grupos de enfermedades, entre enero y abril de este año se notificaron 82 pertenecientes al grupo 2 (causadas por agentes físicos), 4 al grupo 1 (causadas por agentes químicos), 1 respectivamente al grupo 3 (causadas por agentes biológicos).

Por sectores de actividad económica, entre enero y abril se notificaron en Canarias 69 partes correspondientes al sector Servicios (47 mujeres, 22 hombres) lo que suponen el 77,53% de las notificaciones, le siguen Industria con 10, Construcción 9 y Agricultura y Pesca con 1 enfermedad profesional.

Trabajo convoca las subvenciones a proyectos de entidades contra la economía sumergida

Las entidades podrán solicitar una cantidad máxima de 24.000 euros para proyectos destinados a desarrollar entornos laborales justos para el trabajador

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado en su edición del miércoles, 29 de mayo, la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de entidades que impulsen actuaciones dirigidas a evitar la economía sumergida. El presupuesto total para este año es de 240.000 euros.

A través de la convocatoria del año pasado, que contó con el mismo presupuesto, se impulsaron 11 proyectos con los que las entidades seleccionadas desarrollaron, entre otros, campañas de sensibilización destinadas a erradicar la economía sumergida; acciones formativas sobre las consecuencias; y campañas informativas y de asesoramiento, destinadas a facilitar la regularización en los sectores más proclives a entrar en la economía sumergida como en la atención a mayores en domicilio y en general, en el ámbito de la dependencia.

El director general de Trabajo en funciones del Gobierno de Canarias, José Miguel González, asegura que “aunque se han incrementado las medidas dirigidas a reducir la economía sumergida desde todos los ámbitos, aún queda mucho trabajo por efectuar en este campo”. “Nuestro objetivo con esta convocatoria es contar con las entidades sociales y económicas como aliadas para generar entornos laborales justos para la población trabajadora”, explica.

“Ejercer profesionalmente o consumir servicios fuera del marco legal establecido -prosigue- nos hace perder competitividad, incrementa el esfuerzo fiscal de las familias y de las empresas que cumplen, y lastra la recaudación presupuestaria de las Administraciones Públicas lo que afecta a la prestación de los servicios públicos esenciales, en definitiva restan derechos y merman el crecimiento económico”.

Tal y como especifica la convocatoria publicada hoy, podrá ser objeto de subvención, un proyecto de los presentados por cada una de las entidades u organizaciones solicitantes y cada proyecto será subvencionado con una cantidad máxima de 24.000 euros y con un mínimo de 10.000 euros

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir de mañana.

Canarias consigue que el Centro de Formación de Los Realejos sea de referencia nacional

Este distintivo permitirá que las Islas sean un referente estatal en materia de investigación e innovación en jardinería

El Gobierno de Canarias ha conseguido que el Centro de Formación de Los Realejos, especializado en jardinería, obtenga la calificación de Centro de Referencia Nacional, con lo que, como explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, “ampliará sus funciones y, además de seguir desarrollando la formación especializada que ya imparte, desarrollará labores de investigación e innovación en la materia”. “Para llegar hasta aquí -añade- se ha realizado un importante trabajo para mejorar sus instalaciones y adaptarlas a las exigencias de la normativa, así como reforzar su plantilla y estructura organizativa, entre otras muchas acciones”.

Las características principales de estos centros públicos es que están dedicados a investigar, impartir y experimentar en la formación profesional para el empleo, están integrados en una red que se extiende por todo el territorio nacional y dan cobertura a cada una de las familias profesionales en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP), que es el instrumento que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.

Vista aérea del centro de Los Realejos

“Con esta calificación, Canarias se integra en la red de Centros de Referencias del Estado, no sólo con el recientemente calificado en Los Realejos, sino con la próxima incorporación del Centro en Las Palmas de Gran Canaria”, precisa el director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, responsable de ambas instalaciones. “Partimos de una situación complicada al haber perdido ambas calificaciones, pero ha sido el esfuerzo de los equipos directivos de ambos centros, lo que ha reconducido la situación y ha logrado revertir la situación completamente”, añadió. En breve, el Gobierno de Canarias formalizará con el Servicio Público de Empleo Estatal esta nueva calificación del que será ahora el primer centro de Referencia Nacional en Canarias.

La nueva categoría del centro de Los Realejos permitirá la participación del sistema de formación profesional canario con el resto de la red, en la realización de acciones de innovación y experimentación en el ámbito de la formación profesional para el empleo de referencia para todo el Estado.

Hasta la fecha, el centro, en colaboración con el Instituto de Cualificaciones Profesionales, ha realizado las pruebas y evaluación de competencias claves y solo en 2018 se llevaron a cabo 1.698 pruebas de acceso a certificados de profesionalidad.

En el ámbito formativo, se han implantado los ciclos de jardinería de grado medio y superior, en modalidad presencial y semipresencial, a través del convenio entre las consejerías de Educación y el Servicio Canario de Empleo, y durante el año pasado fueron formadas 525 personas. Además, se ceden aulas, talleres y espacios para el desarrollo y mejora de la formación profesional para el empleo de los trabajadores de todos los sectores productivos.

Gobierno, patronal y sindicatos avanzan en el contenido de los nuevos acuerdos de concertación social

Se estudian medidas sobre la brecha salarial, la simplificación administrativa, la formación dual y el sistema fiscal

El director general de Trabajo, José Miguel González, ha analizado esta semana, junto a las asociaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, los nuevos documentos presentados por parte de las organizaciones para cada una de las cuatro mesas de trabajo que definirán los acuerdos de la VII Concertación Social: Servicios públicos y fiscalidad; Simplificación administrativa; Formación profesional dual; Igualdad y brecha salarial.

La innovación, el conocimiento y el crecimiento sostenible serán las marcas que el Gobierno canario, junto a los agentes sociales y económicos, seguirán trabajando en estas nuevas mesas creadas en el marco de la VII Concertación Social.

Como explica el director general de Trabajo “con estas reuniones avanzamos en temas imprescindibles de definir en el ámbito laboral como el sistema fiscal, la brecha salarial o la mejora de la formación para el empleo”. De modo paralelo, El Gobierno mantiene las comisiones de seguimiento necesarias para analizar los VI acuerdos de Concertación Social que ya fueron firmados el 25 de enero del pasado año.

La VII Concertación Social contempla cuatro mesas de trabajo: una en la que se analizan los servicios públicos relacionados con la capacidad financiera que ofrece la fiscalidad; otra sobre la simplificación administrativa, con el objeto de agilizar los trámites de la ciudadanía con la administración; una tercera sobre la formación profesional dual en la que se pretende acortar el recorrido entre la formación y la empresa; y una cuarta sobre igualdad y brecha salarial en la que se analizará la situación actual y su corrección, en su caso.

Canarias renueva con el Estado la coordinación en materia de Inspección laboral

Solo durante el pasado año, los planes impulsados conjuntamente beneficiaron a 19.272 personas que consiguieron regularizar su situación laboral en el Archipiélago

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y la directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, han renovado, por dos años más, la colaboración entre ambas administraciones encaminada a vigilar la situación laboral de los y las trabajadoras en Canarias. A lo largo del pasado año, un total de 19.272 personas regularizaron su situación laboral a través de las actuaciones impulsadas conjuntamente.

Valido destaca que “la buena sintonía” con la Inspección así como la coordinación constante con los y las representantes sindicales y empresariales, “nos ha permitido ser más efectivos para detectar irregularidades en contratos, mejorar la protección social de muchas personas así como sus condiciones de salud y seguridad en su puesto de trabajo”.

Solo durante el pasado año se transformaron en indefinidos un total de 12.208 contratos temporales, una cifra récord jamás conseguida en un año en Canarias y que supuso un incremento del 31% con respecto al año anterior. En este mismo periodo, se incrementó la jornada laboral que recogía el contrato a tiempo parcial a 2.528 personas y afloraron 4.725 empleos que no estaban siendo declarados.

Valido manifiesta que “el objetivo de las actuaciones que se realizan conjuntamente es garantizar la calidad en el empleo en nuestras Islas”. “Nuestro empeño -matiza- es asegurar a la ciudadanía que su trabajo cumpla con las garantías suficientes que le permitan realizarlo dentro de los estándares de calidad que ampara la ley y que se respeten todos sus derechos”.

Aclara también que las empresas que visitan son seleccionadas previamente de acuerdo a diferentes parámetros que pueden indicar alguna irregularidad y este es el motivo de que cada año se detecten más irregularidades “No es que haya mayor número de empresas cometiendo irregularidades en las contrataciones es que el trabajo previo cada vez es más efectivo y cuando se produce la inspección es que ya hay un indicio claro”.

Con respecto a Empleo y Relaciones Laborales, la actuación conjunta que realizan ambas administraciones incide en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, se actúa en cuatro grandes áreas: condiciones de seguridad en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes laborales e investigación de enfermedades profesionales.

En relación a la economía irregular y trabajo de extranjeros las inspecciones inciden en tres grandes materias: faltas de alta en Seguridad Social; trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo y, por último, incompatibilidad del trabajo por cuenta propia o ajena, con la percepción de prestaciones de la Seguridad Social: desempleo, incapacidad temporal, jubilación.

En lo que respecta al área de Seguridad Social, entre los asuntos acordados con diferentes organismos, se incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta y prestaciones) . Y trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta..

El SEPE aclara finalmente que los trabajadores con incapacidad conservarán su condición de discapacidad

El organismo estatal responde así a una consulta del Servicio Canario de Empleo que necesitaba su pronunciamiento para gestionar los fondos que tramita del Estado para subvencionar a los Centros Especiales de Empleo

El Servicio Canario de Empleo, responsable de la calificación de los Centros Especiales de Empleo en Canarias y de la liquidación y abono de las subvenciones al empleo protegido, ha recibido hoy, finalmente, del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, un informe con sus valoraciones sobre sobre la posición que deben tomar los servicios de empleo de las comunidades autónomas con respecto a las sentencias nacionales del Tribunal Supremo que estipulan que la incapacidad laboral permanente no puede equivaler, en todos los casos, a una discapacidad. El Servicio Canario de Empleo, junto a otras CCAA, instó el pasado 24 de abril a que el SEPE se pronunciara sobre las citadas sentencias en sus convocatorias nacionales, de las que el SEPE es responsable, aclarando hoy todos los aspectos sobre los que había duda.

“El dictamen aclara que aquellos trabajadores ya contratados en los Centros Especiales de Empleo con el criterio previo no se verán afectados y conservan su consideración de discapacitados a los efectos de las subvenciones que tramita el SCE”. Esta interpretación también es de aplicación a la hora de computar el mínimo del 70% de trabajadores discapacitados en la plantilla en los Centros Especiales de Empleo. “Otra cosa sería respecto a la incorporación de nuevos trabajadores, que solo podrían tener la calificación de discapacitados respecto al criterio establecido por el Tribunal Supremo, esto es, a través de la certificación de un centro BASE”.

En la información recibida desde el Servicio Público de Empleo Estatal se anuncia, además, que ha de iniciarse la modificación legislativa que se estime más oportuna para que eliminar cualquier dualidad de la certificación de discapacidad y restablecer un marco sencillo y claro de amparo, respetando la normativa y el ordenamiento jurídico.

El Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo, gestiona subvenciones por un total de 9M€, para el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, y ya había comenzado a liquidar las subvenciones de los primeros meses del año 2019, circunstancia poco común entre el resto de las CCAA que llevan mayor retraso y que, por tanto, aún no se han encontrado con el problema. Aún así, y con la información de certificación de discapacidad que se tiene, se estaba liquidando a la gran mayoría de los Centros Especiales de Empleo de Canarias, aunque el informe del Servicio Público de Empleo Estatal era fundamental para proceder a normalizar la situación, como así ha ocurrido.

Esta nueva premisa legal, que fue puesta en conocimiento del Servicio Canario de Empleo por algunos Centros Especiales de Empleo en enero pasado, planteaba una situación muy delicada pues afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras que tenían su consideración de discapacidad a través de la incapacidad permanente, que le otorgaba directamente un grado de discapacidad del 33%. Con las instrucciones recibidas hoy desde el Servicio Público de Empleo Estatal, se normalizará la situación completamente en las próximas semanas.

Empleo abre la convocatoria para la contratación de parados de larga duración en obras o servicios municipales

El 80% de las personas que participaron en la edición que finalizó el año pasado obtuvo los certificados en competencias clave

El Servicio Canario de Empleo (SCE) ha publicado en el BOC el plazo para solicitar, hasta el 5 de junio, las subvenciones para la contratación de personas desempleadas de larga duración en las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los contratos, que paralelamente ofrecen formación, deberán realizarse para trabajar en proyectos que permitan la realización de obras, o la prestación de servicios calificados de interés general y social, por un período de tiempo no superior a ocho meses y medio.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, argumenta que “estos proyectos permiten a los ayuntamientos contratar a personas en paro que por diferentes circunstancias abandonaron sus estudios, no tienen cualificación profesional y por lo tanto sus opciones para encontrar un empleo son mínimas”.

“Se les ofrece formación en lo que denominamos competencias básicas -explica- lo que les permite acceder al título de ESO, y también en competencias clave, específicas de la formación a realizar, para acceder a certificados de profesionalidad”.

“De hecho -prosigue- un 80% de las personas que participaron en el programa que finalizó en junio de 2018 obtuvieron los certificados de competencias clave, con lo que sus expectativas laborales aumentaron exponencialmente con una experiencia laboral y nuevos títulos”.

Las subvenciones van dirigidas a los 26 municipios canarios que cuentan con más de 1.000 personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SCE, parados de larga duración a fecha del 31 de enero de 2019 .

La consejera recuerda que en la convocatoria del año pasado se contrató a 1.358 personas, y destaca la estrecha colaboración con los ayuntamientos para desarrollar este tipo de iniciativas y “llegar con más acierto a las necesidades reales de cada municipio”.

Tal y como detalla la convocatoria publicada el martes 14 mayo en el BOC en estos proyectos generadores de empleo se imparte formación en competencias clave, durante el 40% de la jornada, no retribuida y de carácter obligatorio, acorde con las necesidades de los trabajadores participantes. Durante el 60% restante de la jornada adquieren una experiencia profesional retribuida, ejecutando obras y servicios de interés general y social que sean competencia de tales Administraciones y que comporten la contratación de trabajadores desempleados.

La contratación de trabajadores desempleados será preferentemente, en los servicios personalizados de carácter cotidiano, los servicios de utilidad colectiva, de ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente, de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de los servicios derivados de la Ley de dependencia.

La duración máxima de los contratos será de 8 meses y medio, y deberán finalizar antes del 30 de junio de 2020.

Tal y como recoge la convocatoria publicada, podrán solicitar esta subvención las corporaciones locales de ámbito municipal de Canarias y/o sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes, y podrán actuar individual o mancomunadamente.

Trabajo impulsa la prevención de riesgos laborales en empresas que subcontratan servicios

Director general de Trabajo, José Miguel González

La Dirección General participa en unas jornadas organizadas por la Mutua Fremap y el ICASEL orientadas a mejorar la seguridad de los trabajadores en entornos en los que coexisten distintas plantillas

La Dirección General de Trabajo ha subrayado esta semana, en unas jornadas dirigidas al empresariado y organizadas por la Mutua Fremap y el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), la importancia de impulsar la cultura de la prevención de riesgos laborales en empresas que subcontratan obras o servicios.

El director general del área, José Miguel González, señaló en el transcurso de estos encuentros la necesidad de salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores de distintas empresas que coexisten en un mismo centro de trabajo, una realidad que se repite en el escenario laboral actual y obliga a tomar medidas especiales.

“La coordinación de actividades empresariales debe ser una vía de solución a los problemas que surgen en el escenario actual, en el que cada vez más se tiende a la contratación de obras y servicios, descentralizando parte de la actividad productiva, lo que hace que sea más complejo velar por la seguridad y la salud de todos los trabajadores presentes en estos centros”, explicó González, que ha estado presente en las jornadas celebradas tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

La contratación o subcontratación es una forma de descentralizar parte de la actividad productiva de la empresa a través de diferentes tipos de contratos entre una empresa titular o principal y una empresa contratista. En estas situaciones, se da la circunstancia que coinciden plantillas de varias empresas en un mismo centro de trabajo, donde cada una de ellas desempeña sus trabajos con sus respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los trabajadores de las otras empresas existentes en el centro o incluso agravarse a consecuencia de las actividades realizadas.

“Es decir, hay que contemplar los riesgos del centro y de su actividad, los de los trabajos efectuados por cada una de las empresas contratadas o subcontratadas más los generados por la concurrencia de las mismas. Además, hay que tener en cuenta que en los centros de trabajo suelen concurrir empresas de diferente tamaño, con diferente sistema de organización de la prevención e incluso enfoques divergentes de la cultura y gestión de la prevención, lo que supone una mayor complejidad y dificultad a la hora de velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores presentes en estos centros”, añadió el director.

En los accidentes de trabajo ocurridos en Canarias se ha detectado que en muchas ocasiones tienen un papel relevante las empresas contratadas o subcontratadas, estando muy por encima de los que ocurren en las empresas para las que trabajan. Las causas de estas situaciones suelen ser la deficiente comunicación en materia de coordinación, la inadecuada formación e información sobre los riesgos generales y específicos, los imprevistos asociados a la temporalidad en los trabajos, el desconocimiento de normas de seguridad internas o la falta de control efectivo de las condiciones de trabajo, entre otros. De ahí la importancia de que las empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo se coordinen perfectamente entre ellas para dar cumplimiento a la normativa existente en esta materia.

La jornada organizada por la Mutua Fremap en colaboración con el ICASEL hace una aproximación a esta problemática, proponiendo diferentes modelos y herramientas que ayuden al empresariado a gestionarlo de forma adecuada.

Empleo verifica la “modélica” reconversión del antiguo colegio de Lomo Pelado en centro de formación

Sergio Alonso en visita a CIFE 1

El director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, visitó las instalaciones del nuevo Centro Integral de Formación y Empleo de Lomo Pelado.

La definitiva puesta a punto y rehabilitación del antiguo CEIP de Lomo Pelado, transformado ahora en Centro Integral de Formación y Empleo (CIFE), ha culminado recientemente, por lo que el director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Sergio Alonso, y la subdirectora de Formación, Dunnia Rodríguez, realizaron ayer, martes, una visita a las instalaciones para comprobar “in situ” las obras ejecutadas. En compañía del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, comprobaron la “modélica” reconversión del centro llevada a cabo por el propio alumnado del Plan de Empleabilidad.

El director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, quiso destacar durante la visita la “satisfacción del Gobierno de Canarias con la implicación de los ayuntamientos para llevar a cabo estos proyectos de mejora de la empleabilidad y el aprovechamiento eficaz de los fondos aportados por el propio SCE que, junto a la financiación de las administraciones donde se desarrollan las distintas acciones, significan avances de gran calado dentro de las políticas de empleo que se aplican en Canarias”. “Sin ellos”, continuó “el SCE por sí solo no llegaría tanto, ni tan bien, a población tan vulnerable como son los parados de larga duración sin formación. Este es un ejemplo magnífico de la colaboración interinstitucional para la mejora de la empleabilidad, la formación para el empleo, y la inserción laboral de colectivos en riesgo”.

Asimismo, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, subrayó que “es importante darle valor a lo que se ha hecho con un edificio totalmente estropeado y en desuso y que, además, los artífices de ello hayan sido los propios alumnos de los dos Planes de Empleabilidad creados junto con el SCE, vecinos y vecinas de El Rosario que, al mismo tiempo que completan su formación, han realizado una labor profesional encomiable”.

Sergio Alonso en visita a CIFE 2
Momento de la visita al CIFE

Además, durante la visita, el director del SCE pudo conversar con los responsables del Plan de Formación y Empleabilidad, Elena Chinea, y del PFAE “El Rosario Limpio “, Miguel Ángel Yanes, además de con los propios alumnos y trabajadores.

El CIFE Lomo Pelado se ha convertido en el centro de referencia municipal para la formación y el empleo para los habitantes del Municipio. Actualmente, hacen uso de las instalaciones unas 75 personas, integradas en el segundo Plan de Formación y Empleabilidad y los Planes de Formación y Alternancia con el Empleo (PFAE) “El Rosario Limpio” y “Rosatur”. Estos proyectos junto con el primer Plan de Empleabilidad elevan a más de 1’2 millones de euros la inversión en materia de formación y empleo realizada gracias a la línea de subvenciones del SCE y a la aportación municipal.

Obras ejecutadas

Cabe destacar, la adecuación total del antiguo colegio, con especial atención a la reforma de techos y paramentos, muy afectados por la humedad; así como la recuperación de los aseos, tanto exteriores en los que se sustituyeron los sanitarios y el alicatado, además de realizarse trabajos complementarios sobre la carpintería de puertas y ventanas, como en la total transformación de los dos aseos interiores que hasta la fecha instalaban loza sanitaria infantil, sustituyendo dichas piezas y elevando la altura de encimeras de lavabos y espejos.

En materia de supresión de barreras arquitectónicas, y aún disponiendo de rampa para atender las necesidades de accesibilidad y movilidad de la discapacidad, se ha sustituido en toda su longitud, el inadecuado pavimento podotáctil existente, circunstancia que hacia realmente intransitable la circulación en silla de ruedas, renovándolo completamente.

Asimismo, en el centro se ha dado cabida, tras años de itinerancia por otras dependencias municipales, al recién estrenado Banco de Alimentos en el que el Plan de Empleabilidad ha instalado una nueva puerta metálica de doble hoja para facilitar la descarga paletizada de las mercancías. Esta actuación supuso además la colocación de un imbornal para la recogida de pluviales en el exterior de dicha puerta, su correspondiente canalización bajo nuevo pavimento para el vertido y la realización de un rampa de encuentro para que una transpaletadora pueda proceder a la descarga con suma facilidad.

En el aspecto estrictamente formativo, se realizó el montaje de una nueva aula informática de gestión con 15 equipos informáticos conectados a internet para su uso por parte del alumnado, siendo dotada de nuevo mobiliario, infraestructura eléctrica e informática, calefacción, aire acondicionado y medios audiovisuales que permitirán al centro adscribir nuevos PFAE. Por último, se han cuidado todo tipo de detalles que le otorgan una mayor funcionalidad y estética entre los que cabe citar la colocación de pavimento de losetas en determinadas zonas exteriores y la eliminación de las irregularidades del aparcamiento.