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Gobierno, patronal y sindicatos avanzan en el contenido de los nuevos acuerdos de concertación social

Se estudian medidas sobre la brecha salarial, la simplificación administrativa, la formación dual y el sistema fiscal

El director general de Trabajo, José Miguel González, ha analizado esta semana, junto a las asociaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias, los nuevos documentos presentados por parte de las organizaciones para cada una de las cuatro mesas de trabajo que definirán los acuerdos de la VII Concertación Social: Servicios públicos y fiscalidad; Simplificación administrativa; Formación profesional dual; Igualdad y brecha salarial.

La innovación, el conocimiento y el crecimiento sostenible serán las marcas que el Gobierno canario, junto a los agentes sociales y económicos, seguirán trabajando en estas nuevas mesas creadas en el marco de la VII Concertación Social.

Como explica el director general de Trabajo “con estas reuniones avanzamos en temas imprescindibles de definir en el ámbito laboral como el sistema fiscal, la brecha salarial o la mejora de la formación para el empleo”. De modo paralelo, El Gobierno mantiene las comisiones de seguimiento necesarias para analizar los VI acuerdos de Concertación Social que ya fueron firmados el 25 de enero del pasado año.

La VII Concertación Social contempla cuatro mesas de trabajo: una en la que se analizan los servicios públicos relacionados con la capacidad financiera que ofrece la fiscalidad; otra sobre la simplificación administrativa, con el objeto de agilizar los trámites de la ciudadanía con la administración; una tercera sobre la formación profesional dual en la que se pretende acortar el recorrido entre la formación y la empresa; y una cuarta sobre igualdad y brecha salarial en la que se analizará la situación actual y su corrección, en su caso.

El informe DEC 2018 califica esta Legislatura en Canarias como la del “renacer de los servicios sociales”

Cristina Valido con las directoras generales de Dependencia y Discapacidad, y Políticas Sociales

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales presentó hoy su informe anual en el que recogen la tendencia positiva que se ha generado sobre todo en los dos últimos años

El documento recoge la mejoría de la inversión en el último año y establece que la senda iniciada es la adecuada para equipararse a la media nacional

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha presentado hoy su informe anual DEC 2018 en rueda de prensa en la que han señalado que “La Legislatura ha sido para Canarias y Valencia el renacer de los servicios sociales”. Esta es una tendencia que recogen en un documento en el que Canarias ocupa el puesto número 14 en la calificación de las Comunidades Autónomas, pero en el que también se señala que “se registra una clara mejoría en los últimos años, con un incremento de 1,35 puntos desde 2015 y 0,45 solo en el último año”.

Hay que tener en cuenta que el índice no recoge la aprobación de la Ley de Servicios Sociales como parámetro positivo, ya que la publicación de la misma se produjo con el informe ya redactado, lo que hubiese supuesto sin duda una diferencia a favor de la comunidad autónoma al que se hace referencia en el propio informe. Se señala, asimismo, que la “relevancia económica de los servicios sociales públicos en Canarias mejora notablemente, destacando el esfuerzo inversor de las administraciones públicas” del Archipiélago.

En las recomendaciones del informe se señala que la nueva legislatura tiene un reto en el desarrollo de la nueva ley “con la aprobación del catálogo que concrete los derechos reconocidos, y una planificación que permita ordenar racionalmente el Sistema”. “Estos”, continúa el informe “son pasos imprescindibles para que los servicios sociales en esta Comunidad abandonen de forma definitiva la situación de irrelevancia y consoliden la recuperación que se aprecia en los últimos años”. A este respecto, cabe destacar que precisamente esta semana, y con este fin, ha quedado constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta Comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos así como establecer un calendario de trabajo.

Cristina Valido con las directoras generales de Dependencia y Discapacidad, y Políticas Sociales
Cristina Valido con las directoras generales de Dependencia y Discapacidad, Eulalía García,  Políticas Sociales, Reyes Henríquez

Uno de los aspectos que mejoran es el limbo de la Dependencia y el informe estipula que “a pesar de los progresos en esta materia en los dos últimos años, Canarias todavía se encuentra por debajo de la media. No obstante, Gustavo García, coordinador del Índice, ha explicado que, se notan mejorías notables. “Se venía de una situación muy precaria. En aspectos como los que nosotros denominamos el limbo, Canarias está en el 29,3% frente al 19,2% de la media estatal, lo cual no es nada positivo, pero si miramos cómo estaban al principio de la Legislatura, que rozaba el 50%, el progreso también ha sido notable y, probablemente, cuando hagamos la evaluación en 2022, de seguir a este ritmo, Canarias estará en un grupo de los que podemos destacar”.

García también ha destacado el crecimiento muy importante en el nivel de inversión “superando la media estatal en el porcentaje de inversión sobre el PIB”. Con un 1,822% Canarias está por encima de la media estatal, que es del 1,525%. El informe señala que la inversión por habitante y año en 2018 es de 372,48 euros en Canarias, mientras que la media estatal es de 381,25%. Según el documento entregado a los medios, “el porcentaje que supone la inversión en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones públicas en Canarias es del 9,21%, siendo la media estatal del 9,39%”. “Y eso que estos datos”, afirma García, “son de 2016, estoy seguro de que si hubiésemos tenido datos de prestación de servicios con esa inversión, que no se nota cuando la haces sino siempre más adelante, la nota que hubiese obtenido el Archipiélago sería mucho mejor”.

También en las recomendaciones del informe se estipula que Canarias debe hacer un esfuerzo a la hora de incrementar la extensión y la cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, asunto que el Gobierno ya está a punto de resolver gracias a la aprobación de la nueva Renta Canaria de Inserción, que llegará a más de 32.000 familias del Archipiélago.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, con una inversión de más de 161 millones de euros por parte del Gobierno paliará asimismo otra de las debilidades señaladas en “plazas residenciales para mayores y de financiación pública”.

El Gobierno avanza en el decreto sancionador por incumplimiento de la Ley de Perros de Asistencia

Reunión viceconsejero de Políticas Sociales con asociación de perros de asistencia

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, mantuvo una reunión con la Asociación de Usuarios de Perros Guías de Canarias para avanzar en el diseño del decreto regulador del régimen de sanciones y en la acreditación para el adiestramiento de los perros de asistencia

El Gobierno de Canarias y la Asociación de Usuarios de Perros Guías de Canarias continúan avanzando en la redacción del reglamento que regula determinados aspectos de legales, como es el reconocimiento y acreditación de los perros de asistencia o el establecimiento del órgano competente para realizar la instrucción de sanciones en caso de incumplimiento.

Para avanzar en ambos aspectos, el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Usuarios de Perros Guías de Canarias, Silvia Monzón; el tesorero de la entidad, Abel Hernández, y el presidente de Terapican, Pedro Oliver, con el fin de abordar las líneas de colaboración y coordinación de cara a dejar asentadas las bases del futuro decreto.

Candil recordó que Canarias cuenta con una Ley de Perros de Asistencia para Personas con Discapacidad, en vigor desde 2017, en la que se reconoce el derecho de acceso a los perros de asistencia a cualquier espacio público en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, incluyendo transportes tanto públicos como privados, espacios administrativos, centros sanitarios, centros educativos, espacios recreativos, instalaciones deportivas, playas, centros de actividad turísticas como hoteles y apartamentos, espacios de restauración, cafés y bares, y, en general, cualquier espacio de uso público o con actividad pública.

Francisco Candil durante la reunión con la Asociación de usuarios de perros guía

Además, aclaró Candil, la actual normativa tipifica en sus artículos 24 y 25 la tipología de infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones cuya cuantía pueden oscilar entre los 300 y las 9.000 euros. “Ahora bien, es necesario avanzar en el decreto que regule la competencia para la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en la presente ley, y en este sentido es en el que estamos trabajando con el asesoramiento de la Asociación de Usuarios de Perros Guía”.

Candil aclaró que se considera como infracción muy grave el impedir el acceso, circulación o permanencia de las personas usuarias de perros de asistencia en cualquiera de los lugares y espacios públicos y privados reconocidos en la normativa, “y sin embargo, no es extraño vernos con casos en los que aún se prohíbe la entrada a estos animales; es por ello, por lo que hay que trabajar en el reglamento para hacer cumplir la ley”.

Por otro lado, se planteó la necesidad de contar con entidades para el adiestramiento en Canarias de estos diferentes tipos de perros de asistencia. En este punto, Candil explicó que desde el Gobierno se estudia el procedimiento necesario para reconocer a la Asociación de Usuarios de Perros Guías de Canarias como entidad de referencia para la acreditación y adiestramiento de este tipo de perros.

La normativa contempla la existencia un total de cinco tipos de perros de asistencia, en concreto, perros guía, aquellos perros adiestrados para guiar y orientar a una persona con discapacidad visual, total o parcial, o a una persona que además de una discapacidad visual tiene una discapacidad auditiva; perros de señalización de sonidos, aquellos perros adiestrados para avisar a las personas con discapacidad auditiva, total o parcial, de diferentes sonidos e indicarles su origen; perros de apoyo o de servicio: son aquellos perros adiestrados para prestar ayuda y auxilio en el desarrollo de las actividades de la vida diaria a aquellas personas con discapacidad que tengan reducida su capacidad motora; perros de aviso o alerta médica, aquellos perros adiestrados para avisar de una alerta médica a personas que padecen discapacidad; y perros adiestrados, para preservar la integridad física de las personas con discapacidad y para controlar situaciones de emergencia.

Entra en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales, una ley moderna y avanzada en materia de atención social

Comisión Técnica Especializada Servicios sociales

La Comisión Técnica Especializada del actual Consejo General de Servicios Sociales, constituida hoy, será la encargada del desarrollo reglamentario de la nueva Ley

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy viernes, 17 de mayo, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, una norma que sustituye a la anterior Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, e incorpora mejoras en las normas tales como la Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción de Prestación Canaria de Inserción o mejoras con relación a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Según explicó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, la entrada en vigor de la nueva Ley supone, entre otras medidas, que “en torno a 11.000 familias con hijos a cargo, que cumplan los requisitos contemplados en la Prestación Canaria de Inserción, podrán solicitar en la permanencia en el sistema”.

“Tras la publicación de la Ley en el Boletín Oficial de Canarias, – aclaró Valido- se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación”.

Precisamente hoy, y con este fin, ha quedado constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Esta Comisión tiene como misión avanzar en los diferentes reglamentos previstos así como establecer un calendario de trabajo.

Además, y de forma paralela, las diferentes direcciones generales implicadas en la Ley deberán desarrollar las instrucciones transitorias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en el propio marco normativo de la Ley, de tal forma que se garanticen los derechos de las personas y de las entidades en el ámbito de esta normativa.

“La entrada en vigor de la nueva Ley acomete, sin duda, una transformación permanente en las condiciones de vida de la ciudadanía canaria, matizó la responsable de Políticas Sociales en el Ejecutivo canario, lo que nos permitirá mejorar la calidad en la prestación de los servicios y, por supuesto, a ampliar la cifra de personas y familias atendidas así como a ampliar el perfil de ciudadanos que podrían ser beneficiarios de la PCI”.

Nueva Ley de Servicios Sociales, una ley moderna y avanzada

La nueva Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada el pasado 26 de marzo con consenso parlamentario, ha contando con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y Ayuntamientos.

“Se trata de una Ley de última generación, de las mejores del Estado, que garantizan la construcción de un sistema público de servicios sociales moderno y avanzado”, ha indicado la Cristina Valido, quien explica que la nueva Ley impulsa un nuevo Sistema Público de Servicios Sociales integrado por el conjunto de Administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada acreditados, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Para ello, se potencia la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de Información, el Registro Único de entidades, centros y servicios, el Historial Social Único y el Plan De Intervención Social Integral, y permite la mejora inmediata de la PCI, intensifica la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas, así como aquellas personas que necesiten más tiempo para culminar sus itinerarios de inserción socio laboral en programas acreditados para tal finalidad.

Así mismo, se contempla la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales y el Observatorio Canario de Servicios Sociales, con la finalidad de promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en los servicios sociales, así como se insta al Gobierno al desarrollo del plan de inclusión social y lucha contra la pobreza; plan específico para la población infanto-juvenil así como a impulsar el primer diagnóstico del Observatorio Canario de los Servicios Sociales.

La nueva normativa contempla, igualmente, el diseño de un catálogo de Servicios y prestaciones que definirá el Mapa de Recursos de Atención Social en Canarias, y que será indicador de eficiencia de calidad de los servicios y prestaciones y además será un indicador para la evaluación de la calidad y eficacia de los mismos.

Además, la nueva Ley de Servicios Sociales que se aprueba, con su próxima implementación se progresiva a 5 años, será dotada por parte de la Comunidad autónoma con un total de 55 millones de euros anuales, para pasar de 3,7 millones a 7,1 millones de euros desde la actualidad al 2023. La nueva norma fija una financiación a los Cabildos al menos en un 50 por ciento y a los Ayuntamientos entre el 40% y 60%, según número de habitantes, estableciendo, así mismo, cuatro planes de financiación plurianuales, de manera que en 12 años se alcanzará una financiación de 900 millones de euros que podrá garantizar sobre el coste real el Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de Canarias.

Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales

La Comisión técnica especializada creada hoy está presidida por la Directora General de Políticas Sociales, María Reyes Henríquez, y cuenta con diversos miembros por parte del Ejecutivo canario, Fecam, Fecai, colegios profesionales de Trabajadores Sociales y Psicología y Cermi Canarias así como representantes Confederación Canaria de Empresarios y organismos sindicales.

La Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales constituida hoy tiene que trabajar y desarrollar los reglamentos contemplados en la nueva Ley de Servicios Sociales, en concreto:

El acceso a las prestaciones y servicios que conforman el catálogo de servicios y prestaciones previstos en esta ley.
Régimen de compatibilidad de las prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales del catálogo de servicios y prestaciones: prestaciones de servicios, económicas o tecnológicas.
Los equipamientos, los profesionales y equipos técnicos interdisciplinares que se determinen reglamentariamente en cada nivel de atención.
La organización y el funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales
La participación de las Entidades Públicas y Privadas acreditadas en el Sistema Canario Unificado de Información
La organización y el funcionamiento del Registro Único de Entidades, Centros y Servicios
La organización y el funcionamiento de las Estructuras de Coordinación Sociosanitaria
La composición, organización y régimen de funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales.
La composición, organización y régimen de funcionamiento Consejos Sectoriales
La composición, organización y régimen de funcionamiento Comité de Ética de los Servicios Sociales
La Aportación económica de las personas usuarias y las deducciones, bonificaciones y las exenciones atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la persona usuaria y de su unidad familiar
La regulación del Partenariado, patrocinio y mecenazgo en el sistema público de servicios sociales
Régimen de Concertación Social en el sistema público de los servicios sociales con entidades de la iniciativa social
La Autorización y Acreditación Administrativa de los centros y servicios del sistema público de los servicios sociales
La composición, organización y régimen de funcionamiento Observatorio Canario de los Servicios Sociales
La Supervisión, Inspección y Régimen Sancionador de los recursos, centros y servicios del sistema público de servicios sociales por parte de la Administración pública
La reglamentación de las Ayudas a los traslados de personas usuarias y sus acompañantes fuera de su isla de residencia y dentro del territorio nacional
Composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento y Supervisión en el Ámbito Social y Judicial
Composición, organización y funcionamiento del Consejo Tutelar de Canarias

Valido insiste en la necesidad de aprobar cuanto antes la Ley de No Discriminación por razón de identidad de género

La consejera presidió el acto de lectura del manifiesto contra la homofobia, transfobia y bifobia en la sede Presidencia del Gobierno de Canarias en Tenerife

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, insistió hoy, tras la lectura del manifiesto por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en la urgencia de aprobar cuanto antes la Ley de No Discriminación por razón de identidad de género. Los y las representantes de las asociaciones LGTBI manifestaron por su parte la necesidad de activar protocolos adecuados en los ámbitos de la educación y la sanidad.

La lectura del manifiesto de este año corrió a cargo de María Andrea Trullen, de la asociación Algarabía, Milagros Campoo, de Chrisallis y Mer Medina, también de Algarabía.

La consejera recordó que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites preliminares y la justificación de la propuesta del borrador de Anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales a instancias de los colectivos LGBTI, en cuya redacción han participado activamente las asociaciones.

Canarias cuenta desde 2014 con la Ley de No discriminación por motivo de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales, “un texto que -como ya argumentó Valido durante la presentación del anteproyecto- ha quedado desfasado con la entrada en vigor de nueva ley estatal”.

Durante los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha trabajado en el borrador del anteproyecto de Ley de igualdad social a través de varias mesas de trabajo de coordinación en las áreas de educación, sanidad, políticas sociales y empleo, que han contado con representación de los distintos colectivos LGTBI de Canarias, como Altihay Lgtbi+, Asociación Appertura, Draga Espacio Feminista-Lgtbiq, Lánzate, Lgtbi+, Algarabía Lgtbi, Diversas Lgtbi, Chrysallis Afmt, Gamá lgtb, Equal Lgtbi+. Transboy y Violetas Lgtbi.

Canarias renueva con el Estado la coordinación en materia de Inspección laboral

Solo durante el pasado año, los planes impulsados conjuntamente beneficiaron a 19.272 personas que consiguieron regularizar su situación laboral en el Archipiélago

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y la directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, han renovado, por dos años más, la colaboración entre ambas administraciones encaminada a vigilar la situación laboral de los y las trabajadoras en Canarias. A lo largo del pasado año, un total de 19.272 personas regularizaron su situación laboral a través de las actuaciones impulsadas conjuntamente.

Valido destaca que “la buena sintonía” con la Inspección así como la coordinación constante con los y las representantes sindicales y empresariales, “nos ha permitido ser más efectivos para detectar irregularidades en contratos, mejorar la protección social de muchas personas así como sus condiciones de salud y seguridad en su puesto de trabajo”.

Solo durante el pasado año se transformaron en indefinidos un total de 12.208 contratos temporales, una cifra récord jamás conseguida en un año en Canarias y que supuso un incremento del 31% con respecto al año anterior. En este mismo periodo, se incrementó la jornada laboral que recogía el contrato a tiempo parcial a 2.528 personas y afloraron 4.725 empleos que no estaban siendo declarados.

Valido manifiesta que “el objetivo de las actuaciones que se realizan conjuntamente es garantizar la calidad en el empleo en nuestras Islas”. “Nuestro empeño -matiza- es asegurar a la ciudadanía que su trabajo cumpla con las garantías suficientes que le permitan realizarlo dentro de los estándares de calidad que ampara la ley y que se respeten todos sus derechos”.

Aclara también que las empresas que visitan son seleccionadas previamente de acuerdo a diferentes parámetros que pueden indicar alguna irregularidad y este es el motivo de que cada año se detecten más irregularidades “No es que haya mayor número de empresas cometiendo irregularidades en las contrataciones es que el trabajo previo cada vez es más efectivo y cuando se produce la inspección es que ya hay un indicio claro”.

Con respecto a Empleo y Relaciones Laborales, la actuación conjunta que realizan ambas administraciones incide en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, se actúa en cuatro grandes áreas: condiciones de seguridad en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes laborales e investigación de enfermedades profesionales.

En relación a la economía irregular y trabajo de extranjeros las inspecciones inciden en tres grandes materias: faltas de alta en Seguridad Social; trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo y, por último, incompatibilidad del trabajo por cuenta propia o ajena, con la percepción de prestaciones de la Seguridad Social: desempleo, incapacidad temporal, jubilación.

En lo que respecta al área de Seguridad Social, entre los asuntos acordados con diferentes organismos, se incluyen infracciones o supuestos de Seguridad Social en general, trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta (diferencias cotización, encuadramientos, entre otros) y trabajo no declarado en absoluto (faltas de alta y prestaciones) . Y trabajo no declarado de forma incompleta o incorrecta..

El SEPE aclara finalmente que los trabajadores con incapacidad conservarán su condición de discapacidad

El organismo estatal responde así a una consulta del Servicio Canario de Empleo que necesitaba su pronunciamiento para gestionar los fondos que tramita del Estado para subvencionar a los Centros Especiales de Empleo

El Servicio Canario de Empleo, responsable de la calificación de los Centros Especiales de Empleo en Canarias y de la liquidación y abono de las subvenciones al empleo protegido, ha recibido hoy, finalmente, del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, un informe con sus valoraciones sobre sobre la posición que deben tomar los servicios de empleo de las comunidades autónomas con respecto a las sentencias nacionales del Tribunal Supremo que estipulan que la incapacidad laboral permanente no puede equivaler, en todos los casos, a una discapacidad. El Servicio Canario de Empleo, junto a otras CCAA, instó el pasado 24 de abril a que el SEPE se pronunciara sobre las citadas sentencias en sus convocatorias nacionales, de las que el SEPE es responsable, aclarando hoy todos los aspectos sobre los que había duda.

“El dictamen aclara que aquellos trabajadores ya contratados en los Centros Especiales de Empleo con el criterio previo no se verán afectados y conservan su consideración de discapacitados a los efectos de las subvenciones que tramita el SCE”. Esta interpretación también es de aplicación a la hora de computar el mínimo del 70% de trabajadores discapacitados en la plantilla en los Centros Especiales de Empleo. “Otra cosa sería respecto a la incorporación de nuevos trabajadores, que solo podrían tener la calificación de discapacitados respecto al criterio establecido por el Tribunal Supremo, esto es, a través de la certificación de un centro BASE”.

En la información recibida desde el Servicio Público de Empleo Estatal se anuncia, además, que ha de iniciarse la modificación legislativa que se estime más oportuna para que eliminar cualquier dualidad de la certificación de discapacidad y restablecer un marco sencillo y claro de amparo, respetando la normativa y el ordenamiento jurídico.

El Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Empleo, gestiona subvenciones por un total de 9M€, para el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, y ya había comenzado a liquidar las subvenciones de los primeros meses del año 2019, circunstancia poco común entre el resto de las CCAA que llevan mayor retraso y que, por tanto, aún no se han encontrado con el problema. Aún así, y con la información de certificación de discapacidad que se tiene, se estaba liquidando a la gran mayoría de los Centros Especiales de Empleo de Canarias, aunque el informe del Servicio Público de Empleo Estatal era fundamental para proceder a normalizar la situación, como así ha ocurrido.

Esta nueva premisa legal, que fue puesta en conocimiento del Servicio Canario de Empleo por algunos Centros Especiales de Empleo en enero pasado, planteaba una situación muy delicada pues afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras que tenían su consideración de discapacidad a través de la incapacidad permanente, que le otorgaba directamente un grado de discapacidad del 33%. Con las instrucciones recibidas hoy desde el Servicio Público de Empleo Estatal, se normalizará la situación completamente en las próximas semanas.

Valido: “Habrá continuidad en los proyectos esenciales de atención a la mujer”

El Gobierno adelantará la convocatoria de subvenciones genéricas por un importe de casi seis millones de euros

La consejera ha informado hoy a las entidades sobre las vías de financiación que se han establecido para mantener los programas existentes

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha acordado hoy con las ONG que trabajan en proyectos para la inclusión de mujeres en riesgo y que tienen servicios esenciales en marcha con subvención en la anterior convocatoria del IRPF, pero no en la última, que ninguno de esos proyectos va a paralizarse. Valido ha informado de que ya están gestionándose fórmulas de financiación,tanto directas por parte del Gobierno de Canarias como por parte de otras administraciones, para que estas entidades continúen trabajando en sus proyectos y no se ponga en riesgo su continuidad.

“Asumiremos aquellos proyectos que cumplan los requisitos para otorgar ayudas directas por proyectos de inclusión, además de que estas también puedan optar a otras líneas que puedan sacar otras administraciones”, aseguró la consejera.

Asimismo, la consejera ha informado de que adelantará la convocatoria anual de subvenciones genéricas, y que en las bases se priorizarán los programas vinculados a la inclusión social, mayores, voluntariado e inmigración que actualmente gestionan entidades del Tercer Sector para cuyo mantenimiento sea esencial la obtención de estos fondos y no los hayan obtenido tras la última resolución del IRPF.

Por último, Valido propondrá a Madrid una nueva fórmula para adaptar las bases de la convocatoria a la realidad del Tercer Sector en Canarias, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales. Se propondrá asimismo que los que son de nueva línea, innovadores o experimentales tengan una ponderación diferente y poner límites a la financiación y al número de proyectos a financiar partiendo de lo consolidado en el año anterior.

“Lo que tiene que quedar claro”, afirmó Valido, “es que en este Gobierno siempre ha habido voluntad de mantener la financiación al Tercer Sector en Canarias porque lo consideramos esencial para llevar las políticas de ayuda a la población más vulnerable”. “No es cierto”, remarcó, “que la falta de financiación a través de la convocatoria del IRPF haya supuesto la paralización de ningún proyecto, porque inmediatamente hemos habilitado vías para evitarlo”.

La consejera quiso dejar claro que “la ciudadanía debe entender dos cosas: una es que que las ONG no se financian solo a través de esta convocatoria, esa es solo la financiación que corresponde a Canarias a través de las casillas que ustedes marcan cuando hacen su declaración de la renta. Se ha creado una alarma innecesaria puesto que el propio Gobierno y otras administraciones sacan anualmente subvenciones y existe financiación directa, apoyo por parte de cabildos o ayuntamientos, etcétera”. “Por otra parte”, continuó “los criterios de baremación vienen establecidos por el Estado, de ahí que nosotros propongamos otras soluciones más adaptadas a la realidad de las entidades en Canarias, y no basadas en las necesidades de entidades grandes radicadas en Madrid”.

Para la convocatoria de subvenciones genéricas a la que aún tienen la opción de presentarse las entidades, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda va a disponer de 5,6 millones de euros, para programas tanto de inclusión, mayores, inmigración y voluntariado como para los que atienden a infancia o dependencia.

La convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF está destinada a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, contempla conceder ayudas a un total de 147 proyectos con una financiación que asciende a 6.957.307,88 euros distribuidos en un total de diez áreas que incluyen programas de atención a la vulnerabilidad, discapacidad, mayores, voluntariado, inmigración, pueblo gitano, infancia-familia, juventud, drogodependencias o VIH.

Las entidades solicitantes tuvieron que competir entre 511 programas y 182 entidades sociales que solicitaban un total de 21 millones de euros.

La concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, es una medida del Estado para la financiación de programas de interés general. Hasta el año 2016 la convocatoria de estas subvenciones se había realizado únicamente por la Administración del Estado. El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2017, de 19 de enero, declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF, al estimar que este modelo no se ajustaba al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que se diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de dos tramos: uno estatal y otro autonómico, ajustado al orden de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De esta forma, durante el 2017, se estableció un periodo transitorio donde se autorizó que siguieran los proyectos subvencionados en 2016 vía subvención directa.

A partir del 2018, se produce un cambio en el modo convocatoria de forma directa a concurrencia pública en aplicación de la resolución del Estado del IRPF de 2018, la Ley de Subvención y la normativa de procedimiento administrativo y presupuestario. Así, los criterios de resolución para la baremación vienen determinados por los establecidos por el Estado, que son los que se han seguido en la convocatoria publicada el 3 de mayo de 2019 en el Boletín Oficial de Canarias.

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El presentador de Hermano Mayor enseña a los jóvenes de La Montañeta a enfrentarse a situaciones de conflicto

Francisco Candil asistió hoy a la charla de Pedro García Aguado

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, asistió hoy a la charla que el conductor del programa, también medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, impartió a los chicos y chicas que cumplen medidas judiciales en el centro de internamiento educativo

El presentador de Hermano Mayor, Pedro García Aguado, impartió hoy en Gran Canaria una charla a cerca de 60 jóvenes con medidas judiciales en la que les explicó las herramientas que permiten controlar la rabia y la frustración y que pueden ayudarles a enfrentar mejor las situaciones de conflicto. La actividad tuvo lugar en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) de La Montañeta, dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y gestionado por la Fundación Canaria de Juventud Ideo.

Al acto del también exjugador español de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, asistieron el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil; el director general de Juventud, Sergio Eiroa; cerca de los 60 internos del recurso, y personal técnico y del equipo de educadores.

“Es importante, dentro de las intervenciones que se llevan a cabo con menores que cumplen una medida judicial, acercarles la experiencia de personas que ellos mismos han podido conocer a través de los programas de televisión, brindándoles la oportunidad no solo de escucharlos sino también de compartir opiniones o ideas que les puedan ayudar en su proceso de autoconocimiento, de autodominio y, lo que es más importante, a adquirir las destrezas necesarias que les ayuden en su camino hacia su reincorporación a la sociedad, a su entorno”, aseguró el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, al inicio de la charla.

En este sentido, el Candil subrayó que de los menores que cumplían una medida judicial a fecha diciembre de 2018, un total de 802, solo 13 lo hacían en régimen de internamiento cerrado y 23 en semiabierto, mientras que el resto, 766, cumplían medidas judiciales en régimen abierto. “De estos datos se infiere que la gran mayoría de los delitos por los que estos jóvenes cumplen una medida vienen motivados por el entorno más cercano y pueden ser reconducidos con su participación en programas educativos que les ayuden a adquirir las destrezas para canalizar su rabia o frustración, e iniciativas como la celebrada la semana pasada con la presencia del escritor Jordi i Fabra y la de hoy, van en ese camino”.

Por su parte, el presentador de ‘Hermano mayor’, Pedro García Aguado explicó que “todo el mundo tiene derecho a cambiar y a darse cuenta de sus errores”. “Yo también cometí equivocaciones, tuve mi época mala, pero pude salir adelante y eso es lo que pretendo trasladar a estos chicos, mi experiencia personal. Es fundamental que los chicos se hagan responsables de sus propios actos como primer paso para reconducir su vida”, sentenció.

La experiencia, que también se celebró en el Ceimi de Valle Tabares, en Tenerife, pretende acercar a los chicos y chicas que cumplen una medida judicial la experiencia directa y personal del deportista que se hizo famoso como conductor y presentador del programa ‘Hermano mayor’, un espacio que presentaba escenarios de conflictos entre adolescentes y sus familias y abogaba con un espacio de encuentro y resolución.

En la actualidad, el centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores La Montañeta cuenta con 60 jóvenes que cumplen medidas judiciales.

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Canarias sienta las bases de la futura Ley de Accesibilidad

Cristina Valido presidió hoy el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, presidió hoy el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, que estableció la hoja de ruta para consensuar el texto legal

El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras dio hoy su visto bueno al calendario y la hoja de ruta para aprobar la futura Ley Canaria de Accesibilidad, un compromiso que había adquirido la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, y que permitirá que las Islas cuenten con “un manual” que garantice que las futuras construcciones cumplan con los criterios de accesibilidad.

“Cumplimos con nuestra promesa constituyendo las mesas de trabajo necesarias, de tal forma que ya dejamos marcada la ruta de trabajo para el próximo equipo y en el futuro vivamos en ciudades más accesibles”, afirmó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en el seno de este consejo, celebrado hoy.

Según explicó Valido, el objeto de la presente ley es establecer las condiciones de accesibilidad necesarias para que los espacios de uso público, los edificios, los medios de transporte, los productos, los servicios y los procesos de comunicación garanticen la autonomía, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno”

“Además, lo que se busca con esta nueva ley es integrar en el marco normativo de Canarias las condiciones básicas de accesibilidad, de acuerdo con las directrices estatales, europeas e internacionales y promover la utilización de productos de apoyo a la accesibilidad que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad o con otras dificultades de interacción con el entorno”, aclaró la responsable del área.

Para ello se ha tenido en cuenta el concepto de la accesibilidad en un significado universal, lo cual facilita el uso y la seguridad para todos de las infraestructuras físicas sin suponer un incremento significativo del coste, a diferencia de las correcciones a posteriori, que suponen gastos superiores”, matizó Valido.

El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, celebrado hoy, contó con la asistencia de la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, y de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, además de representantes de Fecai, Fecam, empresarios, asociaciones y profesionales implicados.

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