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Las familias numerosas piden al Ejecutivo canario que interceda para que se unifique el IBI municipal

 El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, celebró una reunión con los representantes de la asociación ‘másd2’ para abordar este tema

Las asociaciones de familias numerosas mantuvieron hoy una reunión con el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, para solicitar la mediación del Ejecutivo canario en los criterios de abono del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que cobran los municipios. “Lo que solicitan las agrupaciones de familias numerosas es que intercedamos con los ayuntamientos para que se unifique la bonificación que en el pago del impuesto que gravan las viviendas”, aseguró el viceconsejero.

“El problema, aclaró Candil, es que algunos ayuntamientos sí realizan bonificación y otros no, y además, entre los que realizan la bonificación, no todos establecen un mismo tipo de descuento, por eso, vamos a llevar a la Fecam esta petición para, por un lado, trabajar para que todos los ayuntamientos incorporen la bonificación de este impuesto, que conocemos como contribución, en sus municipios y, por otro, que se unifique el tipo de descuento”.

Por su parte, el representante de la asociación de Familias Numerosas ‘másd2’, Alberto Rodríguez, declaró que “resulta contradictorio y sorprendente que los municipios con mayor población sean los que más bonificaciones realizan mientras que aquellos más despoblados no; por eso solicitamos la mediación del Gobierno de Canarias para que lleve a la Federación de Municipios una propuesta para armonizar el impuesto de bienes inmuebles porque no es de recibo que las familias numerosas tengan una consideración diferente según en municipio donde resida”.

Declaraciones del viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil

Dos años de avance tras diez de paralización y recortes

Balance de Vivienda

El Gobierno multiplica por seis las ayudas al alquiler para familias vulnerables con respecto a 2015

“La apuesta del Gobierno de Canarias por ayudar a la gente a pagar el alquiler es indiscutible y los datos lo demuestran”, afirmó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en el transcurso de la rueda de prensa en la que hizo balance de su gestión al frente del área de vivienda, en alusión a la inversión de 17,5 millones de euros que se destina para ayudas al alquiler para el bienios 2018-2019. “Nuestro objetivo es que muchas más familias que tienen problemas para pagar el alquiler reciban ayuda del Gobierno canario; por eso, queremos llegar a 6.000 familias, doblando al número de beneficiarios del año anterior”, enfatizó.

“Para ello, anunció Valido, ya estamos cerrando la contratación de veinte efectivos lo que nos permitirá agilizar el estudio y valoración de las 17.486 solicitudes presentadas, lo que nos permitirá que, entre la última semana de marzo y la primera quincena de abril, podamos ya publicar la resolución para la subsanación de documentación”.

Hay que recordar que el Ejecutivo amplió estas ayudas para los años 2018 y 2019, con un crédito total es de 8.750.000 euros por ejercicio, es decir, 17.500.000 euros en los dos años, destacando, así mismo, que se han convocado dos líneas de ayudas diferentes, una para el cupo general y otra específica para jóvenes menores de 35 años.

En el balance de gestión, Valido recordó “el escenario del que veníamos con muchas ayudas por resolver por falta de cobertura presupuestaria para atender las solicitudes de ayudas y subvenciones en el marco del Plan Canario de Vivienda 2009/2012”. En este punto, aclaró que su departamento hizo frente a esta carencia con la inversión de 25,4 millones de euros que se destinaron, entre otros, a dar resolver las ayudas de adquirientes de viviendas protegidas de nueva construcción, promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, rehabilitación y eficiencia energética de edificios y viviendas, autoconstrucción de viviendas, adquirentes de vivienda usada y adquirentes o autoconstructores de vivienda mediante Hipoteca Joven Canaria.

Valido hizo hincapié en la importancia de impulsar la construcción de viviendas para ponerlas a disposición de las familias que más lo necesitan. Así, aclaró, durante estos dos últimos años, se han iniciado las obras de construcción de 23 viviendas protegidas de promoción pública en la urbanización Nuestra Señora del Pino II, en el municipio de El Paso en La Palma, con una inversión de 1.987.894,39 euros; y de otras 24 viviendas protegidas de promoción pública en Valverde, en El Hierro, con una financiación de 2.776.654,53 euros.

Además, se otorgó una subvención al Ayuntamiento de Alajeró para la construcción de 13 viviendas de protección oficial, para lo que se destinó 680.771 euros y se concedió al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una ayuda de 1,2 millones de euros para la construcción de 44 viviendas de protección oficial en El Tablero; así como se destinó 134.839,79 euros al ayuntamiento de Tazacorte, para la construcción de seis nuevas viviendas.

Momento de la presentación del balance del área de Vivienda

Valido destacó la labor de su departamento en la actuación de las viviendas de Añaza, con la compra de 358 viviendas protección oficial a lo que se destinó 24.890.000 euros, así como destacó el impulso de crear una bolsa de viviendas para atender los casos de exclusión habitacional, con la adquisición de 180 viviendas en los núcleos de población con mayor necesidad, especialmente, en los municipios más poblados como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canarias, Telde, Puerto de El Rosario, Arrecife y La Palma, para lo que ya se cuenta con una partida de 11.600.000 euros. A estas actuaciones, hay que sumar la explotación de 38 viviendas en Moya para destinarlo a arrendamiento a precios asequibles ante el incremento de precios de renta

En materia de rehabilitación, Valido destacó que las actuaciones de conservación, mejora y mantenimiento realizadas en el parque público de las que se han beneficiado un total de 5.083 viviendas, con un inversión que ascendió el pasado año a más de 8,3 millones de euros. A lo que hay que sumar los trabajos de rehabilitación integral ejecutadas en 313 viviendas en régimen de alquiler del parque público del Instituto Canario de la Vivienda, en Lanzarote, a lo que se destinó un montante de 1.531.901,36 euros.

En este mismo punto, la consejera hizo alusión a las obras de reforma y rehabilitación ejecutadas en las viviendas del parque de la empresa pública Visocan, en las que se ha invertido en 2018 un total 3.525.393,81 euros y se ha actuado en 2.518 viviendas.

Así mismo, Valido expuso la ejecución de diversas actuaciones como las obras de reparación de garajes y aparcamientos del grupo del parque público 108 viviendas El Puente, en Santa Cruz de La Palma, con una inversión de 224.700 euros, y la entrega de las llaves de 13 viviendas protegidas de promoción pública de nueva construcción en El Sauzal, en Tenerife, obras a las que se destinó un total de 1.204.542,48 euros.

En materia de atención a las familias en situación de desahucio, la consejera indicó que, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, intervino en un total de 453 casos de familias en esta situación, ya sea con fecha de desahucio fijada o pendiente de determinar, a través del programa ‘Canarias+ViviendasXFamilias’ (C+VxF), mediante el cual se presta asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en exclusión residencial. E igualmente, señaló los acuerdos establecidos con las entidades bancarias Caixa, Sareb y Cajasiete, por la que ceden un total de 123 viviendas para integrar el parque de viviendas destinadas a alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad social.

En cuanto a los programas de líneas de subvenciones para la mejora de inmuebles, Valido subrayó la línea de subvenciones para la rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, con una inversión de 1,6 millones de euros en 2017, y la convocatoria de diversas líneas de ayudas como la de fomento de la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas, con una partida de 2,2 millones de euros; la de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas, con 1,1 millones de euros, y la de fomento de la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la conservación y modernización de las instalaciones interiores de las viviendas, con una partida de 1.000.000 euros, dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda.

“La voluntad del Gobierno ha sido siempre contar con un plan de vivienda lo más consensuado y participativo posible, que respondan a las necesidades reales de las familias canarias”, explicó la consejera, quien aludió al impulso del Plan Canario de Vivienda 2019-2022, un plan que ya ha sido refrendado por agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones que marca la hoja de ruta durante los próximos cuatro años y que cuenta con catorce programas de ayudas y subvenciones.

En materia normativa, se hizo referencia a la modificación del Decreto por el que se modifica el reglamento que establece la adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública del Instituto Canario de la Vivienda, con el objeto de establecer un sistema de acceso a una vivienda pública mediante un procedimiento de adjudicación basado en la baremación de la situación económica y social de las familias siguiendo requisitos técnicos, así como La modificación de este Decreto de ayudas al alquiler, con el fin de mejorar y aliviar la ayuda al alquiler de los adjudicatarios de viviendas del parque público.

 

Declaraciones de la consejera del área de Vivienda, Cristina Valido:

El SCE invirtió en Gran Canaria 84,5 millones de euros para iniciativas de mejora de la empleabilidad

Los representantes sindicales, empresariales y de las administraciones públicas establecieron los criterios para priorizar las acciones formativas en la Isla en los próximos tres años

El Consejo Insular de Formación y Empleo (CIFE) de Gran Canaria, en el que participan junto a las administraciones los agentes sociales y económicos del ámbito insular, analizaron hoy las principales inversiones realizadas en materia de formación, orientación laboral, fomento del emprendimiento y mejora de la empleabilidad para los colectivos más vulnerables, así como la planificación de la formación para el empleo en la Isla para los próximos tres años.

Las distintas líneas de subvenciones y ayudas que han sido implementadas por el Gobierno de Canarias supusieron una inversión total durante el pasado año de 84,5 millones de euros en más de 65 mil servicios a personas que mejoraron su cualificación profesional, recibieron asesoramiento o subvenciones directas para acceder al mercado laboral, conciliar su vida familiar o constituirse como autónomos, entre otras ayudas. Además, se realizaron otras 68.602 acciones de orientación laboral a través de los programas que el SCE financia a las entidades sin ánimo de lucro.

De acuerdo con el análisis realizado por los responsables del SCE, las acciones formativas que programa el Gobierno de Canarias con mayor impacto en el empleo en Gran Canaria son las relacionadas con la seguridad privada, la promoción de igualdad, las telecomunicaciones y la atención socio sanitaria, entre otras.

Los certificados profesionales que mayor tasa de inserción posterior presentan son los de vigilancia, seguridad y protección de explosivos en los que casi el 90% de los participantes consiguieron trabajo tras obtener el certificado, y el de protección de personas que llegó al 84%. También las personas que accedieron a los certificados de promoción de la igualdad efectiva (80%); control de plagas (74%); montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios que alcanzó el 70%; atención socio sanitaria (70%) o diseño de la industria naval (68%) consiguieron importantes tasas de empleo. La inserción laboral al término de la acción formativa es el principal indicador de referencia para la asignación de la prioridad en la planificación de la formación para el empleo en cada isla, además de la denominada tasa de buena inserción, que se produce cuando la ocupación lograda está relacionada con la formación recibida.

La consejera Cristina Valido presidió la reunión del consejo de empleo de Gran Canaria

Este año, cerca de 16.000 personas participarán en las diferentes acciones formativas que programa el SCE para personas desempleadas y también ocupadas. De este total, 1.260 lo hará en alguno de los programas de formación en alternancia con el empleo que permite a los y las participantes recibir formación a la par que tienen una experiencia profesional, convirtiéndose en alumnos trabajadores durante la jornada semanal.

En colaboración con los diferentes ayuntamientos grancanarios, el plan extraordinario de Empleo Social facilitó la contratación de 1.400 personas y, en otra línea de trabajo, la formación en competencias básicas de 603 parados de larga duración, en las que participaron en la puesta en marcha de acciones de interés social o servicios a la comunidad.

La isla creó cerca de 10.000 nuevos empleos en un año. La media de personas afiliadas al termino del pasado año fue de 332.116, lo que supuso un incremento en un solo año de un 3%, 9.666 personas afiliadas más que en diciembre del año anterior.

El pasado mes de enero Gran Canaria registró 88.690 personas paradas, 3.942 menos que hace un año; de este total 50.546 son mujeres y 38.144 hombres. En este mismo mes se firmaron 26.128 contratos, 432 más que hace un año.

De acuerdo a la última Encuesta de Población Activa (EPA), la isla ha bajado la tasa de paro en 10 puntos a lo largo de esta legislatura al mismo tiempo que ha crecido en 50.000 el número de personas ocupadas.

El Ejecutivo canario intensifica la coordinación de la gestión de la tutela de personas mayores

Comisión tutelar del Mayor

El incremento de los tutelados por el Gobierno impulsa la creación de protocolos de coordinación que agilicen los accesos a recursos sociosanitarios

La Comisión Tutelar del Mayor se ha reunido hoy en Las Palmas de Gran Canaria con la intención de analizar los protocolos para los accesos a recursos sociosanitarios a los que deben acceder algunas de las personas tuteladas por el Gobierno de Canarias. “En apenas un año, hemos pasado de contar con 10 mayores tutelados a cerca de 200, y la previsión es que siga incrementándose esta cifra, por ello, es necesario elaborar protocolos que establezcan la ruta de actuaciones a llevar a cabo cuando se presenta un caso de una persona mayor tutelada, así como agilizar su admisión a un centro sociosanitario cuando exista una orden judicial de ingreso urgente”, asegura el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil.

La Comisión Tutelar también ha debatido las vías al alcance de la administración para conseguir garantizar que el patrimonio del mayor tutelado se dedica íntegra y exclusivamente a su bienestar. “La mejora de la gestión del patrimonio del mayor tutelado garantiza que el mismo vaya siempre en beneficio de su atención. Se trata de evitar que se realice un uso inadecuado del mismo, ha sido igualmente uno de los asuntos abordados hoy en el seno de esta comisión”, aclara Candil, quien recuerda que “es necesario contar con las herramientas administrativas y la coordinación necesaria que nos permita ingresar a una persona mayor en un centro cuando la situación así lo requiera, y este ha sido también uno de los temas tratados en la reunión de hoy con el fin de dar una respuesta rápida a la situación de los mayores tutelados”.

Comisión tutelar del Mayor

Esta Comisión tiene por objeto ejercer la protección y guarda de la persona y bienes de los mayores incapacitados cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración autonómica su tutela. La Comisión cuenta con la participación de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, consejería de Sanidad, Fecam, Fecai y Fiscalía.

Hay que recordar que son funciones de la Comisión ejercer los deberes tutelares de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración autonómica su tutela, así como adoptar todas las medidas precisas para la guarda y protección de la persona y bienes del mayor tutelado, y procurar el cuidado y el bienestar personal y social de la persona tutelada.

 

El SCE mejorará este año la cualificación para el empleo de más de 2.000 personas en la isla de La Palma

El Consejo Insular de Formación y Empleo repasó las acciones realizadas en 2018 y acordaron las prioridades de formación para los próximos tres años

Las diferentes acciones formativas que programa anualmente el Servicio Canario de Empleo (SCE) prevén mejorar en este año la cualificación profesional de más de 2.000 personas de La Palma que participarán en los programas de formación en alternancia con el empleo, formación prioritaria para personas en desempleo o personas ocupadas. El Consejo Insular de Formación y Empleo (CIFE), el organismo que reúne a los responsables de empleo de las administraciones con los agentes sociales y económicos del ámbito insular, consensuaron también la oferta formativa hasta 2021.

Como precisa el director del SCE, Sergio Alonso, en este encuentro con los y las responsables de empleo en la isla “repasamos los principales indicadores en materia de empleo, la situación del mercado laboral, el impacto de nuestras acciones formativas en la creación de empleo, y en base a estos resultados y las aportaciones del resto de integrantes, marcamos las prioridades formativas que van a definir la programación de cursos en los próximos tres años”.

Reunión en el Cabildo de La Palma

“Es fundamental -prosigue- identificar en cada isla las necesidades formativas que se van a plantear en la estrategia que durante los próximos tres años priorizará los certificados profesionales de la formación para el empleo”.

De acuerdo al análisis realizado por los responsables del SCE, las acciones formativas que programa el Gobierno de Canarias con mayor impacto en el empleo en La Palma son las de certificados profesionales de Actividades de venta, y Atención sociosanitaria en el domicilio. A lo largo de este año, el SCE prevé formar a 1.125 personas en desempleo, 821 ocupadas y 80 a través de los programas de formación en alternancia con el empleo.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, y la consejera insular de Empleo, Laura Paz, estuvieron presentes en este encuentro y hagradecieron al director del SCE la exposición realizada. Pestana y Paz destacaron la importancia de la formación de las personas desempleadas para que éstas tengan unas mayores posibilidades de inserción laboral. “Hemos repasado las acciones realizadas y hemos expuesto medidas orientadas a ofertar mayor formación en idiomas para quienes se encuentran en paro, algo que creemos fundamental para el futuro laboral más próximo en nuestra isla”.

En líneas generales, durante el pasado año, el SCE realizó una inversión total en la Isla de 9,8 millones de euros en las que participaron más de 16.000 personas que recibieron formación, orientación, asesoramiento o subvenciones directas para acceder al mercado laboral, conciliar su vida familiar o constituirse como autónomos, entre otros.

El Plan Extraordinario de Empleo Social supuso una inversión de 2.719.889 euros que facilitó a los 14 ayuntamientos palmeros contratar a 390 personas en riesgo de exclusión social para el desarrollo de obras municipales o servicios de interés general y social.

La Palma creó 600 empleos nuevos en un año. La media de personas afiliadas en el mes de diciembre fue de 23.000 personas, 600 más que hace un año, lo que ha supuesto un crecimiento cercano al 3%. Del total, la gran mayoría (16.436) pertenecían al régimen general, 5.360 eran autónomas y 770 estaban afiliadas en el sector agrario.

El pasado mes de enero la isla de La Palma registró un total de 8.437 personas paradas, 3.768 hombres y 4.669 mujeres. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre, la tasa de paro ha bajado en 9 puntos a lo largo de la legislatura y ha pasado del 30,8% al 21,6%. En este mismo mes, se firmaron 1.916 contratos de los que más de la mitad (971) los firmaron mujeres. La gran mayoría de contratos (1613) fueron en el sector Servicios, seguido de Construcción (163), Agricultura (98), e Industria (42).

El certificado profesional, la puerta del empleo

El 60% de las personas que obtiene un certificado profesional accede a un puesto de trabajo antes del año

La formación y el empleo están estrechamente relacionados. La falta de cualificación, o no poder acreditar la formación o la experiencia laboral, son algunos de los principales obstáculos para acceder a un puesto de trabajo. Por este motivo, el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha intensificado en los últimos años todas las acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad. De acuerdo a las últimas evaluaciones realizadas, el 60% de las personas que obtienen un certificado profesional consiguen acceder a un puesto de trabajo. Abandonar no es una alternativa; actualizar conocimientos, sí.

“Nunca hay que tirar la toalla”, asegura Angy Machín Brito, una de las mujeres que consiguió el certificado profesional en el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) sobre Automoción, impartido por FEMEPA, y que en la actualidad está trabajando en un taller. Llevaba más de 6 años sin tener empleo. “Tengo 49 años y por la edad cada vez era más difícil encontrar un trabajo. Cuando me llamaron del Servicio Canario de Empleo para hacer el curso pensé que se habían equivocado, porque era de automoción, pero me explicaron de qué iba y me dije: venga, vamos a intentarlo”.

Angy cuenta que al día siguiente de terminar el PFAE firmó el contrato de trabajo en la misma empresa donde había hecho las prácticas. “Al principio estaba muy asustada, pero esto cada vez me gusta más”. “Además -cuenta-, aquí me tratan como si fueran familia, como una más; da igual que sea mujer, hago lo mismo que mis compañeros”.

En 2018, 15.981 personas consiguieron en las Islas un certificado tras recibir la formación gratuita que imparte el SCE o tras presentarse a las pruebas que periódicamente convoca el Instituto Canario de Cualificaciones para acreditar la experiencia laboral o formación profesional. Y muchas de ellas, además, que habían abandonado sus estudios de Primaria y Secundaria por circunstancias personales, también consiguieron aprobar los exámenes de competencias básicas y obtener, con la formación especializada recibida, un certificado de mayor nivel.

Es el caso de Juan José Ortega, que nunca había trabajado en la construcción – más allá de “algún trabajito” esporádico en la juventud -, carecía de cualificación y llevaba más de 10 años sin empleo. “Estaba cobrando una ayuda cuando me llamaron de la oficina del Servicio Canario de Empleo para hacer un curso de la Fundación Laboral de la Construcción”. “La verdad que ha sido muy buena experiencia -cuenta orgulloso-, nada más terminar las prácticas hice contactos con otras empresas y al mes y medio me contrataron en la empresa que estoy ahora”.

Tras recibir la formación adecuado Juan José ya lleva un año trabajando

En el mes de marzo próximo, Juan José hará un año de trabajo en la empresa de reformas donde ahora pone en práctica toda la formación que recibió como ayudante de albañil. “Además del trabajo que tengo, recibí formación en otras materias como Seguridad Laboral, que ahora constan en el currículum y me abren más puertas”.

Según los datos facilitados por el Observatorio de Empleo de Canarias (OBECAN), en número absolutos el mayor número de personas certificadas que accedieron a un puesto de trabajo lo hicieron en las especialidades atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y a personas en domicilio; operaciones básicas de restaurante y bar; docencia de la formación profesional para el empleo; actividades de venta; cocina; peluquería; actividades auxiliares en viveros y jardinería; y servicios administrativos, entre otros.

Certificate, un incentivo de hasta 6.000 euros por contrato. La Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias fomenta la contratación de los y las desempleadas que tengan formación obtenida a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) con el programa Certifícate con hasta 6.000 euros por contrato. Certifícate busca favorecer la inserción sociolaboral y contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas, porque cuanto más formado esté el empleado, más garantías habrá de conseguir y mantener el empleo. Las ayudas van desde los 2.500 euros por contrato parcial hasta los 5.500 euros por contrato indefinido, a los que podrán sumarse otros 500 si la persona contratada ha realizado prácticas en la misma empresa.

Como explica el director del SCE, Sergio Alonso, “la buena formación de las plantillas beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas que mejoran su competitividad”. “La empresa sabe que la herramienta más potente para obtener beneficios es el capital humano, sus propios empleados”.

A través de este programa se bonifica con hasta 6.000 euros por la contratación de desempleados que tengan un certificado de profesionalidad, la titulación que acredita el conjunto de competencias profesionales que permiten al desempleado que antes no tenía titulación alguna trabajar en el área en la que se ha formado, y tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Las empresas que se acogen a este programa de subvenciones tienen que cumplir además una serie de condiciones, como por ejemplo mantener el mismo nivel de plantilla que tenían tres meses antes de formalizar la contratación y durante todo el periodo de permanencia del trabajador subvencionado, entre otras.

Canarias se interesa por la situación de los 30 millones de euros para la pobreza tras la prórroga del PGE 2019

Cristina Valido ha mantenido hoy una reunión con la secretaria de Estado de Políticas Sociales, Ana Lima.

La consejera Cristina Valido ha mantenido hoy una reunión con la responsable del área, Ana Lima, quien le ha manifestado que, inicialmente, no están contemplados

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha mantenido hoy una reunión con la secretaria de Estado de Políticas Sociales, Ana Lima, para reclamar la financiación de los 30 millones de euros correspondientes al Plan de Pobreza de Canarias de 2019. “Entendemos que al prorrogar el presupuesto deberían estar también disponibles en este año. Para mi sorpresa, no lo tienen claro. Dicen que este tipo de subvenciones nominativas y específicas no debemos entenderlas como prorrogadas de manera automática, aunque el presupuesto se prorrogue”. No obstante, la consejera ha arrancado el compromiso de que se elabore un informe que pueda aclarar si estas cantidades deben prorrogarse automáticamente junto al presupuesto.

Valido también se informó de la situación en la que se encuentran los 18 millones de euros pendientes del presupuesto 2018 y que la ministra Carcedo se comprometió a resolver en la última reunión mantenida en Madrid para conocer el estado de ese compromiso adquirido por el anterior ejecutivo. Lima ha asegurado a la consejera regional que, una vez finalizados los trámites de la Secretaría de Estado, están en manos de Hacienda. “En cualquier caso” -resaltó Valido- “he informado a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para que esté en contacto frecuente con el Estado y se cerciore de que la autorización del gasto se produzca en el menor plazo de tiempo posible”.

Hay que recordar que la Comunidad Autónoma debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, pero a fecha de hoy solo han sido ingresados 12. En 2017 el Gobierno central también se retrasó en el ingreso de esta partida a Canarias, lo que generó problemas con los ayuntamientos a la hora de la ejecución de proyectos para prestaciones de ayuda a las personas más vulnerables.

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El Ejecutivo aumenta en 2 millones más la financiación de las plazas de discapacidad en centros de día

Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias

Esta cantidad se suma a los 8 millones de euros ya previstos para esta partida en los presupuestos de 2019

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ha decidido incrementar en 2 millones de euros más la financiación de las plazas de salud mental en el sector de la discapacidad y en un millón más el coste del transporte de los usuarios de centros de día. Estas cantidades se suman al incremento ya previsto en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este fin, por lo que finalmente se destinarán 10 millones de euros a actualizar el precio plaza/día y 6 millones de euros a cubrir el servicio de transporte.

Según explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, “la crisis motivó que durante años el precio de las plazas sociosanitarias estuvieran congeladas, lo que ha hecho que as corporaciones insulares, empresas y entidades del tercer sector hayan reivindicado desde entonces una actualización de los precios. Ya en los años 2016 y 2017 se incorporaron 2 millones de euros cada año para ir paliando este déficit, especialmente en las plazas sociosanitarias del sector de la discapacidad, que era el sector más deficitario”.

En los presupuestos generales de la Consejería para el 2019 se contemplaba inicialmente un aumento en la inversión de 8 millones de euros en el ámbito de la dependencia, 4 millones para el área de mayores y 4 millones para el sector de la discapacidad, con el fin de acercar cada vez más el precio al coste real de las plazas.

“Sin embargo, desde el Gobierno somos conscientes que el incremento no había sido suficiente, por lo que hemos apostado en estos presupuestos finalmente por quintuplicar el importe destinado al incremento del precio plaza día, pasando de 2 a 10 millones de euros, con el fin ir acortando la brecha entre el coste financiado y el coste real de la plaza, porque no podíamos seguir esperando a que se aprobara la Ley Canaria de Servicios Sociales”, aclaró Valido.

A este montante, además, hay que sumar la subida del IPC, el 1,4%, que no siempre ha sido contemplado, así como otros 5 millones de euros destinados al transporte que contribuirá a paliar el déficit en los centros de día, que permitirá una mejora sustancial en el traslado de los usuarios, y que finalmente se incrementará en un millón más, llegando a los seis millones.

A estos incrementos se suma el aumento presupuestario de 10 millones de euros, que se contemplaba en los convenios plurianuales suscritos con los cabildos, de manera que se pasa de los 104 millones de 2018 a los 114 millones de 2019, montante destinado al aumento del número de plazas y servicios.

En la comisión de servicios sociales de la Federación Canaria de Islas (Fecai), celebrada el pasado 8 de febrero en la isla de El Hierro, los representantes de los distintos cabildos aplaudieron este importante incremento de los precios y la incorporación de nuevas plazas y servicios, lo que entienden como una clara apuesta para la mejora y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el transcurso de este encuentro se consensuaron los parámetros de distribución de la partida en función del tiempo de plaza, ya que el coste varía según sus características.

“Motivo por el que a estas cantidades se ha decidido incorporar, además, otros 2 millones de euros destinados a incrementar el precio plaza/día, en concreto en las plazas de salud mental del sector de la discapacidad”, matizó.

“El objetivo es paliar el déficit económico de las plazas sociosanitarias y dar respuesta a la demanda histórica que tanto las corporaciones insulares como las entidades del tercer sector venían reclamando, aproximándonos cada vez más al coste real de las plazas”, concluye la consejera del área.

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El 80% de las personas formadas en dirección de restauración con el SCE en Lanzarote consigue empleo

El Consejo Insular de Formación y Empleo de la isla conoció los resultados de las políticas de formación para el empleo del Gobierno de Canarias

El Consejo Insular de Formación y Empleo, el organismo que reúne a los responsables de empleo de las administraciones, agentes sociales y económicos del ámbito insular, junto a los responsables del área del Gobierno de Canarias, ha analizado las diversas actuaciones que el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha desarrollado en Lanzarote en este último año, al tiempo que han consensuado las prioridades de la oferta formativa para los próximos tres años.

De acuerdo con el análisis realizado por los responsables del SCE, las acciones formativas que programa el Gobierno de Canarias con mayor impacto en el empleo en la isla son las relacionadas con el sector turístico o la restauración.

El certificado profesional que mayor tasa de inserción representa es el de Dirección de Restauración que alcanza al 77% de las personas participantes, otros certificados como Venta de productos y servicios turísticos, Recepción en alojamientos o Servicios de restaurante, rondan el 70% de la inserción al año de haber finalizado la formación.

En este año que acaba de empezar, se estima cualificar a unas 4.025 personas, de las que 1.314 será formación para personas en desempleo, 20 a través del programa de formación en alternancia con el empleo y 2.676 en los programas formativos para personas ocupadas.

Durante el encuentro celebrado hoy en el Cabildo de Lanzarote se analizaron las diferentes propuestas y necesidades de acuerdo a las particularidades del territorio y la población de la Isla.

El director del SCE, Sergio Alonso, puso el énfasis en la relevancia de esta coordinación que se establece periódicamente con las administraciones locales y los representantes de los sindicatos y las empresas de cada isla de cara a definir de la forma más acertada la oferta formativa para los próximos años.

En líneas generales, durante el pasado año, el SCE realizó una inversión total en la Isla de 11.085.959,60 millones de euros que beneficiaron a más de 16.000 personas que recibieron formación, orientación, asesoramiento o subvenciones directas para acceder al mercado laboral, conciliar su vida familiar o constituirse como autónomos, entre otros.

El Plan Extraordinario de Empleo Social supuso una inversión de 1.648.215,75 euros que facilitó la contratación de 214 personas.

10.680 personas ocupadas más que al comienzo de la legislatura. La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre del año pasado reflejó una tasa de paro del 19%, 12 puntos menos que al comienzo de la legislatura en 2015, cuando se situaba en el 31,26%. En este mismo periodo, la población activa aumentó en cerca de 1.570 personas y la población ocupada creció en más de 10.680 personas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, -presente en el encuentro al igual que el director insular de Empleo, Jorge de la Guardia- expresó su satisfacción por estos datos y se congratuló de que Lanzarote esté liderando en términos relativos la creación de empleo en Canarias junto a Fuerteventura.

El pasado mes de enero, la isla de Lanzarote registró un total de 10.930 personas paradas, 485 menos que hace un año, lo que supuso un descenso del 4,5%. Por sexo, 4.768 son hombres y 6.162 mujeres.

En este mismo mes, se firmaron 5.643 contratos, 2.914 fueron suscritos por hombres y 2.729 por mujeres. La gran mayoría de contratos (3.105) fueron en la Hostelería, seguido de Resto de servicios (1.605), Comercio (721), Construcción (397), Industria (102) y Agricultura (15) y el 13% de ellos fue indefinido, un porcentaje superior en un punto al de contratos indefinidos en Canarias.

La media de personas afiliadas en el mes de diciembre fue de 56.709, 4,36% más que hace un año, lo que supone que en un año se han creado 2.368 empleos. Del total de personas afiliadas en la actualidad, 10.096 son autónomas, 189 están afiliadas en el sector agrario y la gran mayoría (45.371) están afiliadas al régimen general.

Canarias urge al Estado a que solucione los problemas informáticos que impiden el acceso al bono social

Reunión Gobierno de Canarias Bono Social Eléctrico

 El Gobierno ha analizado hoy la situación “que está dejando fuera a muchos consumidores que tienen derecho a este descuento en la factura de la luz”

El Gobierno de Canarias ha presentado diversas quejas ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo soluciones a la situación que se está generando entre los consumidores canarios que no pueden acceder al descuento en su factura de electricidad, al que tienen derecho por ley.

Según explica el viceconsejero de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Francisco Candil, “desde que entró en vigor la nueva normativa del Bono Social, Canarias advirtió del problema de gestión del proceso para acceder a este descuento en la factura de luz de las familias que lo necesitan”.

“Ahora, nos encontramos que el 90 por ciento de las reclamaciones que llegan a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno canario están motivados por la imposibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica de comprobar los datos de los consumidores en su aplicación informática ya que la comercializadora de referencia introduce los mismos en la citada aplicación pero ésta responde desfavorablemente”, indica el viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, quien celebró hoy una reunión con el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, y el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja, con el fin de analizar la situación y estudiar qué medidas de mediación se pueden llevar a cabo.

Como dato, indicar que a febrero de este año, se han denegado un total de 26.110 solicitudes por problemas de comprobación de la documentación introducida en el aplicativo.

“Ante esta realidad, desde la Dirección general de Consumo y Comercio del Ejecutivo canario, se han remitido sendos escritos alertando de esta situación a la Dirección general de Política Energética del Estado y a la Dirección general de Consumo del Ministerio de Sanidad”, indicó el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Gonzalo Piernavieja.

La solución pasa por la simplificación del modelo de gestión del bono social, con el fin de facilitar las cargas administrativas a los interesados y por la coordinación entre los Ministerios involucrados.

“Afortunadamente, esta situación no afecta a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social, pero sí a otros perfiles de solicitantes” aclaró Candil.

El Bono Social es un descuento en la factura de la luz regulado y financiado por las comunidades autónomas. Con la entrada en vigor, en octubre de 2017, del Real Decreto 897/2017 cambiaron los requisitos para tener derecho a la ayuda, y se incorporó una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que tienen carácter de esenciales. De esta forma,