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Más de 3.600 solicitantes de ayuda al alquiler joven deberán subsanar errores para proseguir con el trámite

Viviendas

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy miércoles, 12 de junio, la lista con los nombres de las personas que deben aportar información adicional en el plazo de diez días, de entre las más de 6.200 solicitudes presentadas

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, publica hoy miércoles, 12 de junio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se requiere a los solicitantes de ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente para los jóvenes menores de 35 años, la subsanación o ampliación de documentación necesaria.

La cantidad de solicitudes de ayudas presentadas en esta convocatoria asciende a un total de 6.227, de las cuales, se requiere a 3.638 solicitantes para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, tanto en el BOC como en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda, subsanen y/o completen los documentos y/o datos que se detallan en los anexos de la Resolución.

Hay que aclarar que la no inclusión del solicitante interesado en esta resolución implica únicamente que no tiene que subsanar documentación alguna, ya que la concesión o, en su caso, denegación definitiva de la ayuda, se dará a conocer en la resolución definitiva que será publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

La concesión de estas subvenciones están destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler a los jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas al inquilino.

Los beneficiarios no podrán superar los 35 años de edad y residir en una vivienda, en calidad de arrendatario, cuyo alquiler sea igual o inferior 500 euros mensuales. En el caso de familias numerosas, de categoría general o especial, la renta mensual puede llegar a los 600 euros. Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50 por ciento de la renta mensual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente.

Las ayudas, que serán otorgadas para sufragar el alquiler de los años 2018 y 2019, cuentan con una partida presupuestaria que asciende a 3.750.000 euros, 1.875.000 euros por ejercicio. En las próximas semanas se publicará la subsanación de errores de expedientes para el cupo general y cuando las resoluciones sean definitivas, el monto total de ayudas al alquiler otorgadas rondará los 17 millones de euros.

El Gobierno y los empresarios impulsan una fórmula público-privada para construir vivienda protegida

Reunión plan de Vivienda

El Instituto Canario de Vivienda, Visocan, Fepeco y AECPLA se comprometen a activar de manera prioritaria suelos de la empresa pública y de promotores privados

Esta iniciativa, complementaria al Plan de Vivienda de Canarias, permitirá poner en el mercado un número importante de viviendas

El Gobierno de Canarias y las patronales de la construcción de ambas provincias se reunieron esta semana para impulsar una fórmula público-privada que permita poner en el mercado un número importante de viviendas protegidas en un corto plazo de tiempo. En el encuentro, el Instituto Canario de Vivienda, la empresa pública Visocan y las patronales de la construcción se comprometieron a buscar el marco jurídico que permita activar de manera prioritaria suelos de la empresa pública y de promotores privados. Esta iniciativa, que será complementaria al Plan de Vivienda de Canarias, servirá para atender una parte importante de la demanda de vivienda existente.

Ambas partes analizan ya los suelos disponibles, además de su ubicación y posibilidades de edificación, con el objetivo de poner sobre la mesa una propuesta lo antes posible que contemple, además, mecanismos de explotación y compensaciones a los empresarios que participen en estos proyectos, para la construcción de viviendas protegidas de régimen especial en venta y en arrendamiento.

Las viviendas que se construyan deberán localizarse en mayor medida en las zonas de más demanda de vivienda pública , que en la actualidad se localiza en las áreas metropolitanas de Las Palmas-Telde y Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, en Lanzarote (especialmente en Arrecife), Fuerteventura (Corralejo y Puerto del Rosario) y los sures de las islas capitalinas.

En la reunión estuvieron presentes, además de la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, el gerente de Visocan, Víctor González, la secretaria general de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil; el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo; y el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, Joaquín Mañoso.

La directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, explicó que la colaboración entre ambos sectores es fundamental para incidir en el mercado de vivienda del Archipiélago. “Por un lado, con un acuerdo así logramos poner viviendas en el mercado en poco tiempo, usando recursos que ya existen, como son los suelos de que dispone Visocan, que ya cuentan con proyectos, y los que son propiedad de los promotores y no han sido edificados o se quedaron inconclusos por la crisis; por otro, al intervenir en el mercado inmobiliario generando más inmuebles protegidos influimos, de forma indirecta pero efectiva, en el precio de la vivienda libre en Canarias, promoviendo su caída”, explicó.

La demanda de vivienda se divide en tres franjas. Primero está la población en situación de vulnerabilidad, que es la destinataria de las viviendas del parque público en régimen de alquiler con ayuda, que financia íntegramente el Gobierno de Canarias. Luego, la población que cuenta con mejores condiciones económicas pero, aún así, no puede acceder a la vivienda en el mercado libre, que son los destinatarios de las políticas públicas que hacen posible la existencia de viviendas protegidas a precios de renta y venta asequibles mediante ayudas públicas a la adquisición de suelo, promoción de VPO, ayudas a la compraventas y ayudas al alquiler, entre otras medidas; y el resto, que dispone de los recursos necesarios para pagar un alquiler o comprarse una vivienda sin intervención pública.

La responsable del área precisó que esta colaboración público-privada se realizará con todas las garantías de concurrencia, es decir, siempre a través de concurso público. En estos momentos, Visocan calcula que cuenta con suelos con proyecto para alrededor de 500 viviendas. A este número habría que sumar la disponibilidad de los promotores, que también se estima importante.

Salud Gil, por su parte, mostró su satisfacción con la posibilidad de actuar de manera conjunta. “Es importante que esta actuación sea complementaria al plan de Vivienda de Canarias, de manera que podamos trabajar a dos velocidades”, precisó.

Óscar Izquierdo también manifestó su apoyo a la iniciativa y a que el sector público y privado puedan trabajar conjuntamente y mejorar la calidad de vida de las personas que necesitan acceder a una vivienda. “Redundará en beneficio de ambas partes”, dijo.

El Consejo de Gobierno envió hace unas semanas el Plan de Vivienda de Canarias al Consejo Económico y Social (CES), una hoja de ruta que, una vez incorporadas las aportaciones hechas en este último trámite administrativo, marcará la política en la materia durante los próximos cuatro años.

El documento, con una ficha financiera de más de 246 millones de euros para construir alrededor de 4.000 viviendas, cuenta con un total de 14 programas, de los que dos están dirigidos a los constructores o promotores de vivienda:

– El programa para la adquisición y urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida. Consistirá en el otorgamiento de subvenciones tanto a la adquisición como al desarrollo del suelo para la construcción de viviendas protegidas exigiendo su inmediata edificación, siempre cumpliendo con los requisitos relativos a superficie útil máxima, precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, niveles de ingresos de los adquirentes y período mínimo de calificación de las viviendas, que se establecerán en el correspondiente decreto que regule las medidas del Plan de Vivienda.

– El programa de ayudas para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa. Tendrá por objeto el fomento de la construcción de vivienda protegida de promoción privada en régimen de arrendamiento y/o compraventa para incentivar la incorporación al mercado inmobiliario de viviendas a precios de venta y renta asequibles.

Asimismo, existe un programa destinado a impulsar el retorno al mercado de vivienda vacía. Se trata de un programa financiado exclusivamente con fondos autonómicos y que se divide en dos tipos de medidas: una ayuda económica directa para la puesta en arrendamiento de la vivienda, además de contar con un seguro multirriesgo y otro seguro en caso de impago de las cuotas; y una ayuda para la rehabilitación del inmueble, si fuera necesario.

Visocan destinó en 2018 casi 4 millones de euros a rehabilitar y mantener su parque público de vivienda

Grupo de viviendas públicas

Entre 2017 y 2020, ambos ejercicios incluidos, la empresa pública aportará unos 10 millones de euros para acometer actuaciones de este tipo

La empresa pública Visocan destinó en 2018 cerca de 4 millones de euros a rehabilitar y mantener las viviendas de su parque público, ubicadas en los municipios de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Cruz de Tenerife.

Según la programación establecida en 2017, cuando el nuevo equipo llegó a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, desde ese año y hasta 2020, ambos incluidos, la inversión alcanzará los 10 millones de euros para este concepto. Esa apuesta está permitiendo transformar muchos bloques de vivienda y mejorar la calidad de vida de los inquilinos.

“Con este dinero estamos mejorando los inmuebles en los que viven muchas familias canarias, algo que antes no se hacía, porque Visocan no tenía músculo financiero para ello como consecuencia de la dura crisis y que empezamos a acometer desde que llegamos”, recalcó la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. “Nuestra política de vivienda se basa en promover el acceso a la vivienda en igualdad de oportunidades a todos los canarios, y eso pasa también por garantizar la rehabilitación”.

Cada una de las actuaciones llevadas a cabo o planificadas se han consensuado con las comunidades de vecinos, otorgando prioridad presupuestaria en función de las necesidades más urgentes que presenta cada bloque de viviendas. “El consenso es fundamental: los vecinos conocen perfectamente cuáles son las carencias que tienen sus casas o los espacios comunes”, explicó la responsable del área.

Las obras que se están llevando a cabo son en materia de impermeabilización, cubiertas, revestimiento de fachadas, accesibilidad o garajes.

Además de las obras realizadas este año o en marcha, la empresa pública ya ha iniciado el concurso para la redacción de los 46 proyectos de obra menor para la rehabilitación de nuevas promociones para continuar con la programación prevista. Una vez adjudicados los proyectos se realizarán visitas a las promociones con cada uno de los adjudicatarios y se aportarán los dados obrantes en los archivos de la empresa para la confección de los proyectos. Realizados estos, se licitarán las obras a lo largo de este año.

Además de estas acciones, Visocan también invirtió 114.150 euros en recuperar viviendas usadas para su readjudicación a familias vulnerables. En concreto, en Gran Canaria ha llevado a cabo actuaciones para readjudicar 22 viviendas por un importe de 29.379 euros, mientras que en Tenerife ha adecuado 54 viviendas con un presupuesto de 84.771 euros millones de euros.

Todas estas obras son licitadas, por imperativo legal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Las actuaciones de Visocan forman parte de la apuesta de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias por mejorar las políticas de vivienda en la Comunidad Autónoma.

El departamento que dirige Cristina Valido cuenta ya con un nuevo Plan de Vivienda para Canarias que permitirá construir alrededor de 4.000 viviendas nuevas en los próximos años. El Consejo de Gobierno envió hace unas semanas el documento al Consejo Económico y Social. Cuenta con una ficha financiera de más de 246 millones de euros y viene a cubrir una importante carencia, agravada por la crisis económica, que eliminó los fondos estatales y paralizó la construcción.

Los programas contenidos en el texto, consensuado por unanimidad por todos los integrantes de la Comisión de Vivienda, marcarán las líneas de actuación del área durante los próximos cuatro años.

Esta comisión es un órgano colegiado previsto en la Ley de Vivienda de Canarias que emite informes en materia de vivienda. Está compuesta por representantes de ayuntamientos y cabildos; de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP); de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO); de los colegios profesionales; de los sindicatos CCOO y UGT; de las entidades del Tercer Sector; y de las asociaciones de consumidores.

El Gobierno y el sector de la construcción avanzan en nuevas acciones en materia de vivienda

El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, mantuvieron hoy una reunión con la secretaria general de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil

El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, mantuvieron hoy una reunión con la secretaria general de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil

El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, mantuvieron hoy una reunión de trabajo con la presidenta de la Fundación Laboral de la Construcción y secretaria general de Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil, con el fin de estudiar colaboraciones entre el Ejecutivo y la entidad laboral en materia de construcción y rehabilitación en el marco del nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022.

Según aclaró el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, “el futuro Plan de vivienda incluye un conjunto de programas con importantes actuaciones en materia de promoción y construcción de viviendas, así como rehabilitación de edificios y entornos urbanos, en las que la sector de la construcción es fundamental”.

“El Plan debe de contar necesariamente con los agentes de la promoción y la construcción”, explicó, “no solo para llevar a cabo la ejecución de los diversos objetivos previstos sino también para activar un sector que es motor de empleo y de generación de riqueza”.

El Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022, que determinará las políticas del área durante los próximos cuatro años, ha sido elevado al Consejo Económico y Social para que emita el informe preceptivo previo para su aprobación en Consejo de Gobierno.

El documento contempla una inversión para los próximos cuatro años de 169.865.100 euros, a lo que hay que sumar la aportación de 76.479.000 euros correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo que la inversión en materia de vivienda en Canarias se eleva a un total de 246.344.100 euros para los próximos años, estimando la creación de más de 4.000 viviendas.

En el seno de este encuentro, se abordaron otros asuntos como el acuerdo entre el Ejecutivo y la Fundación para llevar a cabo las obras de rehabilitación de 110 viviendas en el barrio capitalino El Lomo de los Chinches a través de un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción o las acciones en materia de formación y empleo, a través de las cuales se llevan a cabo diversas actuaciones a través del Servicio Canario de Empleo, de formación para trabajadores ocupados y desempleados, así como Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) para parados de larga duración y programas de garantía juvenil.

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Vivienda abre plazo de subsanación para las solicitudes de ayudas a la mejora de la accesibilidad de edificios

Rampa accesibilidad

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda financia con 2,2 millones de euros, entre otras, la instalación de ascensores, salvaescaleras y rampas u otros dispositivos de accesibilidad

Un total de 363 solicitantes, de los 636 que presentaron solicitud de ayuda, tienen que solventar errores o carencias en la documentación aportada

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha publicó hoy, 7 de mayo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se requiere la subsanación o mejora de las solicitudes de subvenciones para fomentar la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad en edificios y viviendas para el ejercicio 2018. En concreto, se solicita a un total de 363 comunidades de edificios y propietarios de viviendas – de las 636 solicitantes- que subsanen la documentación.

Se trata de ayudas que tienen como fin la financiación de obras para la conservación y mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. Este programa cuenta con una partida de 2.265.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los propietarios de viviendas unifamiliares y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva así como de sus viviendas; las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios; las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. También las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles, así como las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios.

Las ayudas de conservación contemplan actuaciones dirigidas a mejorar el estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones; de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos de desamiantado, y las relativas a la adecuación interior de una vivienda unifamiliar a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene legalmente exigidas.

Igualmente, se considerarán subvencionables las actuaciones para la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, tales como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, la instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad; la instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores; la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos; la instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad y cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas.

El plazo para la subsanación de la documentación requerida es de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOC, es decir, hasta el 21 de mayo, inclusive.

El Consejo de Gobierno envía el Plan de Vivienda de Canarias al Consejo Económico y Social

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento, con una ficha financiera de más de 246 millones de euros para construir alrededor de 4.000 viviendas, viene a cubrir una importante carencia, agravada por la crisis económica que paralizó la construcción de vivienda protegida

El Consejo de Gobierno ha elevado hoy al Consejo Económico y Social el Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022 para que emita el informe preceptivo. Una vez emitido el dictamen del CES y analizadas sus conclusiones, con todos los informes, el Gobierno aprobará el Plan. El documento marcará la nueva hoja de ruta, demandada por todos los sectores – y de la que el Archipiélago carecía tras los recortes de los fondos del Estado al empezar la crisis- y determinará las políticas del área durante los próximos cuatro años.

El Consejo de Gobierno ha elevado hoy al Consejo Económico y Social el Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022 para que emita el informe preceptivo. Una vez emitido el dictamen del CES y analizadas sus conclusiones, con todos los informes, el Gobierno aprobará el Plan. El documento marcará la nueva hoja de ruta, demandada por todos los sectores – y de la que el Archipiélago carecía tras los recortes de los fondos del Estado al empezar la crisis- y determinará las políticas del área durante los próximos cuatro años.

El Plan de Vivienda contempla una inversión para los próximos cuatro años de 169.865.100 euros, distribuidos en las siguientes anualidades: 40.892.700 euros en 2019; 42.877.600 euros en 2020; 43.004.800 euros en 2021 y 43.090.000 euros en 2022. A la cifra global, hay que sumar la aportación de 76.479.000 euros correspondiente al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo que la inversión en materia de vivienda se eleva a un total de 246.344.100 euros para los próximos años.

Entre otras actuaciones, el Plan contempla un incremento del parque público en unas 4.000 viviendas, para lo cual se necesita la cesión de suelo. El Ejecutivo ya está en proceso de redacción para la construcción en suelo de propiedad pública de unas de 500, que se sumarán a nuevas construcciones una vez se vaya contando con nuevo suelo.

Hay que recordar que agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones dieron su apoyo unánime al borrador del Plan Canario de Vivienda 2019-2022 en la Comisión de Vivienda celebrada el pasado mes de febrero. Esta comisión es un órgano colegiado previsto en la Ley de Vivienda de Canarias que emite informes en materia de vivienda. Está compuesta por representantes de ayuntamientos y cabildos; de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP); de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO); de los colegios profesionales; de los sindicatos CCOO y UGT; de las entidades del Tercer Sector; y de las asociaciones de consumidores.

El Plan ha sido un documento muy participado. A mediados del pasado 2018, Vivienda abrió un proceso de participación con la creación de un portal web -https://construyamosvecindad.org/-, como espacio participativo para la recogida de opiniones y sugerencias sobre las diversas líneas de actuación en materia de vivienda planteadas en el borrador del Plan de Vivienda de Canarias. Además, de forma previa, tuvieron lugar distintas reuniones y foros con todos los sectores implicados, así como con distintas administraciones insulares y locales.

Los catorce programas de ayudas y subvenciones que contempla el documento son los siguientes:

1. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

2. Programa de ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad denominado Canarias + Viviendas x Familias “C+VxF”.

3. Programa para el incremento del parque público de vivienda.

4. Programa para la adquisición y urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.

5. Programa de ayudas para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa.

6. Programa de fomento del parque de vivienda en alquileres.

7. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.

8. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.

9. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

10. Programa de ayuda a los jóvenes canarios.

11. Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad en Canarias.

12. Programa destinado al fomento de la rehabilitación de viviendas para la mejora de la accesibilidad y la conservación y modernización de las instalaciones interiores.

13. Ayuda para rehabilitar para la puesta en arrendamiento, con dos líneas, programa de vivienda vacía de Canarias,y ayuda por la puesta en arrendamiento,

14. Programa para el diseño y la puesta en marcha del Observatorio Canario de la Vivienda.

 

El Gobierno pide dictamen al Consejo Consultivo sobre la transaccional que prorroga el convenio de Las Chumberas

Consejo de Gobierno de Canarias

El acuerdo permitirá aplazar el reintegro de los importes librados por el Estado

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, lunes, 29 de abril en Gran Canaria ha aprobado solicitar un dictamen al Consejo Consultivo que refrende la legalidad del acuerdo transaccional que prorroga el convenio de Las Chumberas, mediante el aplazamiento del reintegro de los importes que cada una de las administraciones aportaron para la reposición del barrio de Las Chumberas.

El Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se comprometieron a financiar las actuaciones de reposición y reurbanización del barrio mediante la firma de tres convenios, suscritos en los años 2011, 2015 y 2016.

Los tres convenios se extinguieron (los dos primeros, el 31 de diciembre de 2016 y el tercero, el 31 de diciembre de 2018) sin que las actuaciones hubiesen finalizado. La finalización de este plazo conllevaría la liquidación de los convenios extinguidos y que las administraciones que han financiado las actuaciones puedan ejercer su derecho de reintegro de los importes no justificados.

Debido a que esta situación podría comprometer el conjunto del proyecto, cuya conclusión es necesaria y de marcado interés público a la vista de las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias afectadas, las partes se reunieron, en el marco de la Comisión de Seguimiento (sesiones de 29 de enero y 15 de febrero de 2019), para alcanzar una solución jurídica que permitiera dar continuidad a las actuaciones hasta su finalización.

La solución aportada por el Ministerio, tomando como fundamento el informe emitido por la Abogacía del Estado, y acogida por todas las partes, consistió en la suscripción de un acuerdo transaccional, en virtud del cual el Ministerio, el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo podrían aplazar el reintegro durante un plazo determinado. En ese plazo, el Ayuntamiento se compromete a concluir las actuaciones, posponiendo así la fecha de justificación de la actividad y del gasto. Su firma no generará nuevas obligaciones económicas para las partes, ni supondrá renunciar al ejercicio del derecho de reintegro.

El texto definitivo del acuerdo transaccional se ha consensuado entre las partes durante los meses de febrero y marzo de 2019 y se ha iniciado su tramitación administrativa, por cada una de las partes, para proceder a su firma.

Actualmente, en el ámbito autonómico, se ha emitido informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General. Una vez emitido el dictamen por el Consejo Consultivo de Canarias, se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno.

Por parte del Ministerio, una vez emitido el informe de su Abogacía, es necesario recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, para someter el acuerdo a la aprobación del Consejo de Ministros.

El Gobierno rehabilitará 110 viviendas de Las Palmas de Gran Canaria con un programa de formación y empleo

Con esta acción, que se desarrolla en convenio con la Fundación Laboral de la Construcción, se cualifica a jóvenes en desempleo, que obtienen un certificado profesional en el sector de la Construcción

El Gobierno de Canarias rehabilitará los deterioros y problemas que presentan en la actualidad las 110 viviendas del barrio capitalino El Lomo de los Chinches a través de un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción. Como explicó el viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, que mantuvo un encuentro con representantes del barrio “se trata de una acción que combina una fase de formación, en la que también podrán participar vecinos de la zona, y que realizará el SCE, con la acción de rehabilitación en las viviendas”. Este mismo proyecto ya se ha desarrollado en anteriores ocasiones en otros barrios de Gran Canaria y Tenerife.

“Se trata de un proyecto -concretó- que conecta los departamentos de Empleo y Vivienda de la Consejería, y que permiten formar y dar una oportunidad laboral retribuida a personas en desempleo con carencias formativas y escasa experiencia laboral”.

Los y las participantes adquieren formación específica que ponen en práctica rehabilitando las viviendas y además obtienen un certificado de profesionalidad que les acredita para luego trabajar en el sector de la construcción. A la par, pueden ir terminando sus estudios obligatorios con lo que mejora su posición para encontrar un empleo.

Durante este periodo son contratadas por la Fundación Laboral de la Construcción, mediante un contrato de formación y aprendizaje en el que alternan la formación teórica con la realización de un trabajo efectivo de rehabilitación y conservación en viviendas pertenecientes al parque público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las personas destinatarias finales de las actuaciones subvencionadas serán desempleadas de larga duración que figuraban inscritas en las Oficinas de Empleo del SCE, con una baja cualificación profesional, con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción y que no estén integradas en los sistemas de educación o formación.

El Gobierno pide tranquilidad y confianza para la transmisión de las viviendas a los inquilinos de Visocan

ICAVI y Ayuntamiento de La Laguna han mantenido reuniones con los vecinos interesados y piden no dar pábulo a rumores e informaciones interesadas sobre los precios tasados de los pisos

El Gobierno de Canarias, a través de la directora general de Vivienda, Pino de León, ha pedido “tranquilidad y confianza” a los inquilinos de viviendas de Visocan de La Laguna y de los distintos municipios que tratan de acceder a la transmisión de sus pisos. “No es verdad que estemos barajando los precios máximos de transmisión por Ley, sino tratando de encontrar la fórmula que permita a los vecinos adquirir su vivienda en las condiciones más ventajosas y con el precio más bajo que permita la ley”.

El Ayuntamiento de La Laguna y la propia De León han mantenido reuniones frecuentes con los vecinos que han mostrado su interés en adquirir su vivienda y les han informado de los avances e informes jurídicos que se han realizado. “Lo que queremos” asegura la directora, “es que quede clara la disposición de la empresa pública de transmitir la propiedad a sus actuales inquilinos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para ser adquirente de vivienda protegida”.

Hay que recordar, no obstante, que el contrato de arrendamiento firmado en su momento “es un contrato de alquiler, y no uno de alquiler con opción a compra, por lo que hay que buscar la fórmula más apropiada y establecer los precios adecuados para este tipo de viviendas”, explica De León.

Esto no quita para que “se estudien las distintas opciones y posibilidades para formalizar la operación en las condiciones más ventajosas que se puedan establecer para los futuros propietarios, siempre en conformidad con la normativa vigente”, matiza la directora. “Lo cierto es que se difunden por ahí informaciones interesadas que soliviantan los ánimos y crean desasosiegos entre personas que tienen la esperanza de conseguir su piso en propiedad, y no nos parece ético. El Icavi tiene una plataforma de cálculo de precios máximos de la vivienda pública porque se encarga de autorizar las ventas de la vivienda protegida, pero esos no son los baremos que estamos barajando para estos otros pisos”.

El Parlamento modifica la Ley de Vivienda para permitir a las corporaciones firmar acuerdos con el Estado

Cristina Valido

Se trata de facilitar la ejecución del acuerdo transaccional que aplaza el reintegro de los importes librados al ayuntamiento para la reposición de Las Chumberas

El Parlamento ha aprobado hoy el Decreto Ley que modifica la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias. La razón de la necesidad de esta modificación radica en el acuerdo tomado por la Comisión Mixta de Seguimiento de los convenios de Las Chumberas. En esa comisión, las partes acordaron iniciar con carácter urgente los trámites para la aprobación de un acuerdo transaccional sobre los ingresos de derecho público derivados de los convenios de 18 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2015 y 4 de octubre de 2016 (los relativos a la reposición de Las Chumberas).

Dicho acuerdo transaccional permite a las partes a aplazar el reintegro de los importes librados al ayuntamiento de La Laguna mientras se realizan las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización del barrio de Las Chumberas. Asimismo, permite descontar las inversiones y gastos que, previa justificación, se realicen en ese plazo o se hayan llevado a cabo para el mismo fin. El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna se obliga a realizar, a través de su ente gestor MUVISA, todas las actuaciones y obras de conclusión de regeneración y reurbanización Las Chumberas. En paralelo, se acordó mantener las medidas provisionales necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

A fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento de los Convenios, y ante la incertidumbre generada por la falta de regulación expresa, es necesario contar con una previsión legal relativa a la transacción sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública de las entidades locales, análoga a la que regula dicha cuestión en la Hacienda Pública estatal (artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria) y autonómica (artículo 10.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria). Por ello es urgente contar con el instrumento normativo necesario, dado que está en tramitación el convenio a través del cual se instrumentará la transacción adecuada. Es por este motivo, para dar cobertura legal a las negociaciones que llevan a cabo en la mesa de seguimiento Cabildo y Ayuntamiento, por lo que se necesita de un instrumento que permita continuar con las negociaciones y amparar los acuerdos y, por ello el Parlamento ha aprobado hoy el Decreto Ley que modifica la Ley de Vivienda de tal manera que se arrope legalmente esta posibilidad antes mencionada.

Hay que recordar que el ente gestor de las actuaciones – MUVISA – informó sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha, así como sobre el estado de situación de la seguridad de los edificios en el barrio de las Chumberas. Dichos informes pusieron de manifiesto, entre otras cuestiones, las siguientes:

Que la actuación singular de reposición de Las Chumberas ha estado plagada de numerosas incidencias de tipo administrativo, ajenas al ente gestor, y que han supuesto un importante retraso e interferencia en la ejecución de las mismas y que no han permitido avanzar en la ejecución de las actuaciones.
Que se ha realojado a 106 familias, mayoritariamente con escasos recursos, con cargo a los convenios y cuyo coste mensual se sitúa en torno a los 60.000€, que van a tener que hacer frente al pago del alquiler hasta tanto no se dé solución a la situación administrativa de los Convenios.
Que se siguen produciendo situaciones de inseguridad en los edificios debido a las patologías que sufren y que ya no van a poder ser atendidas por el ente gestor puesto que no tiene cobertura para ello.
Que hay que recordar la grave situación de peligro en que viven los vecinos de la urbanización de las Chumberas y que ha sido puesta de manifiesto mediante los estudios técnicos que se han realizado en los edificios.
Que se ha procedido a la adjudicación, condicionada a la obtención del suelo, de las obras a la contrata que ha resultado del procedimiento de contratación; y que la obtención del suelo se producirá con la aprobación definitiva del expediente de expropiación y la firma de las actas de urgente ocupación.
Que los expedientes de expropiación y el plan de realojo se encuentran en disposición de su aprobación definitiva una vez que se garantice de nuevo la financiación comprometida en los convenios.