El importe total de las ayudas asciende a 100.000 euros y sufragarán estudios de posgrado en centros europeos y prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de marzo

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha convocado cinco becas de formación en asuntos europeos, tres de ellas para cursar estudios de postgrado y dos para la realización de prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. La cuantía total de las ayudas, cuya convocatoria se publicó el pasado 5 de febrero en el Boletín Oficial de Canarias, es de 100.000 euros.

Por lo que respecta a las becas de formación, una de ellas incluye una asignación de 27.000 euros para la financiación de estudios de posgrado en el centro College of Europe, en cualquiera de sus sedes, Brujas o Natolín, y dos becas de 15.500 euros cada una para estudios de posgrado en cualquier otro centro europeo fuera de España, cursados en inglés y/o francés. En caso de que ninguna persona candidata sea admitida en el College of Europe, se concederán tres becas de 19.333 euros cada una.

Los estudios de posgrado que podrán realizarse con cargo a estas becas deberán versar sobre asuntos europeos, en los ámbitos jurídico, económico o institucional y tendrán que ser cursados de forma presencial en universidades e instituciones académicas oficiales u homologadas ubicadas fuera del territorio nacional y dentro de la Unión Europea. Además, deberán tener su carga lectiva mayoritariamente en inglés o francés, o en ambos idiomas.

Los estudios deberán contar con un número de créditos ECTS entre los 60 y 120, impartidos entre

36 y 40 semanas por curso académico, con un máximo de dos cursos académicos.  La Dirección General de Asuntos Europeos, como órgano instructor, deberá validar la propuesta de estudios, con carácter previo a la formalización de la matrícula, para comprobar que cumple con estos requisitos.

En relación a las prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, éstas se desarrollarán durante un año. Cada una de las dos becas convocadas está dotada con 21.000 euros. Esta formación práctica implicará el desplazamiento efectivo de la persona beneficiaria al lugar de destino, debiendo incorporarse en el plazo que se le indique, y supondrá el sometimiento a las instrucciones de la persona titular de la Delegación. Durante las prácticas, la persona beneficiaria llevará a cabo las tareas que se le asignen, lo que implicará el desarrollo de actuaciones tanto en español como en francés e inglés.

Las personas solicitantes deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y tener fijada la residencia en el Archipiélago Canario, al menos durante los cuatro años inmediatamente anteriores. Además, deben estar en posesión de un título universitario correspondiente a un título de grado o equivalente, oficial u homologado por el Ministerio competente en materia de educación, obtenido en los cinco años inmediatamente anteriores.

El plazo para la presentación de las solicitudes, que se abrió hoy mismo, se prolongará hasta el 1 de marzo. La inscripción se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, debiendo acceder concretamente a través del siguiente enlace: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6712.

Más información en la web de la Dirección General de Asuntos Europeos: https://www.gobiernodecanarias.org/asuntoseuropeos/becas/

El vicepresidente se reunió hoy con el equipo presidencial del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que auspicia este proyecto para conformar un nuevo modelo de desarrollo en el Archipiélago

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, expresó hoy el respaldo del Ejecutivo a la oportunidad y objetivos de la iniciativa “Canarias importa”, que lidera el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para crear un nuevo modelo de desarrollo en las Islas.

Rodríguez recibió hoy al equipo presidencial del Consejo Social, encabezado por su titular, Jesús León Lima, y al rector honorario de este centro académico superior, Francisco Rubio Royo, quienes presentaron al vicepresidente los detalles de un proyecto en el que participa también la iniciativa privada.

Tras el encuentro, Rodríguez explicó que la propuesta entronca perfectamente con los grandes objetivos de sostenibilidad y digitalización que persigue la Unión Europea y el Gobierno de España para la distribución de los fondos de reconstrucción, así como con los contenidos del Plan Reactiva diseñado en Canarias.

“Se trata de una propuesta interesante, de la que vamos a facilitar la máxima difusión posible”, dijo el vicepresidente, quien destacó el protagonismo del Consejo Social de la ULPGC como actor social en Canarias “concitando una propuesta renovadora a partir del sistema turístico del Archipiélago y en la que van de la mano la propia Universidad y el sector privado”.

En este sentido, Rodríguez insistió en la importancia de que las universidades canarias estén comprometidas activamente en el desarrollo social, económico y científico del Archipiélago y ocupen una posición central en el debate de las cuestiones de actualidad.

La propuesta “Canarias importa” pretende crear un nuevo modelo de desarrollo para Canarias, basado en la sinergia de un triple ecosistema sostenible (verde, azul y naranja), que simboliza la citada transformación en los principios de integración, diversificación y equidad.

El modelo preconizado no se basa solo en elementos tangibles, sino también en intangibles y minimizando los consumos de recursos escasos.

Se propone un modelo basado en dar respuesta a las necesidades en el corto, medio y largo plazo, para lo que se ha diseñado sendas propuestas de acción. Para el “largo plazo”, un mapa de interconexión de acciones input-output, que sirva de herramienta inteligente, virtuosa y expansiva para la toma de decisiones de acción; para el ‘medio plazo’, un manual de orquestación basado en diez programas con treinta incentivos, que sirva de integrador y conector de las iniciativas de las diferentes instituciones, con el fin de optimizar y expandir los recursos aplicados, y para el ‘corto plazo’, un conjunto de diez acciones piloto que permita comenzar el cambio, integrado en un programa «paraguas» bajo el nombre de Senior Resort School & Lab, para conectar todas las iniciativas de manera virtuosa y aprovecharse de la fuerza del turismo para incentivar el cambio de modelo. Finalmente, se propone una estructura de gobernanza para implantar el cambio: el Centro Nervioso Viable, que permitirá, realmente, pasar de la teoría a la acción.

Los programas y acciones seleccionados por “Canarias Importa”  responden a cinco criterios: priorizar los de mayor potencial multiplicador; buscar equilibrio entre diversificación del sistema productivo, impulso de sectores emergentes y evolución de sectores existentes, con potencial y capacidad de mejora; seleccionar los que a priori puedan tener un impacto económico social y ambiental equilibrado; buscar un equilibrio entre las tres categorías de elementos que considera Canarias Importa y facilitar el equilibrio dinámico y estable entre tres escenarios posibles para Canarias: corto plazo  (2020),  medio plazo  (2025) y largo plazo  (2030 y años posteriores).

“Canarias Importa” se ocupa del segundo y tercero de estos escenarios, su corto plazo es 2023, por lo que hay que tender puentes entre 2020 y 2023 y especialmente hacerlo en el primer paso a dar, relacionado con el turismo inteligente.

Los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2020 sitúan el ICC en 45,7 puntos

La confianza bajó en todas las comarcas

El Instituto Canario de Estadística (Istac), organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha publicado los datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) correspondientes al cuarto trimestre de 2020 que se sitúan en 45,7 puntos, lo que supone una bajada de 31,9 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior debido a la situación generada por el Covid-19.

La estadística revela una tasa de variación interanual de -41,2%. En términos comparativos con el segundo trimestre de 2020, momento del confinamiento, el Índice de Confianza del cuarto trimestre bajó en un solo punto. Si bien el Índice de Situación Actual ha empeorado en 10,8 puntos, se ha producido una mejoría de 8,9 puntos en el Índice de Expectativas.

En función del territorio, el ICC bajó en todas las comarcas. En concreto, el dato más bajo oscila en el área metropolitana de Tenerife-Sur (41,5) y el dato más alto en Fuerteventura (53,0). El Índice de Situación Actual es mayor en El Hierro (42,3) y menor en Tenerife-Sur (24), mientras que el Índice de Expectativas da la mayor puntuación en Fuerteventura (75,8) y la menor en El Hierro (50,6).

Los mayores decrementos se producen en Tenerife Sur (-48,8%) y La Gomera (-48%). Si tenemos en cuenta el Índice de Situación Actual, las mayores bajadas se producen en las comarcas sur de las islas mayores, Tenerife Sur bajó un 67,4% y Gran Canaria Sur un 64,2%.

Por sexo y ocupación

El índice ICC se sitúa en 48,2 puntos para los hombres y 43,2 puntos para las mujeres, presentando en ambos casos tasas de variación interanual negativas con mayor decremento en el caso de las mujeres, -43,4% frente al -38,9% en caso de hombres. Con respecto a la ocupación de la persona principal del núcleo familiar, el índice ICC varía poco.

Según la relación con la actividad

Si comparamos con el mismo trimestre del año anterior, el índice ICC presenta bajadas en las personas con ocupación, paradas e inactivas. El índice ICC de las personas con ocupación es de 46,6 puntos, subiendo a 50,3 en el caso de personas paradas y bajando a 43,0 para los inactivos. En concreto, la tasa de variación interanual en las personas ocupadas es del -43,8%, -38,3% en las inactivas y -36,3% en las personas en paro».

Dificultad para llegar a fin de mes

El 37,8% de las personas mayores de 18 años en Canarias afirma llegar con dificultad o mucha dificultad a fin de mes y un 32,5% con cierta dificultad, mientras que un 28,1% asegura llegar con cierta facilidad o mucha facilidad.

Si comparamos con el mismo trimestre del año anterior la situación ha empeorado, ya que en aquel momento era el 34,1% los que afirmaban llegar a fin de mes con cierta facilidad.

Los mayores porcentajes de personas que afirman llegar bien a fin de mes se dan en La Gomera (34,5%), Tenerife-Área Metropolitana (33,3%) y Gran Canaria-Área Metropolitana (32,2%). En Tenerife-Sur, Fuerteventura y Gran Canaria-Sur estos porcentajes son los menores, con un 17,2%, 21,4 y 22,9%, respectivamente.

Toda la información está en www.gobiernodecanarias.org/istac/.content/noticias/indicadores-confianza-consumidor-canarias-noticia.html

Román Rodríguez subraya la unanimidad política alcanzada para proteger al sector primario y la industria canarios frente a la producción foránea, gracias al fuero recogido en el REF

El Arbitrio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien se realizará una evaluación intermedia el año 2025

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se felicitó hoy por la convalidación unánime en el Parlamento del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo el pasado 23 de diciembre sobre el Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM). La decisión de la Cámara evita también la tramitación de una ley específica al respecto y da completa virtualidad a la renovación del impuesto hasta 2027, sin perjuicio de las revisiones legalmente previstas, como herramienta de protección de la producción local recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Rodríguez detalló en su intervención los principales hitos del expediente, que fue iniciado en el año 2018 por el anterior Gobierno de Canarias, y destacó la amplísima participación de los sectores implicados durante su tramitación.

El vicepresidente valoró el trabajo efectuado por los equipos técnicos del Gobierno de Canarias durante todo el proceso y agradeció la colaboración no solo de los agentes sectoriales sino también de los grupos parlamentarios para convalidar el AIEM.

En este sentido, Rodríguez subrayó que los partidos políticos han entendido que el respaldo a la propuesta de renovación por parte del Gobierno de España, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE garantiza la total seguridad jurídica del Arbitrio, lo que unido a la convalidación del decreto ley evita mayores trámites políticos.

El vicepresidente indicó que la renovación del AIEM hasta el año 2027 permite la protección de los sectores primario (agricultura, ganadería y pesca) e industrial de Canarias frente a las producciones foráneas, con la aplicación de aranceles a productos de importación, y un avance hacia el autoabastecimiento. Una protección amparada en el fuero excepcional del REF, consolidado en el Derecho español y comunitario frente al mercado único de la UE

El Arbitrio mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien habrá que presentar un informe intermedio sobre su aplicación por las autoridades españolas antes del 30 de septiembre de 2025.

El Gobierno de Canarias inició el proceso de renovación a finales de 2018, con el lanzamiento de las primeras consultas a los operadores económicos de Canarias. Se formalizó con la adopción de la petición de renovación por el Gobierno de Canarias el 21 de mayo de 2020 dirigida al Gobierno de España y con la propuesta formal de la Comisión Europea el pasado 4 de agosto.

Con posterioridad, el documento fue remitido al Parlamento Europeo, quien se pronunció al respecto el 6 de octubre, para elevarse a la consideración final del Consejo de Ministros de la UE, que aprobó la Decisión el 16 de noviembre.

Entretanto, el Gobierno de Canarias había iniciado con antelación y de forma paralela la elaboración del anteproyecto de ley, lo que permitió que el 26 de noviembre, solo diez días más tarde del último hito, tomara en consideración y solicitara, con carácter de urgencia, dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por el que se cambia la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias, que estará en vigor desde 2021 a 2027.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, asegura que el Ejecutivo solicitará un crédito para financiar las medidas si éstas no pueden ser endosadas a los fondos europeos

Las ayudas directas anunciadas por el Gobierno de Canarias para el sector turístico y para las pymes y autónomos se orientarán hacia los costes fijos que soportan las empresas, una carga inasumible para muchas de ellas en un momento de ralentización o suspensión total de la actividad, según dijo hoy el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, tras reunirse con una representación de la patronal hotelera tinerfeña (Ashotel).

El vicepresidente aseguró que el Gobierno de Canarias “comprende” la delicada situación que atraviesan muchas empresas del Archipiélago, especialmente aquellas más golpeadas por la crisis o por las medidas de contención puestas en marcha para evitar la propagación de la pandemia, y que por ello pondrá en marcha un paquete de medidas de carácter excepcional.

Rodríguez explicó que las medidas incluirán, además de las ayudas directas, modificaciones fiscales para aliviar las obligaciones de los contribuyentes, como el aplazamiento del pago de impuestos y de deudas tributarias, y adelantó que durante el Consejo de Gobierno de este jueves se podría avanzar en la concreción de todas las medidas planteadas.

En relación con las ayudas directas, el vicepresidente subrayó que el Ejecutivo autónomo las definirá después de constatar en las últimas semanas que el Gobierno de España “se ha quedado corto”, especialmente en su apoyo al sector turístico, uno de los más afectados por la crisis y con mayor impacto en el PIB de España y, particularmente, de Canarias.

Precisamente, los representantes de Ashotel trasladaron hoy sus demandas al Gobierno, entre ellas la activación de una línea de ayudas para sufragar costes fijos, como los impuestos y tasas municipales.

Rodríguez indicó que, a pesar de que no se trata de una competencia propia, el Gobierno canario activará el paquete de medidas para aliviar la situación de miles de empresas y autónomos, sin descartar siquiera la suscripción de un préstamo para sufragarlas si no es posible endosarlas a los fondos europeos de reactivación.

“Se trata de nuevas ayudas extraordinarias, un esfuerzo adicional por la envergadura de la crisis, que complementarán todas las actuaciones contempladas en los Presupuestos ordinarios”, precisó el vicepresidente, que, en todo caso, recordó que “ya el año pasado hubo ayudas para pymes, transporte terrestre y marítimo, empresas turísticas o agricultura, entre otros sectores”.

El apoyo al sector turístico obedece a la insuficiente implicación del Estado, “por lo que actuaremos en su defensa, pero sin perder de vista que nuestras competencias son la sanidad, educación, derechos sociales, la vivienda o las carreteras”, dijo.

Unas competencias que define el Estatuto de Autonomía y a las que los Presupuestos dan cumplida respuesta; por ejemplo, con la contratación de 7.000 nuevos empleados públicos para la sanidad y la educación.

“Las cuentas de esta Comunidad Autónoma nos permiten acudir a la vía del préstamo, en caso de que no podamos recurrir a fondos europeos, para sufragar las ayudas que nos demandan los sectores más afectados por la pandemia”, dijo Rodriguez, quien añadió que éstas llegarán a los beneficiarios con la mayor rapidez que permitan los procedimientos legales.

El vicepresidente recordó, además, que las ayudas llegarán a estos sectores como están llegando también las aprobadas para las personas en situación de mayor vulnerabilidad o las ayudas al alquiler o las citadas medidas de refuerzo de la sanidad y la educación.

A este respecto, precisó que Canarias ha dedicado recursos para combatir la pandemia por encima de otras comunidades autónomas y destacó que durante los once meses de pandemia el perfil epidémico del Archipiélago ha sido mejor que el del resto autonomías.

“Las decisiones que hemos tomado han funcionado -continuó- y a pesar de que se han aplicado medidas dolorosas desde el punto de vista económico, han contribuido a que hoy estemos mejor que otros territorios”.

El vicepresidente del Gobierno se reunió hoy con el nuevo presidente del Consorcio, Pablo Hernández

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, apostó hoy por exprimir todas las potencialidades de la Zona Especial Canaria (ZEC) para ponerla al servicio de la recuperación económica del Archipiélago.

Rodríguez, que se reunió hoy con el nuevo presidente del Consorcio, Pablo Hernández, explicó que la ZEC es uno de los instrumentos más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF), “básico para la captación de inversiones que nos permita generar empleo de calidad y avanzar en la diversificación de nuestra economía”.

El vicepresidente y Hernández coincidieron en subrayar la importancia de generar sinergias entre las herramientas de la propia ZEC con otras figuras del particular fuero económico-fiscal de Canarias para ponerlas al servicio de la recuperación económica y social.

“Necesitamos adaptarnos al momento singular que estamos viviendo para superar las dificultades y generar crecimiento, empleo y bienestar a la mayor brevedad posible”, dijo el vicepresidente, quien valoró la capacitación del nuevo responsable de la ZEC, “una persona joven y muy preparada, que estoy seguro dará un impulso innovador al Consorcio, al igual que la nueva vicepresidenta, María José Miranda”.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda precisa que las nuevas medidas de apoyo se aplicarán durante este primer trimestre del año

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, adelantó hoy que el Ejecutivo trabaja en la concreción de nuevas medidas económicas y fiscales para aliviar el daño que está provocando la pandemia en las pymes y autónomos del Archipiélago, que incluirán nuevas ayudas directas y facilidades fiscales para las empresas relacionadas con la hostelería, pymes y autónomos.

Rodríguez explicó, durante una entrevista en la Cadena Ser, que el nuevo paquete de medidas entrará en vigor durante este primer trimestre del año, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias.

El vicepresidente señaló que distintos departamentos del Gobierno están trabajando en la nueva línea de ayudas y que Hacienda, en concreto, está buscando la fórmula para generar la financiación necesaria, que “en última instancia, se cargará a la deuda de la Comunidad Autónoma, puesto que los Presupuestos en vigor están diseñados para sufragar los servicios públicos esenciales, las inversiones y los gastos ordinarios”.

Rodríguez, que expresó su enorme preocupación por el estado de las empresas vinculadas al sector turístico y los bares y restaurantes, echó en falta un mayor compromiso del Estado en ayudas directas “más allá de la aplicación de los ERTE y las ayudas a la liquidez, que han sido unas buenas medidas”.

El vicepresidente precisó que el Gobierno de Canarias, en la medida de sus propias posibilidades, activará las ayudas directas para “echar una mano en los costes fijos de las empresas” y las de carácter fiscal para permitir el aplazamiento de los pagos de deudas tributarias y de los tributos ordinarios.

Rodríguez recordó que el Ejecutivo autónomo dará continuidad, de esta manera, a las medidas que ha venido tomando desde el inicio de la pandemia y que han incluido el refuerzo de los servicios públicos esenciales, por un lado, y ayudas e inyección de liquidez a la economía con medidas de alivio fiscal, por otro.

Además, el vicepresidente recordó que el año pasado el Gobierno de Canarias ya activó ayudas directas para el sector agrícola y para el transporte marítimo y el regular de viajeros, por ejemplo.

El promedio de pago de los diez primeros meses de ese año se situó en los 18,08 días, cuando la media del Estado fue de 31,69 días

El plazo baja aún más si se toma como referencia inicial el mes de abril, una vez decretado el Estado de Alarma (17,8 días)

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca que el Gobierno ha cumplido con los plazos legales durante toda la legislatura

Canarias fue la comunidad autónoma que más rápido pagó a sus proveedores entre enero y octubre de 2020 -últimos datos certificados- con un promedio en los primeros diez meses del año de 18,08 días, de acuerdo con las series publicadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

El Archipiélago se situó por delante de Galicia y del País Vasco, segunda y tercera  respectivamente, con 18,4 y 21,7 días.  La media para el conjunto del Estado fue de 31,69 días.

El Gobierno de Canarias se ha revelado como la administración autonómica más eficiente a la hora de pagar sus facturas, “un aspecto especialmente importante porque se produce en una etapa muy delicada desde el punto de vista económico, en la que tenemos que poner las cosas fáciles a nuestros proveedores, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios”, en palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.

La positiva evolución de este indicador se constata no solo en el estricto cumplimiento del plazo medio de pago legal -establecido en 30 días como máximo- durante toda la legislatura, sino que en los diez primeros meses de 2020 el promedio de pago ha sido inferior al del mismo período de 2019, cuando se situó en los 23,3 días.

Es más, desde que el Gobierno central declaró el estado de alarma, el promedio ha bajado aún más, para situarse en los 17,8 días.

Rodríguez destacó que este último dato desacredita las interpretaciones que pretenden achacar a la pandemia aumentos puntuales del plazo medio, “puesto que en 2020 y en plena crisis del coronavirus hemos pagado más rápido nuestras facturas que el año anterior, y siempre dentro del plazo legal”.

Se da la circunstancia de que durante el último trimestre del año 2019 se produjo un ligero incremento del plazo medio, que probablemente también se reproducirá en 2020, como es habitual en esa época, pero que no está relacionado con los efectos del coronavirus en el funcionamiento ordinario de la administración.

En relación con las cantidades adeudadas, la diferencia entre los importes pendientes en enero y octubre de 2020 es menor que en el mismo período de 2019, 25 millones y 58 millones de euros, respectivamente.

“Los datos y la tendencia general acumulada, más allá de algún incremento puntual en el plazo medio, certifican que el Gobierno de Canarias está dando cumplida respuesta a sus obligaciones de pagador e inyectando, en consecuencia, liquidez a nuestras pequeñas y medianas empresas”, indicó el vicepresidente.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, destaca la diligencia del departamento, que permite cumplir con el plazo medio de pago a proveedores y dar respuesta a los usuarios del sistema en un momento excepcional

Por primera vez, el Gobierno abonó el año pasado una factura de diciembre con cargo al mismo ejercicio económico

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias generó en 2020 algo más de 140 millones de euros extras para afrontar el gasto farmacéutico, con la particularidad de que cerró el ejercicio económico al corriente de los pagos en este apartado, algo que no había ocurrido antes.

El vicepresidente canario y responsable de este departamento, Román Rodríguez, ha destacado que la diligencia en los pagos que ha demostrado la Consejería ha permitido no solo dar respuesta a las necesidades de los usuarios del sistema sanitario público en una situación excepcional, sino también cumplir las obligaciones con los proveedores.

El Gobierno de Canarias destinó el año pasado 637,8 millones de euros al pago de las recetas de farmacia. Hacienda pagó, en concreto, 13 facturas, puesto que, si bien los pagos son mensuales, por primera vez el gasto correspondiente a diciembre se ha endosado y abonado en el mismo ejercicio económico y no en el siguiente, como venía siendo habitual. Se da la circunstancia de que el año 2018 también se pagaron 13 facturas, pero no se abonó todo el ejercicio en curso.

Rodríguez explicó que el grado de cumplimiento de las obligaciones del Gobierno es un “hecho especialmente relevante” dadas las necesidades sobrevenidas a consecuencia de la pandemia del coronavirus y las tensiones que ha generado la crisis a todos los niveles.

“Lo fundamental es atender bien a la ciudadanía y que los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, funcionen adecuadamente, cosa que ha ocurrido”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “luego también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones económico-financieras, algo que también estamos logrando”.

Sobre este último aspecto, Rodríguez recordó que uno de los conceptos más relevantes en la contabilidad de una administración pública es el Plazo Medio de Pago, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deberán publicar su período medio de pago a proveedores.

El actual Gobierno de Canarias no solo ha cumplido durante todos los meses de legislatura con el plazo legal establecido en 30 días, una actuación que se explica en buena parte por la existencia de liquidez en las cuentas de la Comunidad Autónoma, sino que ha encabezado de manera recurrente este índice a nivel estatal. En concreto, hasta octubre del año pasado -últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda- el plazo de pago de la Comunidad Autónoma se situó en los 18,07 días de promedio.

El vicepresidente del Gobierno y responsable de Asuntos Europeos valora el mantenimiento de la conectividad aérea y la ausencia de visados y aranceles

Canarias ya tenía garantizadas las ayudas a la exportación hortofrutícola por la vía del Posei

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, calificó hoy de “civilizado y razonable” el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea en el transcurso de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la UE, a la que asistió telemáticamente y en la que participaron también las ministras de Asuntos Exteriores y de Política Territorial, Arancha González Laya y Carolina Darias, respectivamente. Por parte del Gobierno de Canarias también estuvo el director general de Asuntos Europeos, Julián Zafra.

Durante la Conferencia, órgano de encuentro entre el Estado y las comunidades autónomas , el Gobierno central informó de los términos de un acuerdo del que el vicepresidente canario destacó el mantenimiento de la conectividad aérea, la eliminación del requisito de visado y la ausencia de aranceles.

Todos estos asuntos afectan de manera directa a los intereses canarios, no en vano el Archipiélago ha venido recibiendo a unos 5 millones de turistas británicos al año y también exporta productos hortofrutícolas como el tomate y el pepino.

Rodríguez aseguró al término de la reunión que a partir de este momento se debe trabajar por logra una ratificación acelerada del Acuerdo por parte de las instituciones europeas y de cada uno de los Estados miembros para permitir la plena eficacia del mismo a partir del mes de marzo de 2021.

Por lo que respecta al sector agrícola de exportación, principal afectado por el Brexit, el vicepresidente recordó que antes de cerrarse el acuerdo ya se había recibido el visto bueno de la Comisión Europea a las modificaciones propuestas por el Gobierno de Canarias en el POSEI para compensar el impacto del Brexit, más concretamente, la creación de una nueva ayuda para la readaptación a los mercados. Este fondo, de 3 millones de euros tiene por objetivo paliar los efectos de la salida del Reino Unido permitiendo que los productores se readapten a las nuevas condiciones del mercado.

Además se ha modificado la tradicional al tomate, de modo que se incluyen dos ayudas cuyos objetivos son paliar la pérdida de competitividad del sector de producción de tomate y mantener las explotaciones agrarias. En concreto, se eleve la ayuda ya existente por hectárea a 24.000 euros y se instaura otra de 15.000 euros por hectárea para la reconversión del sector.