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Rodríguez defiende los tests en origen para garantizar la seguridad sanitaria aérea

El vicepresidente expuso hoy la propuesta a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, y las ministras de Política Territorial y Exteriores en el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la UE

El también consejero de Hacienda reclama un trato singular para Canarias, tanto en el reparto de fondos europeos por su doble condición de destino turístico y RUP

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la necesidad de establecer protocolos que garanticen la seguridad sanitaria aérea, de modo que Canarias pueda afrontar con garantías el restablecimiento de la movilidad por esta vía.

Rodríguez realizó esta petición durante la celebración del Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, un órgano de encuentro entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España en este ámbito, en el que participó telemáticamente desde la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. En Madrid se encontraban la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La reunión, celebrada esta tarde, se extendió durante tres horas y media.

El vicepresidente explicó que la actividad económica en Canarias depende en gran medida del tráfico aéreo y “necesitamos que esa movilidad sea segura”.

Rodríguez abogó, en esa dirección, por la realización de test en origen, puesto que el uso de mascarillas no es suficiente y la eliminación de asientos no es viable económicamente para los operadores. “Necesitamos que la gente que se suba al avión lo haga con el menor riesgo posible de contagiar a otros o de contagiarse”, dijo.

El vicepresidente consideró que los test en origen son técnicamente posibles y, aunque ahora mismo son caros, el sector privado -hoteleros y aerolíneas- estarían interesados en buscar mecanismos de concertación con el sector público para hacerlos posible.

“Si reducimos el riesgo de contagiosidad, recuperaremos rápidamente la confianza de la gente, que es la clave para la activación de la movilidad aérea”, subrayó.

Rodríguez también demandó un tratamiento diferenciado para Canarias en la distribución de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea, en sintonía con la “asimetría” que ha caracterizado la pandemia en los distintos territorios, a nivel sanitario y ahora en la esfera económica.

En esta línea, insistió en el elevadísimo impacto económico para el Archipiélago, no en vano la pandemia provocará una caída del PIB de entre 15 y 20 puntos, dada la elevada dependencia de las Islas del sector turístico, uno de los más afectados por el cierre de actividad.

El vicepresidente precisó que 550.000 personas que viven en Canarias y quieren trabajar, no pueden hacerlo, y que esta cifra supone “el 25 por ciento del total de la población, el 50 por ciento de la población activa y el 65 por ciento del total de ocupados registrados en Canarias en su mejor momento económico”.

Gestión descentralizada y Brexit

Rodríguez, que confió en la llegada de fondos específicos para Canarias en los programas de reconstrucción a aprobar por la Unión Europea, demandó también la participación de los gobiernos territoriales españoles en la gestión de los planes que se pongan en marcha, en línea con la descentralización que caracteriza al Estado de las Autonomías.

“En cualquier caso -añadió- no se trata solo de desconcentrar los fondos que lleguen, sino también la capacidad de endeudamiento y el déficit público”.

Por otro lado y en relación al Brexit, Rodríguez hizo mención al enorme peso del turismo británico en la economía canaria, por lo que demandó garantías de conectividad aérea fluida con el Reino Unido y el establecimiento de ayudas compensatorias al sector exportador hortofrutícola de la Islas (tomate y pepino), tras el decaimiento de las ayudas al transporte y la comercialización con la salida británica de la UE.

Respecto al Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros presentado por la Comisión Europea, lo valoró como una “buena noticia”, tanto por su cuantía como por no estar sujeto a los condicionantes que entrañan las medidas de liquidez en forma de  préstamos.

 

Aprobada la renovación del AIEM hasta 2027 con el consenso de los productores agrarios e industriales canarios

Reunión del Consejo de Gobierno en Gran Canaria

La Consejería de Hacienda elabora una propuesta que mantiene inalterados los tipos impositivos e incluye 156 productos, 42 de ellos nuevos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la propuesta de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM), un tributo estatal de aplicación exclusiva en el Archipiélago que pretende proteger la producción local frente a la foránea.

El procedimiento se justifica ante la necesidad de obtener la autorización del Consejo Europeo para prolongar la vigencia del AIEM antes del 31 de diciembre de este año, previa comunicación al Gobierno de España y la consiguiente negociación con la Comisión Europea. El nuevo plazo abarcará el septenio 2021-2027.

La propuesta cuenta con el respaldo de las principales organizaciones de productores agrarios, ganaderos e industriales de Canarias, con quienes el Gobierno de Canarias ha venido negociando en los últimos meses junto a otras entidades sectoriales.

Fruto de ese proceso participativo y de las reuniones interdepartamentales del propio Ejecutivo canario, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha elaborado una propuesta que incluye 156 productos, 22 más que en la actualidad. De ese listado, 42 productos son nuevos, mientras que decaen 20 de la nómina vigente.

De manera desagregada, el nuevo AIEM gravará la importación 67 productos de alimentación y bebidas; 13 relacionados con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 4, de minas y canteras; 13, de materiales de construcción; 34, de química; 12, de industrias metálicas; 1 de tabaco; 3, de textil, cuero y calzado; 6, de transformados de papel, y 3 de artes gráficas.

La propuesta mantiene inalterados los tres tramos impositivos actuales (5, 10 y 15 por ciento), que en última instancia son los instrumentos que permiten la protección del sector primario y la industria locales frente a las importaciones de terceros.

Más necesario aún en tiempos de la COVID

En este sentido, el Ejecutivo considera “indiscutible” la necesidad de un tributo de estas características, concebido para compensar las desventajas estructurales del Archipiélago con el continente y que ha autorizado la propia Unión Europea.

Más aún, dadas las actuales circunstancias y la inminencia de una crisis extremadamente profunda, en la que Canarias precisará de todos los instrumentos a su alcance para dinamizar su economía e ir reduciendo su dependencia del exterior.

La crisis asociada a la pandemia ha puesto claramente de manifiesto la importancia fundamental de mantener y potenciar el sector primario y el sector industrial en Canarias, como garantía de un cierto grado de soberanía alimentaria y capacidad de autoabastecimiento.

La producción local de tipo industrial, agroganadera y de alimentación necesita protección a través del AIEM para poder competir en mejores condiciones con los productos competidores importados a muy bajo coste, una imposición que no influye en el precio de la cesta de la compra en las Islas.

Precisamente, el estudio de impacto económico elaborado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo e incluido en la propuesta aprobada hoy concluye que el IPC canario ha sido siempre inferior a la media estatal desde que se notificó por primera vez a la UE el AIEM, en el año 2002.

Y si bien el objeto del arbitrio es encarecer el precio del producto importado que compite con el local, los factores que determinan el incremento de los precios son varios, y siempre el más importante es la competencia en el mercado.

En este sentido, los precios están mucho más condicionados por factores como la escasez en la oferta de un producto; el incremento temporal de la demanda (como sucede en determinadas épocas del año, como Navidad); el monopolio de un producto de determinado distribuidor, o la influencia en cuota de mercado de algunas grandes superficies que determinan no ya el precio, sino incluso la marca del producto que se debe consumir.

 

Resumen propuesta Canarias-Revisión AIEM 2020

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Román Rodríguez descarta cualquier recorte de gasto público como consecuencia del Covid-19

El vicepresidente defiende la vigencia de los Presupuestos canarios para salvaguardar los servicios públicos, proteger el empleo y mantener la inversión

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, descartó hoy en el Parlamento cualquier tipo recorte en los Presupuestos de este año y reiteró que defenderá que hasta el último euro se destine al mantenimiento de los servicios públicos esenciales, a la protección del empleo y la economía, y a  garantizar las inversiones.

Rodríguez, que respondió en el Parlamento varias preguntas relacionadas con la crisis sanitaria y económica del Covid-19, defendió la vigencia de las cuentas canarias, que son el mejor parapeto para combatir los efectos de la pandemia “porque el 83 por ciento se destinan a educación, sanidad y protección social”.

El vicepresidente añadió que los primeros Presupuestos aprobados por el cuatripartito son perfectamente válidos, a pesar de la nueva realidad o precisamente por ella. “No vamos a quitar ni un euro a los servicios públicos, pero tampoco a la agricultura, al turismo o a las inversiones, porque ahora mismo son imprescindibles para mantener la actividad económica”.

A este respecto, Rodríguez explicó que la anomalía sobrevenida de los Presupuestos no se encuentra en su programa de gastos, sino en el capítulo de ingresos. Por eso, insistió en la necesidad de transferencias directas de fondos por parte del Estado o la autorización de éste para el endeudamiento de la comunidad autónoma.

El vicepresidente valoró la reciente reunión con la ministra de Hacienda, en la medida que supone el reconocimiento del hecho diferencial canario y de la profundidad de la crisis en Canarias, y señaló que ha sido el primer paso “en una relación bilateral a la que doy mucha importancia”.

Precisó que además de hablar de la restitución de ingresos también habrá que hacerlo en los próximos encuentros del Plan de Estabilidad, en concreto de la deuda y del déficit, para lo que ha solicitado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con todo, consideró muy positivas las medidas que ha adoptado el Ejecutivo central, en relación con los ERTE, los préstamos del ICO o el ingreso mínimo vital.

El vicepresidente subrayó, en cualquier caso, que no renunciará a un solo euro de lo que puedan corresponder a Canarias y que los reclamará “gobierne quien gobierne en España”.

“Soy consciente -precisó- de la envergadura de la crisis y de que la caída de ingresos afecta a todas las administraciones, que en el caso de Canarias ascenderá a 1.547 millones de euros, por lo que debemos hacer piña y aunar esfuerzos para consensuar un plan de reconstrucción que nos permita hacer frente a los desafíos que vienen”.

Rodríguez insistió en que si bien la crisis sanitaria ha sido menos grave en Canarias que en el resto del Estado la crisis económica que se avecina serán muy profunda, con una duración que podría alcanzar los dos o tres años.

El vicepresidente se mostró partidario de ir promoviendo cambios en la estructura económica de Canarias para evitar la elevada dependencia del sector turístico, si bien indicó que ahora mismo la prioridad es mantener los servicios públicos, el empleo y el actual tejido productivo.

En otro momento de su intervención, Rodríguez informó de que Canarias ha remitido, junto al resto de regiones ultraperiféricas, escritos a las instituciones europeas alertando de las graves consecuencias económicas de la crisis para estos territorios de la Unión y destacando el decisivo papel del sector turístico para la vuelta a la normalidad.

“Espero que la respuesta de Europa a esta crisis sea totalmente diferente a la anterior, cuando se optó por los recortes y la austeridad”, dijo.

Rodríguez emplaza al Gobierno central a una reunión bilateral donde negociar mayores compensaciones para Canarias

El vicepresidente considera que las medidas que ha adoptado el Estado no reflejan las singularidades del Archipiélago

La caída de ingresos tributarios y la paralización de la actividad económica por el cierre turístico provocará mayores perjuicios

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, emplazó hoy al Gobierno central a una reunión de carácter bilateral donde negociar una respuesta más contundente del Estado a la crisis económica y social derivada del Covid-19 en el Archipiélago. Asimismo, insistió en reclamar la convocatoria del Consejero de Política Fiscal y Financiera (CPFF), solicitud que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a atender.

Rodríguez, que participó en una videoconferencia con Montero y los consejeros autonómicos en esta materia, consideró que las medidas que ha adoptado el Estado en las últimas semanas no reflejan adecuadamente las singularidades canarias ni tampoco el impacto de la pandemia en la economía y la población de las Islas, dada su elevada dependencia del sector turístico.

El vicepresidente -que en todo caso valoró el esfuerzo del Gobierno central para la regulación de los ERTE o la concesión de ayudas a los autónomos, pymes o a la vivienda- recordó que la crisis golpeará de manera desigual a los diferentes territorios de España y que autonomías como Canarias o Baleares sufrirán mucho más que otras con menor peso turístico.

A este respecto, Rodríguez estimó que la caída del PIB en Canarias podría acercarse al 30 por ciento este año, una cifra que triplica la previsión del Gobierno central para el conjunto del Estado, un 9,2 por ciento. “El impacto será terrible”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “las respuestas que se den desde el Estado habrán de contemplar esa diferente realidad”.

El vicepresidente abogó por reforzar el papel de las comunidades autónomas en la respuesta a la crisis económica y social y aseguró que “el estado de alarma no ha suspendido al estado de las autonomías”. En esta dirección, argumentó que el 40 por ciento del gasto público del Estado recae en las comunidades autónomas y que, por tanto, debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de adoptar decisiones.

Del mismo modo, Rodríguez insistió en que la suspensión de facto de las reglas fiscales debería implicar un reparto de los objetivos de estabilidad -en términos de déficit y de endeudamiento- entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

“Parece poco razonable que ahora que España va a incrementar su déficit del 1,8 por ciento hasta el 10,3 por ciento, las comunidades autónomas solo lo sigan particpando en dos décimas”, expuso Rodríguez, quien recordó que Canarias ha cumplido escrupulosamente sus reglas fiscales y ahora mismo es la comunidad autónoma con la deuda pública per cápita más baja de España, lo que le permitiría asumir un mayor endeudamiento para hacer frente a los servicios públicos esenciales y dinamizar la economía.

Un fondo con criterios “discutibles”

En relación con el anuncio del Gobierno de España para la distribución de un fondo no reembolsable por importe de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas, el vicepresidente señaló que la distribución en tres cajas (10.000 millones para gasto sanitario, con insuficiente peso poblacional; 1.000 para necesidades sociosanitarias, y 5.000 para caída ingresos tributarios) que maneja el Ministerio de Hacienda y los criterios de reparto de cada una son “discutibles”, puesto que, según la información adelantada por la ministra, tendrán un peso muy importante aquellos de carácter clínico, como hospitalizaciones, ingresos en UCI o test PCR realizados.

A este respecto, el vicepresidente recordó que independientemente del impacto sanitario de la enfermedad en los distintos territorios del Estado, todos se han debido preparar para afrontar sus consecuencias y realizar el gasto público pertinente.

Además, la caja de 5.000 millones se distribuirá en función de la caída de los ingresos tributarios por figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Sobre este particular, el vicepresidente recordó la singularidad del régimen fiscal de Canarias, con la existencia de tributos del REF, como el IGIC o el AIEM, o impuestos propios como el de Carburantes y Tabaco, que componen el grueso de la caída de ingresos tributarios en el caso del Archipiélago, prevista en 700 millones de euros, lo que representa un 70% de las pérdidas.

Mientras que en el conjunto de CCAA el peso de los tributos cedidos (Donaciones y Actos Jurídicos) es del 8%, en el caso de Canarias alcanza el 19% del total de los ingresos, entre cedidos, propios y REF.

La ATC recuerda que los plazos para el pago de determinados tributos están ampliados hasta el 1 de junio

La Agencia Tributaria Canaria ha recibido numerosas peticiones de información de contribuyentes a este respecto

La Agencia Tributaria Canaria, ante las frecuentes preguntas de los contribuyentes en los últimos días, recuerda que los plazos de presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones están ampliados hasta el 1 de junio, de acuerdo con las órdenes aprobadas en tal sentido por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

En concreto, la ampliación incluye:

Modelos trimestrales del IGIC del primer trimestre de 2020 (modelos 412 trimestral, 417 trimestral, 420, 421 y 422): Se amplía el plazo de presentación hasta el 1 de junio o hasta el 27 de mayo si la forma de pago es mediante domiciliación bancaria. Esta ampliación no afecta a los sujetos pasivos que tengan obligación de presentación mensual (grandes empresas, régimen especial de grupo de entidades ni inscritos en el Registro de devolución mensual).

Declaraciones censales (modelos 400 y 401):  se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización del plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modelos 600,620, 610, 615 y 630) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en la modalidad de Donaciones (modelo 651): se amplía el plazo de presentación en dos meses más para las autoliquidaciones correspondientes a hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado de alarma. Para hechos imponibles producidos con anterioridad al estado de alarma y cuyo vencimiento del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación se produce durante la vigencia del mismo, la ampliación del plazo para presentar la autoliquidación será de un mes a contar desde la finalización del estado de alarma.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la modalidad de Sucesiones (modelos 660-650, 652 y 653): se amplía el plazo de presentación en dos meses más cuando la finalización del plazo para la presentación de las autoliquidaciones se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

Otra medida adoptada por la Consejería de Hacienda para mitigar consecuencias de la suspensión de la apertura al público de numerosas actividades como consecuencia del COVID-19 consiste en el establecimiento de ajustes en el cálculo de la cuota trimestral del primer y segundo  trimestre de 2020 de determinadas actividades que tributan en el régimen simplificado del IGIC,  actividades cuya tributación no se vincula con el volumen real de operaciones, y que, evidentemente, en su cálculo no se ha tenido en cuenta la merma de ingresos ocasionada tras el imprevisible cierre al público.

De esta manera, la cuota trimestral para los contribuyentes acogidos al régimen simplificado del IGIC, a excepción de las relacionadas en el punto 2 del artículo 2 de la Orden de 31 de marzo, se ajustará teniendo en cuenta que el trimestre natural se considera incompleto al descontar los días de vigencia del estado de alarma.

Igualmente, se ha ampliado en treinta días naturales el plazo de pago de las deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en Canarias en la modalidad de pago diferido, respecto a aquellas deudas cuyo vencimiento del plazo de pago se produzca entre el 1 y el 30 de abril.

La ATC resuelve dudas tributarias durante el estado de alarma por el COVID-19

La Agencia Tributaria Canaria recopila en un único espacio online las novedades y dudas más habituales sobre procedimientos tributario

También se pone a disposición de los ciudadanos  un correo para consultas frecuentes

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), pone a disposición de los contribuyentes de las Islas un apartado en su portal web para explicar cómo afecta a los diferentes procedimientos tributarios la declaración del estado de alarma decretado como consecuencia de la alerta sanitaria ante el COVID-19.

El contenido se encuentra disponible en la sección de ‘Novedades’ del portal web de la Agencia, bajo el título ‘Medidas tributarias en relación con el COVID-19 y preguntas frecuentes’ (https://cutt.ly/xt2wTfA)

La ATC actualizará permanentemente la información disponible mientras dure la situación de alarma. El objetivo es ser un punto de referencia para todos aquellos contribuyentes que quieran consultar aspectos como la suspensión de plazos de prescripción y caducidad y la ampliación de muchos otros periodos.

Con esta iniciativa, además de aclarar muchas situaciones de incertidumbre, se evitará saturar otros canales de comunicación e información como la atención telefónica.

Entre las preguntas se encuentran aquellas vinculadas a las modificaciones de plazos en procedimientos como la presentación de autoliquidaciones y declaraciones de IGIC, los ajustes en la cuota trimestral de régimen especial simplificado y también preguntas relacionadas con cambios en procedimientos en los ámbitos de la inspección y recaudación tributarias, así como en el ámbito de grandes contribuyentes y tributos a  la importación y especiales.

En esta línea, los contribuyentes disponen, en el portal web de la ATC; de un buzón para solicitar información tributaria (https://cutt.ly/6t2wH4y).

Vicepresidencia destina 500.000 euros a Cruz Roja para la atención a colectivos vulnerables

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, subraya la  tradicional colaboración de la entidad con las administraciones para la asistencia social

El presidente de Cruz Roja destaca la sensibilidad del Gobierno canario, que se suma al Gobierno de España y a Cataluña en otorgar una ayuda similar

El  vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó ayer la orden de concesión de una subvención al comité autonómico de Cruz Roja Española para el desarrollo de proyectos relacionados con el voluntariado y la atención a colectivos vulnerables por un importe de 500.000 euros.

La ayuda permitirá a esta ONG afrontar determinadas inversiones y gastos corrientes para la mejor prestación de sus servicios de atención de emergencias y de auxilio social.

Rodríguez ha destacado la importante labor que desarrolla Cruz Roja en Canarias, una entidad que goza de enorme prestigio y que siempre se ha caracterizado por su estrecha colaboración con las administraciones para atender a la población en caso de situaciones de emergencia sobrevenidas o a a través de servicios ordinarios de asistencia social.

Por su parte, el presidente autonómico de Cruz Roja, Antonio Rico, ha explicado que la subvención permitirá mejorar los medios materiales de la organización y, por lo tanto, ganar en eficacia a la hora de prestar los servicios a la población.

Rico agradeció la sensibilidad del Gobierno de Canarias y, particularmente, del vicepresidente para la concesión de una subvención, “que pocas administraciones han librado, porque ahora mismo en España solo la han concedido el Gobierno central y la comunidad autónoma de Cataluña”.

De acuerdo con la memoria presentada por la ONG, el proyecto de atención social a colectivos vulnerables pretende apoyar a personas y unidades de convivencia, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y emergencia social.  Este programa prevé contribuir a las coberturas básicas de alimentación, higiene persona o del hogar, para lo que es preciso contar con infraestructura adecuada para el almacenaje y distribución de las mercancías, que garanticen no solo su correcta conservación sino el desarrollo normalizado de estas entregas a las unidades familiares en situación de extrema vulnerabilidad.

Del total de la subvención, 300.000 euros se destinarán a inversiones y 200.000 a sufragar gasto corriente.

Nota: fotografía de archivo de una reunión entre el vicepresidente del Gobierno y el presidente de Cruz Roja en Canarias

Hacienda aprueba nuevas medidas para aliviar las obligaciones fiscales de las empresas canarias

El BOC publica hoy una orden del vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, que aplaza o reduce determinadas deudas tributarias

Los contribuyentes por módulos en el régimen simplificado del IGIC verán deducida de su cuota trimestral los días que no han tenido actividad

Rodríguez estima una nueva inyección de liquidez a la economía canaria de 150 millones, que se suman a los 600 millones derivados de una orden anterior

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha aprobado un nuevo paquete de medidas para aliviar las obligaciones fiscales de las empresas canarias y autónomos, y puedan hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Las medidas incluyen el aplazamiento o reducción de determinadas deudas tributarias, de modo que se inyectarán otros 150 millones de euros en liquidez para la economía, de acuerdo con los cálculos del vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. Esta cantidad se añade a los 600 millones resultantes de la aplicación de la batería de medidas aprobada el pasado 20 de marzo.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la orden firmada por el vicepresidente, que complementa las adoptadas el  20 de marzo, entre las que se encontraba el aplazamiento hasta el 1 de junio del plazo de presentación de autoliquidaciones del IGIC del primer trimestre del año para pymes y autónomos.

Ahora y para el sistema de módulos del régimen simplificado del IGIC, la orden se establece el procedimiento para reducir la cuota trimestral -correspondiente a los dos primeros trimestres de este mismo año- como consecuencia de la suspensión de determinadas actividades económicas. En este caso, se deducirá de dicha cuota el importe de los días que la empresa ha cesado su actividad.

Del mismo modo, se amplía en 30 días hábiles el plazo de abono, en la modalidad de pago diferido, de las deudas derivadas de importaciones en Canarias, una medida que afecta al IGIC, al AIEM y al Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

La orden también amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo el plazo de presentación de la autoliquidación del primer trimestre de la Tasa sobre el Juego, correspondientes a máquinas o aparatos automáticos.

Con respecto al IGIC, se amplía hasta el 27 de mayo de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación trimestral del IGIC para el caso de pagos a través de domiciliación bancaria, con lo que se pone en igualdad de condiciones a este tipo contribuyentes en relación a los que utilizan la vía presencial o telemática.

Hacienda acelera la compra de la clínica palmera Brismédical para sumar recursos contra el coronavirus

El vicepresidente y consejero de Hacienda firma la orden de adquisición del inmueble por un importe de 2,1 millones de euros

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha agilizado el procedimiento de adquisición de la clínica Brismédical, ubicada en Los Llanos de Aridane, para sumar recursos sanitarios en la lucha contra el coronavirus.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha firmado la preceptiva orden de  compra, que se formaliza bajo la fórmula de “adjudicación de contrato patrimonial de adquisición onerosa” a Brimédical S.L., sociedad propietaria del inmueble y actualmente bajo administración concursal del juzgado de Lo Mercantil Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Rodriguez ha explicado que la decisión se adopta a pesar de la suspensión de los plazos administrativos prevista en el Real Decreto por el que se declaró el Estado de Alarma en España y ante la probable utilización de la clínica para hacer frente “a la situación sanitaria crítica que atraviesa la sociedad”. La continuidad del procedimiento cuenta también con la conformidad del interesado, a través del administrador concursal.

El precio de compra asciende a 2.100.000 euros, lo que supone 200.000 euros por debajo de la tasación independiente efectuada al edificio.

La orden firmada por el consejero mandata también a la formalización del contrato en escritura pública en un plazo no superior a un mes desde la fecha de notificación de la misma.

El inmueble dispone de siete plantas (dos de ellas bajo rasante) y cuenta con una superficie útil construida de 2.200 metros cuadrados.

Rodríguez reclama formalmente al Estado autorización para usar el superávit contra el coronavirus

El vicepresidente y consejero de Hacienda remite una carta al Gobierno central para acogerse a una medida habilitada ya para las administraciones locales

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda en la que reclama la autorización del Ejecutivo central para destinar el superávit de la Comunidad Autónoma del año 2019 -unos 250 millones de euros- a paliar los efectos del coronavirus.

El vicepresidente solicita así formalmente lo que ya en reiteradas ocasiones ha demandado el Gobierno de Canarias, tanto en boca del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, como del propio Rodríguez.

La oportunidad de la carta radica en que el Estado va a fijar en breve las cuantías que cada ayuntamiento puede destinar a este fin, de acuerdo con la autorización recogida en el Real Decreto de Medidas Urgentes para el caso de las administraciones locales.

El objetivo del Gobierno de Canarias es que se incluya al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas con superávit en ese supuesto, y que el gasto no financiero resultante de su aplicación no compute a los efectos de la regla de gasto ni en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Rodríguez advierte de que “la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 está creando graves necesidades adicionales que requieren ser atendidas urgentemente” y que en el caso de Canarias “se dan además circunstancias que agudizan la urgencia de estas medidas, como son sus elevadas tasas de paro y de pobreza, parámetros para los que Canarias se sitúa desgraciadamente por encima del promedio” y que aconsejan medidas excepcionales no sólo sanitarias, sino sociales y económicas.

Asimismo, la paralización de la actividad turística, que compromete tanto las previsiones de ingresos como de gastos, evidencia que “la vulnerabilidad de Canarias -continúa la misiva- resulta agravada también por sus particularidades económicas, entre las que destaca la alta dependencia del turismo, sector especialmente afectado por la crisis sanitaria actual y que para la CAC tiene un peso en su PIB (35,0%) y en el empleo (40,4%) significativamente superior al del promedio español (11,7% del PIB y 12,8% del empleo)”.

El vicepresidente explica que Canarias ha visto limitado el crecimiento del gasto público en los últimos ejercicios presupuestarios debido a la aplicación de la regla de gasto, lo que ha redundado en la generación de superávit en los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, que obligatoriamente se han destinado a amortizar deuda. Lo que se pretende es que el del año pasado pueda dedicarse a los gastos provocados por la pandemia.

Además, Canarias es la comunidad autónoma de España con un menor nivel de deuda (14,1% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2019) y presenta un PIB per cápita inferior al promedio (-18,8% en 2018), “lo que pone de manifiesto el compromiso de Canarias con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas”. Una vez que se ha cumplido con esos parámetros, Román Rodríguez entiende que hay superar las limitaciones existentes hasta la fecha para derivar los recursos a combatir los efectos de la pandemia en los ámbitos sanitario, social -asistencia a las personas más vulnerables- y económico -apoyo a empresas y autónomos afectados.