Las islas con mayor tasa de demandantes registrados son Gran Canaria y Tenerife

La Estadística de Población Activa Registrada (EPA-Reg) publica hoy datos de los cuatro trimestres de 2022

La operación permite consultar la tasa de demandantes de empleo municipal, los indicadores básicos del número de ocupados y parados y la tasa de temporalidad

Las islas con menor tasa de demandantes de empleo registrados en Canarias en 2022 son Lanzarote (12%) y Fuerteventura (12,2%), mientras que en Gran Canaria (19,4%) y Tenerife (18,2%) se dan los mayores valores, según se desprende de los datos de la Estadística de Población Activa Registrada (EPA-Reg) publicados hoy por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), relativos a los cuatro trimestres del año 2022.

EPA-Reg recopila y analiza datos sobre el empleo, el desempleo y otros indicadores relacionados con la población activa registrada en el ámbito canario a escala suburbana, como la tasa de demandantes de empleo municipal y la tasa de demandantes de empleo juvenil, los indicadores básicos del número de ocupados y parados y la tasa de temporalidad, entre otras.

En un análisis por municipios, el listado de las cinco menores tasas de demandantes de empleo registrados se encuentran en Lanzarote y Fuerteventura. Yaiza, en Lanzarote, es el municipio que presenta la menor tasa (8,5%), seguido de Teguise (9,4%), Pájara (9,7%), Tías (10,2%) y San Bartolomé (10, 3%).

Por el contrario, municipios de Tenerife, Gran Canaria y La Palma registran las cinco mayores tasas de demandantes de empleo registrados. Icod de los Vinos (22,7%) es el municipio que cuenta con la mayor tasa, seguido de Moya (22,4%), La Aldea de San Nicolás (22,3%), La Victoria de Acentejo (22,1%) y Garafía (21,9%).

La estadística incorpora también variables adicionales relacionadas con la población activa, el sector de actividad, la situación laboral (por cuenta ajena o cuenta propia), la duración del contrato, la jornada laboral y la duración del desempleo, lo que proporciona un panorama más completo de la situación laboral de nuestra comunidad.

Fuentes

El gran valor que aporta EPA-Reg en comparación con otras operaciones de empleo es que las fuentes de obtención de los datos son registros administrativos integrados, por lo que se puede estudiar el mercado laboral de forma conjunta a la vez que se pueden obtener datos desagregados territorialmente a nivel incluso submunicipal.

Asimismo, las cifras que se presentan corresponden a personas, no a puestos de trabajo, información que resulta muy relevante para el análisis de los datos para la toma de decisiones en materia de empleo.

Por otro lado, EPA-Reg permite también la realización de búsquedas personalizadas de la situación laboral de cualquier zona de las islas de forma georreferenciada, lo que facilita la identificación de disparidades regionales y la comparación de los datos por ámbito geográfico.

Es por ello que el análisis de los resultados de esta estadística contribuyen a evaluar políticas laborales, identificar necesidades de formación y promover iniciativas para fomentar el empleo y el desarrollo económico en Canarias. EPA-Reg proporciona, por lo tanto, una visión detallada del mercado laboral en Canarias, por lo que supone un recurso esencial para gobiernos, instituciones académicas, empresariado y ciudadanía interesados en comprender el mercado laboral canario y tomar decisiones informadas.

La Estadística de Población Activa Registrada es una operación que se publicó por primera vez en 2021, fruto de la colaboración con el Servicio Canario de Empleo, y ofrece datos submunicipales, municipales, insulares y autonómicos georreferenciados desde 2011.

Para acceder a todos los datos de la EPA-Reg 2022 y obtener más información, visite este enlace a la operación en la página web del ISTAC: http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas/empleo/empleo/actividadeconomica/C00069A.html

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, presidió hoy el acto de rúbrica del acuerdo entre el administrador único de RTVC y el presidente del comité de empresa

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez presidió hoy el acto por el que el administrador único del ente Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, y el presidente del comité de empresa, Miguel Angel Quintana, firmaron el primer convenio de la Televisión Pública de Canarias (TVPC S.A.), que regula las condiciones laborales y salariales de los 400 trabajadores de la empresa, al mismo tiempo que uniformiza las nueve realidades laborales diferentes que venían coexistiendo en su seno desde hace años.

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos no solo ha impulsado la tramitación del convenio -en que el ente se adscribe a este departamento del Gobierno de Canarias- sino que, además, ha conseguido recursos adicionales para hacer frente a los 2,7 millones de las actualizaciones salariales de los años 22 y 23.

Precisamente, el acuerdo termina con la inestabilidad que generó la expiración del anterior contrato de la Televisión Pública de Canarias, en junio de 2018, y la posterior subrogación de los trabajadores de la empresa privada adjudicataria del servicio, Videoreport. El convenio incluye también a los trabajadores de las delegaciones insulares, cuyas condiciones eran diferentes a las de sus compañeros de las islas capitalinas.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma electrónicamente el nuevo convenio

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, firmó hoy electrónicamente el nuevo convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de Fuerteventura, por el que el Ejecutivo autónomo transferirá 99 millones de euros al Cabildo Insular hasta el año 2027. La inversión total ascenderá de 123 millones, incluyendo la aportación de esta última institución. 

De acuerdo con el convenio suscrito hoy, los fondos permitirán la ejecución, por parte del Cabildo y en coordinación con todos sus ayuntamientos, del denominado Programa FDCAN Fuerteventgura, que prevé actuaciones de trascendencia o interés municipal, que suponen un 60 por ciento de las inversiones del programa, así como el desarrollo de ejes y acciones de trascendencia insular que totalizan el 40 por ciento restante. Se atenderá a los  servicios públicos de primer orden, como el abastecimiento hidráulico o las redes viarias, y  las políticas de interés general insular, como el empleo, el sector primario, las energías renovables o la I+D+I, las rehabilitaciones de espacios turísticos, de zonas comerciales abiertas y la accesibilidad de las zonas rurales.

El acuerdo permitirá también la financiación de las obras que se recogerán en un convenio de regadío agrícola con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La firma con Fuerteventura se suma a las rubricadas recientemente con el Cabildo de Gran Canaria y las dos universidades públicas, instituciones que, junto al Cabildo de El Hierro, son la que adolecían de acuerdo del FDCAN en vigor, pues optaron en 2016 por no firmar por la totalidad del plan, previsto en diez años.

Precisamente, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 27 de abril un gasto de 416,7 millones de euros para estos cabildos y para los dos centros académicos, cantidad a la que hay que añadir el porcentaje de cofinanciación de las corporaciones insulares, que varía para cada caso, y que colocan la inversión final en los 683 millones de euros.

La orden, activada por primera vez en marzo del año pasado, persigue aliviar los costes de producción de estos sectores ante el encarecimiento de los carburantes

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy la orden para la prórroga de la devolución del 99,9% del impuesto de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago hasta el próximo 30 de septiembre.

Rodríguez precisó hoy que la medida se adopta para aliviar los costes de producción de estos sectores, ante la persistencia del incremento de precios de los carburantes.

La orden original, firmada en marzo de 2022, eliminó, de facto, el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo para los transportistas profesionales, que hasta entonces suponía la mitad del aplicado en el resto del Estado y, de esa mitad, solo tenían que pagar el 32% del mismo, puesto que el otro 68% le era devuelto por el Gobierno canario. Dado que el IGIC del combustible tributa al tipo 0, esto significa que a los transportistas no se les aplica fiscalidad alguna, mientras que en las demás comunidades autónomas se aplica un IVA del 21%.

De acuerdo con la parte dispositiva de la orden, las presiones inflacionistas que se vienen registrando en los últimos meses, agravadas ahora por la invasión rusa a Ucrania, han provocado un incremento de los precios de los combustibles, que tienen su correspondiente traslación al Índice de Precios al Consumo.

La devolución “constituye un elemento que técnicamente debe tener una repercusión positiva en los precios al consumo y debería venir acompañada de una contención de los mismos en los sectores beneficiados”, señala la norma.

Una devolución histórica

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

De estas cantidades, el Gobierno devolvía desde el año 1986 el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 30 de septiembre será prácticamente íntegra.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma con los rectores de los centros superiores los nuevos convenios

El Gobierno de Canarias transferirá 13 millones de euros a las dos universidades públicas canarias -a razón de 6,5 millones para cada una- en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), cuyos nuevos convenios firmaron hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y los rectores de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), Lluís Serra y Francisco Javier García, respectivamente.

El acuerdo permite financiar mejoras ya en marcha de las infraestructuras de la universidad grancanaria , por un lado, y acometer proyectos relacionados con la transferencia de conocimiento en el centro tinerfeño, de acuerdo con las propuestas presentadas por las propias universidades.

En concreto, el proyecto de la ULPGC tiene como objetivo una mejora de las condiciones físicas de la prestación del servicio universitario a estudiantes, a profesores e investigadores y también al personal de administración, con la modernización de edificios, rehabilitación de infraestructuras docentes y destinadas a acciones de I+D+i, lo que redundará en la calidad de la investigación y en la calidad de la formación de los estudiantes y por tanto su empleabilidad futura.

En este sentido, la ULPGC financiará con las cantidades transferidas ahora las obras de edificio de Matemáticas e Informática; la rehabilitación de la residencia de Tafira y de la Casita Roja, y la mejora funcional y la envolvente de los espacios docentes y de investigación (veinte obras).

La propuesta de la ULL, denominada Minerva, pretende mejorar la investigación para el fomento del proyecto “Empleo asociado a la transferencia y la innovación” y subvencionará diversos componentes del citado proyecto, estrechamente vinculado a la I+D+i.

Con la firma de estos dos convenios y el suscrito la pasada semana con el Cabildo de Gran Canaria, solo quedan por resolver los acuerdos con las corporaciones insulares de Fuerteventura y El Hierro para completar el mapa de acuerdos con todos los beneficiarios del Fondo.

Estas cinco instituciones fueron las que no firmaron en su momento el FDCAN por la totalidad del plazo previsto -diez años- y se habían quedado sin convenio. El plazo de vigencia ahora será hasta el año 2027.

Precisamente, el Gobierno aprobó el pasado 27 de abril un gasto de 416,7 millones de euros para estos cabildos y para los dos centros académicos, cantidad a la que hay que añadir el porcentaje de cofinanciación de las corporaciones insulares, que varía para cada caso, y que colocan la inversión final en los 683 millones de euros. Las universidades no aportan fondos propios.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma con el presidente insular, Antonio Morales, el nuevo convenio del Fondo

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria invertirán cerca de 510 millones de euros -a razón de 254,5 millones cada uno- hasta el año 2027 en proyectos relacionados con la sostenibilidad, fundamentalmente, según los términos del nuevo convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), firmado hoy por ambas administraciones. La Corporación insular prevé que la ejecución de este programa genere 14.000 empleos.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, suscribieron hoy el documento, junto al alcalde de Agüimes y comisionado insular de Gran Canaria en la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández. Al acto también asistieron representantes de 13 de los 18 ayuntamientos beneficiarios del programa.

El convenio con Gran Canaria es el primero de los cinco que se formalizarán con aquellas instituciones que no firmaron en 2016 acuerdos por la totalidad de vigencia del Fondo, programado para diez años.

Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y las dos universidades públicas no tenían hasta ahora convenio en vigor. Precisamente, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 27 de abril un gasto de 416,7 millones de euros para estos cabildos y para los dos centros académicos, cantidad a la que hay que añadir el porcentaje de cofinanciación de las corporaciones insulares, que varía para cada caso, y que colocan la inversión final en los 683 millones de euros.

El convenio con Gran Canaria permitirá, en concreto, la financiación del programa insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria FDCAN 2023-2027 con una nueva orientación hacia un enfoque más social, ambiental e inclusivo. A este respecto, se señala que el citado programa se concibe como una “propuesta transformadora de la realidad económica, social y medioambiental de la isla procurando la equidad y la igualdad de los grancanarios y grancanarias, independientemente del territorio de la isla en la que residan. El objetivo -sigue el convenio- es continuar con la tarea que empezó el anterior programa que tuvo como finalidad establecer un nuevo modelo económico más sostenible, consolidar el desarrollo turístico de la isla, así como un progresivo avance en la soberanía energética y alimentaria, redundando en la diversificación de los sectores productivos; todo ello para conseguir que Gran Canaria sea concebida como una Eco-isla, en beneficio de su ciudadanía y de sus visitantes”.

El seminario cuenta con la participación de expertos de la Autoridad de Gestión del programa y se ha celebrado en coincidencia con el Día de Europa

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha organizado entre ayer y hoy un curso sobre “Seguimiento e indicadores, la elegibilidad de los gastos y la simplificación de la gestión” del Fondo Social Europeo, en el que se han inscrito cerca de un centenar de empleados públicos de diferentes departamentos de la Administración autonómica.

El seminario se inició ayer con una ponencia de Carlos Gutiérrez Bordejé, jefe de Servicio de la Autoridad de Gestión del FSE del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre tipos de indicadores, concepto de operación, participantes, entidades, registros, aclaraciones y particularidades de los indicadores de ejecución, coherencia de los datos e informes anuales.

En la sesión de hoy han participado Francisco José Hermosilla, jefe de Servicio de la Autoridad de Certificación y Ana Belén Sanz Trigo, jefa de Servicio de la Autoridad de Gestión del mismo Ministerio de Trabajo y Economía Social. El primero ha hablado sobre la elegibilidad de los gastos y la segunda, sobre la simplificación de la gestión.

Todas las intervenciones se han enfocado fundamentalmente al período 2014-2021 si bien también se abordaron las novedades del período de programación 2021-2027.

Precisamente, Canarias gestionará 446,6 millones de euros en ayudas del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para empleo, formación e inclusión social en el citado período presupuestario 21-27, una cantidad que que se eleva a los 525 millones si se incluye la cofinanciación de los gobiernos canario y español. En el anterior período la ayuda europea ascendió a 279,6 millones de euros.

La principal diferencia estriba en que la actual aportación incluye por primera vez una asignación por la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, que asciende a 157 millones de euros.
Con independencia de esta asignación, la partida más importante va dirigida a inclusión social y lucha contra la pobreza, dotada con 80 millones de euros, seguida de empleo juvenil, con 62,3 millones.

El FSE+ es un fondo que invierte en las personas y aplica el pilar europeo de derechos sociales, contribuyendo a una Europa más Social; a una cohesión económica, social y territorial, haciendo especial hincapié en el empleo y la formación.

En este nuevo período, el programa fusiona el anterior Fondo Social Europeo (FSE) con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y una parte del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

El Tribunal de Cuentas del Estado publica un informe de fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para implementar el PRTR

El órgano fiscalizador valora la gobernanza diseñada por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, que incluye un Comité Director de Planes y Proyectos presidido por el titular del departamento

El Gobierno canario ya publica en su web desde el pasado 17 de abril los datos de ejecución de los fondos del Next Generation, tal y como recomienda el propio Tribunal

Canarias aparece como una de las comunidades autónomas más diligentes a la hora de establecer marcos y acciones para el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la ejecución de fondos europeos extraordinarios, de acuerdo con el informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para implementar el citado Plan.

El documento recoge que Canarias no solo reguló en un texto normativo con rango de ley las principales especialidades normativas en materia del PRTR, con un enfoque integrador similar al empleado en la regulación estatal (como otras diez autonomías), sino que ha sido la única que ha incluido de manera expresa en su legislación el contenido de los instrumentos de planificación estratégica para la gestión, regulando además un contenido que va más allá del contemplado en el Real Decreto Ley que regula el Plan.

En este sentido, el informe señala expresamente que “la normativa con rango legal aprobada en el ámbito autonómico contiene escasas previsiones respecto a este tipo de instrumentos de planificación estratégica (IPE) para la gestión y, con la excepción de Canarias, no se regula el contenido de los mismos”.

«En aplicación de la esta normativa, los instrumentos de planificación estratégica han sido elaborados por la totalidad de las entidades ejecutoras de Canarias y aprobados por su Comisión de Planificación y Gobernanza. Estos instrumentos identifican las prioridades y asignan los recursos disponibles, constituyendo así instrumentos eficaces de planificación, tanto para las entidades ejecutoras como para los órganos de gobernanza de la Comunidad”, indica el texto en su apartado de conclusiones.

Canarias también ha sido la única Comunidad que ha optado por realizar una planificación de manera similar a la prevista en el sector público estatal. Así, el documente se hace eco de que  en Canarias los IPEs han sido elaborados por todas las Consejerías y aprobados por la Comisión de Planificación y Gobernanza. Además, el contenido de estos IPE va más allá del que contempla el citado artículo 23, incluyendo la identificación de prioridades, la complementariedad de proyectos con otras Consejerías o la alineación con la Agenda 2030.

Precisamente, el Tribunal se detiene en analizar la estructura de gobernanza creada por el Gobierno de Canarias, que cuenta un Comité Director de Planes y Proyectos, órgano ejecutivo presidido por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos que tiene encomendada la tarea de gestionar los fondos y elevar los mismos a la Comisión de Gobernanza.

La estructura aprobada designó al Director General de Planificación y Presupuesto como Autoridad responsable ante la Administración General del Estado para el MRR y se crearon ocho subdirecciones dependientes de las Direcciones Generales de Planificación y Presupuestos (4), Intervención General (2) y Función Pública (2). Precisamente el departamento de Intervención es la Autoridad de control.

Del mismo modo, se valora también el hecho de que solo Canarias y otras tres comunidades autónomas hayan realizado una planificación y gestión de los recursos humanos precisos para el desarrollo del Plan

En otro apartado, el informe (cuyo ámbito temporal es de mayo de 2022, con revisiones parciales posteriores) recuerda que el Gobierno de Canarias se ha comprometido a la máxima transparencia de las medidas implementadas en el Plan, si bien hasta ese momento no se había publicitado en la web corporativa.

En cualquier caso, el Gobierno ya activó este  pasado 17 de abril un sitio web para el seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La web activada por la Dirección General de Planificación y Presupuesto se estructura en tres grandes apartados, entre los que se ha distribuido la información del MRR; ejecución contable, ejecución presupuestaria y áreas temáticas.

Dentro de cada uno de estos bloques se añade información específica. Así en el bloque correspondiente a ejecución contable se puede consultar las subvenciones y los contratos en ejecución; en el apartado de ejecución presupuestaria se ofrecen datos sobre ingresos y gastos por componentes y gastos por capítulos, mientras que “áreas temáticas” se vuelca información con un top 20 de las principales inversiones con un porcentaje que indica las asignaciones de acuerdo con las conferencias sectoriales correspondientes.

La dirección de la web es: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/unifica/mrrejecucion.html.

En los próximos días esta información se colgará también en el portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, tal y como se prevé en la propia normativa autonómica.

Se han publicado las listas de votación, tras la resolución de reclamaciones a los datos de inscripción censal

Los electores canarios residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones autonómicas sin solicitud previa

El censo de electores canarios residentes en el extranjero ha aumentado un 10,01% respecto a las elecciones de 2019

1.822.767 electores podrán votar en las elecciones autonómicas y locales convocadas para el 28 de mayo de 2023 en Canarias, según consta en las listas de votación del censo electoral publicadas, una vez resueltas las reclamaciones a los datos de inscripción censal. Las elecciones de 2023 están convocadas para el Parlamento, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos de Canarias. Esta cifra supone un incremento del 3,2% respecto a las elecciones autonómicas y locales de 2019.

Del total de electores, 1.778.282 podrán votar en las elecciones al Parlamento de Canarias, de los que 1.616.173 son electores canarios residentes en Canarias y 162.109 son canarios residentes en el extranjero. Al contrario que en convocatorias anteriores, en esta ocasión los electores canarios residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones autonómicas sin solicitud previa.

En Canarias, este censo de electores canarios residentes en el extranjero está compuesto por personas que viven en más de 100 países, entre los que destacan los residentes en Cuba, con 63.319 electores para esta convocatoria electoral y Venezuela, con 47.396, que juntos representan un 68,3% del total de electores de este censo. Pueden consultarse todos los datos de este censo aquí

Por otra parte, el censo electoral para los siete cabildos de Canarias asciende a 1.616.173 electores, ya que para este tipo de comicios solo tienen derecho a voto los electores canarios residentes en Canarias.

Finalmente, 1.660.658 electores podrán votar en las elecciones municipales, entre los que se encuentran los 1.616.173 canarios residentes en Canarias y 44.485 pertenecientes a países de la Unión Europea (UE) y a países con los que España ha firmado un acuerdo de reciprocidad para estas elecciones y que han manifestado su intención de votar en estas elecciones.

De los electores procedentes de la Unión Europea, la nacionalidad más numerosa es la italiana, con17.096 electores, seguidos de la alemana, con 9.214. De los países no pertenecientes a la UE, el Reino Unido es el país con mayor número de electores registrados en Canarias en este censo, con 2.629 ciudadanos británicos. A pesar de ya no formar parte de la Unión Europea, el Reino Unido cuenta con un acuerdo de reciprocidad que garantiza su derecho al voto en elecciones municipales.

¿En qué elecciones puede votar cada elector?

En estas elecciones pueden votar todas las personas inscritas en el censo electoral correspondiente que tengan al menos 18 años cumplidos el día de la votación. Para estas elecciones, el censo electoral está compuesto por:

●      el censo de electores canarios residentes en Canarias (CER), que pueden votar tanto en las elecciones municipales, como en las de cabildos y Parlamento de Canarias. Este censo ha experimentado un incremento del 2,71% respecto a las elecciones autonómicas y locales de 2019.

●      el censo de electores canarios residentes en el extranjero (CERA), que para estos comicios solo pueden votar en las elecciones al Parlamento de Canarias, pero no a las municipales ni a las de cabildos insulares. Este censo ha experimentado un incremento del 10,01% respecto a las elecciones autonómicas y locales de 2019.

●      el censo de electores de la Unión Europea y de países que hayan firmado acuerdos de reciprocidad con España (CERE), que para estas elecciones solo pueden votar en las elecciones municipales. Este censo ha experimentado una disminución del 1,51% respecto a las elecciones autonómicas y locales de 2019.

¿Cómo se distribuyen los representantes?

En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, se eligen 70 diputados al Parlamento de Canarias, de los que 61 se distribuyen entre las circunscripciones insulares (15 por Gran Canaria y otros tantos por Tenerife, 8 para cada una de las islas de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, 4 por La Gomera y 3 por El Hierro) y 9 se asignan a la circunscripción autonómica de Canarias.

El número de representantes para los cabildos y municipios se establece en función de la población. Para estas elecciones, no se han producido cambios con respecto a las elecciones locales de mayo de 2019 en los cabildos insulares, pero sí en seis municipios, que han incrementado su número de representantes: Haría, en Lanzarote, que contará con 2 concejales más en esta convocatoria electoral; Mogán, en Gran Canaria, que incrementa en 4 su número de representantes municipales, Granadilla, Güímar y San Miguel de Abona, en Tenerife, con un incremento de su representación de 4 en los tres casos; y Valverde, en El Hierro, con 2 representantes más que en 2019. En estas elecciones, ningún municipio ha reducido su número de representantes con respecto a las elecciones de 2019.

En la página web del ISTAC se pueden consultar los datos de censo electoral también por islas y municipios y compararlos con comicios anteriores, además de consultar otro tipo de datos sobre el sistema electoral canario, como el número de representantes.

Para sacarle el máximo partido a la información electoral registrada por el ISTAC se puede consultar este breve vídeo tutorial sobre el Sistema de Información Electoral.

El PEA contempla 59 actividades estratégicas, 212 operaciones y 4 estudios estadísticos

Destaca la evaluación de los incentivos a la inversión recogidos en el REF

El documento es fruto de un amplio proceso colaborativo interdepartamental

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado el Programa Estadístico Anual (PEA) de Canarias, que contiene 59 actividades estratégicas, enmarcadas en 13 directrices y 212 operaciones del Plan Estadístico de Canarias (PEC) 2018-2022 (prorrogado a 2023) que han de desarrollarse en 2023. El documento incorpora además cuatro estudios estadísticos, entre los que destaca la Evaluación de los incentivos a la inversión recogidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

El PEA 2023 contempla el desarrollo de 212 operaciones estadísticas, de las que 191 se prevé que alcancen la fase de elaboración y difusión, mientras 21 se quedarían en la etapa de diseño o rediseño. Los temas estadísticos que incluyen un mayor número de operaciones son sociedad, con 43, seguidos por economía general y sector servicios, con 29 operaciones cada uno. Del total de operaciones previstas, 75 incluyen variable de sexo, desde una perspectiva de género, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El plan presenta seis altas, una baja y 12 modificaciones de operaciones estadísticas del PEC. Las incorporadas son la Encuesta a Empresas de Canarias, propuesta por el ISTAC; la Estadística sobre Procedimientos de Clasificación de Empresas, y la Estadística de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE), propuestas por la Dirección General de Patrimonio y Contratación; la Estadística de Precios Coyunturales de Productos Ganaderos, propuesta por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Estadística de Renta de Ciudadanía de Canarias, propuesta por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; y el Directorio de las Organizaciones del Tercer Sector, propuesta por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Evaluación de los incentivos a la inversión del REF

Además de estas operaciones, el PEA 2023 plantea el desarrollo de cuatro estudios, entre los que destaca la Evaluación de los incentivos a la inversión recogidos en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). El resto de estudios se centran en la alimentación: Indicadores sobre el grado de autoabastecimiento alimentario en Canarias; los servicios sociales: Informe sobre la situación de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias, y la cultura: Directorio de equipamientos culturales y sus características.

Asimismo, el PEA define su línea de trabajo para 2023 a través de 59 actividades estratégicas, organizadas en 13 directrices, enmarcadas en cinco líneas y tres entornos: institucional, de producción y de comunicación estadística. En el ámbito institucional se incluyen actuaciones para la coordinación y cooperación institucional y el sistema de gestión de la planificación estadística. En el ámbito de producción estadística están centradas en el marco común de procesos estadísticos eficientes y robustos, y la eficiencia, reducción de carga y estimación en pequeños dominios mediante el uso de nuevas fuentes de datos, integración de fuentes y métodos estadísticos avanzados. Por último, la comunicación estadística se centrará en datos abiertos, relevantes y con sello de calidad.

La publicación en el BOC, tras su fase de exposición pública, supone para el Programa Estadístico Anual el último paso de un destacado proceso participativo en el que han intervenido todos los departamentos del Gobierno de Canarias, bajo la coordinación del Instituto Canario de Estadística.