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Rodríguez reclama formalmente al Estado autorización para usar el superávit contra el coronavirus

El vicepresidente y consejero de Hacienda remite una carta al Gobierno central para acogerse a una medida habilitada ya para las administraciones locales

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda en la que reclama la autorización del Ejecutivo central para destinar el superávit de la Comunidad Autónoma del año 2019 -unos 250 millones de euros- a paliar los efectos del coronavirus.

El vicepresidente solicita así formalmente lo que ya en reiteradas ocasiones ha demandado el Gobierno de Canarias, tanto en boca del jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, como del propio Rodríguez.

La oportunidad de la carta radica en que el Estado va a fijar en breve las cuantías que cada ayuntamiento puede destinar a este fin, de acuerdo con la autorización recogida en el Real Decreto de Medidas Urgentes para el caso de las administraciones locales.

El objetivo del Gobierno de Canarias es que se incluya al Archipiélago y al resto de comunidades autónomas con superávit en ese supuesto, y que el gasto no financiero resultante de su aplicación no compute a los efectos de la regla de gasto ni en los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Rodríguez advierte de que “la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 está creando graves necesidades adicionales que requieren ser atendidas urgentemente” y que en el caso de Canarias “se dan además circunstancias que agudizan la urgencia de estas medidas, como son sus elevadas tasas de paro y de pobreza, parámetros para los que Canarias se sitúa desgraciadamente por encima del promedio” y que aconsejan medidas excepcionales no sólo sanitarias, sino sociales y económicas.

Asimismo, la paralización de la actividad turística, que compromete tanto las previsiones de ingresos como de gastos, evidencia que “la vulnerabilidad de Canarias -continúa la misiva- resulta agravada también por sus particularidades económicas, entre las que destaca la alta dependencia del turismo, sector especialmente afectado por la crisis sanitaria actual y que para la CAC tiene un peso en su PIB (35,0%) y en el empleo (40,4%) significativamente superior al del promedio español (11,7% del PIB y 12,8% del empleo)”.

El vicepresidente explica que Canarias ha visto limitado el crecimiento del gasto público en los últimos ejercicios presupuestarios debido a la aplicación de la regla de gasto, lo que ha redundado en la generación de superávit en los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, que obligatoriamente se han destinado a amortizar deuda. Lo que se pretende es que el del año pasado pueda dedicarse a los gastos provocados por la pandemia.

Además, Canarias es la comunidad autónoma de España con un menor nivel de deuda (14,1% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2019) y presenta un PIB per cápita inferior al promedio (-18,8% en 2018), “lo que pone de manifiesto el compromiso de Canarias con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas”. Una vez que se ha cumplido con esos parámetros, Román Rodríguez entiende que hay superar las limitaciones existentes hasta la fecha para derivar los recursos a combatir los efectos de la pandemia en los ámbitos sanitario, social -asistencia a las personas más vulnerables- y económico -apoyo a empresas y autónomos afectados.

Rodríguez reclama al Estado un reparto equitativo del material sanitario contra el coronavirus entre las CCAA

El vicepresidente pide al Gobierno central que aclare cuanto antes el mecanismo para hacer efectiva la suspensión de las reglas fiscales

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reclamó ayer al Estado un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas de los test, EPI y resto de equipamiento para combatir el coronavirus, a la vista del actual problema de abastecimiento básico.

Rodríguez, que participó en una videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias por la falta de material sanitario en las Islas.

El vicepresidente explicó que muchas comunidades autónomas no acudieron en su momento al mercado en busca de este material puesto que el Estado había determinado la centralización de las compras y que “ahora, cuando lo hemos hecho, hay una saturación enorme, que hace muy complicada las adquisiciones”.

Rodríguez subrayó que si bien los nuevos equipos asistenciales, como los respiradores mecánicos, deben distribuirse en función de las necesidades de los territorios y allá donde hagan más falta, los test de detección, los EPI y el resto de material de protección tienen que ser distribuidos de “manera justa y equitativa entre todas las comunidades autónomas”.

En este sentido, el vicepresidente detalló que Canarias ha realizado un número escaso de pruebas para una población de 2,2 millones de habitantes, “cuando éstas son vitales para medir el impacto de la propagación de la enfermedad, para predecir su evolución, determinar los aislamientos y evitar contagios”.

Rodríguez explicó a la ministra y al resto de consejeros autonómicos de Hacienda que, de los infectados en Canarias, el 20 por ciento son sanitarios, “lo que supone seis puntos por encima de la media española, una situación a tener muy en cuenta”.

Liquidez e inacción europea

El vicepresidente también reclamó al Ministerio de Hacienda que comunique cuanto antes a las comunidades autónomas el mecanismo para hacer efectiva la suspensión de las reglas fiscales que anunció la ministra en la reunión de ayer a los consejeros de Hacienda, al tiempo que criticó la falta de determinación de la propia Unión para permitir el endeudamiento de las administraciones públicas.

A este respecto, señaló que “la Unión Europea tiene que dar la cara con soluciones efectivas y con la habilitación de fondos adicionales para combatir los efectos económicos de la pandemia y no limitarse a la reorientación de los programas actuales”.

El vicepresidente canario, por otro lado, aludió a la necesidad de liquidez de las administraciones públicas debido a la reducción súbita de los ingresos y aumento de los gastos por la pandemia. Demandó al Gobierno central la adopción inmediata de medidas.

A este respecto, Rodríguez solicitó aclaraciones a la ministra sobre los plazos y las cuantías de la liquidación de la financiación autonómica del año 2018, a la que se ha comprometido el Gobierno español, toda vez que la propia María Jesús Montero hablaba de un anticipo del 50 por ciento, mientras que el presidente del Gobierno de España ha asegurado que sería el 100 por ciento.

Asimismo, el vicepresidente preguntó por los criterios que establecerá el Ejecutivo central para la inyección de liquidez en el sector privado, unos 20.000 millones de euros en avales, en el sentido de si la distribución se hará según el orden de presentación de las solicitudes o por sectores de actividad; pero Montero no pudo concretar este aspecto.

Rodríguez firma la orden para ampliar el plazo de pago del IGIC relativo al primer trimestre del año

El vicepresidente subraya que la disposición favorecerá a aquellos sectores económicos más vulnerables, como pymes y autónomos, y permitirá una inyección de liquidez de 600 millones de euros en la economía

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado la orden que determina la ampliación de los plazos para el pago del IGIC y de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones. La disposición entrará en vigor este lunes, cuando se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Rodríguez explicó hoy que la orden está concebida para favorecer a aquellos sectores económicos más vulnerables, como pymes y autónomos, que tendrán hasta el 1 de junio para presentar las autoliquidaciones trimestrales del IGIC correspondientes al periodo de liquidación del primer trimestre de 2020. Esta medida permitirá inyectar 600 millones de euros de liquidez a la economía,.

La disposición excluye así, de forma tácita, a los empresarios o profesionales obligados a presentar autoliquidaciones mensuales, entre los que se encuentran aquellos que han tenido un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros en 2019.

Del mismo modo, las medidas adoptadas mediante el Real Decreto-Ley 7/2020 -al que se acoge la propia orden- tendrán “un importante impacto en el ámbito presupuestario y financiero, con la consiguiente merma de los ingresos públicos; lo cual afectará, no solo a los recursos de la Hacienda autonómica canaria, sino también a los de las haciendas locales, pues parte de los mismos se integran en el Bloque de Financiación Canario”, señala el texto.

La orden prevé también la ampliación en dos meses del plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  En este último caso, con respecto a las adquisiciones de bienes o derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, “inter vivos”, correspondientes a hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado de alarma.

“No obstante -precisa el texto- si la fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones de los tributos citados en el párrafo anterior, se produce también durante la vigencia del mismo, y corresponden a hechos imponibles devengados con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el plazo de presentación se amplía en un mes a contar desde la finalización del estado de alarma.

También con respecto a Sucesiones y Donaciones, se amplía en dos meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones relativas a adquisición de bienes o derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

La orden permite, igualmente, la ampliación hasta el 1 de junio de 2020 del plazo de presentación de la declaración censal de comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización de dicho plazo se produzca durante la vigencia del estado de alarma.

El texto de la disposición indica también, en su preámbulo, que la orden es “respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consiguen los fines perseguidos, cuales son el facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sin que, en ningún caso, se trata de una norma restrictiva de derechos”.

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Rodríguez pide al Estado liquidez para atender necesidades sanitarias y socioeconómicas por la crisis del Covid-19

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, participó esta tarde, junto a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, en una videoconferencia con la ministra de Hacienda

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, acompañado de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, planteó esta tarde al Estado la necesidad de otorgar liquidez a las comunidades autónomas y corporaciones locales para afrontar las necesidades sanitarias, y de atención a familias y sectores económicos. En esa línea, esgrimió el anticipo de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación y la flexibilización del uso del superávit de las comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer frente al impacto económico del coronavirus.

Rodríguez participó en una videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las secretarias de Estado de Hacienda, de Presupuestos y Gastos y de Economía, junto al resto de responsables autonómicos en materia económica y de hacienda,

El vicepresidente recordó durante su intervención que Canarias no sólo dispone de una importante bolsa de recursos bloqueada en el superávit presupuestario, que podría destinarse a paliar los negativos efectos económicos y sociales de la pandemia en las Islas, sino que precisa del anticipo de las entregas a cuenta previstas para el último trimestre del año en curso.

Respecto al uso del superávit, la ministra se comprometió a tratarlo bilateralmente con las pocas comunidades autónomas en esa situación. En cuanto a la financiación autonómica, Rodríguez señaló que los recursos de la actualización “cuantitativamente son poco relevantes para afrontar la parálisis de la economía y la caída de ingresos prevista”.

En similares términos se refirió a los 600 millones de euros, de los que 300 corresponderán al superávit de las corporaciones locales, para servicios sociales básicos que el conjunto de las administraciones públicas podrán utilizar para este fin.

El vicepresidente también incidió en la imperiosa necesidad de que se aceleren los suministros extraordinarios para el coronavirus que el Ministerio de Sanidad adquirirá de modo centralizado con una dotación de 1.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Especificó que se trata de contar cuanto antes tanto con materiales de protección para el personal sanitario y los pacientes como de disponer de tests y ventiladores equipamientos pertinentes.

El también consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias señaló como clave una flexibilización de las reglas fiscales (déficit y endeudamiento) que permitiría a las comunidades incrementar el dinero para apoyar a las familias y a las empresas afectadas; pero la ministra le reconoció que por ahora no tiene la autorización de Bruselas.

En relación con las medidas anunciadas por el Gobierno español para las empresas, destacó el “esfuerzo notable” que se está haciendo, en particular en cuanto a la liquidez para el sector privado mediante los expedientes de regulación temporal de empleo, aunque subrayó la vulnerabilidad diferencial de Canarias ante la crisis del coronavirus, con un sector turístico que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo total, “lo que da idea del impacto que tendrá para la economía la suspensión de esta actividad”.

Rodríguez: “Vamos a exigir y vamos a conseguir exceptuar a Canarias del impuesto a volar”

El vicepresidente del Gobierno indica que, en todo caso, el rechazo a esa figura no contradice la necesidad de reflexionar en Canarias sobre la fiscalidad verde

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que “vamos a exigir y vamos a conseguir que el Archipiélago quede exento del impuesto a volar” que plantea el Ejecutivo central.

En sendas respuestas a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y de Nueva Canarias, el vicepresidente indicó que “no bajaremos la guardia y estaremos atentos para que esta figura impositiva no limite nuestros derechos ni atente a la cobertura normativa y jurídica que salvaguarda nuestras especificidades”.

Del mismo modo, añadió que el Ejecutivo estará pendiente de que no se produzcan cambios en las compensaciones del 75 por ciento al transporte de mercancías y personas.

Rodríguez explicó que “los riegos no están disipados en el ámbito de la Unión Europea” y que si bien en el ámbito continental esta propuesta fiscal tiene sentido para promover un modelo de desarrollo más sostenible y menos contaminante, en Canarias no es posible puesto que no hay alternativas al avión, como sí hay allí, en referencia al transporte ferroviario.

Precisamente, el vicepresidente desvinculó el rechazo a la aplicación de este impuesto en los vuelos a Canarias de la necesidad de reflexionar sobre la fiscalidad verde en el Archipiélago, un asunto “que debemos afrontar porque también será un valor de cara a nuestros visitantes”.

“No hay ninguna contradicción entre una posición y otra; es más -continuó- los impuestos verdes se van a imponer en el mundo, en Europa, en España y en Canarias para luchar contra la crisis climática”.

“Cada figura impositiva debe atender a un contexto social, geográfico y económico, que hace que el impuesto a volar, por ejemplo, no sea posible en Canarias, pero sí debemos abordar otros que nos permitan avanzar en la descarbonización y la neutralidad de las emisiones de efecto invernadero”, subrayó Rodríguez.

Rodríguez advierte de que no habrá retrocesos en la defensa del fuero canario en Madrid o Bruselas

El vicepresidente asegura que el Ejecutivo peleará por los derechos conquistados, a pesar de las dificultades políticas y económicas actuales

El también consejero de Hacienda afirma que Canarias mantendrá su diferencial fiscal y que su condición de RUP atenuará el impacto del recorte presupuestario en la UE

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que el Ejecutivo “peleará” por mantener el diferencial fiscal del Archipiélago con respecto a España y la Unión Europea y, en general, por el cumplimiento de las normas y políticas que garantizan las singularidades de las Islas. “No habrá ningún tipo de retroceso en la defensa del fuero canario”, subrayó.

En sendas comparecencias en las comisiones de Presupuestos y de Asuntos Europeos, Rodríguez insistió en que el Gobierno defenderá los derechos conquistados por Canarias en las últimas décadas, tanto aquellos que están garantizados jurídicamente como los que están comprometidos políticamente.

El vicepresidente subrayó que el Ejecutivo canario “cree” en esos derechos y que así está recogido en el pacto de gobierno y en el discurso de investidura del presidente “de manera clara y precisa”.

Rodríguez indicó, con respecto a Europa, que la condición de Región Ultraperiférica permitirá a Canarias reducir el impacto de una eventual reducción presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea y que la posición de partida de estos territorios “es razonable”.

El vicepresidente explicó que en las tres propuestas debatidas hasta el momento sólo aparecen fondos nominados para las RUP, gracias a la consideración específica que tienen estos territorios en el Tratado de Funcionamiento de la UE y de las sentencias de los tribunales europeos. Por ejemplo, se nominan la disposición adicional del FEDER para la compensación de sobrecostes, la disposición adicional del Fondo Social Europeo para la compensación de sobrecostes o las compensaciones para la pesca y el POSEI.

“Si tenemos en cuenta la salida de un contribuyente neto, como el Reino Unido; las nuevas prioridades de la Unión hacia la sostenibilidad, las migraciones y la defensa; las diferencias entre estados miembros sobre las orientaciones en materia de cohesión y política agrícola o las incertidumbres económicas, la posición de Canarias recogida en esas propuestas tiene elementos positivos”.

En todo caso, el vicepresidente recordó que quienes van a tener la última palabra son los jefes de Estado y de Gobierno, y que los de Francia, España y Portugal están comprometidos en la defensa de los intereses de las RUP.

Presupuesto estatal y superávit

En relación con la política española, el vicepresidente insistió en la importancia de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, “una norma fundamental de la que derivan luego las políticas que se puedan implementar en todo el Estado”, por lo que pidió responsabilidad a todos los partidos con representación en las Cortes para permitir la aprobación de las cuentas estatales.

En todo caso, Rodríguez dijo que el Gobierno canario luchará por el cumplimiento de los compromisos del Estado con Canarias, entre ellos la liberación de los cerca de 500 millones de euros derivados de la sentencia sobre el convenio de carreteras o el desarrollo de los convenios pendientes.

Del mismo modo, el vicepresidente insistió en la necesidad de que el Estado flexibilice las condiciones para el uso del superávit e instó a los partidos a presentar iniciativas en tal sentido.

“Personalmente, creo que es posible que, al menos, la mitad del superávit se pueda destinar a usos diferentes a los de amortizar deuda o a inversiones financieramente sostenibles”, dijo.

Rodríguez: “Pelearemos por que los Presupuestos estatales de 2020 recojan nuestros derechos y fueros”

El vicepresidente del Gobierno apuesta también por transformar formalmente algunos programas presupuestarios en convenios

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, vinculó hoy la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 con el traspaso a Canarias de los recursos derivados de los convenios de infraestructuras y de los programas presupuestarios del REF pendientes en el Archipiélago.

En una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Hacienda, el vicepresidente señaló que el Gobierno de Canarias peleará por que las cuentas estatales del próximo año recojan los derechos y los fueros de las Islas, de modo que se consignen los fondos que nos corresponden.

Rodríguez dijo que le consta que el nuevo Gobierno de España está “moviendo ficha” para que  en las cuentas estatales de este año se incluyan las anualidades de los convenios vigentes, uno de nuevos de obras hidráulicas, además de los programas presupuestarios del REF.

El vicepresidente también se mostró partidario de pedir la transformación de algunos de estos programas de inversión en convenios, para dotarlos de mayor garantía jurídica y dejarlos al margen de la discreción del Gobierno de turno.

Rodríguez recordó que, en cualquier caso, una vez recibidos los recursos financieros hay que ejecutarlos “porque si no podría pasar lo que ha ocurrido con las carreteras, capítulo en el que no se ejecutó nada en los años 18 y 19”.

A este respecto, Rodríguez confió en la reprogramación efectiva de los 485 millones de euros del convenio de carreteras pactados por Nueva Canarias con el PSOE en el acuerdo de investidura y en la utilización de otros 500 millones que se encuentran ahora mismo bloqueados en el superávit de la Comunidad Autónoma.

El vicepresidente recordó que la existencia de Presupuestos Generales podrá reportar a las cuentas canarias unos 200 ó 250 millones de euros que no están hoy en día incluidos en las cuentas canarias.

 

La recaudación de tributos cayó 177 millones de euros en 2019 con respecto a la previsión del Gobierno anterior

Román Rodríguez recuerda que el año pasado hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída de los ingresos por las “irresponsables” rebajas fiscales del Ejecutivo saliente

La evolución del IGIC fue particularmente negativa, con una merma de 73,9 millones sobre lo proyectado en los Presupuestos de 2019 y una reducción de 116 millones sobre lo efectivamente recaudado en 2018

Canarias cerró 2019 con unos ingresos tributarios de 2.619,7 millones de euros, 177,6 millones menos de los previstos por el anterior Gobierno de Canarias en los Presupuestos de aquel año, lo que supone un descenso del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

De esos 177 millones de euros de reducción, 91,8 millones se corresponden con los tributos propios y cedidos, mientras que 85,7 millones lo son de ingresos procedentes del denominado Bloque de Financiación Canario.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó que los datos, “desgraciadamente son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas autonómicas”.

“En 2019 hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída sustancial de los ingresos por las irresponsables rebajas fiscales del anterior Gobierno”, precisó Rodríguez, quien recordó que “ante esa situación tuvimos que reasignar gastos entre los departamentos autonómicos para poder cerrar el ejercicio cumpliendo con las normas fiscales”.

Particularmente negativa ha sido la evolución del IGIC, cuya recaudación ha caído 73,9 millones de euros con respecto a la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019, como consecuencia fundamentalmente de la rebaja de medio punto aplicada al tipo general por el anterior Gobierno.

A la luz del cierre del ejercicio, el vicepresidente insistió en el acierto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno desde el mes de agosto para equilibrar las cuentas de 2019, heredadas con notables desajustes dada la merma de ingresos y el incremento del gasto comprometido sin cobertura presupuestaria.

“Hoy vemos cómo la reducción de los ingresos tributarios es una realidad incontestable y cómo una vez más el argumento de los gobiernos liberales de que una bajada de impuestos permite un incremento de la recaudación no es cierto”, aseguró.

Los datos del IGIC empeoran si la comparación se realiza sobre las cantidades efectivamente recaudadas por ejercicio. En ese caso, la merma de ingresos se sitúa en los 116 millones de euros, puesto que se ha pasado de recaudar 1.702 millones de euros en 2018 a 1.585 millones el pasado año, lo que supone un descenso del 7 por ciento.

Precisamente, para este año ha sido necesario acometer una revisión fiscal, de modo que se puedan recuperar ingresos por esta vía.

Cambio de rumbo

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, a instancias de la Consejería de Hacienda, fue la retención de créditos no esenciales para afrontar el pago de las nóminas del personal educativo y sanitario, incrementadas por los compromisos de reducción de jornada adquiridos por el Ejecutivo anterior sin la preceptiva cobertura presupuestaria y realizados, además, en un contexto de reducción de ingresos tributarios.

Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos Presupuestos autonómicos para 2020 “sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas”, en palabras del vicepresidente.

Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Ministerio de Hacienda alertaron en la segunda mitad del año pasado a la Comunidad Autónoma del posible incumplimiento de la regla de gasto, conminándola a presentar medidas correctoras.

A estos informes se unió también un estudio elaborado por los técnicos de la propia Consejería de Hacienda que, con los datos que estaban sobre la mesa hasta agosto, proyectaban una desviación del déficit de casi medio punto sobre lo autorizado para Canarias.

Rodríguez destacó hoy que el conjunto de medidas adoptadas por el nuevo Gobierno ha permitido el cumplimiento de los preceptos legales, si bien insistió en la necesidad de que las Cortes modifiquen la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones públicas cumplidoras puedan destinar el dinero acumulado en el superávit a la mejora de los servicios públicos o al impulso de las infraestructuras.

Román Rodríguez reivindica que los Presupuestos estatales de 2020 respeten REF y Estatuto

El vicepresidente del Gobierno apela al consenso social, económico, político e institucional para defender los derechos del Archipiélago

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reivindicó hoy en el Parlamento la inclusión de los contenidos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del nuevo Estatuto de Autonomía en los Presupuestos estatales de 2020.

En un comparecencia parlamentaria, Rodríguez recordó que las cuentas estatales habrán de cumplir el REF y dar continuidad a los programas consolidados en anteriores Presupuestos, como el de infraestructuras educativas; el plan integral de empleo; el nuevo programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social; el plan de inversiones en infraestructuras turísticas; la financiación de los sobrecostes de banda ancha; el plan de inversiones hidráulicas; la financiación del POSEI Adicional o la ayuda al agua de riego agrícola.

Del mismo modo, el Estado deberá dar cumplimiento al artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias y del artículo 3 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, relativas a situar a Canarias en la financiación media de las Comunidades Autónomas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos del Archipiélago a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad.

Rodríguez también recordó que el Ejecutivo central tiene que cumplir las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relativa al Convenio en materia de Carreteras 2006-2017.

Todas estas reivindicaciones están incluidas en el Pacto de Progreso en Canarias y en el acuerdo para la gobernabilidad del Estado, un compromiso que pasa, entre otras cosas, por el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias con la negociación de las competencias pendientes de transferir, con los correspondientes medios humanos y materiales.

En cualquier caso, el vicepresidente apeló a la unidad de los actores políticos, económicos, sociales e institucionales canarios para la defensa de los derechos históricos del Archipiélago ante terceros.

Rodríguez recordó que Canarias ha conquistado un estatus de reconocimiento de sus singularidades muy importante a nivel europeo y español, “pero que hay que estar vigilantes para no retroceder en esas conquistas”.

Rodríguez señaló a ese respecto que “la historia nos dice que no podemos estar tranquilos porque en determinadas etapas, en algunas más que en otras, los gobiernos españoles han vulnerado esos derechos”.

Ante esa eventualidad, el vicepresidente reivindicó la unidad y el consenso político, económico y social como elemento clave para la defensa de la posición de Canarias ante el Gobierno de España y la Unión Europea.

Rodríguez respalda las demandas del CEST al vincularlas a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático

El vicepresidente del Gobierno se reúne con la junta directiva del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST)

El también consejero de Hacienda se ofrece para buscar financiación pública y privada para el proyecto ferroviario, sin menoscabo de la ejecución de las carreteras previstas

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, trasladó hoy el apoyo del Ejecutivo autónomo a las reivindicaciones de los empresarios y profesionales del Sur de Tenerife, referidas fundamentalmente a la movilidad terrestre y a la mejora de las infraestructuras.

Rodríguez, que mantuvo un encuentro con la junta directiva del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), vinculó las acciones a desarrollar en esta comarca tinerfeña a criterios de sostenibilidad ambiental y de lucha contra el cambio climático, y aseguró que el Ejecutivo puede ayudar al Cabido de Tenerife -al igual que al de Gran Canaria en su caso- en la búsqueda de financiación pública y privada para el desarrollo del proyecto ferroviario.

El vicepresidente indicó que la única solución eficiente a los problemas de movilidad que tienen las dos islas capitalinas pasa por el transporte guiado, “con independencia de la culminación de los proyectos de carreteras previstos”.

A este respecto, Rodríguez adelantó que su departamento estudia en estos momentos la posible implicación del sector privado en la financiación de los proyectos mediante la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Del mismo modo, el vicepresidente demandó también la mejora de las instalaciones del aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía y aseguró que el Gobierno de Canarias presionará ante Aena para que invierta en la mejora de una infraestructura, “que es rentable en su cuenta de resultados”.

Rodríguez consideró imprescindible la participación de Canarias en esta empresa pública y criticó el proceso de privatización llevado a cabo en la misma, “recurrido por el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero, sin que el Gobierno siguiente se planteara ningún reparo”.

Tanto el presidente del CEST, Roberto Ucelay, como otros miembros de la junta directiva de la organización, plantearon diferentes demandas al vicepresidente, quien expresó su extrañeza “por los problemas estructurales de una comarca que tira de la economía tinerfeña y parte de la canaria y que no ha progresado lo que debiera, a pesar de contar en las últimas décadas con ayuntamientos muy estables y un cabildo igualmente estable”.

En esa dirección, el vicepresidente animó a la búsqueda de sinergias y complicidades entre la iniciativa privada y las administraciones públicas para avanzar en el desarrollo económico y social de la comarca, siempre con la sostenibilidad como argumento troncal.

Rodríguez recordó que su formación es partidaria de la fiscalidad ambiental, porque reportaría unos recursos muy importantes que se destinarían con carácter finalista a la disminución de la huella de carbono en el destino turístico y a la mejora de las infraestructuras. “Este es un camino que está en marcha y no tiene vuelta atrás en el mundo, y concretamente en Europea mucho más”, precisó.

Del mismo modo, el vicepresidente volvió hoy a insistir en la necesidad de que el Estado flexibilice la regla de gasto, de modo que las administraciones públicas cumplidoras de las normas fiscales, como Canarias, pueda destinar el dinero “ocioso” del superávit a la mejora de los servicios públicos y el impulso de las infraestructuras”.