El consejero Sebastián Franquis se reúne con el director general de Industria del Gobierno de España para exceptuar a los vehículos de transporte de mercancías refrigeradas matriculados en Canarias mientras se instala en las islas un túnel de frío para estas inspecciones y evitar a los profesionales canarios tener que desplazarse a la península

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado hoy con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo solicitar un aplazamiento de un año a la puesta en marcha en el archipiélago de la Orden ICT 370 que obliga a los vehículos de transporte terrestre de productos alimentarios refrigerados someterse a un control técnico en una estación de ensayo especializada en túneles de frío que actualmente no existen en Canarias.

El aplazamiento de esta aplicación de la norma en Canarias se solicita en base a que la Consejería tiene conocimiento de que ya hay varias empresas interesadas en instalar una de estas estaciones de ensayo en territorio canario en el plazo de un año.

Esta excepción a la norma general ha sido solicitada en consideración a que en el archipiélago no existen actualmente estaciones de ensayo con túneles de frío, lo que obliga a los transportistas de las islas a desplazarse hasta la península a pasar esas revisiones, con el consiguiente coste económico.

“Hay un serio problema para los transportistas canarios a la hora de pasar estas inspecciones ya que se tienen que trasladar a la Península para poder hacer esos controles, y eso les supone un coste económico muy importante”, señaló el consejero Franquis, “por eso hemos pedido al Ministerio y al director general de Industria que, como en Canarias no hay ese tipo de instalaciones, nos concedan un aplazamiento de un año para conseguir que en este periodo de tiempo se puedan instalar en Canarias este tipo de empresas”.

El consejero regional informó que hay varias empresas especializadas en este tipo de revisiones técnicas muy específicas que se pretenden instalar en las islas. “Tenemos conocimiento de tres empresas que están interesadas en abrir este tipo de estaciones de ensayo en Canarias”, indicó Franquis, “la ejecución de este equipamiento tarda aproximadamente de 8 a 9 meses, por eso hemos planteado al Ministerio dicho aplazamiento”.

Con este acuerdo con el Ministerio de Industria, el consejero Franquis cumple con una de las peticiones que le trasladó la pasada semana la federación de empresarios del transporte en Canarias, con los que se comprometió a presentar ante el Gobierno de España esta solicitud de los profesionales canarios del sector.

“Los transportistas son los primeros interesados en pasar estos controles, pero lógicamente estas instalaciones solo existen en península y que un transportista se tenga que ir a la península significa un coste medio de entre 8.000 y 10.000 euros. Por lo tanto, sería lógico que, teniendo la posibilidad de poder pasar estos controles en Canarias, y existiendo la posibilidad de que se puedan instalar el próximo año, hemos pedido al Gobierno y al Ministerio que nos conceda ese aplazamiento”.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda recibirá los 81 millones de euros que el Estado transferirá a Canarias en 2023 y posteriormente se acordará con los cabildos insulares la distribución de los recursos entre las diferentes islas

El consejero regional y los cabildos insulares convenian con el Gobierno de España celebrar una reunión al final del primer trimestre del próximo año para evaluar la implantación de esta medida y acordar, si fuera necesario, la ampliación de los fondos estatales

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado hoy con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y con los cabildos insulares, la regulación de los fondos que el Gobierno de España ya tiene consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con la finalidad de implantar la gratuidad del servicio público de guaguas y tranvía en Canarias. El consejero Franquis y los consejeros de Transporte de los cabildos mantuvieron una reunión de trabajo en Madrid con la secretaria general de Transportes del Ministerio, María José Rallo, en la que se acordó que los 81 millones de euros que incorporan los PGE de 2023 a través de una enmienda, se transfieran a la Consejería regional.

“Ha sido una reunión positiva porque, entre otras cuestiones, hemos acordado con el Ministerio que el Gobierno de Canarias planifique y gestione la gratuidad del transporte público terrestre, y que nosotros. junto a los cabildos, vamos a establecer los criterios de distribución de esos 81 millones de euros en base a las necesidades y a la realidad de cada isla”, manifestó Sebastián Franquis.

Además de aclarar la gestión de estos fondos para la bonificar gratuidad de los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023, el consejero Franquis también expuso a la secretaria general del Ministerio las dudas que han surgido entre las distintas operadoras canarias para llevar a cabo esta medida con los recursos recogidos en la enmienda incluida en los PGE.

“Seguimos teniendo serias dudas de que esos 81 millones de euros sean suficientes para pagar la gratuidad de todo el transporte terrestre en Canarias en base a la información que nos trasladan los operadores, y esas dudas se las hemos trasladado al Ministerio”, explicó Franquis, “por eso, lo que hemos convenido es que en el primer trimestre de aplicación de esta medida, a finales de marzo, tendremos otro encuentro con el Ministerio para analizar la realidad del alcance de la medida, y en base a esa evaluación, el Ministerio está abierto a buscar fórmulas para incrementar la financiación si así fuera necesario y se demuestra que el importe recogido en la enmienda no concuerda con la realidad”.

Franquis aseguró que desde el Gobierno de Canarias, junto a los cabildos, se está haciendo todo lo necesario para implantar la medida de la gratuidad del transporte terrestre con los recursos suficientes. “Por supuesto que apoyamos esa medida, pero lo que queremos es que no provoque el efecto contrario y que, si no se hace bien, se expulse a los usuarios habituales del transporte público terrestre por no prestarse el servicio con la necesaria calidad”.

En este sentido, el consejero Franquis también aclaró que, lo que se va a financiar con estos fondos son los pagos que realizan los usuarios de guaguas y tranvía en Canarias, es decir, el 25% del coste real de los servicios de transporte terrestre. El 75% restante lo financian los cabildos y ayuntamientos con sus recursos y con las aportaciones que hace también el Gobierno de Canarias. “Las administraciones canarias pagan la mayor parte del coste de este transporte para poder prestar un servicio moderno y de calidad como el que se ofrece en Canarias”, añadió el consejero Franquis, “por tanto, oír que alguien de la oposición dice que los cabildos pueden aportar más recursos con lo que se ahorran de los bonos deja patente que quien lo dice tiene un profundo desconocimiento de la medida que han defendido en su enmienda y de las consecuencias que va a tener porque, en ningún caso, esos 81 millones van a pagar todo el sistema de transporte terrestre de Canarias, solo cubrirán, y no completamente, el 25% del coste total del servicio. Insisto, decir que el Gobierno y los cabildos nos vamos a ahorrar recursos con esta medida es absolutamente falso. No se debe confundir a la ciudadanía con este tipo de declaraciones”.

En lo que respecta a los títulos de viaje a los que se va a aplicar esta bonificación del cien por cien, Franquis puntualizó que se va a aplicar en línea con lo que recoge expresamente la enmienda de los PGE, es decir, garantizando la gratuidad a los abonos y a los títulos multiviaje. El consejero regional y los cabildos acordaron mantener una nueva reunión en los próximos días para establecer el número de viajes mínimo que será necesario completar para optar a la bonificación. “La medida que se va a establecer en Canarias es la recoge la enmienda, y la enmienda dice claramente que lo que se va a financiar son los abonos y los títulos multiviaje. Eso es lo que se va a abonar. Me sorprende que los mismos que redactaron esa enmienda digan ahora en declaraciones públicas que el transporte será gratuito para todos”, indicó el consejero Franquis.

Según las estimaciones de las distintas operadoras canarias, se prevé un incremento de en torno al 5 o 7% de viajeros con la implantación de la bonificación al cien por cien de los abonos, unas cifras que se añaden al 16% de incremento que ya se registró en septiembre con la entrada en vigor de la bonificación del 50%.

Billetes aéreos
El consejero Franquis también ha trasladado al Ministerio, en los distintos encuentros que ha tenido en el día de hoy con Rallo y con la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, los últimos datos del Observatorio de Precios sobre el precio de los billetes aéreos en Canarias que confirman un incremento de entre el 18% para billetes de residentes y un 19% para los no residentes, tras la estabilización del sector aéreo tras la crisis sanitaria, estos incrementos se ven acentuados en fechas señaladas como verano y Navidad.

“Una vez hemos comprobado que existe este incremento, hemos acordado con el Ministerio la creación de un grupo de trabajo para estudiar las diferentes posibilidades para concretar medidas que permitan un mayor control sobre estos precios”, indicó Franquis, “desde el Gobierno ya se trabaja en diferentes opciones que, además de encajar en el ámbito jurídico, logren un perfecto equilibrio entre un necesario control del incremento de los precios y que, al mismo tiempo, no afecte al número de plazas aéreas que se ofertan en las conexiones con Canarias”. Señaló el consejero regional que se barajan varias opciones para logra este objetivo, entre ellas, la posibilidad de establecer una Obligación de Servicio Público (OSP) en algunas rutas aéreas que conectan con Canarias, ya que el incremento no es igual en cada ruta.

El Gobierno canario ha distribuido más de 2,2 millones de euros en los últimos tres años para financiar la implantación de medidas de transporte más respetuosos con el medioambiente en un centenar de municipios de menos de 100.000 habitantes

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, distribuirá 767.869 euros entre 39 municipios canarios de menos de 100.000 habitantes para ayudarles a redactar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y también, por segundo año consecutivo, para subvencionar el desarrollo de esos Planes en aquellos ayuntamientos que ya los tenían redactados. Como cada año, la Consejería convocó esta línea de ayudas para apoyar a aquellos municipios que quieran sumarse a la estrategia para impulsar la movilidad sostenible en el Archipiélago que propugna el Ejecutivo canario.

Las ayudas, que se acaban de publicar en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se distribuyen en dos vías distintas: una primera línea para la redacción de proyectos, y una segunda línea con la que se financiará la ejecución práctica de las actuaciones de los PMUS que ya fueron redactados por los ayuntamientos en años anteriores.

En la primera de esas líneas, la de redacción de nuevos PMUS, se van a destinar ayudas por valor de 228.738 euros que se repartirán diez ayuntamientos a los que se les ayuda a contar con una herramienta fundamental para garantizar la movilidad sostenible en el Archipiélago.

Para la segunda línea, la destinada al desarrollo e implantación de los PMUS ya redactados y subvencionados previamente por la Consejería, se invertirán 539.131 euros que se repartirán otros 29 municipios canarios.

Con esta última línea de ayudas se van a financiar dos de los ejes más importantes de estos planes de movilidad: el referido al fomento del vehículo eléctrico, y el eje referido a infraestructuras públicas que favorezcan una movilidad sostenible. Referido a los vehículos eléctricos, la Consejería subvencionará la implantación de puntos de recarga en las vías públicas y en aparcamientos públicos municipales, entre otros. Con respecto al segundo eje, se darán ayudas elaborar los proyectos necesarios para la implementación en cada municipio de infraestructuras que promuevan desplazamientos más sostenibles, como son la creación de carriles bici o la peatonalización de vías públicas.

La Consejería busca con estas subvenciones impulsar la implantación de una herramienta esencial para la planificación de la movilidad en los ayuntamientos canarios y, al mismo tiempo, ejecutar las actuaciones contempladas en los PMUS ya existentes. Por eso, en las últimas cuatro convocatorias de estas subvenciones lanzadas por el actual Gobierno se han distribuido ya más de 2,2 millones de euros a más de un centenar de municipios.

La directiva de la FET acepta establecer un diálogo con las administraciones y los sindicatos duranta las próximas semanas para alcanzar un acuerdo consensuado, y someterá a votación en la asamblea de transportistas la creación de esa mesa, asamblea en que se votará también la desconvocatoria del paro

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha logrado hoy el compromiso de la directiva de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) para crear una mesa de trabajo entre ellos y las administraciones implicadas (especialmente los cabildos) con la finalidad de buscar una solución consensuada entre los diferentes sectores implicados a las necesidades del transporte en las islas. Los representantes de la FET, reunidos hoy con el consejero Sebastián Franquis, se han comprometido a aceptar esa mesa de trabajo cuya creación propondrán ante la asamblea de la Federación prevista para esta tarde o mañana. En esa asamblea se decidirá también si se desconvoca el paro previsto en el sector para el próximo día 28.

“Les hemos trasladado oficialmente a los representantes de la FET, que queremos crear una comisión, una mesa de trabajo de la que formen parte también los sindicatos y los cabildos, porque ambos tienen competencias e intereses en este asunto, y que nos pongamos un periodo de tiempo de aquí hasta final de enero para intentar conseguir un acuerdo de todas las partes”, aseguró Franquis, “se trata de buscar la mejor solución, que nos garantice a todos que se cumpla con lo establecido por Ley, que cumpla con la con la legislación laboral, que se cumpla con la seguridad vial y que, al mismo tiempo, el propio sector del transporte pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles”.

El consejero se mostró optimista con que se llegará a un acuerdo entre todas las partes en las próximas semanas. “Están planteando una serie de cuestiones que le están afectando al día a día de su empresa, especialmente por las sanciones a las que se enfrentan por el uso del tacógrafo y las inspecciones en los transportes frigoríficos”, añadió Franquis, “por eso, lo que hemos hecho es poner sobre la mesa todas estas cuestiones para intentar alcanzar un consenso junto a los cabildos y a los sindicatos, un consenso donde tiene que prevalecer, lógicamente, el cumplimiento de la jornada laboral y de los periodos de descanso, y también la seguridad vial”.

El consejero Franquis afirmó en la reunión, a la que asistió también el director general de Transporte, Manuel Hernández Dámaso, que trasladará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el organismo competente, en la reunión que tiene prevista en los próximos días la posibilidad de estudiar si el actual reglamento de uso del tacógrafo a nivel nacional permite introducir algunas variantes al alcance de este instrumento dentro de las particularidades propias del territorio insular, dejando claro que no afectaría en ningún caso al descanso reglamentario de los trabajadores, un asunto a negociar en el que también se implicará a los cabildos y a los sindicatos del transporte.

Recordó Sebastián Franquis que el sector del transporte fue uno de los pocos que se mantuvo activo durante la época de la pandemia del COVID y gracias a esa actividad se garantizaron los suministros sanitarios necesarios para hacer frente a la misma, jugando un papel esencial también en la reactivación económica post pandemia, por eso considera el consejero que este es un sector que merece una atención especial por la trascendencia que tiene en la sociedad.

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El consejero Sebastián Franquis defiende en la Cámara regional el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno por el que se revisarán de forma extraordinaria los precios del concurso del servicio público de transporte marítimo entre los puertos de La estaca y Los Cristianos con el objetivo de paliar las consecuencias negativas del incremento del precio de combustible motivado por la guerra en Ucrania

“Lo que perseguimos fundamentalmente con esta aprobación es que la línea marítima se siga manteniendo entre Tenerife y El Hierro, garantizando la conectividad de la isla y el Decreto Ley es la única posibilidad que nos garantizaba afrontar con celeridad y seguridad el pago de los sobrecostes y que esta línea pueda seguir funcionando con normalidad”, indicó Franquis.

El Parlamento de Canarias ha votado hoy de forma unánime a favor de la convalidación del Decreto Ley que impulsa la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias por medio de su responsable, Sebastián Franquis, para establecer una revisión de precios extraordinaria en el contrato de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre los puertos de La Estaca (El Hierro) y Los Cristianos (Tenerife), con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas del incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania y la crisis internacional.

“Hay razones suficientes de peso que justifican traer hoy esta medida al Pleno, porque lo que se persigue fundamentalmente es que la línea marítima se siga manteniendo entre Tenerife y El Hierro, garantizar la conectividad de la isla y el Decreto Ley es la única posibilidad que nos garantizaba afrontar con celeridad y seguridad el pago de los sobrecostes y que esta línea pueda seguir funcionando con normalidad, como ocurre hasta la fecha”, aseguró el consejero Franquis.

El consejero Franquis, recordó que este Decreto Ley fue aprobado semanas atrás por el Consejo de Gobierno, como una herramienta eficaz y más ágil para establecer una revisión de precios en el contrato que presta la naviera Trasmediterránea para cubrir el servicio marítimo en la ruta entre El Hierro y Tenerife. Esta línea marítima está declarada como OSP desde 2020 por el Gobierno de Canarias, que aporta cada año tres millones de euros para su cumplimiento.

Sebastián Franquis hizo mención también al dictamen del Consejo Consultivo sobre la tramitación de este Decreto Ley para garantizar la OSP de El Hierro. “Consideramos que la vía más rápida para solucionar este problema era la vía del Decreto Ley de manera extraordinaria. Por eso utilizamos esta fórmula de forma muy concreta en este caso, precisamente para procurar una solución rápida a este problema, una vez que hemos hecho las comprobaciones y los estudios de mercado pertinentes y evaluadas las propuesta de la propia empresa, y consideramos que se justificaba ese incremento”, añadió el consejero regional, “porque la necesidad, las dificultades que nos trasladaba la empresa que presta el servicio, nos indicaban que se trataba de una dificultad que requería una solución inmediata. Y por eso nos hemos decidido por utilizar esta esta vía”.

El contrato firmado en 2020 con Trasmediterránea incluye una previsión anual del incremento de los precios del combustible que usan los barcos, que para este 2022 se situó en un 5%. Sin embargo, la realidad actual sobrepasa con diferencia esas previsiones realizadas hace dos años, con incrementos que, en la actualidad, van del 20 al 30% en los combustibles de usos marinos. Por eso el Gobierno ha decidido revisar el precio del contrato y afrontar el sobrecoste del combustible en la ruta de esta OSP con El Hierro ya que esta subida de precio repercute de manera directa en la viabilidad económica de la empresa marítima porque al tratarse de una ruta OSP estas subidas no pueden verse trasladadas a los precios que pagan los usuarios.

El consejero regional se reúne con los responsables insulares de movilidad para evaluar las mejoras necesarias para aplicar el 1 de enero la medida acordada con el Gobierno de España que bonifica el cien por cien de los títulos multiviaje en el transporte público terrestre

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado que ha solicitado una reunión para liderar ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana las peticiones de los siete cabildos insulares para poder implantar con todas las garantías de calidad, el acuerdo que permite viajar gratis en las guaguas y tranvía de la Comunidad a los usuarios frecuentes, es decir, aquellos con abonos mensuales u otros títulos multiviaje. Así se lo ha comunicado hoy Sebastián Franquis a los consejeros de Transportes y otros representantes de los siete cabildos insulares con los que se ha reunido para abordar el alcance de la aplicación de esta medida que permite la gratuidad a los usuarios frecuentes en el transporte terrestre a partir del 1 de enero de 2023.

“A todos nos parece bien la medida de la gratuidad de las guaguas y, por tanto, la aplaudimos porque servirá para incentivar a la gente a usar el servicio público, pero al mismo tiempo, plantea una serie de dificultades que es lo que hemos puesto hoy sobre la mesa”, manifestó el consejero Franquis, “con la medida de rebajar los precios de los bonos el 50%, que entró en vigor el 1 de septiembre, se ha incrementado una media el número de nuevos pasajeros de en torno al 15% en el transporte público terrestre, por tanto, y tras anunciar el acuerdo para que sea gratuito, lógicamente esperamos un mayor incremento y por eso hay que preparar al servicio de transporte público terrestre de nuestra comunidad para afrontar esa situación en condiciones óptimas”.

Franquis aseguró que ya se ha solicitado formalmente una reunión con el Ministerio para tener un encuentro lo antes posible para analizar en profundidad las consecuencias que tiene esa medida en la Comunidad Autónoma, una de las principales, es la de disponer de vehículos suficientes para hacer frente a la gran demanda de nuevos usuarios que se prevé a partir del 1 de enero.

“Para mantener el nivel de calidad del servicio en el transporte terrestre que se preta actualmente en Canarias, se requiere, lógicamente, un incremento de recursos para la compra de nuevas guaguas que en este momento no se tiene”, indico Franquis, “ya se tenían dificultades para poder atender en determinadas horas punta del día la demanda de viajeros a raíz de la entrada en vigor del descuento del 50%, es lógico pensar que con este incremento se va a producir mayor afluencia de usuarios. Por tanto, con la flota que hay en este momento en cada una de las islas es imposible que se pueda atender ese volumen de usuarios, especialmente en horas muy concretas, con la dificultad añadida de que no se puede adquirir toda una serie de guaguas nuevas de la noche al día”.

A la reunión convocada por el consejero Franquis hoy en Santa Cruz de Tenerife, acudieron los consejeros insulares de Transporte de los cabildos de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino; de Lanzarote, Marcos Bergaz; Fuerteventura, Carmen Alonso; La Gomera, Aníbal González, y el director insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, José Alberto León.

El consejero regional aseguró que los consejeros insulares le han planteado que, en base a las diferentes situaciones de cada cabildo, está en torno a 130 los nuevos vehículos, guaguas fundamentalmente, que harían falta en toda Canarias para atender esta demanda de usuarios que se prevé a partir de la entrada en vigor de la gratuidad de los bonos el 1 de enero. Entre las medidas que se han valorado está el alquiler de vehículos para hacer frente al número de nuevos usuarios ya que la compra es un proceso complejo que lleva varios meses. No en vano, el consejero Franquis aseguró que están llegando ahora a las islas los vehículos solicitados por los cabildos en 2021.

“Por tanto en esa reunión con el Ministerio vamos a plantear un incremento de los recursos para la compra de vehículo de guaguas y también aclarar el sentido de la financiación que llegará desde el Estado, porque hay que tener claro que la gratuidad del transporte va a acarrear un incremento del gasto de los cabildos y ayuntamientos en la compra de nuevos vehículos, en el aumento de plantillas de chóferes… por tanto esta medida va a suponer un incremento en los gastos de cada uno de los cabildos que, lógicamente habrá que incorporar a esta negociación. No cabe duda de que esta es una dificultad, pero todos estamos de acuerdo en superar todos los problemas para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios del transporte público terrestre en nuestra comunidad a partir del 1 de enero”.

También señaló Franquis que se plantearán al Ministerio otras cuestiones de la gestión del funcionamiento interno de esta bonificación en dos vertientes. Primero, introducir modificaciones en la herramienta que utilizan los cabildos y ayuntamientos para notificar al Ministerio los fondos que han dejado de ingresar por la aplicación de la reducción del 50% del precio desde el pasado 1 de septiembre. Y el segundo planteamiento que el consejero Franquis quiere presentar ante el Ministerio es que se dicte una orden lo suficientemente flexible para que no produzcan dificultades y limitaciones en el pago a la hora utilizar esos recursos que van a venir del Estado a los cabildos y ayuntamientos.

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El Gobierno regional convoca las ayudas anuales al transporte de productos agrícolas o industriales dentro del Archipiélago con las que se pretende también aminorar los costes de la doble insularidad

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la orden firmada por el consejero por la que se convocan las ayudas para compensar a las empresas canarias los costes del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas. Esta ayuda, que servirá además para disminuir el impacto de la doble insularidad, cuenta con una partida de 2.910.269 euros, para subvencionar a empresas del sector que presenten su solicitud en un plazo máximo de quince días hábiles.

El objeto de la subvención es afianzar y reforzar el transporte de mercancías entre las todas las islas, con especial hincapié en las no capitalinas, con el objeto de minimizar los costes del producto a la hora de su comercialización y garantizar la igualdad de condiciones a la hora de ponerlos a la venta en las islas en las que no son producidos. El pago de estas ayudas se realiza con efecto retroactivo para las mercancías transportadas en las islas durante el año 2020.

Estas ayudas, con las que se pagan costes como el de los vehículos de transporte o los fletes de barcos o aviones, se determinan de dos modos. En el caso del transporte de una isla capitalina a una que no lo es, o viceversa, la Consejería abonará el 100% de los costes subvencionables. En el caso de que el transporte se realice entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, se subvenciona el 50% de dichos costes. El motivo de esas diferencias porcentuales en función de los trayectos se debe a que el objetivo es que las islas no capitalinas obtengan mayor compensación para sufragar, en parte, los costes de la doble insularidad.

Del total de la partida consignada en los presupuestos de la Dirección General de Transportes para esta ayuda, se destinan 2.358.269 euros a la ayuda al transporte de los productos industriales, y otros 552.000 euros para las mercancías de productos agrícolas.

Para optar a estas ayudas, que se corresponden a aquellos transportes de mercancías realizados durante todo el periodo de 2020, las empresas que las soliciten deben de haber producido íntegramente en las islas el producto a transportar, o al menos que esos productos sean sometidos en las Islas a un proceso de transformación de al menos el 20%.

Esta ayuda de la Comunidad Autónoma de Canarias está destinada a subvencionar el 100% de los costes a las empresas canarias que lo soliciten, pero también para compensar a aquellas empresas locales que solicitaron la ayuda estatal al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y no obtuvieron el 100% de la subvención. De esta forma el Gobierno de Canarias garantiza a las empresas el cobro completo de las ayudas al transporte de mercancías ya que las compensa con el porcentaje no abonado por el Ministerio.

El consejero Sebastián Franquis manifiesta que la actual normativa estatal y la estructura de la empresa aeroportuaria, con casi la mitad del accionariado en manos privadas, dificulta la entrada en el consejo de administración

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado hoy en el Parlamento de Canarias que el Gobierno regional mantiene ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la pretensión de participar en la planificación y gestión de los aeropuertos de Canarias a través de la empresa AENA.

El consejero recordó ante una pregunta de la oposición, que es el actual Gobierno de Canarias el que ha planteado seriamente la participación de la Comunidad en el consejo de administración de AENA, como refleja la declaración de la Cumbre de los Territorios Extrapeninsulares celebrada en febrero de 2020 en Las Palmas de Gran Canaria. “Como sabe usted, en esa Cumbre planteamos, entre otras conclusiones, colaborar en la planificación y la gestión de los aeropuertos en los términos que plantea el Estatuto de Autonomía, y así se lo planteamos al entonces ministro”, declaró el consejero.

Sebastián Franquis reconoce que la actual composición de la compañía y el modelo de empresa elegido dificulta el poder participar en el Consejo de Administración. AENA es una sociedad mercantil estatal cotizada en bolsa, cuyo capital social pertenece un 51% al Estado y un 49% a accionistas privados, añadió Franquis.

El consejero insistió, que el actual modelo de participación a través de los Comités de Coordinación Aeroportuario no es el instrumento adecuado para garantizar la participación en la planificación y programación y gestión de los aeropuertos canarios.

“Por tanto, seguiremos defendiendo ante el Ministerio que Canarias partícipe en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos a través de su participación en el Consejo de Administración o creando nuevos instrumentos de gestión que nos garanticen el cumplimiento de lo que establece el artículo 161.2 de nuestro Estatuto de Autonomía”, concluyó Sebasti

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El Gobierno de Canarias aprueba un Decreto-Ley por el que se realiza una revisión de precios extraordinaria en el servicio público de transporte marítimo entre los puertos de La estaca y Los Cristianos con el objetivo de paliar las consecuencias negativas del incremento del precio de combustible motivado por la guerra en Ucrania

La Consejería impulsa esta medida para favorecer el transporte de mercancías y pasajeros en esta ruta marítima igual que ya se hace con el transporte terrestre al que se bonifica el impuesto sobre el combustible

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, impulsa un Decreto Ley para establecer una revisión de precios extraordinaria en el contrato de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre los puertos de La Estaca (El Hierro) y Los Cristianos (Tenerife), que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con el objetivo de minimizar las consecuencias negativas del incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania y la crisis internacional.

El consejero Franquis, que presentó este decreto el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, ha impulsado este Decreto Ley como una herramienta más de las medidas que la Consejería está tomando para paliar los efectos del alza desmesurado del precio de los combustibles en el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en Canarias, como ya hiciera el pasado mes de abril con el sector del transporte terrestre. En aquella ocasión, el Ejecutivo regional decidió aplicar una bonificación especial por la que se devuelve a los profesionales del transporte el 99,9% del impuesto sobre los combustibles que utilizan en su desempeño profesional.

En el caso del Decreto Ley que se pone en marcha mañana, tras su publicación hoy en el BOC, se establece una revisión de precios en el contrato que presta la naviera Trasmediterránea para cubrir el servicio marítimo en la ruta entre El Hierro y Tenerife, declarada como OSP desde 2020 por el Gobierno de Canarias, que aporta cada año tres millones de euros para su cumplimiento. Según la exposición de motivos que recoge el Decreto Ley, la partida que dedican en general las empresas navieras a pagar el combustible de sus barcos supone aproximadamente un 80% del total de los gastos de explotación de un buque, por lo que el impacto de estas subidas de precio repercute de manera directa en la viabilidad económica de las líneas de navegación, especialmente, como es este caso, en aquellas donde estas subidas no pueden verse trasladadas a los precios que pagan los usuarios al tratarse de una ruta OSP.

El contrato firmado en 2020 con Trasmediterránea incluye una previsión anual del incremento de los precios del combustible que usan los barcos, que para este 2022 se situó en un 5%. Sin embargo, la realidad actual sobrepasa con diferencia esas previsiones realizadas hace dos años, con incrementos que, en la actualidad, van del 20 al 30% en los combustibles de usos marinos. Por eso el Gobierno ha decidido revisar el precio del contrato y afrontar el sobrecoste del combustible en la ruta de esta OSP con El Hierro.

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El consejero de Transportes recuerda que el protocolo firmado en agosto con el Ministerio se reconoce la peculiaridad del Archipiélago al no contar con servicios ferroviarios de competencia estatal de los que puedan beneficiarse los canarios, por lo que se compensa a las islas aumentando la bonificación del transporte terrestre insular hasta el 50%. La Consejería ha enviado ya al Ministerio una misiva reincidiendo en la necesidad de ampliar a 2023 el descuento en los abonos del transporte público terrestre en Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha manifestado hoy que tiene confianza en que el Gobierno de España volverá a reconocer la peculiaridad del transporte terrestre de viajeros en las islas, como hiciera en agosto pasado, y que por eso el Estado extenderá al año 2023 la aplicación del descuento del 50% en los abonos de guaguas y tranvía que se recoge en el Protocolo de Colaboración firmado entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, un 20% más de descuento que el transporte de guaguas en la Península, que solo se bonifica un 30%. El consejero mostró su certeza de que este descuento se ampliará al año que viene tras anunciar ayer el Ministerio de Hacienda que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye una partida genérica para extender a 2023 los abonos de descuento que fomentan el uso del transporte público terrestre y ferroviario, partida que aún no se ha concretado.

“Lo que se anunció ayer es un avance de los Presupuestos en el que aparece una partida generalizada, una partida que no concreta fondos ni de trenes ni de guaguas”, afirmó Sebastián Franquis, “por lo tanto, nosotros estamos convencidos que esa ampliación que se ha anunciado, aunque Hacienda habla de los trenes de la Península, para el año que viene va a extenderse también a las guaguas y el tranvía en Canarias; hay que recordar que hemos firmado un protocolo este año, el pasado mes de agosto, donde se recoge que, precisamente porque en Canarias no hay trenes, se incrementa la subvención al 50%. Por eso, porque el Protocolo está firmado hasta el 31 de diciembre, estamos convencidos que el Protocolo se va a ampliar al año 2023”.

El consejero recalca que en los artículos ocho y nueve de la exposición de motivos del citado Protocolo de Colaboración, firmado por el presidente Ángel Víctor Torres y la ministra Raquel Sánchez, se recogen las peculiaridades del transporte terrestre canario, como reclamaba el Gobierno regional, y que de ahí emana el trato diferenciado que deben recibir las islas. El artículo ocho citado dice textualmente: “En este sentido, Canarias no dispone en su territorio de servicios ferroviarios de competencia estatal, por lo que sus ciudadanos no pueden verse beneficiados de este descuento establecido para los servicios ferroviarios que se prestan sobre la Red Ferroviaria de Interés General del Estado”.

En base a esta premisa, el resto de los artículos de este Protocolo de Colaboración, especialmente en el nueve, reconocen los desequilibrios que van aparejados a la insularidad y lejanía de las islas y se reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma de Canarias a ser compensada adecuadamente con vistas a la efectiva realización del principio de solidaridad con el resto del territorio continental español, tal y como recoge el artículo 138.1 de la Constitución. “Por tanto, estas desventajas de la insularidad deben ser recogidas mediante la acción del Estado a fin de establecer un adecuado y justo equilibrio económico interterritorial”, recoge el artículo IX del Protocolo.

En este sentido, el consejero Franquis ha remitido hoy mismo una carta a la ministra Sánchez para reincidir en la necesidad de extender la aplicación del descuento del 50% en los bonos de guaguas y tranvía de Canarias al año 2023.

“Estamos ya hablando con el Ministerio, y lógicamente se lo hemos comunicado por escrito esta mañana, porque estamos convencidos, tal y como está recogido en el proyecto de los Presupuestos, habla de forma generalizada, sin especificar ni guaguas ni trenes, de los fondos para transporte en 2023, y, por eso, estamos convencidos que esa medida va a beneficiar también a Canarias y se va a ampliar el descuento del 50% para el próximo año”, concluyó el consejero Sebastián Franquis.