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Puerto del Rosario contará con un edificio judicial emblemático que ayudará a crear ciudad

Presentación proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario

El jurado considera que la propuesta ganadora del concurso de ideas plantea una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de los espacios de la futura sede del partido judicial

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario es la propuesta que se presentó bajo el lema C1TR1NOS, que obtuvo una puntuación de 87 sobre 100 y se impuso a otras 19 candidaturas, además de otras siete que resultaron excluidas. El arquitecto jefe de proyecto del mismo, Gustavo Adolfo Souto, plantea un inmueble emblemático llamado a convertirse en icono de la capital majorera que contempla una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de sus espacios.

Barragán así lo explicó en compañía del alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

El consejero remarcó que este nuevo avance confirma que este proyecto siempre ha sido una de las prioridades marcadas por el área de Justicia del Gobierno de Canarias, y puso en valor el trabajo coordinado de las distintas administraciones para llevarlo a cabo hasta este punto. Se mostró confiado en que seguirá adelante a buen ritmo en lo que resta de legislatura con el fin de que pueda estar ultimado para la siguiente, de manera que el partido judicial de Puerto del Rosario cuente con una nueva sede moderna y adecuada a las necesidades actuales y futuras lo antes posible, lo que dará satisfacción a una legítima pretensión de la ciudadanía de Fuerteventura y de los operadores jurídicos de la Isla.

En cuanto al proyecto ganador, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los cinco criterios con que se valoraron las propuestas: la evaluación arquitectónica general (25 puntos); la evaluación funcional del proyecto (25 puntos); la conectividad del edificio con los viales circundantes y relación con su entorno (15 puntos), y el grado de desarrollo de la solución (15 puntos), mientras que obtuvo siete puntos (sobre un máximo de 20) en sostenibilidad económica, sustentabilidad medioambiental, eficiencia energética e incidencia en mantenimientos.

En este sentido, el informe del jurado destaca que esta propuesta tiene vocación de edificio representativo llamado a ser un icono urbano destacado, y añade que usa muy inteligentemente las direcciones de los elementos de fachada para enfatizar la riqueza del volumen. Destaca que la propuesta combina un aspecto exterior distintivo con la claridad volumétrica interior, de gran calidad, a través de una solución práctica y funcional, que se estima como muy buena.

Por otra parte, contempla una superficie construida de 24.914,48 metros cuadrados de los que 14.574,75 serían bajo rasante y otros 10.339,73, sobre rasante. Entre otros aspectos, contempla la construcción de dos sótanos y el aprovechamiento de las zonas libres de la parcela en el norte (calle Manuel Velázquez Cabrera), sur (nuevo vial trasera del cuartel) y este (calle República de México). Es los sótanos se ubicarán, entre otras dependencias, parte de las zonas generales (como los aparcamientos y locales de mantenimiento), archivos de documentación y dependencias del IML.

Asimismo, contempla las preceptivas zonas de seguridad para detenidos y presos con tratamiento diferenciado de los calabozos de hombres, mujeres y menores (y sus aseos), con separación entre ellos conforme a las disposiciones legales, por lo que el traslado de las personas detenidas al Juzgado de Guardia y de las personas presas a las plantas superiores se producirá de forma segura e íntima a través de circuitos restringidos.

El acceso principal del público, en la planta baja, se resuelve desde la plaza. Existirá un acceso diferenciado para el Juzgado de Guardia, que puede ser utilizado igualmente por el personal funcionario y del edificio, además de contar con otro para la Sala de Bodas y el Registro Civil. Por lo que respecta a la Clínica Médico-Forense, estará conectada al IML del sótano. Cuenta con salas polivalentes de formación, despachos sindicales y biblioteca, así como dependencias para la Policía Judicial y una Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

En las tres plantas siguientes se situarán los Colegios Profesionales, las Salas de Vistas, el Servicio Común Procesal General y el de Ejecución, los cuartos de Testigos Protegidos, las Salas Polivalentes, los despachos profesionales, las Salas Gesell, las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de las diferentes jurisdicciones, así como las dependencias de la Fiscalía y las de los Servicios Administrativos.

La propuesta combina la adaptación a la topografía del terreno con la conexión con los futuros espacios situados al oeste, creando ciudad. El jurado estima que la solución que presenta en relación con los espacios libres circundantes es la más “humana” de las presentadas, considerando igualmente en el subsuelo de la plaza un aparcamiento público, exento del edificio y con acceso independiente, con clara visión de futuro.

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La Dirección General de Justicia promueve la eficiencia energética en la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El director general, Cesáreo Rodríguez, anuncia la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos para las personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que dirige Cesáreo Rodríguez, anuncia la puesta en marcha de un punto de recarga para vehículos eléctricos para personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, iniciativa impulsada desde este centro para promover la eficiencia energética.

En ese sentido, Rodríguez explica que el objetivo es aumentar la eficiencia energética de los vehículos de carretera y contribuir a la reducción del CO2 en el transporte, por lo que la Administración busca fomentar el uso de vehículos eléctricos, incluyendo los eléctricos ligeros, para lo que resulta conveniente la implantación de una infraestructura de red que permita la entrega de energía a través de puntos de recarga eléctrica en condiciones de seguridad dentro de la Normativa Técnica vigente.

En concreto, el punto exterior para recarga de vehículos eléctricos se encuentra en el margen izquierdo de la calle Dr. Antonio Perera Reyes, dentro de las plazas reservadas a los servicios judiciales.

Este punto de recarga permite la conexión de vehículos híbridos y eléctricos enchufables mediante conector estándar en un modo de carga semi-rápida (32 Amperios). Para su uso restringido se precisa la habilitación por parte de esta Dirección General mediante la entrega de una tarjeta de proximidad con clave personalizada para la activación de la conexión y el suministro de carga que se precisen, toda vez que sin la misma no se permite su uso.

Como complementación del sistema, el punto de recarga dispone de comunicación vía módem 3G para el registro energético y los consumos que se realicen, incluso monitorización en tiempo real, así como la posibilidad de configurar parámetros como controles horarios de uso.

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La Dirección General de Justicia recurrirá la sentencia sobre el cese de la exdirectora del IML de Las Palmas

El Gobierno recurrirá sentencia sobre cese IML

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, considera que el procedimiento llevado a cabo para cesar a Melián, que ostentaba un cargo de libre designación, cumplió con todos los extremos legales

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, anuncia, tras haberse estudiado la sentencia del juzgado de los Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el cese de María José Melián como directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que el Gobierno canario recurrirá la misma al entender que la Administración cumplió con todos los extremos señalados por la ley para llevar a cabo el mismo.

En este sentido, Rodríguez recuerda que el cargo que ostentaba Melián es de libre designación, por lo que debe aplicarse el artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que las personas titulares de ese tipo de puestos podrán cesarse “discrecionalmente”.

Rodríguez explica que, si bien la ley no impone ninguna exigencia adicional en estos supuestos, los tribunales consideran la necesidad de señalar una mínima motivación, por lo que la Dirección General no se limitó a dar cumplimiento al EBEP cesando a la directora por falta de confianza, sino que motivó, entiende que suficientemente, la resolución del cese, por lo que considera que hay motivos para recurrir el fallo.

El Gobierno somete a información pública el Proyecto de Decreto de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica

El Gobierno somete a información pública el reglamento de la Comisión de Memoria Histórica

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, fija que hay que dotar a dicho órgano de un reglamento que posibilite su efectiva constitución y funcionamiento, de forma que pueda ejercer las funciones que se le encomiendan

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias somete a información pública, desde el pasado 11 de febrero, el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, con el objetivo de recabar la opinión y aportaciones de personas y entidades interesadas. La documentación está disponible en la web canariasparticipa.com y se podrán presentan aportaciones o alegaciones sobre la misma hasta el próximo 4 de marzo.

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, crea la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor en memoria histórica.

El proyecto de decreto del reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica está justificado en la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de dotar a dicho órgano colegiado del correspondiente reglamento que posibilite su efectiva constitución y funcionamiento, de forma que pueda ejercer las funciones que se le encomiendan.