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El Gobierno ratifica su compromiso con la memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Barragán inaugura el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. En su intervención, Barragán ratificó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la memoria y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

En este sentido, destacó que se trata de un compromiso de las administraciones canarias en general, y en especial del Gobierno de Canarias, para con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior que, según recordó, se ha materializado en medidas y actuaciones concretas que evidencian la preocupación e interés en lo relacionado con la memoria histórica, y marca así un camino a seguir en el futuro en esta materia que no puede tener vuelta atrás ni pausa.

En su repaso, se refirió de forma expresa a la aprobación el año pasado de la Ley de memoria histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que calificó de hito en la historia de nuestra comunidad autónoma. Explicó que salió adelante en el Parlamento autonómico con el apoyo de casi todos los grupos, que fueron quienes impulsaron su tramitación.

En particular, destacó que la norma remarca que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista representan un “deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española”, y que la norma advierte de que “la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”.

Su finalidad, apuntó, es articular en el ámbito de Canarias actuaciones como el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en ese periodo, la exhumación de sus restos, la elaboración de un registro de víctimas, facilitar el reencuentro entre parientes separados, o la divulgación de los hechos ocurridos en las Islas desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. Además, la ley canaria reconoce de forma expresa que, en muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de las y los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa.

También recordó el empuje y dedicación de estas asociaciones, que llevó a que el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del ahora presidente en funciones, Fernando Clavijo, haya acordado el año pasado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, entre otros, a las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica, alta distinción que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias se han hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario.

Con el otorgamiento de ese reconocimiento, señaló que el Gobierno canario puso en valor la labor de estas asociaciones, que fomentan la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, además de la elaboración de un registro de víctimas, la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar hasta el fin de la dictadura y recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas.

En definitiva, finalizó Barragán, en Canarias existe un compromiso con el impulso al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que el Gobierno autonómico impulsa políticas y medidas en materia de memoria histórica desde el convencimiento de que la reparación moral de las víctimas y sus familiares es justa y un auténtico ejercicio de democracia.

Las jornadas

En el encuentro participan numerosas personas expertas de primer nivel que aportan sus conocimientos y experiencias en diversos aspectos. La cita, que empezó hoy, termina mañana, y tiene lugar en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.

Participa el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria, que diserta sobre la memoria histórica en el contexto de los derechos humanos, además de otros especialistas que intervendrán en tres mesas que abordarán la legislación de la memoria desde la administración autonómica (gestión y participación); la Memoria Histórica desde perspectiva forense y arqueológica, y el movimiento ciudadano por la Memoria Histórica en el Estado español.

Además, habrá tres mesas redondas en las que se debatirán las políticas de memoria en Canarias desde la ciudadanía; la memoria de los niños robados y la Ley de Memoria Histórica de Canarias y procesos participativos.

Al acto también acudió la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo.

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El BOC publica hoy los nuevos baremos de asistencia jurídica gratuita

Captura de pantalla de la Orden 2679 de 17 de mayo de 2019

El director general de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recuerda que se trata del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones, José Miguel Barragán, que el año pasado se reunió con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y tras reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis

El Boletín Oficial de Canarias de hoy publica la orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría. Se trata, como recuerda el director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que el año pasado tras reunirse con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis.

Barragán ha remarcado en reiteradas oportunidades el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ciudadanía más vulnerable en el acceso a la justicia, por lo que esta actuación, explica Rodríguez, materializa una necesaria actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación a las y los profesionales que intervienen en el servicio de la asistencia jurídica gratuita, no solo para el restablecimiento de las cuantías, sino también para ajustar los mismos a la normativa procesal vigente.

Rodríguez destaca, en particular, el incremento de las guardias que corresponden de forma específica a la atención de las víctimas de violencia de género, una apuesta por la mejora de su protección al contar ahora con ahora con 18 de manera específica para este fin.

Como se recordará, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita de Canarias, fija los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las y los profesionales de la abogacía y procuraduría, los cuales han sido objeto de distintas modificaciones.

Entre esas modificaciones, destaca la disminución de los baremos de la compensación económica llevada a cabo en 2012 justificada entonces en la necesidad de reducir el déficit público. Esta medida se tomó tras haber reducido también el número de guardias y asistencia a la persona detenida o a la víctima del delito a quienes prestan el servicio. Ahora, la mayoría de estas guardias pasan a ser de 24 horas.

Rodríguez explica que, al haber ahora una coyuntura económica que está permitiendo superar las dificultades económicas que motivaron la anterior reducción de las cuantías, y para atender las propias demandas de las y los profesionales (que pedía restituir los baremos al nivel previo a la crisis), la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 contempló la posibilidad de llevarlo a cabo, como en efecto, acordó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En la adopción de la medida se ha contado con la participación de los cuatro colegios de Abogacía de Canarias (Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife).

Barragán vuelve a destacar el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del turno de oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis, mientras que Rodríguez apunta que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del turno de oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa.

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Puerto del Rosario contará con un edificio judicial emblemático que ayudará a crear ciudad

Presentación proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario

El jurado considera que la propuesta ganadora del concurso de ideas plantea una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de los espacios de la futura sede del partido judicial

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario es la propuesta que se presentó bajo el lema C1TR1NOS, que obtuvo una puntuación de 87 sobre 100 y se impuso a otras 19 candidaturas, además de otras siete que resultaron excluidas. El arquitecto jefe de proyecto del mismo, Gustavo Adolfo Souto, plantea un inmueble emblemático llamado a convertirse en icono de la capital majorera que contempla una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de sus espacios.

Barragán así lo explicó en compañía del alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

El consejero remarcó que este nuevo avance confirma que este proyecto siempre ha sido una de las prioridades marcadas por el área de Justicia del Gobierno de Canarias, y puso en valor el trabajo coordinado de las distintas administraciones para llevarlo a cabo hasta este punto. Se mostró confiado en que seguirá adelante a buen ritmo en lo que resta de legislatura con el fin de que pueda estar ultimado para la siguiente, de manera que el partido judicial de Puerto del Rosario cuente con una nueva sede moderna y adecuada a las necesidades actuales y futuras lo antes posible, lo que dará satisfacción a una legítima pretensión de la ciudadanía de Fuerteventura y de los operadores jurídicos de la Isla.

En cuanto al proyecto ganador, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los cinco criterios con que se valoraron las propuestas: la evaluación arquitectónica general (25 puntos); la evaluación funcional del proyecto (25 puntos); la conectividad del edificio con los viales circundantes y relación con su entorno (15 puntos), y el grado de desarrollo de la solución (15 puntos), mientras que obtuvo siete puntos (sobre un máximo de 20) en sostenibilidad económica, sustentabilidad medioambiental, eficiencia energética e incidencia en mantenimientos.

En este sentido, el informe del jurado destaca que esta propuesta tiene vocación de edificio representativo llamado a ser un icono urbano destacado, y añade que usa muy inteligentemente las direcciones de los elementos de fachada para enfatizar la riqueza del volumen. Destaca que la propuesta combina un aspecto exterior distintivo con la claridad volumétrica interior, de gran calidad, a través de una solución práctica y funcional, que se estima como muy buena.

Por otra parte, contempla una superficie construida de 24.914,48 metros cuadrados de los que 14.574,75 serían bajo rasante y otros 10.339,73, sobre rasante. Entre otros aspectos, contempla la construcción de dos sótanos y el aprovechamiento de las zonas libres de la parcela en el norte (calle Manuel Velázquez Cabrera), sur (nuevo vial trasera del cuartel) y este (calle República de México). Es los sótanos se ubicarán, entre otras dependencias, parte de las zonas generales (como los aparcamientos y locales de mantenimiento), archivos de documentación y dependencias del IML.

Asimismo, contempla las preceptivas zonas de seguridad para detenidos y presos con tratamiento diferenciado de los calabozos de hombres, mujeres y menores (y sus aseos), con separación entre ellos conforme a las disposiciones legales, por lo que el traslado de las personas detenidas al Juzgado de Guardia y de las personas presas a las plantas superiores se producirá de forma segura e íntima a través de circuitos restringidos.

El acceso principal del público, en la planta baja, se resuelve desde la plaza. Existirá un acceso diferenciado para el Juzgado de Guardia, que puede ser utilizado igualmente por el personal funcionario y del edificio, además de contar con otro para la Sala de Bodas y el Registro Civil. Por lo que respecta a la Clínica Médico-Forense, estará conectada al IML del sótano. Cuenta con salas polivalentes de formación, despachos sindicales y biblioteca, así como dependencias para la Policía Judicial y una Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

En las tres plantas siguientes se situarán los Colegios Profesionales, las Salas de Vistas, el Servicio Común Procesal General y el de Ejecución, los cuartos de Testigos Protegidos, las Salas Polivalentes, los despachos profesionales, las Salas Gesell, las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de las diferentes jurisdicciones, así como las dependencias de la Fiscalía y las de los Servicios Administrativos.

La propuesta combina la adaptación a la topografía del terreno con la conexión con los futuros espacios situados al oeste, creando ciudad. El jurado estima que la solución que presenta en relación con los espacios libres circundantes es la más “humana” de las presentadas, considerando igualmente en el subsuelo de la plaza un aparcamiento público, exento del edificio y con acceso independiente, con clara visión de futuro.

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La Dirección General de Justicia promueve la eficiencia energética en la sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El director general, Cesáreo Rodríguez, anuncia la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos para las personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que dirige Cesáreo Rodríguez, anuncia la puesta en marcha de un punto de recarga para vehículos eléctricos para personas usuarias de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, iniciativa impulsada desde este centro para promover la eficiencia energética.

En ese sentido, Rodríguez explica que el objetivo es aumentar la eficiencia energética de los vehículos de carretera y contribuir a la reducción del CO2 en el transporte, por lo que la Administración busca fomentar el uso de vehículos eléctricos, incluyendo los eléctricos ligeros, para lo que resulta conveniente la implantación de una infraestructura de red que permita la entrega de energía a través de puntos de recarga eléctrica en condiciones de seguridad dentro de la Normativa Técnica vigente.

En concreto, el punto exterior para recarga de vehículos eléctricos se encuentra en el margen izquierdo de la calle Dr. Antonio Perera Reyes, dentro de las plazas reservadas a los servicios judiciales.

Este punto de recarga permite la conexión de vehículos híbridos y eléctricos enchufables mediante conector estándar en un modo de carga semi-rápida (32 Amperios). Para su uso restringido se precisa la habilitación por parte de esta Dirección General mediante la entrega de una tarjeta de proximidad con clave personalizada para la activación de la conexión y el suministro de carga que se precisen, toda vez que sin la misma no se permite su uso.

Como complementación del sistema, el punto de recarga dispone de comunicación vía módem 3G para el registro energético y los consumos que se realicen, incluso monitorización en tiempo real, así como la posibilidad de configurar parámetros como controles horarios de uso.

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La Dirección General de Justicia recurrirá la sentencia sobre el cese de la exdirectora del IML de Las Palmas

El Gobierno recurrirá sentencia sobre cese IML

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, considera que el procedimiento llevado a cabo para cesar a Melián, que ostentaba un cargo de libre designación, cumplió con todos los extremos legales

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, anuncia, tras haberse estudiado la sentencia del juzgado de los Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el cese de María José Melián como directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que el Gobierno canario recurrirá la misma al entender que la Administración cumplió con todos los extremos señalados por la ley para llevar a cabo el mismo.

En este sentido, Rodríguez recuerda que el cargo que ostentaba Melián es de libre designación, por lo que debe aplicarse el artículo 80 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que establece que las personas titulares de ese tipo de puestos podrán cesarse “discrecionalmente”.

Rodríguez explica que, si bien la ley no impone ninguna exigencia adicional en estos supuestos, los tribunales consideran la necesidad de señalar una mínima motivación, por lo que la Dirección General no se limitó a dar cumplimiento al EBEP cesando a la directora por falta de confianza, sino que motivó, entiende que suficientemente, la resolución del cese, por lo que considera que hay motivos para recurrir el fallo.

El Gobierno somete a información pública el Proyecto de Decreto de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica

El Gobierno somete a información pública el reglamento de la Comisión de Memoria Histórica

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, fija que hay que dotar a dicho órgano de un reglamento que posibilite su efectiva constitución y funcionamiento, de forma que pueda ejercer las funciones que se le encomiendan

La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias somete a información pública, desde el pasado 11 de febrero, el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, con el objetivo de recabar la opinión y aportaciones de personas y entidades interesadas. La documentación está disponible en la web canariasparticipa.com y se podrán presentan aportaciones o alegaciones sobre la misma hasta el próximo 4 de marzo.

La Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, crea la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor en memoria histórica.

El proyecto de decreto del reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica está justificado en la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 11 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de dotar a dicho órgano colegiado del correspondiente reglamento que posibilite su efectiva constitución y funcionamiento, de forma que pueda ejercer las funciones que se le encomiendan.