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El ICAP formará al personal público en la gestión de los fondos ‘Next Generation’ y principios de Gobierno Abierto

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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El Ejecutivo inicia una ronda de contactos para presentar el proceso participativo de la Ley de Gobierno Abierto

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se reúnen con el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias

La futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, que en estos momentos elabora la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario, dirigida por Julio Pérez, iniciará este mes de marzo el proceso participativo que servirá para recabar aportaciones en la redacción del texto. Se trata del siguiente trámite a llevar a cabo, tras la fase de consulta pública previa cerrada el pasado mes de enero en el que la ciudadanía pudo realizar sus aportaciones al informe-propuesta y que contará con la participación de expertos en gobierno abierto, agentes clave implicados en las materia y ciudadanía en general.

Con vistas a animar a la participación de los distintos órganos institucionales de Canarias, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, iniciaron con el comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, una ronda de contactos para explicar los objetivos del proceso participativo, que se extenderá de marzo a junio de este año.

Alejandro Rodríguez recordó durante el encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, que con el actual proceso participativo también se busca hacer pedagogía de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos, los tres pilares del Gobierno Abierto, y que las administraciones públicas velen por ellos y los adopten entre sus principios de actuación.

Por su parte, Marta Saavedra avanzó a Cerdán que la nueva ley, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública; y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se actualizará la normativa en materia de Transparencia en aspectos tan importantes como la regulación del derecho de acceso a la información pública, por cuyo cumplimiento vela el Comisionado de Transparencia.

La ley canaria de gobierno abierto regulará también la participación ciudadana y los datos abiertos, que con el avance tecnológico y la evolución de las nuevas herramientas digitales requieren de una normativa actualizada. Con el objeto de cumplir con la filosofía del gobierno abierto, se ha optado por llevar a cabo este proceso participativo para la redacción de la ley, cuyos elementos clave de alto consenso que se identifiquen, serán considerados por el equipo de redacción para su inclusión en la norma.

Por su parte, Cerdán indicó que el órgano que dirige propondrá iniciativas que permitan avanzar y profundizar en su materia y, en este sentido, señaló su preocupación por que se recoja un reglamento de sanciones a las instituciones por los incumplimientos en transparencia que se hagan de la futura ley.

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El Gobierno de Canarias crea el portal de datos abiertos con el catálogo más amplio de toda España

La web datos.canarias.es registra más de 7.500 datos, federándose la mayoría de ellos en el portal nacional datos.gob.es

El Gobierno de Canarias ha estrenado el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias, en el que se recogen más de 7.500 datos, convirtiéndose en el punto de acceso único con más datos de información pública registrados en toda España. La web nueva, que se aloja en el dominio datos.canarias.es, sustituye a la anterior de opendata.gobiernodecanarias.org, creada en 2015 y con un catálogo de alrededor de 190 datos, un incremento que se debe a la unión en un solo portal de las bases del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN).

Se trata de un trabajo impulsado desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; ambas dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez; el ISTAC y la empresa Cartográfica de Canarias (GRAFCAN).

El objetivo de datos.canarias.es es convertirse en el futuro en el único punto de acceso a los datos abiertos de Canarias en colaboración con el resto de las administraciones públicas de las Islas, siendo este uno de los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, explica que el nuevo portal presenta apartados novedosos como son el de visualización de datos, que publica gráficos o vistas de datos que ayudan a comprender y relacionar los datos; la sección historia de datos, un pequeño blog donde se crearán relatos a partir de la información alojada en el portal; o aplicaciones, una sección que muestra recursos creados, y que se irán creando, como el Mapa Escolar, el Mapa de Cultivos o el Sistema de Observación Meteorológica de Canarias, entre otros.

Así mismo, se presenta la información organizada por estadísticas, territorios y clasificada en 22 categorías; se crea la sección catálogo de datos donde se encuentran los distintos conjuntos a los que se les asocian una serie de metadatos como el nombre, descripción, formatos, licenciamiento o la frecuencia de actualización que permiten situar y entender la información; y la de desarrolladores, dedicada a personas expertas que trabajan extrayendo información de los datos de manera automatizada.

Igualmente, se ha renovado la identidad gráfica propia creando una nueva imagen gráfica como marca asociada a este proyecto, que ayuda a identificar y promover las actuaciones desarrolladas en torno a la apertura de datos de todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, Saavedra recuerda que, en la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, así como en el Plan Reactiva Canarias, se pone de manifiesto el interés del Ejecutivo canario en transitar hacia una gestión pública inteligente que se fundamenta en la toma de decisiones apoyada en datos, y se promueve la cooperación y las alianzas con el resto de administraciones públicas de las Islas.

20% de los datos alojados en datos.gob.es

La información alojada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias ha sido federada en el portal estatal datos.gob.es, plataforma nacional que organiza y gestiona el catálogo de datos abiertos del sector público, pasando a ser la comunidad autónoma con mayor número de conjuntos de datos publicados al aportar el 20% del total (7.460 datos federados de los 36.506 que tiene el portal nacional). Este hecho supone poner los datos de Canarias en el radar nacional y también en el internacional, puesto que datos.gob.es tiene su información, a su vez, federada con el European Data Portal.

En líneas generales, los portales de datos abiertos son plataformas digitales que sirven para dar a conocer al mundo los recursos de información que pueden ser reutilizados para crear nuevos servicios que aporten valor democrático, social y económico. A esto hay que sumar que estos se convierten en el punto de encuentro entre el sector público, el sector privado, la ciudadanía, las personas que desarrollan programas informáticos y las del sector del periodismo, entre otras.

Desde el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias se puede consultar y descargar no solo información general, sino también estadística y territorial relativa al Archipiélago, por lo que con ello el Gobierno de Canarias cumple la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, que prioriza estas dos categorías.

Canarias ha sido señalada por los indicadores de madurez de Datos Abiertos Europeos como gobierno ejemplar en la apertura de datos, en concreto por el proyecto #OpenDataMujeresCanarias, del año 2019, que marcó como objetivo promover el uso de datos abiertos para sensibilizar, promover la igualdad de género y fomentar el equilibrio entre el tiempo libre y la vida laboral y una distribución equitativa de las responsabilidades públicas y privadas entre hombres y mujeres.

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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Transparencia y Gobierno Abierto, objetivos esenciales de la administración canaria

El evento ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’ podrá seguirse a través del canal de YouTube de ‘Canarias Gobierno Abierto’

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, celebrará este viernes, 11 de diciembre, la jornada El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tiene como fin aunar un proceso participativo que permita analizar la importancia de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura y reutilización de datos en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

El debate comenzará a partir de las 10.00 horas y contará con expertos de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y datos abiertos del ámbito canario y nacional y, dadas las restricciones actuales de aforo a los actos por la lucha contra el coronavirus, solo podrá seguirse a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

El Gobierno de Canarias está elaborando una guía de gobierno abierto para implantarla en el marco de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esta jornada es la continuación del trabajo que está haciendo la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, para realizar un diagnóstico con el que comenzar a crear esta guía. De hecho, recientemente se ha realizado unas encuestas a los empleados públicos de Canarias, a los responsables políticos y a organizaciones de la sociedad civil sobre estos pilares básicos de buen gobierno.

La jornada será inaugurada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, que participará en la primera mesa de debate, que versará sobre Gobierno Abierto y Agenda 2030. Ésta estará moderada por la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y contará con la presencia de María Pía Junquera, directora general de Gobernanza Pública; Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia; Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón; Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife; e Irene Bello, delegada en Canarias de Alianza por la Solidaridad.

Posteriormente, a las 12.15, será la mesa debate de Transparencia, que estará conformada por Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León; Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA); Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia; Mikel Prat, de la Asociación por Transparencia en Canarias; María Teresa Casanova, jefa de servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia; y Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado de Transparencia. Esta mesa será moderada por la jefa de servicio de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

A la tarde, desde las 16.00 horas, comenzará la mesa de debate Datos Abiertos, en la que estarán presentes Antonio Ibáñez, jefe de servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León; José Luis Roda, doctor en Informática de la Universidad de La Laguna; Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información; Lourdes Muñoz, confundadora de la Iniciativa Barcelona Open Data; Juan Bermejo, jefe de servicio de Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma; Noemí Brito, socia responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Ceca Magán Abogados; y Jesús Alberto González, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística. Será moderada por Albérica García, coordinadora de Transparencia y Datos Abiertos del Gobierno de Canarias.

El cierre será con la mesa de debate Participación Ciudadana, que a partir de las 17.30 horas tendrá presentes a Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria; María Dolores Hernández, de la Asociación CIMAS y Fundación CREASVI; María Luisa Blanco, doctora en Psicología y trabajadora social; Fernando Pindado, profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona; Cristina Suárez, de la Asociación Redes; y Miguel Ongil, de la asociación ACREDITRA. El moderador será Alvaro R. Pestano, coordinador de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias. Las cuatro mesas contarán con la escucha activa de Ana María Moreno, experta en Gobernanza y Participación Ciudadana.

Consulta pública de la Ley Canaria de Gobierno Abierto

Tanto el buen gobierno como la transparencia son parte de los cinco ejes de acción en los que el Ejecutivo autonómico se propuso avanzar al inicio del mandato y en el que se está trabajando en estos momentos, dentro del Plan Reactiva Canarias, cuyos ejes 6 y 7 giran en torno a la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y al impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A la recientemente creada Red Canaria de Gobierno Abierto, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana tiene previsto que la próxima semana se someta a consulta pública la redacción de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto que derogará las leyes 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

Por otro lado, el pasado 18 de noviembre el Comisionado de Transparencia hizo público que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias logró en 2019, en el Índice de Transparencia de Canarias que elabora cada año, una puntuación de 9,55, lo que refleja las mejoras de las puntuaciones desde que se ha implantado este índice, cuando comenzó hace cuatro años con una puntuación de 7,69, que fue de 8,03 en 2017, y 9,04 en 2018.

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El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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