La colaboración entre ambos cuerpos permitirá una atención más eficiente a aquellos niños, niñas o jóvenes en situación de riesgo en Lanzarote

El Cuerpo General de la Policía Canaria, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha colaborado en la formación a los nuevos agentes de la Policía Local de Arrecife adscritos al equipo especializado en menores del municipio, que se sumarán a la Unidad Menores y Familia (UMEF).

Durante varios días, tres policías locales se han integrado en el Grupo de Menores del Cuerpo General de La Policía Canaria, compartiendo métodos, procedimientos de trabajo y la actividad ordinaria que se lleva a cabo.

Los agentes, que formarán parte del equipo especializado en materia de menores de Arrecife, han sido instruidos sobre los procedimientos y métodos de actuación que lleva a cabo el equipo de Violencia contra la infancia y la Adolescencia (adscrito al Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia), así como la actividad en colaboración con el personal del Grupo de Menores, adscrito a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

El Cuerpo General de la Policía Canaria destaca que esta colaboración ha permitido establecer lazos de cooperación entre ambos cuerpos policiales, de cara a una atención mucho más eficiente a los menores en situación de riesgo en la isla de Lanzarote.

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Desde el primer día se activó la brigada móvil especializada en orden público y en situaciones de emergencia
Los agentes realizaron más de 1100 evacuaciones de personas, además de animales domésticos y de granja

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha sumado 1.400 intervenciones como parte del dispositivo de seguridad del incendio declarado en Tenerife la madrugada del 16 de agosto, que aún no está controlado. De ellas, en torno a 1.100 corresponden a labores de evacuación de personas, además de animales domésticos y de granja.

Desde el primer momento del incendio, la Policía Canaria activó el Plan Policial de Protección Civil ante Situaciones de Emergencia, que incluye la movilización de medios y recursos extraordinarios que se pusieron a disposición de la dirección de la emergencia, como el personal Brimo (Brigada Móvil), especializado en orden público.

En los días sucesivos se fue incorporando al dispositivo personal policial del resto de unidades (Unidad de Policía Administrativa, Unidad de Menores y Familia, Unidad de Apoyo y Unidad de Planificación y Coordinación), con un total de 50 agentes diarios que formaban parte del grupo de seguridad de la emergencia, dirigido y coordinado por la Guardia Civil.

Además del apoyo en las evacuaciones, las labores desarrolladas por el Cuerpo General de la Policía Canaria fueron, entre otras, el control del tráfico y del acceso a las vías de comunicación y a las áreas siniestradas, la custodia de las viviendas y resto de propiedades de las zonas evacuadas, la difusión de avisos a la población afectada y valorar e informar sobre el nivel de seguridad de la misma, además de mantener las redes viales  en condiciones expeditivas para facilitar la labor de los equipos de extinción.

A lo largo del primer semestre de 2023 el Cuerpo General de la Policía Canaria ha intervenido 56 animales

Todas las actuaciones han tenido lugar en Tenerife, en los municipios de Güímar, La Matanza de Acentejo, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, El Sauzal, Candelaria, Tacoronte, Granadilla de Abona, Fasnia, Arona, La Victoria de Acentejo y San Juan de la Rambla

Agentes del Grupo de Medio Ambiente (Gruma) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han realizado, en el transcurso del presente año, treinta y ocho inspecciones por presunto maltrato animal y, como resultado de ellas, han intervenido cincuenta y seis animales e instruido cuatro delitos. Así se deprende del informe elaborado, con fecha 20 de junio, por la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa (UOSIPA) del citado cuerpo.

Los municipios donde se han llevado a cabo estas intervenciones han sido Güímar (siete actuaciones), La Matanza de Acentejo (cinco), San Miguel de Abona (cinco), Santa Cruz de Tenerife (cuatro), La Laguna (cuatro), Arico (tres), El Sauzal (dos), Candelaria (dos), Tacoronte (una), Granadilla de Abona (una), Fasnia (una), Arona (una), La Victoria de Acentejo (una) y San Juan de la Rambla (una).

En el mes de enero, por ejemplo, tuvo lugar una investigación a una persona, en el municipio de Arico, por un presunto delito de maltrato animal, a raíz de la aparición del cadáver de un ejemplar canino, en estado de descomposición, en la desembocadura del barranco del Bonito.

Otra actuación que conviene mencionar es la efectuada, en el mes de marzo, en el término municipal de La Matanza de Acentejo, en la que se propone sancionar al dueño de siete perros debido a las condiciones higiénico-sanitarias deplorables en las que tenía a los animales.

También en marzo, conjuntamente con miembros de Servicios Sociales y un veterinario, todos ellos adscritos al Ayuntamiento de La Laguna, se realiza una inspección a una vivienda de este término municipal, en la que se encuentran más de setenta ejemplares caninos y varias aves –gallinas y patos–, todos ellos propiedad de una única persona y en unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes que habían provocado enfermedades en varios de los perros, por lo que hubo que trasladar a uno de ellos, de manera urgente, a una asociación para su tratamiento veterinario.

En el mes de abril se efectúan dos investigaciones que dieron como resultado dos posibles delitos de maltrato animal. El primero de ellos, el día 13, en San Miguel de Bona, fruto de las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban varios ejemplares caninos.

Condiciones higiénicas

El segundo, el día 27, en los términos municipales de Arona y San Miguel de Abona, donde se investiga a diez personas relacionadas con un presunto delito de maltrato animal. En esta intervención se retiraron diecinueve perros y un poni, debido a las lesiones que presentaban y a las condiciones altamente insalubres, desde el punto de vista higiénico-sanitarias, en que se encontraban.

Durante el mes de mayo se investiga a tres personas como autores de un presunto delito de maltrato animal, debido a las condiciones higiénico-sanitarias y lesiones físicas que presentaban doce perros, un poni, un caballo, dos asnos, tres tortugas y dieciséis ejemplares caprinos y bovinos.

La investigación comienza a raíz de una denuncia presentada en dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria por unas graves lesiones que presenta un ejemplar canino en su pata delantera derecha, la cual le acabó generando una grave deformidad que le impide caminar con normalidad. Acto seguido, agentes pertenecientes a la Unidad Operativa de Seguridad Interior y Policía Administrativa (UOSIPA) inspeccionan la ubicación donde se haya dicho animal, dando como resultado el descubrimiento de más animales con lesiones y en unas condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

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Identificadas diez personas como presuntas autoras de un delito de maltrato y abandono animal

Los agentes retiran diecinueve ejemplares caninos y un poni ante la falta de condiciones óptimas para su cuidado

En el transcurso de este año se ha llevado a cabo con éxito la retirada y aseguramiento de 105 ejemplares, gracias a la estrecha colaboración con las asociaciones de protección animal

Agentes de la Unidad de Seguridad Interior y Policía Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han llevado a cabo una investigación en la zona sur de la isla de Tenerife, donde se han identificado a diez personas como presuntas autoras de un delito de maltrato y abandono animal.

La Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias puso en conocimiento de las autoridades canarias el estado deplorable de cuatro ejemplares caninos, que presentaban lesiones físicas evidentes y se encontraban en condiciones de abandono, en un entorno higiénico-sanitario inadecuado.

Agentes pertenecientes al Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) procedieron a la retirada de cuatro ejemplares caninos debido a las lesiones, que requerían atención veterinaria, y a la falta de condiciones óptimas para su cuidado por parte de los responsables de los animales.

Durante la primera inspección, se descubrió que los cuatro perros intervenidos eran propiedad de dos individuos, ninguno de los cuales era titular legal de los animales. Durante la inspección de una segunda parcela propiedad del titular de los ejemplares iniciales, donde según testigos había alrededor de quince animales más, el presunto infractor, al tener conocimiento de la investigación, procedió a retirar la mayoría de los animales de la finca para evitar problemas legales. Sin embargo, abandonó a cuatro ejemplares caninos que presentaban síntomas y comportamiento indicativo de maltrato animal, lo que llevó a su decomiso.

Posteriormente, los agentes lograron localizar la finca donde se encontraba el resto de los animales, lo cual provocó la retirada de un total de diez ejemplares caninos y un équido. Estos animales presentaban lesiones físicas evidentes que eran determinantes en el caso, además de encontrarse en condiciones higiénico-sanitarias nefastas. Como resultado, se está investigando a diez personas como presuntas autoras de los delitos de maltrato y abandono animal y se ha procedido al decomiso de diecinueve cánidos y un ejemplar de poni.

Los animales intervenidos han sido trasladados a dos refugios de animales ubicados en el norte y sur de la isla, respectivamente, donde recibirán la custodia y atención necesarias para su recuperación.

Las autoridades reiteran su compromiso de proteger a los animales y tomar medidas enérgicas contra el maltrato animal. Se tomarán todas las acciones legales necesarias para garantizar la justicia en este caso y se alienta a la comunidad a denunciar cualquier acto de maltrato o abandono animal.

En el transcurso de este año se ha llevado a cabo con éxito la retirada y aseguramiento de 105 ejemplares, gracias a la estrecha colaboración con las asociaciones de protección animal de Tenerife. Estos animales se encuentran ahora bajo el cuidado y resguardo adecuados, garantizando su bienestar.

El Cuerpo General de la Policía Canaria reafirma su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración con las asociaciones de protección animal y otras entidades relevantes para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales en la comunidad canaria. La protección y el cuidado de los seres vivos son valores fundamentales para el cuerpo policial, y se seguirán tomando medidas contundentes contra cualquier forma de maltrato o abuso animal.

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Dos de los menores, de entre 15 y 17 años, fueron detenidos como responsables de una presunta agresión sexual cometida el pasado mes de febrero en el sur de Tenerife

La Unidad Operativa de Menores y Familia (UMEFA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investiga, en coordinación con la Fiscalía de Menores, a un grupo conformado por tres menores, por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 13 años cometido en una playa del sur de Tenerife, cercana a una zona de ocio nocturno.

Según fuentes policiales, existen indicios claros de que se ha cometido un delito de agresión sexual contra la víctima, de 13 años de edad. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes tras la denuncia interpuesta por el padre de la menor el pasado mes de marzo.

La agresión sexual en grupo ocurrió en una playa del sur de Tenerife a altas horas de la madrugada, a la cual la víctima, en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, fue llevada por el grupo de jóvenes, los cuales fueron detenidos e investigados para aclarar el papel que han desempeñado en dicha agresión sexual, así como su relación entre ellos.

Los investigadores han contado con indicios suficientes que corroboran periféricamente la versión dada por la menor víctima, tales como manifestaciones de testigos presenciales, o las conversaciones aportadas por aquella con alguno de sus agresores después de sufrir la agresión. Incluso, se baraja la posibilidad de que los hechos hubieran sido grabados por alguno de los agresores, circunstancia esta que no ha sido confirmada hasta el momento.

Por su parte, la víctima, que ha tenido episodios de angustia después de la agresión grupal, cuenta, según la versión policial, con indicadores claros de desamparo, lo que ha derivado el traslado del asunto a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, a fin de proporcionarle una protección adecuada e inmediata.

La investigación, desarrollada por el Cuerpo General de la Policía Canaria a través de la Unidad de Menores y Familia (UMEFA), aún se encuentra en desarrollo.

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El servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos

Ya el año pasado, la Unidad Operativa de Menores y Familia de la Policía Autonómica actuó con esta misma familia y la intervención policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias

Tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria, con la única finalidad de extraer al menor del círculo familiar, por la negativa de los miembros de la familia a entregarlo, este fue reintegrado al centro

Miembros de la Unidad Operativa de Menores y Familia (UOMF) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investigan en Tenerife a tres personas de una misma familia por la presunta sustracción de un menor, tras haber realizado diferentes actuaciones policiales con dicha familia, sin que se llegara a un resultado satisfactorio.

Así, en la mañana de ayer, los miembros de dicha unidad procedieron a la imputación de tres personas, concretamente, la madre del niño, así como los abuelos maternos de este; todos, por un presunto delito de sustracción de menores, al haberlo retenido incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución administrativa.

El menor afectado ha sido reintegrado al centro de protección que tiene encomendada su guarda, tras solicitar los agentes a la autoridad judicial una entrada domiciliaria con la única finalidad de extraerlo del círculo familiar, y ante la negativa a entregar el menor de los miembros de la familia.

Según fuentes policiales, el servicio se inició por requerimiento de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia y de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante la gravedad de los hechos.

Dichas fuentes han afirmado que los hechos ponen de manifiesto conductas por parte de la familia indiciarias de un delito de sustracción de menores, quedado policialmente acreditado que la familia, aprovechando que el menor tenía un permiso de estancia con aquella, no procedió al reingreso de aquel al centro de protección que tenía encomendada su guarda.

Cabe destacar que el año pasado, ya dicha unidad actuó con esta misma familia, y la actuación policial derivó en la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Canarias, la cual sigue manteniendo, y por la cual el menor debía ser reintegrado.

Las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción conocedor de la causa.

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Se les acusa de ser autoras de presuntos delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y pertenencia a grupo criminal

El CGPC tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la información inicial trasladada en el mes de marzo de 2022 desde la Dirección General de la Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente

Ha quedado acreditado policialmente que desde el desguace se hacían cargo de la recogida de los coches y, tras falsificar en algunos casos la firma de los propietarios que los entregaban, o mediando engaño en otros, los vendían a terceros

En total, entre víctimas y perjudicados, se han contabilizado un total de 38 personas, y se han puesto a disposición judicial ocho vehículos

Miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con base en Gran Canaria han imputado, en el marco del “Operativo Vauxhall”, a ocho personas, de las cuales cuatro han sido detenidas, como autoras de presuntos delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició por presuntas irregularidades cometidas por parte de un centro autorizado de tratamiento de vehículos (desguace), en la Isla de Gran Canaria, al no haberse tramitado las bajas definitivas de vehículos, poniéndose en cambio estos en circulación a través de la venta a terceros, o haciendo uso de ellos por el propio desguace o empresas asociadas de compraventa de coches.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la información inicial trasladada en el mes de marzo de 2022 desde la Dirección General de la Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación territorial del Gobierno de Canarias a la Unidad Operativa de Policía Administrativa del CGPC, quien a su vez derivó los datos obtenidos a los investigadores.

Tras la investigación, ha quedado acreditado policialmente que desde el desguace se hacían cargo de la recogida de los coches y, tras falsificar en algunos casos la firma de los propietarios que los entregaban, o mediando engaño en otros, los vendían a terceros. Todo ello, a través de empresas camufladas cuya actividad era, entre otras, la de compraventa de vehículos.

Al margen de la venta directa en las localizaciones de esas empresas, otro modo de engaño a consumidores finales consistía en publicitar a través de Internet anuncios de venta de un vehículo particular. Estos anuncios ofertaban automóviles aparentemente en buen estado, pero realmente habían sido adquiridos por los investigados con carácter gratuito o a bajo precio (sobre una valoración del vehículo para despiece) y con destino a desguace. El resultado final era facilitar al comprador final un vehículo en pésimas o malas condiciones, con un contrato de compraventa adulterado.

En algún caso concreto, se llegó incluso a vender un coche que prácticamente estaba para desguazar tras manipular presuntamente el cuentakilómetros. De ese modo, hicieron creer a los compradores que era más nuevo, con lo que obtuvieron un beneficio considerable al aumentar el precio final.

Falsedad defraudatoria

Como parte del engaño, los investigados procedían a falsificar documentos privados, como los contratos de compraventa de vehículos usados. Consta efectivamente en las actuaciones policiales que los investigados dispusieron de los vehículos una vez entregados en el desguace mediante la falsificación de esos “contratos de compraventa”.

Según la versión policial, la facultad de venta de esos vehículos por parte de los investigados no se correspondía con la realidad que debía ser, pues constan “solicitudes de bajas definitivas” y “solicitudes de destrucción”.

El desguace, por medio de los investigados, disimuló su verdadera intención de no cumplir las obligaciones de baja y destrucción de vehículos, y como consecuencia de ello, los titulares/propietarios de los vehículos, desconocedores de tal propósito, los entregaban para, posteriormente, los investigados lucrarse y beneficiarse a través de las ventas a terceros.

Las presuntas estafas también se habían realizado a través de la falsificación de documentos oficiales, como los “cambios de titularidad” (documentos de la Jefatura Provincial de Tráfico), y utilizados estos como medio necesario para su comisión. Fueron los propios denunciantes, legítimos propietarios, los que relataron que, sin su consentimiento, se habían tramitado cambios de titularidad de sus vehículos.

Administración desleal

Los agentes investigadores comprobaron, igualmente, que existían vehículos que habían sido entregados para desguace y, lejos de darles de baja y ser destruidos, seguían circulando o estacionados en vía pública bajo la titularidad de quien los había entregado.

Los principales investigados (administradores, empleados y colaboradores del desguace) regentaban un establecimiento CATv (centro autorizado de tratamiento de vehículos) al que acudían propietarios para proceder a la baja definitiva de sus vehículos y su posterior destrucción.

Así, tras realizarles (no en todos los casos) unas reparaciones básicas, los investigados volvían a introducirlos en el parque automovilístico sin darles de baja, mucho menos destruirlos y, todo ello, sin el conocimiento ni autorización de los perjudicados. De ahí que, varios de estos titulares/propietarios recibieran posteriormente notificaciones relacionadas con el uso indebido de sus turismos, tales como impagos de impuestos o diversas denuncias de tráfico.

Con su actuación, y de un modo no autorizado o contrario a los intereses de los titulares/propietarios que hacían entrega del vehículo, los investigados frustraron el fin perseguido o el que se hubiera adjudicado el coche en cuestión. Es decir, la baja y destrucción.

Grupo criminal

Desde la Policía aseguran que los investigados se concertaron, al menos desde finales de 2021, para llevar a cabo de forma conjunta una serie de hechos delictivos, con la finalidad en el caso de la estafa, de obtener importantes ganancias. Actuaban de una forma organizada, sin que se haya podido determinar un orden jerárquico claro. No obstante, la posición del principal investigado, B.A.A., es determinante según los testimonios recabados y las evidencias aportadas durante la investigación.

Se concluye que los investigados no se formaron fortuitamente para la comisión inmediata de un delito concreto, sino que estaban predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos, principalmente, estafas y falsedades documentales.

Se han contabilizado en total, entre víctimas y perjudicados, un total de 38 personas, y se han puesto a disposición judicial ocho vehículos.

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El registro de una vivienda y un local de Costa el Silencio da también como resultado el hallazgo de 11.544 euros, cuatro puñales, un hacha, una escopeta de aire comprimido, cinco móviles y cuatro básculas de precisión

La investigación surge a raíz de las quejas vertidas por los vecinos debido al tráfico y consumo de droga observado en la zona de la urbanización El Chaparral

Agentes de la Unidad Operativa de Seguridad Ciudadana del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido, en las últimas horas, a tres personas de nacionalidad italiana, en Arona, tras el registro de una vivienda y un local de la zona de la urbanización El Chaparral, en Costa del Silencio, donde hallaron seis kilos de hachís, 720 gramos de marihuana y 11.544 euros en efectivo, distribuido en diferentes cantidades.

Además, también se incautaron de cuatro puñales, un hacha, una escopeta de aire comprimido, cinco móviles, cuatro básculas de precisión, una selladora, 6.000 bolsas transparentes y 200 envases de plástico, para el transporte de droga, y documentación que está siendo objeto de análisis.

La investigación es fruto de los servicios ordinarios que realiza esta unidad en materia de seguridad ciudadana y surge a raíz de las quejas vecinales por el tráfico y consumo de drogas en la zona de la urbanización El Chaparral. Los agentes abrieron las diligencias oportunas e iniciaron los seguimientos y las pesquisas que dieron como resultado la entrada y registro de una vivienda y un local, y el hallazgo del citado material.

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Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

La incorporación de estos candidatos permitirá que el Cuerpo General de la Policía Canaria cuente con 295 efectivos al inicio de la próxima legislatura, 225 más que al comienzo de la presente

Son las primeras oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria sin el requisito de la estatura mínima

Mil cien aspirantes se han presentado este fin de semana al test incluido en las pruebas de selección convocadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de una resolución publicada el pasado 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC. Esta convocatoria permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos al comienzo de la próxima legislatura, 225 más que al inicio de la presente.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La prueba de test, de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, se ha llevado a cabo, de forma simultánea, en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a cuyas aulas han acudido 688 aspirantes, y de la Universidad de La Laguna, en cuyo aulario se han presentado 412 candidatos.

Una vez superada esta prueba de conocimiento, que es eliminatoria, deberán enfrentarse a un supuesto práctico, un examen de inglés, una prueba física y otra psicológica. Posteriormente, y antes de incorporarse al CGPC, ingresarán en la academia, donde estarán un periodo de cuatro meses de formación.

En estas oposiciones ya está en vigor la orden aprobada, a finales de octubre de 2022, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que establecía el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del CGPC, cuadro que tiene como principal cambio, respecto al anterior, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo, antes estaba fijado en 1,65 metros, para los hombres, y en 1,60 metros, para las mujeres, y también aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes, como el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

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