· El viceconsejero y la directora general de Aguas, Marcos Lorenzo y Mónica Gómez, conocieron de primera mano el proyecto de digitalización financiado por el departamento de gestión hidráulica del Gobierno de Canarias
 

· Aqualia ha llevado a cabo los trabajos de la primera fase, con la instalación de 5.224 contadores y 15 antenas ‘gateways’ que reciben información del recorrido del agua en tiempo real
 

El viceconsejero y la directora general de Aguas de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo y Mónica Gómez, presentaron junto al alcalde de Santa María de Guía, Pedro Manuel Rodríguez, y los responsables de Aqualia, Fran Blanco y Rafael Castillo -director de la empresa en Canarias y jefe de Unidad y Gestión en Gran Canaria respectivamente- la finalización de las obras hidráulicas ejecutadas recientemente con una inversión de la Dirección General de Aguas de 600.000 euros para el proyecto de digitalización y telegestión del agua en este municipio del noroeste de Gran Canaria.

La ejecución de esta primera fase del proyecto consistió en la instalación de 5.224 contadores -hay unos 7.500 en todo el municipio- y 15 antenas ‘gateways’ que permiten el envío y recepción de información en tiempo real del recorrido del agua en la red de abastecimiento, “por lo que esta iniciativa nos permite tener un control exhaustivo del rendimiento de la red y las posibles fugas de agua que pueda haber en el recorrido”, explicó Pedro Rodríguez, alcalde de Guía.

Estas actuaciones permiten, “a través de un software de control, analizar los patrones de consumo de los vecinos del municipio, alertar sobre las fugas, informar de las posibles averías en los contadores y, en definitiva, estar al tanto de cualquier anomalía que pueda afectar al servicio municipal y, por consiguiente, a los 13.800 vecinos de esta localidad”, explicó el responsable de Aqualia, Rafael Castillo.

El tipo de contadores que se han implantado en Santa María de Guía con este proyecto poseen un módulo que envían a través de señal de radio hasta 24 notificaciones diarias, mientras que los que ya han sido sustituidos tenían más de 25 años de uso y la capacidad de realizar solamente seis lecturas al año, “por lo que nos encontramos ante un proyecto de digitalización que sitúa a Santa María de Guía a la vanguardia de la gestión del agua en las islas”, destacó el viceconsejero del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo.

La directora general de Aguas, Mónica Gómez, recordó que su departamento posee “una línea de subvención para los ayuntamientos de Canarias de 5 millones de euros destinada a la detección de fugas y reparación de las redes de abastecimiento, y otra partida económica de 4 millones de euros para implementar la digitalización del ciclo integral del agua en los municipios de las islas”, finalizó.

MESA DEL AGUA DE CANARIAS

El próximo lunes, 11 de marzo, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, de la mano del consejero Manuel Miranda, ha convocado un encuentro en el Museo Élder de Las Palmas de Gran Canaria dirigido por el presidente regional, Fernando Clavijo, donde la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y Soberanía Alimentaria, los cabildos insulares y sus respectivos consejos insulares de agua, además de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), buscarán soluciones a la difícil situación en la que se encuentra el archipiélago en materia hidráulica.

El objetivo del encuentro es el de coordinar acciones y establecer una hoja de ruta conjunta para hacer frente al fenómeno de la sequía, producida fundamentalmente por el cambio climático, y al desabastecimiento de agua tanto para la población como para el sector agrícola y ganadero.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y la presidenta autonómica de la institución, María Teresa Pociello, visitaron las instalaciones del Centro Logístico de Emergencias de Canarias (CLEC) de Cruz Roja

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Pociello, firmaron esta mañana un nuevo convenio de colaboración que permitirá mejorar la integración de los efectivos y recursos de Cruz Roja en el sistema público de protección civil y atención a las emergencias.

Con este acuerdo, Cruz Roja se consolida formalmente como la institución de referencia en la organización de los recursos logísticos movilizables para atender a los afectados de una emergencia, como pueden ser las personas evacuadas por un incendio forestal, o desalojados por cualquier otro tipo de emergencia ordinaria o extraordinaria.

Como novedad, Cruz Roja asume también la logística y organización de albergues de animales, para atender a mascotas y animales de compañía desalojados, una tarea que ya ha venido poniendo en práctica con éxito en las últimas emergencias, como ocurrió en los incendios forestales del pasado verano.

“Queremos que Cruz Roja siga siendo nuestro referente logístico en materia de atención a las emergencias, porque nos da una enorme tranquilidad saber que sus profesionales y voluntarios están siempre ahí, dispuestos a ser movilizados en cualquier momento para montar en tiempo récord los servicios necesarios para atender a los afectados por cualquier emergencia”, aseguró Manuel Miranda.

Por su parte, la presidenta autonómica de Cruz Roja, María Teresa Pociello, aseguró que este convenio supone “un adelanto tremendo, porque hemos estado muchos años, desde 2013, atendiendo las emergencias pero solo de palabra, y tener este encargo por escrito nos da seguridad y tranquilidad para la prevención, la asistencia y la atención de todas las emergencias”.

Según el nuevo convenio, Cruz Roja se integra en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil del Gobierno de Canarias, con acceso a las salas operativas del CECOES 112 y plena integración en las infraestructuras de radiocomunicaciones (RESCAN).

La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones del Centro Logístico de Emergencias de Canarias (CLEC), que Cruz Roja tiene en Santa Cruz de Tenerife, donde el consejero de Política Territorial pudo conocer de la mano de su director, Domingo Martín García, el material y los recursos habitualmente disponibles para atender las emergencias.

Además de este acuerdo firmado hoy, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, destina este año una subvención de 200.000 euros a Cruz Roja para la adquisición de material logístico y para la contratación de personal responsable de su gestión y mantenimiento.

· El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia que la prioridad de su departamento es regenerar y naturalizar la totalidad de los 47 vertederos ilegales de las islas antes de que finalice la presente legislatura.
 

· La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural destina este año 3,8 millones de euros a la regeneración de siete vertederos, y se propone abordar las obras de los 17 restantes antes de 2027
 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, aseguró esta mañana que para el Ejecutivo autonómico “es una prioridad regenerar y naturalizar antes de que finalice la legislatura la totalidad de los 47 vertederos ilegales objeto de expediente por la Unión Europea desde año 2018”, y confirmó que su departamento hará “un esfuerzo inversor y de gestión extraordinario” para evitar cualquier nueva sanción en materia medioambiental.

Así se pronunció tras visitar junto al alcalde y al concejal de medioambiente de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y José Mario Bordón, el vertedero de Las Carboneras, en Gran Canaria, cuyo sellado y regeneración acaba de concluir la Consejería de Política Territorial a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que ha invertido 480.000 euros en la ejecución de las obras.

El proyecto forma parte de un programa de intervención por valor de 3,8 millones de euros para el sellado y regeneración en el presente ejercicio de siete vertederos que ocupan espacio de manera ilegal en diferentes islas, y que fueron denunciados por la Comisión Europea por permanecer pendientes de clausura en un expediente iniciado en 2015 y dictaminado en 2018.

Manuel Miranda ha explicado que de los 47 vertederos que no estaban sellados y que fueron incluidos por la Comisión Europea en su expediente, ya se han concluido los trabajos en 24 de ellos, incluido el de Las Carboneras, con una superficie recuperada de 22.000 metros cuadrados, mientras que los proyectos de otros seis están en diferentes fases de ejecución o licitación. Respecto a los 17 que quedaría por acometer, el objetivo de la Agencia es continuar con su tramitación para dar respuesta al requerimiento de la Comisión Europea lo antes posible.

Estos proyectos actualmente en tramitación en la ACPMN son seis. El del vertedero de Degollada de las Yeguas, Gran Canaria, tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros y está en la fase de aprobación del proyecto, para la posterior licitación de las obras, que se extenderán por espacio de dos años. La misma duración, aproximadamente, tendrá la ejecución de los trabajos del sellado del vertedero ilegal de Riquel, en Icod de Los Vinos, Tenerife, que se encuentra en la misma fase que el anterior. En ambos casos, las obras darán comienzo en el presente año.

Además, se está trabajando en la aprobación del proyecto en Los Majanos, tercera fase (El Hierro), que tiene un presupuesto de 548.072 euros, y está ya en licitación los trabajos de sellado de la segunda fase en Punta Gaviota (Santa Lucía, Gran Canaria), que cuenta con un presupuesto de 204.044,63 euros.

El próximo en ver concluidos los trabajos de sellado, previsiblemente este mes, será la fase segunda del vertedero de Punta La Vaca, cuyas obras han tenido un presupuesto de  90.667,01 euros, mientras que el de Soo, en Lanzarote, está pendiente de redacción de los pliegos de cláusulas administrativas para licitar la ejecución del proyecto. Supondrá una inversión de 263.272,86 euros.

El alcalde del municipio, Francisco García, agradeció a la Consejería de Política Territorial la ejecución de los trabajos, “ya que no sólo es una obra de sellado, sino que en esta misma instalación tenemos la gatera y la perrera municipal, por lo que los animales disponen de un nuevo espacio par pasear. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía estamos valorando hacer un merendero en este espacio”, comentó.

Los trabajos en Las Carboneras se han realizado sobre una superficie de más de 22.000 metros cuadrados en un suelo rústico de protección paisajística. “Con un presupuesto de 480.000 euros, las obras dieron comienzo el pasado mes de octubre y consistieron en  mejorar la integración paisajística del espacio y en retirar el mayor volumen posible de residuos, todos ellos inertes, cribarlos y llevarlos a un vertedero autorizado para, posteriormente, naturalizar las zonas”, explicó Montserrat Ortega, directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Los trabajos se concentraron en la retirada de material suelto y de desecho existente; “se recubrió la superficie con un material parecido al del entorno y finalmente se plantaron alrededor de 2.000 ejemplares de especies autóctonas, cardones y tabaibas, que favorecen la naturalización e integración paisajística” finalizó la responsable de la ACPMN.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anuncia en el Parlamento la inminente activación preventiva del INFOCA, y la constitución de un comité técnico asesor para monitorizar la evolución de la situación

En lo que va de año se han producido diez conatos de incendio, y los índices de riesgo marcan peligro extremo por la sequía en capas profundas

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado hoy que su departamento estudia un plan de medidas extraordinarias para hacer frente al elevado riesgo de incendios forestales que sufre el archipiélago, y se mostró partidario de adelantar la campaña anual de prevención, ante los efectos que la sequía está ocasionando en los montes de las islas.

El anómalo invierno ha provocado que en lo que va de año se hayan producido ya diez conatos de incendios, y los índices de riesgo marcan peligro extremo por la pertinaz sequía en capas profundas del suelo. Estas circunstancias han llevado a los expertos consultados por el Gobierno a recomendar la activación preventiva en fase de prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), como respuesta a una “situación meteorológica extraordinaria, que requiere de medidas extraordinarias”, según explicó el consejero y responsable de Emergencias.

Manuel Miranda ha comparecido en Comisión Parlamentaria para explicar las medidas que está tomando el Gobierno para preparar al archipiélago ante la posibilidad de sufrir incendios forestales fuera de capacidad de extinción. El consejero ha añadido, además, que se está constituyendo un grupo de apoyo técnico conformado por especialistas de reconocido prestigio profesional, que “nos permita, no solo diseñar políticas que mejoren la respuesta a los incendios, sino hacer un seguimiento constante de la actual situación y tomar decisiones durante las propias labores de extinción, si fuera necesario”.

El titular del área de Emergencias ha puesto sobre la mesa la situación meteorológica que vive Canarias desde hace algunos años, con una persistente sequía que coincide con “la aparición de nuevos tipos de incendios y la transformación de la fórmula para evitarlos y, en el caso de que se produzcan, combatirlos”.

El consejero ha recordado que, según datos de la AEMET, enero de 2024 ha sido el mes de enero más cálido desde que se tienen registros en Canarias, desde 1961. En este periodo, la temperatura media ha aumentado en 3,1ºC; la temperatura máxima, en 3,6ºC; y la temperatura mínima ha subido 2,7ºC.

Manuel Miranda ha señalado además que en este mes de enero ha llovido solo un 13% respecto a la media de años anteriores, y que “desde 2022 se suceden las anomalías por calor y la falta de lluvias, con ocho olas de calor y episodios de elevadas temperaturas”. Los índices que muestran la gravedad de la sequía, de acuerdo con la humedad del suelo, “son negativos en todas las islas desde hace años” y “los análisis respecto a los próximos meses nos dicen que esta situación no va a mejorar”, con un 70% de probabilidades de que la temperatura media sea más alta y un 40% de posibilidades de que llueva menos de lo normal en estos meses.

Manuel Miranda ha recordado que “el calentamiento global agrava la evolución de los incendios hacia incendios más peligrosos, rápidos e incontrolables, fuera de la capacidad de extinción, con un comportamiento diferenciado”, lo que se suma a que “el verano actual abarca cinco semanas más que a comienzos de los años 80, se diluyen las estaciones de transición (primavera y otoño) y aumenta el periodo de máximo riesgo de incendio forestal durante más meses del año”.

“El pasado día 24 de enero”, ha recordado Miranda, “se declaró por primera vez en este mes una prealerta por incendios” y en lo que llevamos de año se ha intervenido en diez conatos de incendios.

Esta situación, a juicio de Manuel Miranda, obliga a estudiar medidas extraordinarias actualmente en estudio, para adelantar con los Cabildos la aprobación de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, o solicitar al Ministerio de Transición Ecológica el urgente posicionamiento en las Islas de los medios aéreos antiincendios que normalmente están operativos en época de riesgo alto que, en la situación que vivimos, “se extiende ya en todo el año”.

· Las seis aeronaves del GES rescataron a 47 bañistas en apuros y a 241 personas en tierra, principalmente senderistas perdidos o accidentados
 

· Durante su participación en los incendios forestales del pasado año llevaron a cabo unas 2.500 descargas de agua
 

· El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, anuncia el estudio de un plan para disponer de una red propia de bases operativas
 

Los helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias realizaron el pasado año un total de 402 intervenciones de búsqueda y rescate, en las que auxiliaron a 288 personas en apuros, 47 de ellas en el mar y 241 en tierra, principalmente senderistas perdidos o accidentados. Además, las aeronaves realizaron unas 2.500 descargas de agua en la extinción de los incendios forestales de 2023.

Así lo explicó esta mañana el consejero de Política Territorial y máximo responsable del área de emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante la presentación del balance de intervenciones del GES Aire correspondiente al año 2023.

Miranda agradeció al personal del GES “su entrega y dedicación, porque su trabajo es realmente heroico, son más de 70 profesionales entre pilotos, coordinadores de vuelo, mecánicos, operadores de grúa y rescatadores, que a diario se juegan la vida para garantizar nuestra seguridad y para ayudarnos cuando más lo necesitamos”, afirmó el consejero de Política Territorial.

Durante la presentación, celebrada en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, aseguró que el Gobierno va a intentar “mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta del GES, con un plan de reubicación de las bases de los helicópteros que nos permita disponer de espacios más versátiles y con mejores instalaciones, porque nos parece importante que el Gobierno de Canarias tenga en el futuro su propia red de bases de helicópteros de emergencias, a los que podría sumarse también los de intervención de la EIRIF y los medicalizados del SUC”.

El Grupo de Rescate y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias tiene actualmente desplegados 6 helicópteros en las islas de forma permanente, los 365 días del año. Cuenta con un coordinador de servicio, 24 pilotos, 12 mecánicos, 18 operadores de grúa/rescatadores, 20 rescatadores y dos coordinadores de medios aéreos.

Según explicó el responsable de Pegasus Aero Group en Canarias, Gabriel Pérez Ralero, se trata de “helicópteros multifunción con capacidad para enfrentarse tanto a incendios forestales, como realizar rescates en tierra o en el mar, con cámara térmica a bordo, buscador de teléfonos móviles para facilitar la localización de personas y un servicio muy competitivo”.

En el caso de Fuerteventura, el pasado año el helicóptero del GES auxilió a 52 personas en situación de emergencia, y sobrevoló el cielo de canarias durante casi 138 horas. De estos 52 rescatados, 41 fueron socorridos en tierra y otras once personas en el mar.

Las principales labores del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias son de búsqueda y localización de personas desaparecidas; rescate de personas atrapadas; salvamento de vidas y bienes, tanto en medio terrestre como marítimo; colaboración en la localización, extinción, vigilancia y seguimiento de incendios forestales; vigilancia y observación de zonas costeras y del litoral del Archipiélago en materia de contaminación marina, así como de actuación en el caso de accidente de múltiples víctimas o catástrofe pública.

La Dirección General de Ordenación del Territorio comprobará la existencia de valores geomorfológicos de especial interés y acotará la afección territorial del Espacio Natural Protegido a lo estrictamente necesario para protegerlos

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que dirige Manuel Miranda, ha iniciado el procedimiento para la delimitación del futuro Espacio Protegido del entorno del cono y las fajanas del volcán de Tajogaite -también conocido como Cumbre Vieja- en la isla de La Palma. En este procedimiento se comprobará la existencia de valores geomorfológicos de especial interés y acotará la afección territorial del Espacio Natural Protegido a lo estrictamente necesario para proteger esos valores.

La Consejería da así cumplimiento a la disposición adicional quinta del decreto 9/2023, de 18 de diciembre, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, que establece un plazo de 3 meses para iniciar la tramitación. Este procedimiento se regirá por lo establecido en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos.

“Una vez aprobado el decreto urbanístico, es muy importante avanzar en la delimitación del Espacio Natural Protegido del volcán. Hay que recordar que las personas afectadas titulares de propiedades en esta zona declarada de protección cautelar, tanto en Los Llanos de Aridane como en El Paso, llevan dos años sin saber que pasará con sus inmuebles. Eso los coloca en una situación de desventaja que nos parece injusta, algo que reconocemos y trabajamos para poner soluciones”, señala el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz.

Onán Cruz, director general de Ordenación del territorio: «Hay que recordar que las personas afectadas titulares de propiedades en esta zona declarada de protección cautelar, tanto en Los Llanos de Aridane como en El Paso, llevan dos años sin saber que pasará con sus inmuebles. Eso los coloca en una situación de desventaja que nos parece injusta, algo que reconocemos y trabajamos para poner soluciones»

La delimitación del Espacio Natural Protegido permitirá definir el uso que podrán tener los suelos y conocer el perímetro exacto afectado, entre otros aspectos. “Por tanto, es importante aclarar que no todo lo que ahora está delimitado como zona de protección cautelar terminará dentro del Espacio Natural Protegido”, explicó el director general.

En este punto, Onán Cruz señaló que “la zona, que lleva dos años delimitada de manera provisional es un espacio de máximos, se estudiará, dentro de esos márgenes provisionales, qué es lo que estrictamente y bajo criterios científicos y medioambientales, hay que incluir en el futuro Espacio Natural Protegido. Esta delimitación es fundamental para poder afrontar plenamente la recuperación de la realidad alterada por el volcán allí donde sea posible en los términos y con las condiciones establecidas por el decreto 9/2023”, añadió Onán Cruz.

El servicio de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se estrena con una actuación solicitada por el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros para la erradicación de contenedores ilegales en suelo rústico

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó hoy la nueva unidad de drones de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que se estrena con una actuación coordinada con el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros para la erradicación de contenedores y construcciones ilegales en suelo rústico de la isla.

“La incorporación de los drones y la creación de esta nueva unidad supone un avance importante en el trabajo de inspección y vigilancia de nuestro territorio que realiza a diario el Gobierno de Canarias, porque facilitará mucho las tareas de localización de irregularidades urbanísticas y medioambientales, la principal función de la Agencia Canaria de Protección del Medios Natural”, afirmó el consejero Manuel Miranda.

La nueva unidad de drones, adscrita al Servicio de Vigilancia Territorial, Ambiental y Actuaciones Previas de la ACPMN, está compuesta por dos coordinadores y nueve pilotos. En sus trabajos de inspección y vigilancia utilizarán dos drones “Matrice”, que incorporan la última tecnología en prestaciones de agilidad, velocidad y seguridad, con barómetros redundantes para una máxima fiabilidad, y características de vuelo inteligente que facilitan la grabación de tomas complejas.

Sus 4 motores de alto rendimiento garantizan un vuelo estable con vientos de hasta 43 km/h, tienen una autonomía de vuelo de 33 minutos, un radio de acción de 8 km y pueden alcanzar una velocidad de 81 km/h.

Los drones utilizan una configuración de GPS Dual para una mayor seguridad del vuelo, que se refuerza con sensores visuales que permiten una gran precisión, y disponen del sistema AirSense, que permite conocer en tiempo real las aeronaves tripuladas en el espacio circundante. Cuentan con sistema de visión y detección por infrarrojos, y están dotados con una cámara RGB Zenmuse Z30, que permite transmitir imágenes de alta resolución.

Los primeros trabajos de campo de la nueva unidad de drones de la ACPMN se realizan estos días en Fuerteventura, en una actuación conjunta acordada hace un mes con el Cabildo y los seis ayuntamientos majoreros para erradicar la proliferación de contenedores e instalaciones ilegales en suelo rústico, que incumplen la normativa y suponen un grave atentado paisajístico.

El primer vuelo se realizó en El Jablito, municipio de La Oliva, y contó también con la asistencia del consejero de Medioambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, quien destacó la necesidad de “poner un poco de orden, porque el suelo natural tiene que perdurar y debemos devolver a su estado original los terrenos que han sido modificados irregularmente”.

La solución a este creciente problema, que afecta no solo a la isla de Fuerteventura, pasa por una actuación “conjunta y coordinada” entre todas las administraciones, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que ya presta su apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos afectados para la tramitación de las correspondientes órdenes de ejecución, según explicó su directora de la ACPMN, Montserrat Ortega.

El consejero de Política Territorial recordó que los ayuntamientos son los responsables de tramitar en primera instancia las órdenes de ejecución para acabar con esta práctica irregular, e hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana, pues con esta fórmula administrativa la retirada y reciclaje de las instalaciones ilegales no representa un costo añadido para el afectado.

Por el contrario, el incumplimiento de una orden de ejecución puede llevar aparejadas cuantiosas sanciones económicas “que en ningún caso deseamos, pero que las administraciones tienen que aplicar en defensa de nuestro patrimonio medioambiental”, aseguró Miranda.

El Gobierno de Canarias ha tramitado en los últimos tres años en la isla de Fuerteventura unos 280 expedientes por contenedores, casetas e instalaciones en suelo no autorizado, aunque el Cabildo calcula que pueden haber más de 500 instalaciones de este tipo, por lo que se pretende reforzar y dotar de mayor eficacia la actuación conjunta de las tres administraciones: autonómica, insular y local.

· El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, señala, como primer objetivo, analizar la disponibilidad de ese suelo para vivienda, antes de iniciar cualquier debate sobre ocupación de suelo rústico con ese fin
 

· Miranda recuerda que el Gobierno de Canarias ya trabaja en un decreto con medidas para impulsar la puesta a disposición de viviendas, con el fin de atajar el problema detectado en algunas zonas de las Islas
 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha informado hoy al Pleno del Parlamento autonómico que el Archipiélago dispone de 137 kilómetros cuadrados de suelo urbano y urbanizable sin desarrollar, por lo que “no tiene sentido abrir ahora el debate sobre el uso del suelo rústico, sin haber antes analizado las posibilidades del suelo urbano disponible en las Islas”. Miranda ha recordado que el destino del suelo rústico, con condiciones, en la isla de La Palma “obedece a una situación completamente excepcional, que no puede extrapolarse al resto de Canarias sin más”.

Manuel Miranda:  «No tiene sentido abrir ahora el debate sobre el uso del suelo rústico, sin haber antes analizado las posibilidades del suelo urbano disponible en las Islas»

Manuel Miranda ha indicado que “la emergencia producida por la erupción volcánica nos obliga a tomar decisiones extraordinarias para resolver cuanto antes los graves problemas generados, entre ellos la pérdida de cientos de viviendas y de suelo donde poder construirlas, ocupado ahora por las coladas de la erupción”.

“Sin embargo”, ha acotado el consejero, “esas medidas urgentes ni pueden ni deben aplicarse al resto de las Islas, a pesar de que la vivienda es uno de los retos que ocupan y preocupan a este Gobierno de Canarias, como ha anunciado varias veces, la última de ellas ayer, mi compañero Pablo Rodríguez”.

El responsable de Política Territorial ha explicado que, según datos de Grafcan, “Canarias dispone en la actualidad de 13.752.47 hectáreas de suelo urbano y suelo urbanizable sin desarrollar, superficie equivalente a 137 kilómetros cuadrados, más de 17.000 campos de fútbol o la mitad de la superficie de la Isla de El Hierro”. Un 70% de dicho suelo, según estimaciones de la Consejería, podría ser destinado a uso residencial.

Por islas, en Tenerife son 4.407 hectáreas; 3.500 en Gran Canaria; también 3.500 en Fuerteventura; 1.400 en Lanzarote; 383 en La Palma; 193 en La Gomera; y 142 en El Hierro.

Manuel Miranda ha explicado que “todo este suelo urbano y urbanizable, gestionado de manera eficaz, podría poner en el mercado público y privado miles de viviendas a medio y largo plazo que no solo aumentaran la oferta, sino que provocasen la relajación de los precios actuales”, pero antes, ha señalado, “debemos afrontar de manera paralela la anunciada actualización de la Ley del Suelo, que permita profundizar en su filosofía, los principios de racionalización y simplificación que la inspiraron, para responder de manera más rápida, con más seguridad y mejores garantías a los retos que, como el de la vivienda, se nos presentan”.

El consejero ha informado de que esta Ley ha permitido aprobar “más de 200 instrumentos de ordenación desde su entrada en vigor, pero la ralentización que ha vivido en planeamiento en las Islas durante los últimos cuatro años está poniendo en riesgo el progreso socio económico del Archipiélago, y también la capacidad de éste para afrontar con garantías retos como el que hoy ocupa este debate”.

Miranda, quien ha recordado que el Gobierno de España también trabaja en una modificación de la Ley del Suelo estatal, ha pedido que el debate que se ha planteado “no se convierta en un arma política, porque la planificación territorial debe ser objeto de un debate calmado y sosegado”.

· El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, acuerda con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, un nuevo impulso al ciclo integral del agua en la isla colombina
 

· Junto al viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, y la directora general de Aguas, Mónica Gómez, visitan la ubicación del nuevo depósito de Las Galanas, a cuya construcción el Gobierno de Canarias ha destinado 4,2 millones de euros
 

· La Consejería priorizará la licitación de las obras de canalización del barranco de Vallehermoso
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, mostró hoy su satisfacción porque “La Gomera está haciendo sus deberes a tiempo en materia hidráulica” y anunció que el Ejecutivo autonómico “cumplirá” con las inversiones previstas en esta materia para la isla colombina.

Así lo confirmó tras reunirse con el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y visitar las obras de la nueva desalinizadora y la localización elegida para el nuevo depósito regulador, a cuya construcción el Gobierno de Canarias ya ha destinado 4,2 millones de euros. Se trata de dos infraestructuras estratégicas, que garantizarán el suministro de agua en la villa y zona norte de la Isla.

“Hace solo unos años era impensable que las islas verdes necesitasen recurrir a la desalinización de agua de mar para cubrir el abastecimiento público, pero la previsión de las autoridades de la Isla nos ha permitido que estemos a punto de estrenar la primera planta pública, justo cuando más la necesitamos, y que trabajemos ya en dos nuevas desaladoras en Playa Santiago y Valle Gran Rey”, declaró Manuel Miranda.

El consejero recordó que la Isla tiene actualizados y aprobados el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, y afirmó que “aunque en los últimos años ha faltado financiación de algunas obras importantes, en La Gomera no ha fallado la planificación ni la previsión, que es lo realmente decisivo cuando hablamos de garantizar el ciclo integral del agua”.

CASIMIRO CURBELO

En este mismo sentido, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, reiteró su apuesta por la planificación como “elemento fundamental” para la gestión del territorio y del agua, “en un momento en el que padecemos las consecuencias del cambio climático”, dijo antes de reiterar la apuesta que desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias se ha realizado para “tomar decisiones acertadas” en cuanto a la disposición de infraestructuras hidráulicas “que garanticen el suministro a la población”.

Así, puso en valor la creación del nuevo depósito regulador de aguas en Las Galanas, “que prestará un servicio fundamental para la capital”, además de otras actuaciones prevista en el ámbito insular como las estaciones depuradoras en Valle Gran Rey, Alajeró y Playa de Santiago, junto al encauzamiento del Barranco de Vallehermoso. “Todas son acciones de interés público que vendrán para mejorar el abastecimiento de agua, pero también para promover la reutilización de este recurso cada vez más escaso”.

El viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, y la directora general de Aguas, Mónica Gómez, participaron junto a Miranda en una primera reunión monográfica celebrada en el Cabildo Insular de La Gomera, donde repasaron la decena de proyectos hidráulicos de producción, almacenamiento, distribución y depuración de aguas que la Isla tiene actualmente en marcha, y que representan una inversión superior a los 22 millones de euros.

Según anunció Manuel Miranda, la Consejería de Política Territorial dará prioridad en el primer trimestre del año a la licitación de las obras de adecuación y canalización del barranco de Vallehermoso, tal y como ha solicitado el Cabildo Insular, un proyecto cuya financiación se ha incluido en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el presente ejercicio 2024.

“El Consejo Insular de Aguas y el Cabildo han tenido muy claras las cosas en todo momento, y eso facilita mucho el trabajo a la hora de priorizar los recursos financieros, está claro que La Gomera ha hecho sus deberes en materia hidráulica y el Gobierno de Canarias va a hacer también los suyos, no les quepa duda”, concluyó Manuel Miranda.

El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, se reúne con el alcalde y técnicos del municipio del sur de Tenerife, para reactivar la tramitación de su Plan General Supletorio y Plan de Modernización Turístico

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, trabaja para avanzar en el planeamiento y ordenación urbanística del municipio de San Miguel de Abona, a través del impulso de su Plan General Supletorio y del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de esta localidad, ubicada en el sur de Tenerife.

El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, acompañado por técnicos de la Consejería y especialistas de planeamiento de la empresa pública Gesplan, mantuvieron en la mañana de hoy una reunión de coordinación con el alcalde de San Miguel, Arturo González, técnicos de la institución local y los técnicos de la empresa redactora del PMM, para realizar un seguimiento del estado de tramitación de ambos documentos, imprescindibles para el desarrollo económico y social del municipio.

El Plan General Supletorio está siendo redactado por la propia Dirección General de Ordenación del Territorio, y en la actualidad se trabaja en la subsanación de los requerimientos sectoriales realizados por diversas administraciones, para ultimar a continuación el documento de aprobación definitiva, que podría concluirse a lo largo de este año, según las previsiones apuntadas inicialmente por Onán Cruz.

En tramitación desde el año 2012, el de San Miguel fue uno de los ocho Planes Supletorios cuya memoria ambiental tuvo que ser prorrogada por el Gobierno el pasado 29 de diciembre, al caducar sin que la Consejería fuese capaz de concluir la tramitación de ninguno de ellos durante la anterior Legislatura.

El mismo impulso se pretende dar al Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de San Miguel, también ralentizado durante los últimos cuatro años, y que tiene como objetivo promover la rehabilitación y renovación de diferentes espacios del municipio, permitiendo la creación de nuevas infraestructuras y dotaciones públicas, con la mejora del sistema viario y proponiendo estrategias de movilidad sostenible.

El PMM de San Miguel de Abona es uno de los siete que tiene en elaboración la Consejería de Política Territorial del Ejecutivo Autonómico, siempre con el objetivo de impulsar la modernización de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias.

Además del de San Miguel de Abona, en la actualidad se tramitan el segundo PMM de Playa de Mogán (Gran Canaria), el de El Veril (Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Puerto del Carmen (Lanzarote), Puerto de la Cruz y Santiago del Teide (Tenerife).