La ayuda, impulsada por la consejera Matilde Asián, compensará hasta en 30 céntimos por litro para corregir los sobrecostes frente a Tenerife y Gran Canaria y se revisará trimestralmente según la evolución de los precios

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias mantendrá, durante todo 2026, la bonificación extraordinaria y temporal al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo en las islas no capitalinas. La medida, impulsada por la consejera Matilde Asián, queda recogida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

La prórroga tendrá efecto desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026, con revisiones de carácter trimestral en función de la evolución de los precios del combustible. El objetivo es compensar los sobrecostes estructurales que se producen en determinadas islas no capitalinas en comparación con Gran Canaria y Tenerife.

Según la orden firmada por la consejera Matilde Asián, la bonificación se activará cuando el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina sea igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas. En esos casos, la ayuda oscilará entre los cinco y los 30 céntimos por litro, en función del diferencial de precios existente. Asián subrayó que se trata de “una medida excepcional y temporal, basada exclusivamente en datos objetivos de precios, que busca corregir desequilibrios reales” sin intervenir artificialmente en el mercado.

Para los meses de febrero y marzo de 2026, las islas beneficiarias serán El Hierro, La Gomera y La Palma. En El Hierro y La Gomera se aplicará una bonificación de 25 céntimos por litro, mientras que en La Palma la cuantía será de 20 céntimos por litro. La orden contempla, además, un tratamiento específico para La Palma, al permitir la aplicación de una cuantía superior a la que correspondería únicamente por diferencial de precios, con el fin de compensar el sobrecoste del transporte derivado de la erupción del volcán Tajogaite.

La consejera recalcó que el objetivo de la medida “no es igualar los precios del combustible, sino evitar que determinadas islas soporten de forma continuada un sobrecoste que perjudique a residentes y actividad económica. La orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, con efecto desde el 1 de febrero de 2026.

La ministra de Hacienda no ha aportado mayor información durante la reunión de la que ya se había trasladado a la prensa días atrás

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha advertido que el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica sigue siendo un misterio para Canarias, a la vista de la escueta información compartida por la ministra de Hacienda. Así se ha manifestado la consejera tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que asistió acompañada del viceconsejero, Gabriel Megías.

Antes de entrar, Matilde Asián mostraba su ánimo constructivo y se ofrecía para poder participar y aportar la visión de Canarias en algo tan importante como es el sistema de financiación. “Queremos tener el mismo trato que tiene cualquier otro ciudadano del resto del territorio nacional”, afirmaba la consejera.

Sin embargo, tras la reunión, Matilde Asián lamentaba que la ministra no les hubiera ofrecido información más detallada de la que ya se conocía por la prensa. “Esperamos conocer algo más de lo que ya sabíamos y no ha sido así. Nos habría gustado que nos proporcionaran más datos y métricas con las que poder ahondar y valorar con rigor la propuesta, pero salimos igual que entramos”.

El nuevo modelo del SFA reparte 20.975 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas de régimen común, de los cuales 611 millones se destinan a Canarias. Como ya manifestó el Gobierno de Canarias en su último consejo, el archipiélago se opone a este reparto al entender que se trata de una cifra insuficiente atendiendo al criterio de población en Canarias.

Por número de habitantes respecto a la totalidad de la población de España, el Gobierno de Canarias calcula que deberían destinarse a las islas algo más de 1.000 millones, que se corresponde con el 5% que representa la población de la comunidad autónoma. Con la propuesta actual, cada canario recibiría 270 euros más frente a los 450 euros de la media nacional.

Respecto a la alternativa propuesta de elegir entre el sistema vigente y el nuevo modelo, la consejera ha recordad que esa prerrogativa no es nueva y ya estaba prevista. “En el caso de Canarias, la elección es dudosa porque exigimos mejoras para Canarias en cualquiera de los casos”, ha apuntado.

Además, el Gobierno de Canarias mostraba su malestar con otros aspectos del nuevo modelo como la ponderación del componente de insularidad para el cálculo de la población ajustada que disminuye del 0,6% al 0,5%. También son objeto de discrepancias, la cesión del IVA o el reparto de los 1.000 millones del fondo climático que prioriza a las regiones mediterráneas.

Por último, y respecto a la ronda de reuniones bilaterales que la ministra anuncia tener con las comunidades autónomas, Matilde Asián se muestra pesimista porque el ministerio “ya tiene todo definido”. En cualquier caso, la consejera entiende que la discusión debe hacerse de manera multilateral con todas las comunidades autónomas implicadas y criticó que existiera este pacto previo con Esquerra y que los responsables de las cuentas autonómicos tuvieran que enterarse de los detalles del modelo por un representante de un partido político, sin cargo público ni siquiera en la comunidad catalana. “Las formas no han sido las adecuadas y en eso hemos coincidido el resto de comunidades”, concluyó.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha advertido que el diseño del nuevo sistema de financiación autonómica sigue siendo un misterio para Canarias, a la vista de la escueta información compartida por la ministra de Hacienda. Así se ha manifestado la consejera tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que asistió acompañada del viceconsejero, Gabriel Megías.

Antes de entrar, Matilde Asián mostraba su ánimo constructivo y se ofrecía para poder participar y aportar la visión de Canarias en algo tan importante como es el sistema de financiación. “Queremos tener el mismo trato que tiene cualquier otro ciudadano del resto del territorio nacional”, afirmaba la consejera.

Sin embargo, tras la reunión, Matilde Asián lamentaba que la ministra no les hubiera ofrecido información más detallada de la que ya se conocía por la prensa. “Esperamos conocer algo más de lo que ya sabíamos y no ha sido así. Nos habría gustado que nos proporcionaran más datos y métricas con las que poder ahondar y valorar con rigor la propuesta, pero salimos igual que entramos”.

El nuevo modelo del SFA reparte 20.975 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas de régimen común, de los cuales 611 millones se destinan a Canarias. Como ya manifestó el Gobierno de Canarias en su último consejo, el archipiélago se opone a este reparto al entender que se trata de una cifra insuficiente atendiendo al criterio de población en Canarias.

Por número de habitantes respecto a la totalidad de la población de España, el Gobierno de Canarias calcula que deberían destinarse a las islas algo más de 1.000 millones, que se corresponde con el 5% que representa la población de la comunidad autónoma. Con la propuesta actual, cada canario recibiría 270 euros más frente a los 450 euros de la media nacional.

Respecto a la alternativa propuesta de elegir entre el sistema vigente y el nuevo modelo, la consejera ha recordad que esa prerrogativa no es nueva y ya estaba prevista. “En el caso de Canarias, la elección es dudosa porque exigimos mejoras para Canarias en cualquiera de los casos”, ha apuntado.

Además, el Gobierno de Canarias mostraba su malestar con otros aspectos del nuevo modelo como la ponderación del componente de insularidad para el cálculo de la población ajustada que disminuye del 0,6% al 0,5%. También son objeto de discrepancias, la cesión del IVA o el reparto de los 1.000 millones del fondo climático que prioriza a las regiones mediterráneas.

Por último, y respecto a la ronda de reuniones bilaterales que la ministra anuncia tener con las comunidades autónomas, Matilde Asián se muestra pesimista porque el ministerio “ya tiene todo definido”. En cualquier caso, la consejera entiende que la discusión debe hacerse de manera multilateral con todas las comunidades autónomas implicadas y criticó que existiera este pacto previo con Esquerra y que los responsables de las cuentas autonómicos tuvieran que enterarse de los detalles del modelo por un representante de un partido político, sin cargo público ni siquiera en la comunidad catalana. “Las formas no han sido las adecuadas y en eso hemos coincidido el resto de comunidades”, concluyó.

Asián reitera el compromiso social de las cuentas públicas tras la aprobación, con el apoyo mayoritario de la Cámara, del tercer Proyecto de Ley de Presupuestos de la XI Legislatura

Del volumen total de recursos disponibles, algo más de 8.000 millones, se destinan a financiar los servicios públicos esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

 

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, se ha mostrado satisfecha con la aprobación de los presupuestos de Canarias para el año 2026. La consejera ha querido resaltar el trabajo realizado por todo el equipo de la Consejería de Hacienda que, “en un entorno muy complejo y con una falta de información creciente, ha sido capaz de dar estabilidad a Canarias y, con ello, a todos los canarios y canarias”, aseguró.

En este mismo sentido, quiso agradecer también a los grupos que apoyan al Gobierno por la confianza ofrecida y a los grupos de la oposición por el esfuerzo realizado; además de a todos los servicios del Parlamento.

Las cuentas públicas han salido adelante con el apoyo mayoritario de la Cámara, tras las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y la votación de las enmiendas y disposiciones. Como ha venido reiterando la consejera en todas sus manifestaciones, que Canarias cuente con un Proyecto de Ley de Presupuestos es siempre la mejor noticia para una administración, puesto que se fijan claramente y da transparencia a las políticas e inversiones públicas que el equipo de Gobierno ha diseñado para el siguiente ejercicio.

El Proyecto de Ley aprobado hoy, cuenta con un crédito inicial de 12.491 millones de euros. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales. La apuesta por las personas, la sostenibilidad y la mejora del estado del bienestar, así como el desarrolla económico y social de Canarias ha sido siempre el eje sobre el que se ha ido desarrollando la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año.

De hecho, de los 12.491 millones del volumen total de recursos disponibles, algo más de 8.000 millones, se destinan a financiar los servicios públicos esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda.

Esta aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, llega tras una larga tramitación que comenzó con su entrega en el Parlamento el pasado 30 de octubre y que hoy concluye.

La consejera concluyó su intervención con el deseo para 2026 de “impulsar el espíritu constructivo en un año 2026 que se perfila como un ejercicio muy importante para Canarias, ya que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica puede influir mucho en nuestras cuentas”, aseguró. No en vano, el SFA supone más del 70% de los ingresos de la comunidad autónoma.

La demanda ha superado las expectativas de la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, al quintuplicar el importe ofertado de suscripción

Se ha atendido la totalidad de peticiones mínimas recibidas, lo que favorece a profesionales liberales, pequeñas y medianas empresas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, ha completado con éxito la colocación de 100 millones de euros de deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Al cierre de la suscripción, que finalizó el pasado miércoles 19 de noviembre, se habían recibido 1.655 peticiones, por un total de 557,7 millones de euros, lo que significa una demanda de 5,5 veces superior al importe ofertado. Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, este éxito en las peticiones no viene sino a reforzar el interés de empresarios, profesionales y pymes por este tipo de operaciones de inversión, tal y como ya ocurrió en la edición del año pasado.

De acuerdo con las características de la emisión, se ha adjudicado el 100% de todas las peticiones que solicitaron la adjudicación mínima de 80.000 euros o inferiores. De hecho, el importe adjudicado en este tramo ha sido de 33,8 millones de euros, es decir, un 34% del volumen total de la emisión, lo que favorece una amplia distribución de los suscriptores, especialmente entre profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas.

El porcentaje de prorrateo, tras el reparto de la adjudicación mínima, ha sido del 1,993% lo que ha resultado en un importe máximo adjudicado de 198.000 euros.

La fecha de la emisión y desembolso de los valores será el 4 de diciembre de 2025. La modalidad de esta emisión es de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2 por ciento, por lo que su vencimiento será el 4 de diciembre de 2030.

Canarias es la comunidad menos endeudada por habitante

Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública por habitante al cierre del ejercicio 2024, con 2.923,9 euros frente a los 6.907,1 euros de media del resto de comunidades españolas.

Además, con fecha 19 de septiembre de 2025, la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación crediticia a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias de ‘A’ a ‘A+’ con perspectiva estable. Esta mejora de la calificación es el resultado de la reciente revisión al alza del rating del Reino de España, que hasta ese momento actuaba como límite para la calificación de la Comunidad Autónoma, impidiendo su aumento.

Para los expertos de la agencia de calificación, Canarias viene manteniendo su perspectiva estable desde marzo de 2022 hasta la fecha actual.

El presupuesto establece un incremento de 813 millones de euros que se destinarán, principalmente, a la cobertura de los servicios públicos fundamentales

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las prioridades del Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha expuesto las líneas generales del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026, durante el debate de primera lectura celebrado esta mañana en la cámara regional.

Matilde Asián ha recalcado que este proyecto de PGCAC es riguroso y se ajusta a las reglas de estabilidad, a pesar de las numerosas incógnitas que enfrentó su elaboración por el desconocimiento de las magnitudes más relevantes. La consejera valoró la certeza que supone, tanto para las instituciones como para todos los canarios y canarias, tener un gobierno capaz de presentar presupuestos en tiempo y forma y, por lo tanto, conocer el marco normativo en el que se va a desarrollar la comunidad autónoma en 2026. “Es una prueba de la estabilidad del Gobierno de Canarias a pesar del incumplimiento por parte del Gobierno de España de presentar y dar a conocer el objetivo de estabilidad y el resto de magnitudes, además de no presentar presupuestos por lo que tampoco conocemos lo que se va a transferir a Canarias”, aseguró la consejera.

Además, Matilde se refirió a la incertidumbre acumulada que supone la no trasposición por parte del Gobierno de España al ordenamiento jurídico español de las nuevas reglas fiscales europeas, mucho más flexibles, y que podrían aliviar la asfixia a la que están sometidas comunidades autónomas y corporaciones locales. El incumplimiento de la regla de gasto en la normativa europea no conlleva medidas coercitivas como ahora, sino que permite que el incumplimiento de un ejercicio se pueda compensar con el exceso de cumplimiento de otro ejercicio.  En la actualidad, la norma nos obliga a “destinar el superávit a amortizar una deuda ya de por sí muy reducida”, aseveró.

En este contexto, la comunidad autónoma tuvo que hacer sus propios cálculos, que han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y recurrir a datos de años anteriores. Sin embargo, y a pesar de esas incógnitas, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 cuenta con un crédito inicial de 12.491 millones de euros. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales. Para la consejera, el primer criterio en la elaboración de estos presupuestos ha sido, precisamente, la apuesta por las personas, colocando al ciudadano en el centro. “Este presupuesto busca la sostenibilidad y la mejora del estado del bienestar, así como el desarrolla económico y social de Canarias”.

Del volumen total de recursos disponibles, algo más de 8.000 millones, se destinan a financiar los servicios públicos esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda.  Esta cifra supone un incremento de 490 millones de euros respecto a la cantidad destinada en el ejercicio anterior a estas áreas, lo que hace que el carácter social impregna todas las partidas del presupuesto.

De esta manera, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4%, con 2.313 millones de euros. Es en estas dos áreas donde también se experimenta un mayor crecimiento en gastos de personal. Del incremento global del capítulo I que asciende a 364,7 millones de euros, el 90% de dicho crecimiento va destinado a reforzar el personal de las áreas de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, justicia y seguridad.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

Además, el incremento presupuestario va a permitir financiar mejoras en las ayudas al sector primario, en la dotación de los proyectos destinados al refuerzo de la capacidad empresarial; así como los de promoción y diversificación económica de Canarias, sin descuidar el refuerzo de la actividad turística, principal motor de la economía canaria, mejorar las comunicaciones y digitalización de los servicios públicos.

Continuando con las magnitudes, el presupuesto de la comunidad autónoma contempla una deuda pública de 6.680 millones de euros, y la tasa de crecimiento de referencia contemplada es la que estaba vigente en el momento de elaborarlos; es decir, 3,3. El incremento de los ingresos no financieros es de 681,7 millones de euros. Respecto a la capacidad de financiación, asciende a 66 millones y el superávit se sitúa en el 0,1% del PIB.

Ingresos

El crecimiento presupuestario es posible, en gran medida, por el sistema de financiación autonómica (SFA), que constituye el principal componente de los recursos no financieros de la comunidad autónoma. Sobre esto, la consejera quiso mostrar su preocupación por las amenazas que podemos sufrir si hay un cambio en la financiación que recibimos a través del sistema de financiación actual. Respecto al Bloque de Financiación Canario, también preocupa al Gobierno que “esa cantidad pueda ser utilizada para disminuir las transferencias horizontales, que recibimos del resto de las comunidades autónomas, y las verticales, por parte del Gobierno central”, insistió la consejera.

En 2026, los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tendrán una gran importancia ya que se trata del último ejercicio en el que se podrán ejecutar. Por eso, los presupuestos se han planteado con y sin MRR, y dar transparencia a los diferentes capítulos y políticas. Con todo, la consejera quiso dejar claro el presupuesto aumenta un 7% con MRR y un 6.9% sin fondos MRR. Por políticas, de las 26 políticas que constituyen el presupuesto, solo bajan dos: infraestructuras turísticas (1,4 millones) y recursos hidráulicos (2,2 millones). En ambos casos, son decisiones de las propias áreas.

En cuanto a las inversiones, las operaciones de capital crecen un 9,2%. “Por lo tanto, en estos presupuestos, además de la clara apuesta por el sostenimiento del Estado del bienestar, se opta también por aquellas medidas de impulso al desarrollo a través de las operaciones de capital”. En este sentido, merece especial mención el incremento del 9,5% de la consejería de Economía, Industria, Autónomo y Comercio, por el impulso que se viene dando a los autónomos de las islas.

Medidas tributarias y otras bonificaciones

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas (46.455 euros), así como el importe de adquisición de los inmuebles (hasta 200.000 euros). “La subida del nivel de renta va a permitir que repercuta en la población porque se ajusta mejor a la realidad del 90% de los contribuyentes canarios actuales”.

Para la consejera, el problema de la vivienda es estructural y, efectivamente, el Gobierno está esforzándose, con este tipo de medidas fiscales, en aliviar el esfuerzo para acceder a la vivienda. Entre otras medidas novedosas, la consejera explicó la asignación de cinco millones de euros a garantizar el aval para la adquisición de suelo.

Asimismo, entre las medidas que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC o la creación de la deducción por inversión en entidades de nueva o reciente creación.

También se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas energéticas y refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos. Se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC y se incluyen las camas hospitalarias como aparatos sanitarios que tributan a tipo 0%.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0.

Por último, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en función del diferencial fiscal con el resto de España y de países de la Unión Europea. En este mismo sector, la tributación de las bolsas de nicotina pasa de ad valorem a específico.

En su valoración final, Matilde Asián ha querido agradecer el carácter constructivo de la sesión, en aras del interés general, y animó a todos los grupos a seguir haciendo aportaciones en el resto del debate presupuestario.

“Con este presupuesto nos situamos en la centralidad de exigir impuestos que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, pero sin sobrepasar ni asfixiar a las economías personales, familiares y empresariales”, concluyó.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a la que asistió acompañada del viceconsejero, Gabriel Megías.

“No tenemos más información, más allá de la que da a conocer Cataluña de los acuerdos bilaterales a los que ha llegado con el Gobierno de España. En un escenario como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que debe primar la multilateralidad y el flujo de la información para su discusión, parece que lo que nos han ofrecido, que es nada, no casa. Solo nos han anunciado que nos presentarán un modelo en enero o febrero”, lamentó la consejera.

Canarias tiene unas características especiales y unas dificultades estructurales muy concretas, reconocidas por la Unión Europea como región ultraperiférica. “Lo deseable sería que se nos respetara esta singularidad en las próximas negociaciones pero habrá que esperar a tener más información para pronunciarnos”, ha señalado Matilde Asián.

Respecto a la senda de estabilidad presupuestaria, la consejera ha confirmado que Canarias se ha abstenido en la votación, puesto que “no nos afecta”. Y ha añadido que existe una incongruencia entre el 7,7% que suben los ingresos de las entregas a cuenta, debido a que los contribuyentes han pagado más impuestos, con la regla de gasto y con la cifra de déficit fijada en el -0,1% del PIB para el período 2026-2028, como así también lo ha puesto de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). En cualquier caso, la consejera ha recordado que esta cifra llega tarde puesto que la comunidad autónoma ya ha elaborado sus presupuestos del año 2026.

En cambio, la consejera sí ha hecho hincapié en la regla del gasto. “Estamos muy preocupados porque no se transponga a nuestro ordenamiento jurídico la flexibilidad que ya contempla el ordenamiento europeo”.  A este respecto, la ministra ha explicado que se van a aprobar dos decretos para transponer el ordenamiento jurídico europeo, más flexible desde abril de 2024, al que se acoge el Reino de España, y al que no se permitía hasta ahora acogerse a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La consejera Matilde Asián confía en que se transponga porque sería muy beneficioso para las comunidades autónomas, aunque la fecha límite para la trasposición, el próximo 31 de diciembre le parece muy cercana para introducir las novedades que se pretenden en el ordenamiento jurídico.

Durante la reunión se han dado a conocer los importes provisionales de las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio 2026, así como la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema correspondiente al año 2024. En el caso de Canarias, las entregas a cuenta ascienden a 7.045 millones de euros; mientras que la previsión de liquidación es de 1.125 millones de euros.

Sobre la actualización de las entregas a cuenta, la consejera espera una mejora en el sistema para que sea más eficaz porque, como explicó la consejera, estos últimos años se están recibiendo en septiembre en vez de enero, que sería lo preceptivo. “Nosotros queremos que las nuevas entregas a cuenta estén disponibles en enero y, por eso, nos gustaría que hubiera algún mecanismo que lo posibilite y no tener que esperar  hasta septiembre”, recalcó.

Para Canarias es importante que el futuro sistema de financiación, responda a las necesidades de los costes efectivos de la prestación de los servicios públicos y que se respete la adicionalidad de los recursos del REF. “Nuestro Régimen Económico y Fiscal viene a compensar los sobrecostes que tenemos en Canarias y eso no va cambiar. Sin embargo, en los últimos meses estamos oyendo voces en el Ministerio que apuestan por incluirlo en el Sistema de Financiación Económica y esto nos preocupa sobremanera”, aseguró la consejera.

Canarias depende sustancialmente de las transferencias del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.  Los fondos del REF son unas partidas adicionales que se otorgan al archipiélago para compensar los sobrecostes y, por lo tanto, deben respetarse.

“Sería lamentable que, si, por un lado, tenemos un régimen económico y fiscal especial que nos compensa por los sobrecostes, nos los resten de las partidas para financiar los servicios públicos esenciales en Canarias”, subrayó Matilde Asián.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, acude el próximo lunes, 17 de noviembre, a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha convocado el Ministerio de Hacienda en Madrid. La acompañará el viceconsejero, Gabriel Megías.

“Es una convocatoria que llevábamos meses esperando”, ha indicado la consejera que ha lamentado la poca antelación de la misma y la falta de información detallada al respecto más allá del orden del día”.

La convocatoria, remitida a la Consejería ayer miércoles, contempla abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Para Matilde Asián, conocer ahora este dato es irrelevante para la comunidad autónoma de Canarias puesto que “es un requerimiento que llega tarde, tenía que haberse proporcionado en julio. En este momento, la mayoría de las comunidades autónomas ya hemos elaborado nuestros presupuestos con cálculos propios para poder presentarlos en el plazo que dicta la ley”.

La revelación de estas cifras es el paso previo para que el Gobierno pueda aprobar el techo de gasto y la senda fiscal, imprescindibles para una previsible presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio solo necesita el voto favorable de una comunidad autónoma para validar su propuesta.

Sistema de Financiación Autonómica (SFA)

Otro de los puntos de día es el estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica. A este respecto Matilde Asián siempre ha manifestado la necesidad de abordar una reforma profunda de un sistema que lleva caducado desde el año 2014. “Creo que en esto estamos todas las comunidades de acuerdo, otra cuestión será el modo en que se diseñe esa reforma, pero, desde luego, el CPFF es el marco idóneo para ello”.

Para Canarias es importante que el futuro sistema de financiación, responda a las necesidades de los costes efectivos de la prestación de los servicios públicos en un territorio alejado y fraccionado como el canario. El cálculo por población ajustada y el peso de la insularidad son dos criterios que deben prevalecer a la hora de diseñar el nuevo sistema. Hay que tener en cuenta que Canarias depende sustancialmente de las transferencias del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) está constituido por la persona titular del Ministerio de Hacienda y las personas titulares de las Consejerías de Hacienda de cada comunidad autónoma. Es el órgano encargado, entre otras funciones, de coordinar la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con las del Estado.

Ambas instituciones han firmado un convenio por el que la entidad educativa confía la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados a la ATC

El objetivo es obtener mayor eficacia en la recaudación, reducir la morosidad y optimar los recursos públicos universitarios

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, acompañados de la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, han suscrito un convenio por el que el centro académico confía a la ATC la gestión ejecutiva de los créditos públicos impagados de la Universidad de La Laguna, garantizando una mayor eficacia en la recaudación, reduciendo la morosidad y optimizando los recursos públicos universitarios.

La Universidad de La Laguna tiene la potestad de dictar providencias de apremio sobre los derechos económicos, pero en la práctica, como la mayoría de las administraciones, no cuenta con los medios técnicos ni con la sistemática para ejercer este derecho de manera efectiva en lo concerniente a la gestión recaudatoria en vía ejecutiva. De tal manera, en el documento firmado se delega la prestación del servicio de gestión del cobro en estos casos a la Agencia Tributaria Canaria.

El convenio, promovido desde la gerencia de la institución docente, indica que la Universidad de La Laguna deberá resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones en periodo voluntario de las deudas que han de recaudarse, expedir los títulos ejecutivos, su providencia de apremio y resolver los recursos e incidencias relacionadas, así como resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo ejecutivo, así como acordar la declaración de créditos incobrables.

Por su parte, la Agencia Tributaria Canaria se compromete, entre otros asuntos, a resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de gestión recaudatoria, la ejecución de garantías, la adopción de medidas cautelares o proponer a la Universidad de La Laguna, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando la ATC así lo determine.

En todo caso, tanto el rector como la consejera de Hacienda sostuvieron que el centro académico ofrecerá todas las posibilidades de pago fraccionado que sean necesarias, pero que es un deber ser rigurosos con el dinero público y la ejecución de las deudas.

Se trata de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del 0,2 por ciento fijo anual

El plazo para participar en la oferta pública de suscripción comienza el 13 de noviembre y finaliza el 19 de noviembre

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, han anunciado hoy la emisión de 100 millones de euros en deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Manuel Domínguez destacó la salud financiera de la comunidad autónoma y la oportunidad que supone para empresarios y pequeños ahorradores esta segunda emisión de deuda pública para materializar la RIC. “La anterior emisión de 150 millones fue todo un éxito y estamos seguros que esta también cumplirá con las expectativas porque hay demanda de suscriptores para este tipo de operaciones”, señaló.

Por su parte, Matilde Asián se refirió a la rentabilidad financiera y fiscal que esta emisión supone para los suscriptores, especialmente profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas. “Además, por supuesto, de significar un ahorro en el coste de la financiación para la comunidad autónoma”.

La modalidad de esta emisión será de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2 por ciento. Tal y como establece la autorización, el Gobierno de Canarias destinará la emisión a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento, o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario.

El plazo de la convocatoria de la oferta pública de suscripción de valores se abre el jueves 13 de noviembre a las 8:00 horas y finaliza el miércoles 19 de noviembre a las 14:00 horas (hora canaria). Las entidades colocadoras no admitirán solicitudes de suscripción después de la hora señalada. La fecha de la emisión y desembolso será el 4 de diciembre de 2025, y previamente, se hará público el resultado de la colocación de esta emisión.

Suscriptores, importe mínimo y máximo

Cualquier persona física o jurídica podrá concurrir a esta oferta formulando la correspondiente solicitud a través de las siguientes entidades colocadoras de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias autorizadas por la Dirección general  del Tesoro y Política Financiera: Arquia Bank, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Cooperativo Español (Cajasiete), Banco Santander, Bankinter, Banco Inversis (Cajamar), Caixabank, CBNK Banco de Colectivos Kutxabank Investment, S.V. y Renta 4 Banco.

El folleto y las características de la emisión están disponibles en las entidades colocadoras y en la página web de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

El importe mínimo de las solicitudes de suscripción a formular por un mismo suscriptor será de 1.000 euros y los importes superiores deberán formularse en múltiplos enteros de esta cifra. Además, se ha establecido un importe máximo de petición de 6 millones de euros.

Con el fin de favorecer un reparto amplio del nominal de la emisión, se prevé que se pueda responder favorablemente, y en su totalidad, a todas las peticiones que se ajusten a la previsión de adjudicación mínima de 80.000 euros o inferiores. En caso contrario, se seguirá el procedimiento de prorrateo.

Antecedentes

La última emisión apta para la RIC se emitió en 2024 por un importe de 150 millones de euros. En esa ocasión, se atendió la totalidad de peticiones que se ajustaron a la previsión de adjudicación mínima de 100.000 euros o inferiores. El importe adjudicado en este tramo fue de 46,6 millones de euros, lo que representa un 31% del volumen total emitido, lo que favoreció una amplia distribución entre los suscriptores. El porcentaje de prorrateo fue del 9,623%, y el importe máximo individual adjudicado fue de 1.053.000 euros.

Canarias, la comunidad menos endeudada por habitante

Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública por habitante al cierre del ejercicio 2024, con 2.923,9 euros frente a los 6.907,1 euros de media del resto de comunidades españolas. Además, con fecha 19 de septiembre de 2025 la agencia de calificación Standard &Poor’s (S&P) ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias de ‘A’ a ‘A+’. Esta actualización es consecuencia de la también subida de la calificación crediticia de España que actúa como tope a la calificación de la comunidad autónoma canaria.

Desde marzo de 2022 hasta la actualidad, S&P ha mantenido siempre su perspectiva estable respecto a Canarias. La agencia de calificación reitera el sólido rendimiento presupuestario, la carga de deuda baja y decreciente y la posición de liquidez del archipiélago como motivos para esta subida en la calificación crediticia regional.

El mayor crecimiento se concentra en la ejecución de las obras de los Edificios de Servicios Esenciales y la reforma, construcción o rehabilitación de edificios públicos

También se dotan fondos como garantía para la compra de suelo para la construcción de vivienda de protección pública y asequible incentivada

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha explicado esta mañana, en comisión parlamentaria, los presupuestos de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. En un repaso previo por las cuentas de la Comunidad Autónoma, ha insistido en que el Gobierno ha actuado con prudencia de unas cuentas públicas centradas en las personas al apostar por la mejora del sistema de bienestar y la prestación de los servicios fundamentales como sanidad, educación, bienestar social y acceso a la vivienda.

La consejera recordó que los PGCAC para 2026 se han elaborado en un escenario de incertidumbre, marcado por el desconocimiento de las principales magnitudes necesarias para su elaboración, puesto que el Gobierno de España no las ha revelado. A pesar de este contexto, los presupuestos de la comunidad autónoma son rigurosos, mantienen el equilibrio estructural y cumplen con las reglas fiscales.

El crédito inicial de los presupuestos para 2026 es de 12.491 millones de euros. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a los presupuestos iniciales de 2025.

En el caso de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea se ha seguido la misma cautela en un presupuesto ajustado a los gastos reales, con un crédito inicial de 164,3 millones de euros para 2025, lo que supone un incremento del 9,5% con respecto a 2025.

El crecimiento se debe, principalmente, al incremento de las inversiones reales que aumentan un 10,4% hasta llegar a los 94 millones de euros que se destinarán a sufragar los gastos de mantenimiento de los edificios de servicios múltiples de la comunidad autónoma, así como a las obras de los Edificios de Servicios Esenciales.  En el primer caso, las mayores necesidades responden a la elevada edad media y la dispersión en la localización de los mismos, que complica su mantenimiento.

En cuanto a los Edificios de Servicios Esenciales, la consejera recordó que es precisamente la dispersión lo que se quiere evitar en estos edificios gemelos que albergarán todos los servicios relacionados con seguridad, emergencias y atención ciudadana.

También aumenta el capítulo de activos financieros al dotar con 5 millones la garantía para cubrir parcialmente los riesgos en operaciones de compra de suelo para la construcción de viviendas de protección pública o asequible incentivada. Se contribuye, de esta manera, a reducir la emergencia habitacional al favorecer el acceso a la vivienda, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Canarias. A esto se une la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual que se contemplan en el presupuesto con rebajas en el IGIC y en el ITP al aumentar la edad (40 años), la renta máxima para acogerse (46.445 euros) y el importe de la adquisición de los inmuebles (200.000 euros).

Respecto a los gastos de personal, el incremento experimentado en el presupuesto para 2026 respecto al mismo capítulo de gastos del presupuesto 2025, en un 3,29% deriva fundamentalmente del incremento de ocupación de puestos por funcionarios interinos, así como del número de puestos dotados.

Agencia Tributaria Canaria e Instituto Canario de Estadística

En cuanto a otros centros directivos, la Agencia Tributaria Canaria cuenta con un presupuesto para 2025 de 64.277.709 euros, un 1,49% más que en el ejercicio vigente. Esto se debe a que se han dotado los créditos suficientes para cumplir con los objetivos establecidos en la planificación estratégica de la gestión de la ATC. Esto es, mejorar la gestión de sus recursos humanos y materiales, promover el cumplimiento voluntario y mejorar la asistencia a los contribuyentes, continuar con el impulso a la transformación digital y fortalecer el compliance en la Agencia Tributaria Canaria, con el fin de fomentar la transparencia, así como la calidad y mejora continua de la actividad de la ATC.

En el caso del Instituto Canario de Estadística, su presupuesto registra un incremento del 8,2%, con un total de 6.452.041 euros. Los créditos tienen por objeto la provisión de información estadística para los fines de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia técnica y profesional y atendiendo a las singularidades del territorio. El conocimiento y difusión de estadísticas contribuye al refuerzo de la democracia a través de una mejor comprensión de la realidad canaria y sirve como instrumento para una mejor planificación, seguimiento y evaluación de las políticas y servicios públicos en base a datos oficiales.

Presidencia del Gobierno, CES y Radiotelevisión Canaria

El presupuesto de la sección 06- Presidencia del Gobierno asciende a 159,8 millones, un 18,6% más. Este incremento se sustenta, principalmente en la mejora de las comunicaciones y la digitalización de los servicios públicos. Asimismo, Presidencia juega un papel activo en temas estratégicos para Canarias como el reto demográfico, la internacionalización de la economía canaria o la estrategia de atracción de proyectos de inversión a las islas.

Respecto al Consejo Económico y Social, su presupuesto se incrementa en 500.000 euros derivados del incremento del gasto de personal. El resto de capítulos se mantiene invariable. En cuanto a Radiotelevisión Canaria, el presupuesto no incrementa, se mantiene invariable con 60,9 millones.

El presupuesto de la sección 19 (diversas consejerías) registra un incremento del 29,9%; es decir, 58 millones más. Esta subida se soporta, en gran medida, por el aumento de las transferencias de capital (30,6%), debido a las dotaciones adicionales de os programas y proyectos asociados al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), que suman 38,2 millones adicionales a las dotaciones de 2025.  También destaca el incremento de los créditos destinados a transferencias corrientes, que se incrementa un 65,2%, debido a la subida de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas, pasando de 9,5 millones de euros de 2025 a 19 millones en este próximo ejercicio.

Corporaciones locales

Las transferencias a corporaciones locales se incrementan en 73,8 millones de euros, lo que supone un 8,1 % más respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 985 millones de euros.

Respecto a los Cabildos, se incrementan las transferencias corrientes a las entidades de gobierno insulares por el traspaso de competencias en 32,7 millones hasta los 452 millones de euros, es decir, un 7,8% más.

En cuanto a los ayuntamientos, también se incrementa el Fondo Canario de Financiación Municipal en 40,4 millones de euros, desglosándose en 20,2 millones de euros, tanto en transferencias corrientes como en transferencias de capital. En su totalidad alcanzará en 2026 una cifra de 465,3 millones de euros.