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Acuerdos de gobierno

Economía concede 679.000 euros en subvenciones a las Cámaras de Comercio en el primer semestre de 2019

El departamento que dirige Pedro Ortega da cuenta de las ayudas directas de menos de 150.000 euros concedidas por razón de interés social durante los meses de enero a junio de este año

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, que dirige Pedro Ortega, ha concedido un total de 679.479 euros en subvenciones directas a las Cámaras de Comercio durante los meses de enero a junio de 2019. Así consta en el informe sobre las subvenciones directas concedidas por razones de interés social por el titular de la Consejería durante el segundo semestre de 2019 y cuyo importe no excede de los 150.000 euros del que se dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno.

En concreto, la Dirección General de Promoción Económica concedió un total de 16 subvenciones directas a las Cámaras de Comercio de Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con las que se financiaron diversos programas relacionados, principalmente, con la tutorización y apoyo a las empresas, la internacionalización y el impulso de startups, además de los gastos de la ventanilla única empresarial.

Asimismo, este departamento concedió dos subvenciones directas, por importe de 60.000 euros cada una, a las federaciones provinciales de Femete y Femepa para la financiación del Programa de promoción y apoyo a la Microempresa Canaria-YoSoyLegal, para combatir la economía sumergida y mejorar la competitividad de las pymes del sector que operan dentro de la legalidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Por su parte, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información concedió dos subvenciones directas por un importe total de 150.000 euros para la puesta en marcha de dos proyectos complementarios como son el Desarrollo del Deporta en el ámbito Digital (100.000 euros) y el proyecto Gaming Space and Esports Lab en la ULPGC (50.000 euros), ambos impulsados por la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Asimismo, la Dirección General de Comercio y Consumo otorgó 272.000 euros en ayudas directas, entre las que destaca la concesión de dos subvenciones, de 100.000 euros cada una, a las Fundaciones de la universidad de LPGC y de la ULL para el desarrollo de la III edición del Curso Universitario Superior de Gerencia de Comercio Urbano.

El mismo departamento concedió otras cuatro subvenciones, por un importe total de 72.000 euros en apoyo a la celebración de la XXXI Feria del Libro en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, la VIII Feria Institucional de Canarias de Productos de la Tierra, en La vega de San Mateo, y la Feria Internacional del Moda de Tenerife.

Hacienda cede un local a Cáritas que servirá como almacén central de su red de mercadillos solidarios

El Gobierno de Canarias colabora así con la ONG para que pueda incrementar los servicios y actividades para las personas que más lo necesitan

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha cedido un inmueble a Cáritas Diocesana de Tenerife para que esta ONG pueda impulsar uno de sus proyectos sociales, en concreto, se trata de la transformación de los roperos parroquiales en una red de mercadillos solidarios.

El local servirá como almacén central en el que se recogerá, calcificará y distribuirá la ropa, el calzado, el material escolar, juguetes, cunas y otros objetos necesarios para bebés, enseres para el hogar y muebles, entre otros. Desde este punto, se hará llegar todo este material a los mercadillos.

En este lugar también se realizarán actividades como la promoción para el empleo, el asesoramiento en la búsqueda de vivienda, actividades de reciclado, etc, todas ellas alineadas con los fines sociales de Cáritas Diocesana.

Con esta cesión, el Gobierno de Canarias colabora con Cáritas Diocesana para que cuente con los nuevos espacios que necesita para incrementar los servicios y actividades para las personas que más lo necesitan, promoviendo su integración social.

El inmueble es el conocido como Laboratorio de Carreteras de Llano del Moro, en Santa Cruz de Tenerife y cuenta con una superficie de 514,60 metros cuadrados. La cesión se realizará por cuatro años.

El Gobierno aumenta 80 millones los fondos que aporta a los cabildos para dependencia y discapacidad

Fernando Clavijo preside el Consejo de Gobierno

El Ejecutivo materializa el acuerdo suscrito con la FECAI e incrementa así el coste precio plaza, aporta fondos para sufragar el transporte de los usuarios a los centros de día y crea nuevas plazas

El Gobierno de Canarias aumentará en 80.399.665,85€ los fondos que aporta a los cabildos para financiar las áreas de Dependencia y Discapacidad en los próximos tres años. El gasto plurianual se añade mediante adenda al acordado en 2018 para financiar estos servicios hasta 2021 y que los dotaba ya con 448.344.420€. Ahora, este histórico crecimiento -la partida asciende así a 528.744.085€- permitirá incrementar notablemente el coste plaza día en atención residencial y centros de día, además de sufragar el transporte de mayores a los recursos diurnos y aumentar el número de plazas y servicios en general.

La partida aprobada se distribuirá de la siguiente manera: 21.855.196,40 euros para este 2019 (con lo que la financiación total será de 136.827.756,40); 29.270.770,53€ para 2020 (lo que hace un total de 143.758.739,53) y 29.273.698,92 para 2021 (sumando 143.761.667,92 el cómputo de financiación para ese año).

El Gobierno sigue materializando así su compromiso de legislatura por mejorar la financiación del sistema, incrementar el número de beneficiarios y aumentar los servicios públicos disponibles, tres ámbitos en los que se han registrado importantes avances en estos últimos años. Este aumento, además, es fruto de un acuerdo con la FECAI rubricado en febrero de este año.

Los fondos anuales, que se irán consolidando cada ejercicio, ya muestran sus frutos. Gracias a estas partidas, desde 2019 el Gobierno incrementa ya el precio plaza para acercarse cada vez más al coste real de las mismas, que aumenta en función del tipo de plaza – residencial o centro de día de discapacidad- de un 9,40% a un 24,55%. Para este concepto se destinan 11 millones de euros (incluyendo dos millones para salud mental). Asimismo, se incrementan las plazas residenciales de mayores en un 16,4%. Además, dentro de estas subidas se ha aplicado una subida del IPC del 1,4% para todo tipo de plazas.

También a partir de este año, y por primera vez, el Gobierno destina 9 millones de euros a sufragar parte del transporte a los centros que soportan cabildos y entidades.

Esta apuesta por mejorar la financiación también permite que desde este ejercicio se incorporen nuevas plazas y servicios. En concreto, en el sector de mayores se suman 234 plazas residenciales y 204 plazas diurnas y en el de la discapacidad 123 plazas residenciales y 268 plazas diurnas.

A ello hay que añadir la incorporación de 856 nuevas plazas de Teleasistencia, el aumento del número de horas de Promoción de la Autonomía en 21.580 horas más y la incorporación del servicio público de Ayuda a Domicilio, que estará dotado con 93.230 horas este año.

El avance en materia de Dependencia en los últimos años ha quedado reflejado en los datos oficiales aportados por el Imserso regularmente. Así, la cifra de beneficiarios ha pasado de 16.852 en 2016 a más de 22.270 en la actualidad.

Además, cabe destacar que desde 2016 hasta hoy, el Gobierno canario ha abonado más de 160 millones de euros solo en nóminas. En 2016 se aportaron 39,4 millones a este fin; en 2017, 46,2; en 2018, 51,8; y en lo que va de 2019 alrededor de 23 millones. Es decir, cada año se ha batido un nuevo récord en este sentido.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley 39/2006) tiene como fin último atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía persona y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

Para lograr este objetivo resulta necesario el compromiso de todos los poderes públicos, es por ello que la ley crea un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) de acuerdo a las competencias que han asumido en materia de asistencia social.

Llegados a 2018, y tras 12 años de vigencia de la Ley 39/2006, Comunidad Autónoma y Cabildos Insulares, apoyándose en la experiencia adquirida conjuntamente, llegaron a un acuerdo para dar un paso más en la gestión de la Dependencia mediante la suscripción de un convenio de cooperación plurianual que permitiera desplegar la cartera de servicios de la Ley 39/2006 conforme a las necesidades y particularidades de cada isla. Asimismo, acordaron la realización coordinada de una serie de actuaciones dirigidas a aumentar el número de resoluciones de reconocimiento de prestaciones del SAAD, acto administrativo que constituye la puerta de entrada a los servicios que recoge la Ley. Este acuerdo se plasmó en el convenio de cooperación suscrito el 11 de octubre de 2018, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

El incremento propuesto está destinado a financiar adendas a los convenios mencionados y que tienen como objetivos:

1. Financiar determinados gastos asociados al transporte de las personas usuarias del servicio de centro de día.

2. Incrementar el coste plaza/día de determinados servicios para aproximarlos al coste real y reflejar el incremento experimentado por el Índice de Precios de Consumo (IPC).

3. Aumentar el número de personas a las que se ha reconocido la situación de dependencia y reconocido el derecho a una prestación, con el consiguiente incremento de la financiación estatal recibida por la DGDD.

4. Ampliar la contratación de nuevo personal, financiado por la CAC, así como las tareas a realizar.

5. Flexibilizar el número de horas máximo del servicio de promoción de la autonomía personal y suprimir el Servicio de atención domiciliaria especializada.

6. Incrementar el número de plazas públicas para seguir aumentando la oferta.

Sanidad destinará 1.185.929 euros a detección precoz y sensibilización en violencia de género

El SCS desarrollará tres proyectos enmarcados en las políticas públicas de erradicación de la violencia contra las mujeres

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a disponer de un crédito extraordinario por importe de 1.185.929,24 euros para la financiación y desarrollo durante 2019 de tres proyectos relacionados con la prevención, detección precoz, formación y sensibilización en violencia de género.

El crédito se concede a propuesta de la Consejería de Hacienda en ejecución de los recursos reconocidos a la Comunidad Autónoma de Canarias derivados del Pacto de Estado para la Violencia de Género, para continuar impulsado políticas públicas de erradicación de la violencia sobre las mujeres.

Los proyectos que serán financiados con el crédito extraordinario son la segunda fase de la integración en la Historia Clínica Digital del Servicio Canario de la Salud de mejoras para la detección precoz y gestión de situaciones de violencia de género, que se dotará con 964.779,24 euros; el programa “Hazlo Con/Sentido”, de sensibilización y formación en ocio responsable con justicia de género, que recibirá 210.000 euros, y un proyecto de sensibilización sobre los efectos de la violencia de género en la salud, que recibirá 11.150 euros.

El Servicio Canario de la Salud impulsará los tres proyectos a través de la Secretaría General y la Dirección General de Programas Asistenciales, durante la presente anualidad.

Aprobado el gasto para reembolsar a Fred Olsen las bonificaciones correspondientes al primer trimestre de 2019

El importe del reembolso de las bonificaciones al transporte marítimo interinsular de pasajeros que corresponde a la compañía asciende a 4.518.828,53 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 24 de junio de 2019, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la autorización de un gasto de 4.518.828,53 euros para reembolsar a la entidad mercantil Fred Olsen la parte de las bonificaciones efectuadas por la compañía en el primer trimestre del año 2019 por el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.

El Ejecutivo autonómico realiza trimestralmente el reembolso de las cantidades descontadas en el precio de los billetes a las empresas navieras autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias.

Asimismo, el Gobierno de Canarias bonifica el precio del billete marítimo a los residentes canarios con el objetivo de ofrecer un servicio óptimo tanto en la calidad como en la frecuencia, y minimizar así los efectos de la doble insularidad. El sostenimiento de la conectividad en el Archipiélago es uno de los principales objetivos del Ejecutivo autonómico, que trabaja para favorecer la cohesión interinsular.

Educación incrementa su presupuesto inicial en casi 56 millones de euros en lo que va de año

Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno

Con la incorporación hoy de más de 4,7 millones de euros aprobada en Consejo de Gobierno, el presupuesto de la Consejería alcanza los 1.771.495.049 euros, una cifra nunca alcanzada

El presupuesto inicial de la Consejería de Educación y Universidades ha vuelto a aumentar en 4,7 millones de euros en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el día de hoy, con lo que ha pasado de los 1.716 millones iniciales a los más de 1.771 disponibles en la actualidad.

Hay que recordar que el presupuesto inicial de la Consejería de Educación y Universidades era de 1.715.801.875 euros, al que el Consejo de Gobierno ya ha ido incorporando otras partidas, como cuatro millones de euros más para la construcción del Instituto de Educación Secundaria Saulo Torón, tres millones, para Educación Infantil, o los 42 millones del PIEC para Infraestructura Educativa.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la incorporación de dos nuevas partidas al presupuesto de la Consejería de Educación, destinadas a la mejora del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y a la consolidación del programa de uso gratuito de libros de texto, por sendos importes de 1.786.900 y de 2.977.045 euros. Con la incorporación de los fondos procedentes del Programa de Cooperación Territorial y para el programa de ‘Uso gratuito de los libros de texto’, el presupuesto para 2019 de la Consejería de Educación y Universidades se consolida en 1.771.495.049 euros.

Estos casi cinco millones de euros, procedentes de las transferencias anuales del Estado, deberían haber estado incorporados directamente al presupuesto inicial de la Consejería, pero los continuos retrasos del Gobierno estatal en la ejecución de la parte del presupuesto de 2018 destinada a Canarias, sumados al retraso que ya acumuló la aprobación de las cuentas estatales en el mes de junio, ha hecho que no se hayan terminado de incorporar al presupuesto del departamento autonómico hasta hoy.

En cuanto a la inversión global en Educación, el Gobierno destina este año 3.817.468 euros para los Hoteles Escuela de Canarias, 5.056.713 para las Escuelas de Capacitación Agraria, 4.925.429 para los Institutos de FP Marítimo-Pesquera y 11 millones de euros para los gastos de mantenimiento, vigilancia y conservación de los Centros de Educación Infantil y Primaria, que se transfieren a los ayuntamientos.

Así, la inversión total disponible del Gobierno de Canarias para Educación en el ejercicio 2019 asciende a 1.796.294.659 euros, lo que supone una inversión del 3,91% del Producto Interior Bruto, previsto para Canarias al comienzo de 2019 en 45.930 millones de euros.

Consolidación de programas

La incorporación de estas partidas supone, en la práctica, la consolidación en el final de la Legislatura de las políticas que ha venido desarrollando la Consejería en los últimos años, tanto por su aplicación directa, como por la posibilidad de liberar recursos para otras iniciativas.

Así, la incorporación de los casi 3 millones de euros para el uso gratuito de los libros de texto permitirán al próximo Gobierno mantener el nivel alcanzado por el actual ejecutivo en relación a las ayudas para material educativo, que se han ampliado a todo el alumnado de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP con rentas familiares anuales inferiores a los 15.975 euros, desde una situación inicial en la que solo se dotaba presupuestariamente al alumnado de primero y segundo de primaria.

En cuanto a la partida del Programa de Cooperación Territorial, la Consejería de Educación y Universidades tenía ya prevista su incorporación al programa Tránsito, que propicia la continuidad del alumnado en el paso desde 6º de primaria a la ESO; al proyecto de incorporación de educadores y educadoras sociales a los centros educativos, para la búsqueda de nuevas estrategias de resolución de conflictos y propuestas de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo y el fracaso escolar ha supuesto; y a la formación del profesorado, tanto para itinerarios formativos, como para acreditaciones profesionales, cursos, trabajos, etc.

Al incorporar esta partida, la Consejería puede liberar fondos propios para seguir desarrollando otras de sus vías principales de trabajo de la Legislatura: el incremento de los recursos materiales y humanos disponibles para la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. En este caso, se podrán destinar otros 1.786.900 euros a la contratación de de auxiliares educativos y educativas, cuya función principal es hacer el sistema educativo más inclusivo para quienes más lo necesitan.

En esta Legislatura, el contrato servicios para la contratación de personal complementario para la atención del alumnado con Necesidades Educativas Especiales ha pasado de 224, a 366 auxiliares educativos y de enfermería; de 26 a 35, en Intérpretes de Lengua de Signos Española; y de 65 a 78 en Adjuntos de Taller, por nombrar los incrementos más significativos, y que se suman a los 14 Terapeutas Ocupacionales que se incorporan a los Centros de Educación Especial y que, junto a los maestros y maestras de música y de educación física han sido figuras de nueva incorporación durante la Legislatura a este tipo de centros.

Si tenemos en cuenta el personal de otros proyectos y programas, como los 270 docentes del Impulsa o los 52 del Tránsito; los 36 educadores y educadoras sociales; el refuerzo de los Equipos de Orientación con 11 maestras y maestros de Audición y Lenguaje y otras actuaciones, durante la Legislatura se han incorporado más de quinientas personas al sistema educativo exclusivamente a programas para la atención a la diversidad y la prevención del absentismo y el abandono escolar temprano.

Universidades

Además de las incorporaciones de crédito, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación de crédito, entre diferentes capítulos del propio departamento de Educación, para posibilitar el incremento de la financiación de las universidades públicas canarias en 3.136.250 euros.

La aportación de esta partida para infraestructura se produce en el marco del nuevo modelo de financiación universitaria, que se ha ido desarrollando durante los últimos tres cursos y que contempla la aportación de 4,2 millones de euros adicionales a las universidades públicas canarias cada año, para infraestructura y otras reposiciones, a medida que se vaya avanzando en el cumplimiento de los objetivos acordados para cada periodo. Con la modificación de crédito aprobada hoy, se completa la partida de 4,2 millones de euros para este ejercicio.

Durante las reuniones para el seguimiento de los parámetros establecidos entre las tres partes para acceder a la financiación adicional, se ha constatado el progreso de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los aspectos fundamentales que se delimitaron para contribuir a la mejora de la calidad de nuestros estudios superiores, como son la supresión o modificación de titulaciones con baja demanda, iniciar un proceso de racionalización de plantillas, e implementar medidas orientadas a la mejora del rendimiento académico.

Canarias supera en esta campaña los 1.800 efectivos para la prevención y lucha contra incendios forestales

Reunión del Consejo de Gobierno

La consejera en funciones Nieves Lady Barreto ha informado hoy al Consejo de Gobierno del dispositivo que aúna medios regionales, insulares y estatales, además de voluntariado de Protección Civil

Canarias afrontará la campaña contra incendios forestales con algo más de 1800 efectivos, de los cuales 500 son voluntarios y voluntarias de las agrupaciones y entidades de Protección Civil de las Islas forestales. Los restantes 1357 efectivos son profesionales aportados por el Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, El Hierro y La Gomera y por el Estado. Así lo ha informado hoy al Consejo de Gobierno la consejera en funciones de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Las administraciones implicadas cuentan también en esta campaña con 15 medios aéreos y 127 autobombas (nodrizas, forestales y ligeras).

Tal y como establece el Plan Especial de Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA), la situación de prealerta durará desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, si bien, el Gobierno de Canarias ya puso en marcha la campaña el 1 de junio con la activación de los EIRIF y la prolongará hasta el 15 de noviembre.

En el caso de los cabildos de islas forestales, han ido presentando y activando sus respectivas campañas estos últimos días y se prolongarán hasta mediados de octubre. Si bien, cabildos como el de Tenerife ya han anunciado que se están planteado la posibilidad de mantener la campaña activa todo el año debido a los cada vez más frecuentes incendios fuera de temporada estival.

Por parte del Gobierno de Canarias, la aportación al dispositivo de prevención y lucha contra incendios forestales es de 208 efectivos, entre los que encuentran los 84 miembros de los Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales (EIRIF) y las 113 personas que se incorporan para reforzar el personal de los parques nacionales de La Caldera (51 operarios de refuerzo) y Garajonay (62 operarios de refuerzo), además de varios técnicos de extinción. A esto se suman, como medios materiales, 6 helicópteros, 8 autobombas y el Puesto de Mando Avanzado.

Como novedad, este año se ha mejorado la dotación de los tres EIRIF con la incorporación en cada equipo de un vehículo tipo ‘pickup’ de cabina doble con depósito de agua de 450 litros, bomba de 13cv y capacidad de caudal de 248 litros por minuto.

El Gobierno de Canarias también aporta a la campaña otros medios que están activos todo el año en disposición de intervenir ante cualquier incendio forestal, como el servicio del CECOES 112; el equipo de técnicos de Protección Civil con los que cuenta la Dirección General de Seguridad y Emergencias, preparados para asumir la dirección técnica de extinción en caso de incendio; un equipo de GES Tierra, compuesto por 12 efectivos que realizan labores de apoyo logístico, coordinación aérea y gestión del Puesto de Mando Avanzado, y un servicio de coordinador aéreo, compuesto por dos técnicos especializados que se activa cuando se prevé la intervención de tres o más aeronaves en un incendio.

Los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro suman casi 1000 efectivos (973 exactamente), 100 autobombas (pesadas, medianas y ligeras) y 4 helicópteros.

Como cada campaña, el Estado participa en el dispositivo con un helicóptero Kamov con base en el Sur de Tenerife, un air tractor con base en La Gomera, la BRIF y sus dos helicópteros con base en La Palma y la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La aportación del Estado suma, en total, 176 efectivos, 19 autobombas y 5 medios aéreos.

Más de 10 millones de euros en 4 años en personal para la prevención y lucha contra incendios forestales

El Gobierno de Canarias ha destinado a lo largo de la legislatura ya finalizada 10,4 millones de euros para la contratación de personal destinado a la prevención y lucha contra incendios forestales.

En 2017, el Ejecutivo puso en marcha los Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales (EIRIF), con base en las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. Los EIRIF contaron en su primer año con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que en las dos temporadas sucesivas se incrementó a 1,7 millones debido a la ampliación de su periodo de acción, que se alargó hasta noviembre, y el incremento en número de efectivos, que pasó de 78 a 84. Estos tres años de actividad han supuesto para el Ejecutivo un coste de 4,8 millones de euros.

Esta cantidad de suma a la que cada año invierte el Gobierno en la contratación de personal de refuerzo para los Parques Nacionales, que se incorpora desde el mes de mayo hasta octubre. Este refuerzo, que en 2019 es de 51 operarios para La Caldera de Taburiente y 62 para el Garajonay, tiene un coste anual de 1,4 millones de euros.

La prevención de incendios forestales ha sido una de las prioridades de la Consejería de Política de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y para ello se han aunado los recursos del área Medio Ambiente y de Seguridad y Emergencias.

La Consejería puso en marcha en 2017 el proceso para identificar las diferentes tipología de interfaz urbano forestal y ya ha clasificado el nivel de riesgo de unos 900 núcleos poblacionales. Este paso previo es necesario para poder abordar la revisión y actualización de la normativa que regula la prevención de incendios forestales.

El Gobierno ha implementado importantes mejoras técnicas que han supuesto un notable avance en la coordinación de los medios intervinientes en emergencias. Así, en el incendio forestal que afectó a Granadilla en 2018 se puso en funcionamiento, por primera vez, el Sistema de Mando y Control (SMC), un software desarrollado por la empresa pública Grafcan para la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias que permite conocer en cada momento, a tiempo real, la situación y el estado de los recursos y medios que operan en una emergencia.

También en 2018, se puso en marcha la Red Rescan del Gobierno de Canarias, que es una red de comunicación basada en tecnología Tetra, que proporciona cobertura de radiocomunicación digital para todo el Archipiélago y es, desde el año pasado, la red troncal para la dirección y coordinación de emergencias.

Por otro lado, para mejorar la capacidad de respuesta de las Islas forestales ante un incendio, el Gobierno de Canarias amplió a todo el año el periodo de permanencia del helicóptero del GES en La Gomera, que antes solo tenía presencia estacional. Asimismo, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el Ejecutivo asumió el coste de la ampliación de la base de la BRIF en La Palma para ajustar las características de las dependencias de los pilotos y copilotos de los helicópteros a los requerimientos de la nueva normativa, lo que supuso una inversión de 300.000 €.

La formación también ha sido una pieza clave para mejorar la respuesta de todas las administraciones frente a los incendios forestales. En este sentido, es fundamental la labor desarrollada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias que ha abierto su programa formativo a todos los profesionales intervinientes en este tipo de emergencias y a las agrupaciones y entidades de Protección Civil.

Especialmente relevantes son los cursos que se imparten a lo largo del año en todas las islas forestales sobre seguridad y extinción de incendios forestales dirigidos a voluntarios de Protección Civil y agentes forestales de los cabildos insulares. Así como el curso de dirección de extinción de incendios para mejorar la cualificación de los técnicos de los cabildos insulares.

La Agencia Tributaria Canaria aumenta en un 21,7% la recaudación por procedimientos contra el fraude fiscal

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

La entidad realizó el año pasado un total de 65.801 intervenciones que permitieron ingresar un total de 89.552.524 euros

La Agencia Tributaria Canaria (ATC) aumentó en un 21,7% la recaudación por procedimientos de control e inspección durante el año pasado, alcanzando los 89,5 millones de euros, un 21,7% más que la partida ingresada en 2017 en este capítulo. Este incremento se produce gracias a actuaciones que están encaminadas en su mayor parte a la lucha contra el fraude fiscal, una conducta insolidaria que repercute negativamente en la financiación de los servicios públicos al mismo tiempo que distorsiona la actividad económica y genera competencia desleal.

Durante el año pasado, la entidad llevó a cabo un total de 65.801 procedimientos. De ellos, casi la mitad, 31.069, estuvieron vinculados al IGIC y supusieron un ingreso de 9,89 millones de euros. Este dato supera al de 2017, en el que las 27.837 acciones realizadas representaron una recaudación de 8,94 millones de euros.

Por otro lado, las inspecciones fueron las acciones que se colocaron a la cabeza en lo que a volumen de recaudación se refiere. De esta forma, aunque fueron las menos representativas en cuanto a número, con 519, permitieron ingresar más de 36 millones de euros. En este ámbito, la Agencia Tributaria Canaria hizo un importante esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, que se tradujo en un aumento del 18,5% de las intervenciones de inspección, lo que tradujo en un alza del 58,7% de la recaudación de dicha partida.

Las acciones de control fiscal en las importaciones alcanzaron las 14.647, por un importe de 4,82 millones de euros. Esto supuso un aumento del 16,4% en lo que al número de intervenciones se refiere, teniendo en cuenta que en 2017 se contabilizaron 12.585, mientras que la recaudación se mantuvo en cifras similares, con 4,96 millones de euros

En 2018 se incrementaron también las medidas respecto a los tributos cedidos, entre los que se encuentran el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En total se contabilizaron 7.869 procedimientos, frente a los 7.464 de 2017. Respecto al importe recaudado, se alcanzaron los 22,48 millones de euros frente a los 26,38 millones de 2017.

En esta línea, la Agencia Tributaria Canaria viene trabajando de forma continuada a través de diferentes actuaciones con la que incide en el asesoramiento de los contribuyentes sobre sus deberes fiscales de cara a evitar que se produzcan conductas fraudulentas.

Para ello, ha introducido, además, la mejora de servicios vía telemática para facilitar que los contribuyentes puedan cumplir con sus deberes.

2015-2018: Los trámites online se cuadruplican

El número de trámites tributarios que los contribuyentes de Canarias realizaron a través de internet se multiplicó por cuatro en 2018 en comparación con los llevados a cabo en el año 2015, al pasar de 188.592 a 681.348 declaraciones presentadas en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

La cifra refleja la mayor penetración y aplicación de las nuevas tecnologías en las gestiones administrativas que se realizan en la Islas y un “cambio radical en la forma que tienen los ciudadanos y las empresas de relacionarse con la Administración”, explicó la portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los modelos que han experimentado un mayor incremento son los relacionados con las gestiones del IGIC, como la autoliquidación trimestral que presentan autónomos y empresas, que se ha multiplicado por cuatro, o la declaración del resumen anual, cuyas presentaciones online son seis veces más en 2018.

Destaca también, la liquidación vía internet del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compraventa de vehículos usados, que es ocho veces superior al año 2015.

Sanidad renovará los equipos de monitorización de las Unidades de Medicina Intensiva del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó destinar casi 3,7 millones de euros al suministro y mantenimiento de estos sistemas de monitorización de pacientes, a instalar en cinco UMI hospitalarias

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de este lunes, 17 de junio, a la Consejería de Sanidad a contratar el suministro, instalación y mantenimiento de equipos de monitorización de pacientes con destino a Unidades de Medicina Intensiva (UMI) hospitalarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), por importe de 3.697.775,04 euros.

La contratación de estos equipos se realizará mediante arrendamiento con opción a compra, para lo que se convocará un procedimiento abierto de adjudicación, con tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

Los sistemas de monitorización serán instalados en las UMI del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno-Infantil, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Hospital Universitario de Canarias y Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote.

El SCS viene desarrollando en los últimos años, a través del Área de Sistemas Electromédicos y de la Información de la Secretaría General, un proyecto de adquisición e implantación de un Sistema de Gestión de Datos de Pacientes en estas Unidades hospitalarias, basado en la solución Critical Care Manager (CCM), que requiere de equipos médicos y monitores de cabecera de pacientes renovados.

En este proceso la tecnología es clave, así como la actualización y sustitución de los equipos más antiguos, en línea con la apuesta del SCS de innovación tecnológica de los últimos años.

El contrato para el suministro instalación y mantenimiento de estos sistemas se realizará durante un período máximo de 51 meses, comprendidos entre las anualidades de 2019 y 2023.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula la etiqueta ecológica europea

El ejecutivo regional atiende con este proyecto al interés manifestado por empresas y particulares por obtener esta certificación para productos canarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, elevar al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto por el que se regula la etiqueta ecológica de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma.

A través de esta disposición se establecen las normas para la aplicación del sistema voluntario de etiqueta ecológica europea en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, y en el Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación de reglamento comunitario.

La etiqueta ecológica europea, también conocida como ecoetiqueta, es un instrumento de la política comunitaria de promoción y protección del medio ambiente, de carácter voluntario. Su objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos naturales.

Creada en el año 1992, este distintivo permite a los consumidores identificar con facilidad los productos y servicios que son respetuosos con el medio ambiente, sobre la base de una información veraz, científica y no engañosa. Para las entidades operadoras, tanto productoras y fabricantes como importadoras, proveedoras de servicios, mayoristas y minoristas, también ofrece ventajas porque les permite acreditar el menor impacto ambiental de sus productos y servicios en el mercado a través de mecanismos verificados por organismos independientes y avalados por la Administración Pública.

Atendiendo al interés creciente manifestado por empresas y particulares por obtener esta certificación para productos canarios, el Gobierno estima necesario contar con una regulación propia para concesión de la etiqueta ecológica que permita a la Comunidad Autónoma ejercer las competencias que ostenta en materia de medio ambiente, con las suficientes garantías de seguridad jurídica.

La normativa elaborada por la Viceconsejería de Medio Ambiente tiene en cuenta los principios de necesidad, eficacia, transparencia, proporcionalidad y seguridad jurídica en tanto que permite implantar la distinción ecológica para productos canarios conforme los criterios generales fijados por la regulación comunitaria y estatal. La normativa concreta cuestiones relevantes como el procedimiento para la concesión de la ecoetiqueta y su aplicación con disposiciones claras y precisas.

El proyecto de decreto articula sus contenidos en torno a cuatro capítulos, el primero de los cuales establece los preceptos relativos al objeto, ámbito de aplicación, funciones del organismo competente y creación del registro administrativo de productos canarios con ecoetiqueta.

Un segundo capítulo recoge las previsiones correspondientes a las tasas que generan y al procedimiento de concesión de la etiqueta ecológica de la UE, mientras que en el capítulo tercero se regulan las actuaciones posteriores a su concesión, como condiciones de uso, confidencialidad de la información, visitas de comprobación y, en su caso, suspensión y revocación.

Finalmente, el capítulo cuarto regula la adaptación de los productos etiquetados a las modificaciones de los criterios establecidos para el otorgamiento del distintivo. La norma contiene además una disposición adicional que remite a la normativa estatal y europea sobre el régimen sancionador en esta materia.