En total, a lo largo de este año se invertirán más de 10 millones de euros, que se gestionarán a través de convocatorias públicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural

El Gobierno de Canarias ha autorizado una primera partida de 4.685.123,00 euros destinada a incentivar la cadena de valor del sector cultural a través de convocatorias públicas.

El Ejecutivo entiende que el apoyo a la creación y al desarrollo de acciones y proyectos culturales contribuye a reforzar, estabilizar y diversificar la programación en las Islas, además de dinamizar otros sectores económicos afines y mantener el capital humano, generando empleo directo e indirecto para la cultura.

De ahí que el área de Cultura del Gobierno de Canarias haya publicado las primeras convocatorias de ayudas a este sector, de un total de 20 que tiene programadas para 2021 a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y supera las 16 ejecutadas en 2020.

La inversión total rondará algo más de 10 millones de euros, destinados a atender a toda la cadena de valor del sector. Los primeros procesos, ya convocados, están dirigidos a promover actividades culturales de pequeño y mediano formato, eventos audiovisuales, proyectos relacionados con el Patrimonio Cultural, festivales y proyectos de gran formato, de música y artes escénicas.

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural aumenta este año más de un 40% los recursos que se destinan a las distintas convocatorias al sector de las islas, no solo apostando por la creación, el incentivo y el desarrollo de actividades, sino incorporando ahora también  el Patrimonio Cultural como una de las líneas de trabajo del ICDC, con convocatorias destinadas a la recuperación de nuestra memoria e identidad cultural, y a la salvaguarda, conservación y divulgación del patrimonio cultural canario.

En las 20 convocatorias previstas inicialmente en 2021, se incluyen también procedimientos dirigidos a impulsar el desarrollo de nuevos largometrajes, series de televisión y cortometrajes; de investigación y creación artística, respaldo económico a programaciones estables en los espacios públicos y contribución a proyectos impulsados desde los ayuntamientos y sus entidades públicas.

A ello se unen actividades para el fomento de la lectura y de las letras canarias, nuevas selecciones para nutrir la Audioteca de Canarias, apoyo a la edición de libros en formato ebook para eBiblio, y apoyo a la creación literaria y a las librerías. También se da respaldo a la grabación y edición de nuevos discos y a la creación de nuevas producciones escénicas, además de a las revistas culturales que se editan en Canarias.

Todas las convocatorias programadas para este año seguirán los criterios de la nueva filosofía de gestión aplicada al Instituto Canario de Desarrollo Cultural por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, es decir, el diseño de ayudas específicas, adaptadas a cada una de las disciplinas artísticas que integran este sector, en consonancia con el nuevo organigrama del ICDC.

El nuevo reajuste económico permitirá incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas en ambas islas

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy jueves, 1 de julio, la suscripción de las adendas primeras de los convenios de cooperación con los cabildos insulares Tenerife y Gran Canaria, para la consolidación y mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en las dos islas capitalinas entre 2019-2022.

Con esta autorización, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) aumentará el presupuesto que destina para este año y 2022 y de este modo, se podrán incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas de violencia de género en Gran Canaria y Tenerife.

Según contemplan las adendas a los convenios, la aportación del ICI para las islas de Gran canaria y Tenerife se incrementará en 121.378,87 euros en este año y otro tanto en 2022. la financiación para cada una de estas islas será por tanto de 2.674.509,22 euros cada año.

Aun así, en el ejercicio 2022 se podrá reajustar la anualidad en función de las disponibilidades presupuestarias y con el objetivo de adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.

También se modifica la cláusula relativa a la forma de abono de la anualidad 2021 de tal forma que el Instituto Canario de Igualdad transferirá a cada Cabildo, tras la firma de la adenda y en el plazo de un mes, un anticipo del 100%.

El pasado 17 de junio el Consejo de Gobierno autorizo al ICI el incremento en 600.000 euros para las anualidades 2021 y 2022 con el total de los cabildos.

Tal y como establecen los convenios firmados con cada cabildo en 2019, con la nueva adenda, el ICI realizará una inversión en 2021 de 6.610.317 euros en 2021 y la misma cantidad en 2022 para financiar la atención que cada cabildo realiza en materia de violencia de género.

Estos convenios permiten a las islas, además de la gestión (directa o indirecta) de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, (Dispositivos de emergencia, casas de acogida inmediata, casas de acogida,  pisos tutelados y centros de información) realizar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, actuaciones encaminadas a la formación y actualización del personal integrante de la Red y la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito de sus competencias.

Se trata de dos partidas financieras destinadas a financiar un proyecto piloto de servicio insularizado

El Consejo del Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno a la propuesta de acuerdo para dotar económicamente el proyecto piloto de servicio insularizado de atención a personas mayores y dependientes de la Isla de Lanzarote y al proyecto de urbanización de la residencia y centro de día de Tazacorte en la Isla de La Palma, por un montante global que asciende a 1.030.000 euros.

En concreto, el Gobierno aprobó dar cobertura a las actuaciones necesarias para desarrollar un proyecto piloto, dirigido a la prestación de servicios de atención a personas mayores y dependientes, de carácter insularizado, en Lanzarote, a cuya ejecución se destina una partida que asciende a 500.000 euros.

Asimismo, se acordó traspasar el crédito destinado a dar cobertura al proyecto de inversión para la urbanización y ampliación del centro de día y residencia de mayores de Tazacorte, en La Palma, consignado en el presupuesto de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, al Programa “Atención a Personas en Situación de Dependencia” de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, al ser este el Centro Directivo que tiene las competencias atribuidas en materia de dependencia. La cuantía de este crédito es de 530.000 euros.

El Ejecutivo utiliza 30 millones de los fondos europeos de recuperación para mejorar los ingresos de los canarios afectados por la COVID que no alcanzan el salario mínimo

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, lunes 28 de junio, tras una reunión extraordinaria en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, el complemento a los trabajadores canarios que hayan estado o permanezcan en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia de la COVID-19 desde marzo de 2020 y que además no hayan percibido cantidades mensuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 950 euros brutos al mes. Para este suplemento, que se aportará en un pago único y que beneficiará a 51.000 familias, el Ejecutivo regional recurrirá a 30 millones de euros provenientes de los fondos REACT-UE.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, presentaron esta tarde el acuerdo y destacaron la apuesta social que representa una medida de ese tipo para los trabajadores por cuenta ajena con menos ingresos y sus familias. De esos más de 51.000 beneficiarios, unos 13.000 percibirán la cuantía mayor (1.100 euros) por cobrar un máximo de 395,5 euros al mes.

La propuesta, elevada al Gobierno por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y que ha sido consensuada con las organizaciones sindicales más representativas, contempla que estas subvenciones sean tramitadas de oficio, con lo que no será necesaria la presentación de solicitud ni documentación por parte de las personas beneficiarias. El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo encargado de la gestión, obtendrá los datos necesarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, una vez recabada la información sobre las personas que cumplen los requisitos, resolverá la concesión de la ayuda.

La cuantía de las subvenciones se abonará en un único pago, que será mayor cuanto menor sea la prestación contributiva. De este modo, se han fijado tres tramos: ayuda de 1.100 euros (unas 13.000 personas) para prestaciones por debajo de los 395,5 euros mensuales; de 550 para aquellas entre los 395,5 y los 560 euros al mes (unas 20.000 personas), y de 300 euros para las prestaciones superiores a 560 euros mensuales (unos 18.600 beneficiarios). Las de menor cuantía serán las primeras que se vayan abonando.

El objetivo de esta medida pasa por reducir el impacto económico en los trabajadores y trabajadoras con prestaciones por desempleo más bajas debido a ERTE y que han visto sus contratos suspendidos temporalmente a causa de la COVID-19, con lo que se contribuye al mantenimiento y protección del empleo, así como los derechos de las personas trabajadoras.

La consejera también destacó el hecho de que, de los 84 millones de euros en ayudas de la Comunidad para autónomos y pymes en las dos líneas abiertas, ya se han entregado a través de las Cámaras de Comercio de las Islas un total de 75 millones a unas 11.000 empresas, en algo más de tres meses.

Asimismo, la consejera subrayó la cifra de 3.708 empresas o autónomos que han solicitado ya acogerse a las ayudas por valor total de 1.144 millones aportados por España a Canarias a través de los fondos europeos de recuperación.

El decreto ley de la tele

El Consejo de Gobierno de hoy también aprobó el Decreto Ley de medidas extraordinarias sobre la Radio Televisión Autonómica (RTVC) y sus programas informativos hasta la aprobación del mandato marco por el Parlamento de Canarias. El decreto ley surge tras una propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Este decreto ley prolonga las medidas adoptadas en 2018 y 2020 para resolver la situación del ente RTVC a la espera de que la Cámara decida el sistema de gestión y los órganos definitivos de dirección. Se trata de una norma de aplicación hasta la decisión futura que adopte el Parlamento. El citado decreto vuelve a permitir que el administrador haga uso de los medios técnicos que se han utilizado hasta ahora y además lo obliga a convocar un nuevo concurso para ese suministro con carácter abierto.

Sobre el personal del ente, se permite que el administrador único pueda negociar un convenio colectivo.

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Las restricciones antiCOVID en ese nivel se han adaptado a la situación pandémica actual y al avance de la campaña de vacunación

Las residencias de mayores y centros para personas discapacitadas no se verán afectadas por el cierre en las islas en fase 3, igual que el precinto del mobiliario infantil al aire libre

El Acuerdo de Gobierno elimina la limitación de horarios en actividades en las islas en nivel de alerta 1 y la mantiene en las de fases 2, 3 y 4

El Consejo de Gobierno, celebrado en la tarde de hoy en Santa Cruz de Tenerife, miércoles 23 de junio, ha acordado el paso de la isla de Tenerife a nivel 3 a partir de las 00.00 de este sábado, 26 de junio, debido a sus datos pandémicos, que han crecido de manera exponencial en los últimos seis días.

En este sentido, hay que recordar que la isla de Tenerife tiene una Incidencia Acumulada (IA) de 98,64 casos por 100.000 habitantes a 7 días y de 170,58 a 14, cifras que casi duplican las de Canarias, con una IA a 7 días de 53,72 y de 99,08 a 14, según datos de hoy. La IA en mayores de 65 años también es un indicador preocupante en Tenerife al situarse en 36,49, muy por encima de los 19,08 de media regional. Sin embargo, la ocupación COVID en los hospitales tinerfeños, de momento, es estable y en riesgo bajo.

Ante esta realidad, el Consejo de Gobierno ha analizado el informe presentado por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y elaborado por la Dirección General de Salud Pública aconsejando establecer ese nivel de restricciones en la isla: el paso en Tenerife de nivel 2 al 3 a partir de las 00.00 de este sábado.

Hay que señalar que las restricciones en el nivel 3 se verán modificadas en algunos puntos al adaptarse a la realidad pandémica y de vacunación actual. Esto se hará a través de la modificación del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial de Canarias.

Los principales cambios en el Acuerdo de Gobierno tienen relación con las residencias de mayores, los parques infantiles y los horarios de actividades públicas. El resto de medidas, de forma general, continúan según lo fijado para el nivel 3 de alerta (tabla resumen de medidas antiCOVID según niveles de alerta:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/principal/coronavirus/docs/TABLA_MEDIDAS.pdf

Residencias de mayores y centros para personas discapacitadas

En este sentido, cabe destacar que las restricciones que habitualmente afectaban a las residencias de mayores y a los centros de personas discapacitadas en cuanto a su cierre y control de visitas solo afectarán a personas que no hayan completado su pauta vacunal o a las islas que, si se diera el caso, entraran en fase 4.

Medidas dirigidas a las administraciones públicas

En el nuevo Acuerdo de Gobierno, se recoge que las administraciones públicas deberán intensificar, de forma exhaustiva, las campañas de comunicación que refuercen el mensaje sobre la trascendencia y vigencia de las medidas no farmacológicas en todos los sectores y áreas de actuación en los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en las distintas administraciones locales del Archipiélago canario.

Además, el acuerdo obliga a reforzar las actividades de vigilancia y los controles para el cumplimiento de las medidas, incluidas las informativas, por los distintos agentes de la autoridad y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Limitación de horarios

El Acuerdo también elimina la limitación de horarios en actividades en las islas en nivel de alerta 1. En el nivel de alerta 2, se mantienen los horarios de cierre total entre las 00.00 horas y las 6.00; en el nivel de alerta 3, cierre total entre las 23.00 y las 6.00, y en el 4, entre las 18.00 y las 6.00.

Hay que recordar que en el nivel 3, la hostelería y la restauración deben mantenerse cerradas en los espacios interiores y en los exteriores solo puede haber un aforo máximo del 50%, con cuatro personas por mesa.

Aire libre y ventilación

De manera general y para todas las actividades, se dará prioridad al desarrollo de actividades en los espacios al aire libre frente a los espacios interiores. Además, debe garantizarse una adecuada ventilación de los espacios interiores durante el desarrollo de las actividades y entre usos consecutivos.

En caso de ventilación natural, se facilitará la ventilación cruzada de los espacios mediante la apertura de puertas o ventanas, si fuera posible. En el caso de la utilización de ventilación mecánica, deberá incrementarse la tasa de ventilación (aire exterior/aire recirculado), asegurarse el suministro de aire exterior y no podrá emplearse la función de recirculación de aire interior exclusivamente.

Los locales de juegos y apuestas permanecerán cerrados en los niveles 3 y 4.

 Mobiliario urbano infantil y de uso deportivo

Los ayuntamientos podrán permitir el uso de mobiliario infantil, máquinas para práctica de deporte en vía pública, pistas de skate y otros espacios de uso público al aire libre similares, siempre que se respeten las medidas generales de prevención previstas en este Acuerdo y extremando las medidas de limpieza y desinfección. Este tipo de mobiliario solo se precintará en los niveles de alerta 4, y no en el 3, como estaba establecido actualmente.

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Se amplía de 6 a 12 años la edad de los menores que quedan exentos de la presentación de los certificados de vacunación, diagnóstico y recuperación para acceder a los alojamientos turísticos de las Islas

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles, 23 de junio, modificar las condiciones de acceso a los alojamientos turísticos de Canarias por los visitantes que no residan en la Comunidad Autónoma, lo que permitirá que los turistas menores de 12 años no tengan que presentar certificaciones sanitarias para acceder a esos establecimientos; límite de edad establecido hasta ahora en los 6 años.

La modificación se limita a los apartados 1 y 3 del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, con la finalidad de adaptar los requisitos exigidos en la Comunidad Autónoma a lo establecido en la normativa estatal, en coherencia con esta normativa y en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

Respecto al apartado 1, se establecen como condiciones para acceder a los alojamientos turísticos de Canarias a los usuarios turísticos mayores de 12 años que no provengan del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias acreditar el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:

• La realización, en el plazo máximo de las 72 horas previas a su llegada, de una prueba diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2.
• Haber recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 de una vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de los ocho meses previos al desplazamiento.
• Haber recibido una dosis de una vacuna contra la COVID-19 autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses previos al desplazamiento.
• Haber pasado la enfermedad con menos de seis meses de antelación a la fecha del desplazamiento, que se acreditará por medio de un expedido por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado positivo, cuya validez finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra.

Respecto al apartado 3 del artículo único del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, se establecen como excepciones a las condiciones de acceso las que se citan en el apartado primero, que son las siguientes:

a) Las personas que acrediten la condición de residente en Canarias y declaren bajo su responsabilidad que no ha abandonado su territorio en los 15 días previos a su llegada al establecimiento, y que además en dicho periodo no hayan tenido síntomas compatibles con la COVID-19.

b) Las personas no residentes en Canarias que acrediten mediante su documento de viaje haber permanecido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias los 15 días previos a la fecha de acceso al establecimiento turístico de alojamiento, y que además declaren bajo su responsabilidad que en dicho periodo no ha tenido síntomas compatibles con la COVID-19.

c) Las personas, con independencia de su lugar de residencia, que acrediten haber estado fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, habiendo permanecido en su territorio durante los 15 días anteriores al citado periodo de ausencia inferior a 72 horas, y que además declaren bajo su responsabilidad que en dicho periodo no ha tenido síntomas compatibles con la COVID-19.

El decreto no incluye el 1 de mayo al coincidir la Fiesta del Trabajo con domingo

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles el decreto para determinar el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma en 2022, dentro del límite anual de 14 jornadas, y abrir así el plazo con el fin de establecer los festivos locales. 

En concreto, el expediente establece, en aplicación de la legislación estatal, como días inhábiles a efectos laborales, de carácter retribuido y no recuperable, todos los domingos del año y las jornadas festivas del 1 de enero por Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 14 de abril, Jueves Santo; 15 de abril, Viernes Santo; 30 de mayo, Día de Canarias; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y 26 de diciembre, descanso laboral correspondiente a la festividad de la Natividad del Señor, al coincidir en domingo la Navidad.

Además, fija también las fiestas laborales por islas: 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria, en Tenerife; 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves, en La Palma; 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino, en Gran Canaria; 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes, en Lanzarote y La Graciosa; 16 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña, en Fuerteventura; 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, y 3 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.

Por último, el texto normativo concede a los ayuntamientos canarios un mes de plazo, a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para formular a la Dirección General de Trabajo sus propuestas plenarias con el objetivo de fijar hasta dos días también inhábiles, retribuidos y recuperables, con carácter de fiestas locales que por tradición correspondan a cada municipio.

El decreto autonómico con el calendario de fiestas laborales para 2021 no incluye el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, al coincidir con un domingo la jornada conmemorativa.

El proyecto, elevado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se somete ahora al dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo de Gobierno acordó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de Ley de Economía Social de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su debate político y aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, el expediente tramitado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva sobre el fomento y ordenación de la economía social por mandato correspondiente del Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2015, en el marco específico, además, de la recuperación del tejido productivo de Canarias a través del Plan Reactiva.

Tras la aprobación del anteproyecto el pasado agosto, la primera norma sobre economía social del Archipiélago incorpora ahora más de medio centenar de las observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la administración autonómica, recabadas durante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos. En Canarias existen actualmente 670 empresas de economía social, entre las que hay 13 empresas de inserción laboral, 204 sociedades laborales, 222 cooperativas y 231 centros especiales de empleo. En total, todas ellas generan casi 6.000 puestos de trabajo.

Impulso de un nuevo modelo

Además de dotar al sector de una regulación propia, en sintonía con la realidad autonómica, y de fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica, la futura Ley de Economía Social de Canarias se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado y pretende tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para dinamizar el autoempleo y el emprendimiento en las Islas, con las personas como protagonistas. Estructurado en cinco capítulos, el proyecto de Ley de Economía Social de Canarias está compuesto por veinte artículos, además de una disposición adicional, otra derogatoria y dos finales.

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles, 23 de junio, la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de Vallehermoso para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público del Ayuntamiento.

Mediante la firma de este convenio, la ATC asume la facultad de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria de dicho ayuntamiento, a cambio del pago mensual de una cantidad determinada.

En concreto, la Corporación local deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por cada deuda cargada, más una cantidad adicional que se determinará en función de la fecha de cancelación o data de la misma sobre la base de unos baremos establecidos. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán un 7 por ciento ya sean por aplazamientos o fraccionamientos de pago, o por actuaciones de embargo.

El acuerdo, como otros de similar naturaleza, se sustenta jurídicamente en el Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria Canaria, en virtud del cual ésta puede celebrar convenios de colaboración y cooperación con las administraciones locales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Destino de 31,5 millones de euros en el presente curso a las labores de limpieza en esas instalaciones como medida frente a la COVID, lo que supone 8,4 millones más que en el anterior

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, miércoles 23 de junio, de la adjudicación del contrato de la auditoría de las empresas de limpieza que prestan sus servicios a los centros educativos del Archipiélago, dirigida a comprobar el cumplimento de la normativa y de los protocolos en materia de prevención de la COVID-19.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha destinado 31,5 millones de euros en el presente curso a las labores de limpieza en esas instalaciones como medida frente al COVID, lo que supone un incremento en 8,4 millones respecto al curso 2019-20

Asimismo, la Consejería ha solicitado al Ejecutivo regional que se incluya esta documentación dentro de la relación de expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias, según establece la Ley de Presupuestos General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.

La adjudicación directa de los trabajos de auditoria a la empresa Instituto S&R para la Gestión, Formación y Consultoría de Servicios por un montante total de 23.968 euros responde a la inmediatez en su ejecución, acordada en un plazo de 60 días, al tenerse en cuenta que el curso académico 2020-2021 finaliza esta semana.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha aprobado con antelación el gasto y la contratación mediante procedimiento de emergencia, debido a que, al reanudarse la actividad educativa presencial, se hizo prioritario reforzar el servicio de limpieza. A su vez, ello obliga a auditar a las empresas proveedoras en relación con el cumplimiento de los requisitos de aplicación impuestos por la normativa vigente respecto al riesgo de exposición frente al virus.

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 obligó a adoptar medidas para proteger la salud de la ciudadanía y contener el avance de la enfermedad, por lo que la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias adoptó una serie de medidas de seguridad en los centros de trabajo dependientes de la Administración.

En el mismo sentido, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área de Educación elaboró una Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición en los centros educativos públicos no universitarios para el curso 2020-21, que se ha mantenido en continua revisión en función de la evolución y la nueva información sobre la pandemia. Su última actualización data del 25 de marzo de 2021.

En cuanto al servicio de limpieza, el mencionado servicio elaboró un documento denominado Medidas de prevención e higiene ante el riesgo de infección, dirigido específicamente al mantenimiento de la higiene en los centros educativos públicos no universitarios, acciones que han generado la necesidad de las mencionadas auditorías.