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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba el decreto ley en materia de vivienda protegida para La Palma

Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto ley en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.

Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.

A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas.

En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.

En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.

Interés general

El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.

Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.

Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

Aprobado el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación económica y social de La Palma

El objetivo del texto es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores retomen la actividad, así como su protección económica hasta que vuelvan a disponer de sus fincas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 11 de marzo, el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, a propuesta de las Consejerías de Presidencia, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El objetivo de dicho documento es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores afectados, que se cifra en unos seiscientos, retomen la actividad, así como posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus fincas, dando continuidad a las ayudas del POSEI (propuesta por el Gobierno de Canarias y aceptada por Bruselas hasta diciembre de 2025) y por pérdida de renta.

El documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios. Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará aquellas medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán.

El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.

Durante su intervención en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades expuestas por los agricultores afectados “y pretende no dejar a nadie atrás”. “Constituye una estrategia que puede iniciarse ya, desde fuera hacia dentro, a medida que se recuperan caminos y conexiones de aguas, y que permite acortar plazos en la recuperación; todo ello con solidez jurídica “, agregó el titular del área.

El mencionado documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).

Dicha norma delimita distintas zonas, una en la que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otra en la que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, y una tercera en la que debido al riesgo de colapso se deberá contar con un informe científico que avale la seguridad de dichos espacios. Existe otra zona, de pequeñas dimensiones, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno.

La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.

El decreto ley aprobado hoy determina que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en que las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno. Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos espacios podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.

Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias invierte más de tres millones de euros en vacunas contra el herpes zóster

Con este presupuesto se adquirirá un total de 23.500 dosis de esta vacuna

El herpes zóster es una enfermedad por una reactivación del virus latente varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos y a la piel

El Gobierno de Canarias, en su sesión ordinaria celebrada hoy lunes, día 11 de marzo, autorizó a la Consejería de Sanidad la realización del gasto relativo al suministro de la vacuna HZ/SU (Shingrix) frente a herpes zóster, por importe de 3.055.000 de euros, que servirá para adquirir un total de 23.500 dosis de esta vacuna.

El procedimiento de licitación de estas vacunas se realizará mediante negociado sin publicidad, puesto que la vacuna Shingrix hz/su solo puede ser encomendada a un laboratorio al no existir competencia por razones de derechos exclusivos de propiedad industrial.

Desde julio de 2021, se incorporó esta vacuna al calendario vacunal por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la población mayor de 65 años con unas determinadas patologías de base. También decidió implementar la vacunación sistemática a la cohorte de los 65 años, en función de la disponibilidad de dosis. Por otro lado, y siempre en función de esa disponibilidad, se captará y vacunará al menos a una cohorte por año, comenzando por la de 80 años, y descendiendo hasta contactar con la cohorte que se vacunó a los 65.

Herpes zóster

El herpes zóster es una enfermedad por una reactivación del virus latente varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma.

El herpes zóster puede presentar diferentes complicaciones según los nervios afectados, sobre todo en personas inmunodeprimidas, entre los que cabe destacar parálisis motora o facial temporal, insuficiencia respiratoria e infecciones bacterianas secundarias. La principal secuela que puede aparecer tras la desaparición de los signos cutáneos es la neuralgia postherpética (NPH), que consiste en una sensación dolorosa crónica en el dermatoma afectado y que puede durar desde varias semanas hasta años. A pesar de que el Herpes Zóster presenta una baja mortalidad, sus complicaciones representan un importante problema de salud pública.

Su incidencia es más elevada con la edad, presentando un punto de inflexión a los 50 años. Desde esta edad a los 85, uno de cada cinco hombres y una de cada cuatro mujeres la padecerá. Las personas con inmunosupresión y con enfermedades subyacentes tienen también un mayor riesgo de sufrir este problema.

El Gobierno aprueba el Instrumento de Planificación Estratégica de la empresa pública Gesprotur hasta 2026

El documento formula la estrategia de actuación de Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos de Canarias en torno a tres ejes principales como son la calidad, diversificación y mejora de la gobernanza del sector turístico

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, por iniciativa de la Consejería de Turismo y Empleo, el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de la sociedad pública Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos de Canarias (Gesprotur), al objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio.

El documento para el próximo trienio de la empresa pública incluye como objetivos tres ejes de actuación que se dividen en: la calidad como referente del producto turístico, la diversificación de la oferta turística y la mejora de la gobernanza del sector a través del marco normativo y administrativo del turismo en Canarias.

El IPE establece que la plantilla idónea de Gesprotur para la ejecución de la actividad prevista en las distintas áreas de gestión durante el periodo 2024-2026 es de seis personas y expone que los perfiles profesionales lo componen un coordinador-gerente; un técnico superior para contratación pública; un técnico superior arquitecto o ingeniero; un técnico economista o similar y dos administrativos.

Gesprotur tiene por objeto social, de acuerdo con la normativa vigente, el desarrollo de las actividades propias de una entidad gestora de proyectos financiados con fondos europeos, conforme a las prioridades estratégicas que establezca el Ejecutivo autonómico en materia de Turismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno aprueba la creación del Registro de objeción de conciencia sobre la interrupción voluntaria embarazo

Este instrumento facilitará al SCS la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este lunes, día 11 de marzo, aprobó el decreto por el que se crea y regula el Registro de profesionales sanitarios de Canarias objetores de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Este decreto será de aplicación a las personas profesionales sanitarias directamente implicadas en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo que desempeñen sus funciones en centros y servicios sanitarios, públicos y privados, de Canarias acreditados para su realización que, por razones de conciencia, manifiesten su rechazo o negativa a realizar dicha intervención.

Los colectivos profesionales que se pueden inscribir a este registro de objeción de conciencia son los de Medicina, Enfermería y Farmacia. La creación y desarrollo de este registro facilitará al Servicio Canario de la Salud la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.

Procedimiento

La inscripción en el Registro de la declaración de objeción de conciencia, así como su modificación o revocación posterior, se realizará por la persona interesada mediante procedimiento electrónico, herramienta que expedirá de forma automatizada una certificación acreditativa de la inscripción.

La declaración de objeción de conciencia inscrita mantendrá su validez en tanto que la persona interesada no la modifique o revoque voluntariamente.

La objeción de conciencia, derecho individual de cada profesional sanitario directamente implicado en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, debe ejercerse mediante su declaración anticipada y por escrito especificando ante cuáles de los supuestos recogidos en la legislación vigente se manifiesta rechazo o negativa a realizar la citada intervención.

El Gobierno inicia actuaciones jurídicas para la defensa de las competencias exclusivas en materia de Costas

El Consejo de Gobierno reitera que no existe ninguna reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en este ámbito

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la comunidad autónoma de Canarias en materia de Costas.

En este sentido, el Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración general del Estado en esta materia.

El Gobierno canario no reconoce la competencia legal del Ministerio para la Transición Ecológica para dictar la resolución de 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, S.A.

La comunidad autónoma solicita actuar, de igual modo, en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.

Asimismo, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que la Administración General del Estado pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

El Gobierno aprueba el reglamento que regula la selección, formación y promoción de las Policías Locales

El nuevo decreto permitirá agilizar los trámites y reduce los tiempos en los procesos selectivos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 4 de marzo, el reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las Policías Locales Canarias. El decreto se ha tramitado a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, y permitirá agilizar la tramitación y acortar los procesos selectivos.

El nuevo reglamento da respuesta a una normativa desfasada, que requería una adecuación a la legislación vigente en materia de procesos selectivos de la Función Pública. Este decreto simplifica los procedimientos de acceso y promoción interna de las policías locales que desarrollan los propios ayuntamientos, mientras que la Consejería se encarga de las pruebas de acceso a la escala básica de policías locales.

En concreto, el nuevo decreto reduce a dos las pruebas de conocimientos, test y caso práctico, al eliminar la demostración de los conocimientos teóricos en la prueba de desarrollo de los temas, cuya calificación demandaba mucho tiempo por parte del tribunal.

También en este reglamento se homologan las pruebas a los requerimientos que se hacen para el acceso a la función pública en los diferentes grupos y subgrupos.

Otro de los aspectos que modifica son los requisitos para ser policía, suprimiendo la estatura y corpulencia y limitándose a que las personas aspirantes superen las pruebas físicas.

El decreto regula, además, la movilidad y las comisiones de servicios entre ayuntamientos y prevé crear una bolsa de personal funcionario policial que sirva para reforzar servicios en otros municipios diferentes al suyo cuando sea necesario mediante comisión de servicios en atribución temporal de funciones.

El proyecto de decreto inició la tramitación con el preceptivo trámite de consulta pública previa el 16 de febrero de 2022. Para su elaboración se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, conformado entonces por personal de la entonces Dirección General de Seguridad y Emergencias, de la FECAM y de los sindicatos, y un asesor externo del director general, y del que salió el texto inicial del proyecto de decreto el 5 de abril de 2022.

El proceso de información pública e informe de las Consejerías y Planificación y Presupuestos concluyó el 9 de diciembre de 2022, la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias emitió informe favorable el 12 de abril de 2023 y se estudió por la Comisión de la Función Pública Canaria el 28 de abril de 2023.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad retomó este tema y solicitó el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo que lo emitió el 8 de febrero de 2024, con lo que se ha podido proceder al informe final de adecuación para su tramitación por el Consejo de Gobierno.

 

 

 

El Gobierno aprueba la creación de la comisión de apoyo a emprendedores, autónomos y pymes 

Se encargará de emitir informes sobre proyectos legislativos que incidan sobre el trabajo autónomo, del diseño de las políticas públicas en esta materia, así como de los estudios relacionados con la situación del colectivo

El Consejo de Gobierno ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de decreto del reglamento orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo y se crea la comisión interdepartamental para la coordinación de las políticas de emprendimiento, autónomos y pymes.

La comisión estará adscrita, a efectos administrativos y de funcionamiento, a la Consejería con competencias en materia de empleo (en este caso la Consejería de Turismo y Empleo), y reunirá a representantes de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con la finalidad de llevar a cabo una adecuada y coordinada ejecución de las competencias en materia de emprendimiento, autónomos y pymes que puedan corresponder a ambos departamentos.

Entre las funciones de este nuevo órgano se encuentra la formulación de propuestas para la promoción de líneas de incentivos al autoempleo, puesta en marcha y acompañamiento del trabajo autónomo y la creación de empleo estable por parte del colectivo.

Además, la comisión coordinará la gestión y seguimiento de ayudas al fomento de las organizaciones de los trabajadores autónomos y asociaciones profesionales. Asimismo, velará por el asociacionismo como medio para garantizar la cohesión del colectivo en general, y por sectores de actividad, en particular.

Corresponde también a la comisión, impulsar acciones de información, asesoramiento, apoyo técnico y tutorización para los autónomos en las distintas fases de su actividad económica, y con las asociaciones de autónomos y los agentes económicos y sociales más representativos de las islas (ventanillas únicas de las Cámaras Oficiales de Comercio de Canarias).

De igual modo, la comisión se encargará de la emisión de informes sobre los proyectos normativos y medidas específicas para el colectivo, así como de la realización de estudios, estadísticas y trabajos de investigación que incidan en el trabajo autónomo, en colaboración con el Instituto Canario de Estadística.

Por otra parte, se avanzará en el diseño de propuestas que favorezcan la continua capacitación de estos profesionales en la actividad que desarrollen y en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Composición

La comisión estará integrada por siete miembros entre la Presidencia, la Vicepresidencia y cuatro vocalías correspondientes a un representante de la Viceconsejería de empleo; la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de economía y autónomos; la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) y una persona titular en representación de la Dirección General con competencias en materia de autónomos.

La Presidencia de la Comisión la ostentará la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo. Por su parte, la Vicepresidencia corresponderá al titular del departamento con competencias en la materia de economía y autónomos.

La Secretaría la ostentará la persona designada por la Presidencia de la Comisión de entre el personal funcionario de la Administración Pública de la comunidad autónoma.

El Gobierno autoriza el gasto de 7,1 millones por la revisión de precios del tramo El Tanque-Santiago del Teide

Esta vía, que pertenece al cierre del Anillo insular de Tenerife, ya ha completado el 56% del presupuesto y se prevé su finalización para marzo de 2025

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha autorizado el gasto correspondiente al abono adicional por revisión excepcional de precios para la ejecución del tramo El Tanque-Santiago del Teide, perteneciente al cierre del Anillo Insular de Tenerife, por valor de 7.193.718,70 euros.

Esta cuantía permitirá cubrir el aumento de los costes de los materiales y de la mano de obra durante la ejecución de la actuación, que se encuentra en marcha desde hace más de dos años. Tras la autorización del Consejo de Gobierno, el expediente irá a fiscalización previa, dado que supera los tres millones de euros.

Las actuaciones realizadas, cuyo presupuesto total asciende a 256,5 millones de euros con un plazo de 48 meses, han supuesto la ejecución hasta la fecha de más del 56% del presupuesto previsto, y se estima que finalice en marzo de 2025.

El objetivo de la nueva carretera entre El Tanque y Santiago del Teide es el cierre por el oeste del Anillo insular de Tenerife. Con esta actuación se conectan los tramos ya puestos en servicio del cierre del Anillo, y se dota de una vía con mayor capacidad y seguridad que la actual TF-82, acorde con la demanda de esta parte de la isla.

Además, la puesta en servicio de este tramo de la carretera incrementará la conectividad entre el norte y el sur de la isla por el lado oeste, lo que ayudará a disminuir el nivel de congestión que sufre actualmente la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno declara la adversidad climática en el sector agrícola de Fuencaliente por la DANA de diciembre de 2022

Esta declaración posibilita que se puedan convocar ayudas en el marco del PDR para la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 4 de marzo, la declaración de situación de adversidad climática en el sector agrícola como consecuencia de la borrasca tipo DANA que afectó al municipio de Fuencaliente (La Palma) los días 6 y 7 de diciembre de 2022, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional.

Esto posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes.

La borrasca trajo consigo intensas precipitaciones durante un corto período de tiempo, acompañadas de un intenso aparato eléctrico. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, desprendimientos, cortes de carretera y daños en explotaciones agrícolas, fundamentalmente de platanera, con especial incidencia en la costa del municipio, en la franja comprendida entre La Zamora y El Banco, en la que fuertes escorrentías de agua arrastraron una gran cantidad de material que terminó por sepultar fincas y bloquear vías de acceso.

Según la normativa europea, para que se pueda reconocer oficialmente una situación como esta, es necesario que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido. En este sentido, el informe elaborado por el Cabildo de La Palma sobre la magnitud de los daños sufridos en la zona respalda que se alcanza dicha cifra.

Según recoge dicho documento, la corporación insular cuantifica los daños en 478.000 euros en concepto de desescombro del material acumulado en fincas y accesos, y en 122.000 euros para la reposición de las infraestructuras dañadas.