Este acuerdo tiene como objetivo hacer frente a la revisión del precio de este servicio

El Consejo de Gobierno autorizó hoy miércoles, 1 de febrero, un incremento de 7,3 millones de euros destinados a hacer frente a la revisión de precios con arreglo al Índice Precios al Consumo de 47 contratos de servicio público de transporte escolar del alumnado de centros públicos no universitarios de las islas, que cubren 545 rutas.

En Canarias, en el presente curso escolar existen 1.486 rutas de transporte, lo que supone una inversión anual de más de 50 millones de euros para el Ejecutivo canario.

Este aumento se suma a la modificación del gasto autorizado en julio del año pasado por importe de 48,5 millones de euros para financiar de 2022 a 2025 la prórroga de los contratos de este transporte.

El gasto de los 7,3 millones acordado en esta ocasión se dividirá en tres anualidades. La prevista para este año asciende a 3,4 millones de euros, la de 2024 alcanza los 2,4 millones, y la de 2025 se sitúa por encima de los 1,4 millones de euros.

El transporte escolar es gratuito para el alumnado de centros dependientes de la Consejería de Educación que disfruten de ese servicio, sean o no preferentes. Se considera estudiantado preferente al matriculado en cursos de Primaria y en 1º y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que vivan en el área de influencia del centro que les corresponde y tengan que recorrer una distancia superior a dos kilómetros para acudir a él.

Esta distancia se incrementa hasta los cinco kilómetros para dar derecho a los alumnos y alumnas de 3º y 4º que no dispongan de una oferta más cercana. También acceden de forma automática al transporte escolar el alumnado con necesidades especiales, escolarizados en centros de Educación Especial, en aulas enclave o en centros ordinarios de las islas.

Por norma general, el resto de los supuestos se considera alumnado no preferente, esto es, solo obtendrán la plaza solicitada si sobran plazas en la guagua de su ruta y siempre de manera excepcional, de forma que si fuera necesario transportar a un o una preferente, perderían el derecho a ese servicio. Entra en este grupo el estudiantado de Bachillerato y de los ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, entre otros.

El acuerdo tiene por objeto abordar acciones encaminadas a la rehabilitación del espacio urbano-turístico de este núcleo de San Bartolomé de Tirajana

El Consejo de Gobierno ha acordado asumir la redacción y tramitación del segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana de Gran Canaria.

Esta iniciativa, elevada al Consejo por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y a instancias del citado Ayuntamiento, tiene por objeto responder a la necesidad de abordar acciones encaminadas a la rehabilitación de su espacio urbano-turístico, en el marco ambiental, social y paisajístico.

Con ello se pretende repercutir en una mejor imagen turística al potenciar la creación de nuevos negocios, empleo y la atracción de capital para invertir y reactivar este enclave. También se pretende mejorar la articulación del sistema viario, promover un turismo de calidad con un nivel de sostenibilidad alta y recuperar espacios infrautilizados.

En el ámbito ambiental, se persigue minimizar la incidencia de actuaciones propuestas en el medio ambiente, fomentar las actuaciones que conlleven ahorro o reducción de efectivos del consumo de agua, energía, residuos y demás contaminantes, y fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos.

Para alcanzar los objetivos de este Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de El Veril, que tiene entre sus propósitos la inclusión de un equipamiento estructurante turístico que mejore la oferta existente y configure un referente dentro de las actividades de ocio dentro de la ciudad turística, se proponen tres líneas de actuación concernientes al desarrollo del área libre con equipamiento establecida por el Plan Insular de Gran Canaria, actuaciones en el espacio público y materialización de plazas turísticas derivadas de la ejecución del citado equipamiento estructurante.

Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMMI) son instrumentos de ordenación urbanística que complementan y, en su caso, sustituyen a las determinaciones urbanísticas vigentes, estableciendo la ordenación completa de su área de intervención, con objeto de viabilizar la renovación urbana y edificatoria, sin posibilidad de clasificar o reclasificar suelo si no existe acuerdo municipal previo que lo permita.

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno, en la reunión celebrada hoy en Gran Canaria, ha aceptado la delegación de competencias del Ayuntamiento de Tías (Lanzarote) para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico. Además, introdujo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

En este caso, el Ayuntamiento delega la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar la Administración local.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, declaró en su reunión de este jueves la idoneidad de la emisión de préstamos apta para materializar RIC por parte de la entidad Ecoener Inversiones Naif Sicav PLC al objeto de construir y explotar tres plantas de energías renovables con tecnologías fotovoltaica y eólica, dos de ellas en Gran Canaria y otra en Fuerteventura.

El Ejecutivo, que declara la idoneidad mediante decreto -tal y como prevé la normativa- da luz verde de esta manera a una inversión próxima a los 12 millones de euros.

La Ley económica del REF (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en el propio artículo.

En todo caso, será preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias a efectos de declarar su idoneidad, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Están incluidas en el Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto que determina que en las islas hay 43 establecimientos afectados por este plan especial, a la vez que da de baja diez

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este miércoles aprobar el decreto que actualiza el número de instalaciones incluidas en el Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (Risqcan).

El objetivo de este decreto, que cuenta con el informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias, reunida el pasado 11 de enero, es actualizar y completar aquellos datos de los establecimientos afectados por el Decreto 73/2021, de 8 de julio, por el que se aprobó el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como hacer constar los datos de aquellos que han dejado de estar afectados por dicha normativa.

Dicha actualización, según consta en el decreto aprobado este miércoles, resulta imprescindible para, a su vez, actualizar y completar los datos de la Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico (Barquin), desarrollada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con la finalidad principal de servir de herramienta, a todos los órganos competentes en la materia, para conocimiento del riesgo químico en los establecimientos industriales y de seguimiento de las medidas de prevención y control adoptadas de conformidad con la normativa Seveso.

A raíz de esta actualización, en Canarias hay 43 establecimientos incluidos en el Risqcan, de los cuales dos están en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura, dieciséis en Gran Canaria, quince en Tenerife, cuatro en La Palma, uno en La Gomera y otro en El Hierro. Entre otros, forman parte de este listado depósitos de combustible, plantas químicas, centrales térmicas, empresas de pirotecnia y de carburos. Se han dado de baja del Risqcan diez instalaciones, dos de Lanzarote, tres de Gran Canaria, tres de Tenerife, una de La Gomera y otra de El Hierro.

A través de este decreto, el Gobierno también delega en la persona titular de la consejería competente en materia de Protección Civil, hoy en día Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el ejercicio de la competencia para, a partir de ahora, dictar actos administrativos que contengan futuras modificaciones y actualizaciones del mencionado Anexo II del Risqcan.

Güímar y La Matanza de Acentejo se unen al convenio con la Administración Pública de la CAC para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, y la contratación de personal laboral temporal

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con corporaciones locales de las islas, durante el cuarto trimestre de 2022.

En dicho periodo, se firmaron dos adendas de adhesión al convenio de cooperación suscrito entre este departamento, los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de San Juan de la Rambla y Fuencaliente.

Este convenio, firmado el 18 de febrero de 2022, permite establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

Además, se firmaron otras dos adendas de adhesión al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Güímar y La Matanza de Acentejo.

Este convenio, suscrito en 2020, permite atender a través de una gestión eficiente las necesidades urgentes en las que cada administración pública se pueda encontrar a la hora de proveer un puesto de trabajo, cuando o bien carece de una lista específica para una determinada especialidad o bien no existe persona candidata susceptible de ser nombrada en un momento determinado.

El artículo 16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias impone la obligación de dar cuenta al Gobierno de Canarias de los convenios de colaboración suscritos con las entidades locales por la Administración de la Comunidad Autónoma, e incluye los convenios de colaboración que impliquen obligaciones de contenido económico y que, en consecuencia, requieran previo acuerdo del Gobierno para su celebración (artículo 16.2 de la citada Ley 14/1990), así como aquellos que no precisan dicha autorización, como es el caso de estas cuatro adendas formalizadas en el cuarto trimestre de 2022.

Las ayudas se conceden tanto por las actuaciones como por los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de esta labor

También se ha concedido una subvención de 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores por los gastos generados por el servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos en 2022

El Consejo de Gobierno ha concedido 7.930.239,88 euros, en el segundo semestre de 2022, a los colegios de Abogacía y Procuraduría de las islas, por la prestación de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

En algunos casos, se trata de actuaciones llevadas a cabo en el primer trimestre de 2022, como ha sucedido con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, al que se le han entregado 200.479,49 euros, o en el segundo trimestre de 2022, como ha ocurrido con el Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, que ha recibido, por este concepto, 314.619 euros; el Colegio de Abogados de Lanzarote, 307.391,01 euros; el Colegio de Procuradores de Las Palmas, 298.758 euros; el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 1.941.531,29 euros; y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 212.348,09 euros.

En otros, por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita del tercer trimestre de 2022. Así, al Colegio de Abogados de Las Palmas se le han otorgado 1.941.531,29 euros; al de Santa Cruz de Tenerife, 1.656.333,79 euros; al Colegio de Abogados de Lanzarote, 374.630,26 euros; y al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, 185.598,16 euros. Por el mismo concepto, al Colegio de Procuradores de Las Palmas se le han entregado 242.658 euros; y al de Santa Cruz de Tenerife, 230.010 euros.

Las subvenciones concedidas también incluyen los gastos de funcionamiento e infraestructuras derivados de la asistencia jurídica gratuita. Por tal motivo y correspondientes al año 2022, al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma se le han concedido 82.424,06 euros.

Del mismo modo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado al Consejo de Gobierno de la subvención de 80.000 euros concedida de forma directa por su departamento, durante el cuarto trimestre de 2022, al Consejo Canario de Colegios de Procuradores, por los gastos ocasionados por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos en 2022, un servicio de interés público al favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

La contratación se realizará para un período de veinticuatro meses, comprendidos entre las anualidades de 2023 y 2025

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, 1 de febrero, a propuesta de la Consejería de Sanidad, destinar 9.300.664,76 euros a la contratación del servicio de limpieza, desinfección y otros servicios auxiliares de la red de centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote.

El expediente de contratación tiene por objeto la realización de tareas de limpieza y desinfección de los edificios, instalaciones, recintos, jardines, equipamientos y mobiliario de los centros sanitarios y no sanitarios de la Gerencia, que garanticen las condiciones de salubridad necesarias para su uso por los pacientes, usuarios y trabajadores.

La contratación se realizará para un período de veinticuatro meses, comprendidos entre las anualidades de 2023 y 2025.

Estas cuantías se ajustan a las normas laborales y salariales vigentes y a las nuevas superficies incorporadas a la Gerencia. Realizados los ajustes en el presupuesto de licitación, se ha aprobado hoy por el Gobierno la autorización del gasto por la cuantía de 9,3 millones de euros.

El Ejecutivo aprueba un decreto ley que recoge las demandas de uno de los sectores más perjudicados por la inflación

El Consejo de Gobierno de Canarias amplió hoy los productos para la alimentación animal destinados a la ganadería exentos de tributación del IGIC e incluidos en la medida excepcional incorporada en los Presupuestos autonómicos de este año. 

En un decreto ley con diversas medidas de tipo fiscal, el Ejecutivo da respuesta a las demandas planteadas por el sector ganadero, uno de los más perjudicados por la escalada de precios, tras la aprobación de los Presupuestos canarios en los que se omitió algunos de los productos utilizados para la alimentación de los animales.

De este modo, se han incorporado los piensos compuestos y otras materias primas que constituyen insumos en la fabricación de los mismos. Igualmente, se amplía la aplicación del tipo cero a todas las fases del proceso de elaboración y comercio de los productos alimentarios destinados a la ganadería.

Por otra parte, el decreto-ley corrige determinados aspectos puramente formales de las deducciones fiscales del IRPF aprobadas por el Gobierno canario, tras el informe preceptivo emitido por la secretaría del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Tributación Tributaria de la Administración del Estado.

Las observaciones, de carácter técnico, no implican modificación alguna en la cuantía de las deducciones ni en los beneficiarios de las mismas.

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Durante la pasada mensualidad se emitieron 4,7 millones de recetas, el 86,33% en las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife

Respecto a diciembre de 2021, el gasto medio por receta descendió un 1,96%

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 26 de enero, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a diciembre de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.757.599 recetas, con un gasto medio de 11,40 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 54.883.527,02 euros.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 2.095.260 recetas y Tenerife, 2.012.172, lo que representa el 86,33% del total. Les siguen las de Lanzarote, con 241.091; La Palma, con 185.459; Fuerteventura, con 156.633; La Gomera, con 45.602, y El Hierro, con 21.382.

En cuanto al gasto medio por receta, disminuyó un 1,96% respecto a diciembre de 2021, mes en el que se situó en 11,63 euros. El gasto más elevado se registró en el Área de Salud de La Gomera, con 12,56 euros, y el más bajo en la de Fuerteventura, con 10,94 euros, si bien el mayor descenso porcentual se registró en El Hierro, con una disminución del gasto medio por receta del 5,56%, al pasar de 11,93 a 11,27 euros en el período de referencia.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de diciembre que se comunicará al Ministerio asciende a 52.312.166,22 euros.

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