La aplicación de los fondos se amplía hasta el 31 de octubre de 2022

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves una nueva prórroga del plazo de ejecución de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2020 al Cabildo Insular de Fuerteventura. Asimismo, se autoriza la suscripción de la pertinente adenda en tanto se modifica el convenio previamente aprobado por el Ejecutivo canario.

El plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2020 se amplía al 31 de octubre de 2022, mientras que el periodo para justificar los fondo se mantiene en idéntica fecha.

Igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido prórroga, la Corporación insular de Fuerteventura justifica la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados.

El Consejo de Gobierno dio luz verde hoy al gasto plurianual, cofinanciado en el 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

La Consejería de Sanidad inició este mes el procedimiento de contratación de las obras, mediante procedimiento abierto de adjudicación

El Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy la realización de un gasto plurianual por importe de 48.141.973,68 euros para la ejecución de las obras de construcción de la nueva torre pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, a distribuir entre las anualidades de 2022 a 2025. La Consejería de Sanidad inició este mes el procedimiento de contratación, tras subsanar el proceso de licitación anterior, lo que permitirá adjudicar el proyecto e iniciar la construcción de la torre destinada a la atención pediátrica, así como a la de Ginecología y Obstetricia del área de salud.

Tras la firma, el día 26 de septiembre, de la orden de inicio del procedimiento por parte del consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno dio hoy la autorización al reajuste del gasto plurianual de dicho expediente, considerado prioritario para la ejecutivo regional.

Las obras de la nueva torre se corresponden a la fase II del proyecto de  ampliación y reforma del Complejo Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) y se cofinancian, en el 85%, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del objetivo político 4.5 del Programa Operativo Canarias 2021-2027. La licitación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un presupuesto base 43.176.658,01 euros, a los que se añaden otros 4.965.315,37 euros para gastos de liquidación e impuestos, y un plazo de  ejecución de 36 meses.

Nuevo edificio

El nuevo edificio albergará las unidades de neonatología, atención integral de oncología y hematología, hospitalización breve infanto-juvenil, mama, rehabilitación, así como las plantas de hospitalización de lactantes, pediatría y quirúrgica, entre otros servicios.

La construcción de esta nueva torre del Hospital Universitario Materno Infantil, que incluye dos plantas bajo rasante y siete de altura, exige diferentes fases, ya que hay que demoler edificaciones actuales, lo que supondrá reubicar los servicios que hasta ahora se prestan en esas instalaciones (lavandería, lencería, mantenimiento y almacenes) en otras dependencias del complejo hospitalario.

Un total de 4.504 familias que reciben la PCI y cumplen esa condición en Canarias se beneficiarán de esta medida a partir de octubre

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 29 de septiembre de 2022, en Consejo el decreto ley por el que se actualiza el importe del complemento por menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), por lo que se incrementa la cuantía de las nóminas que reciben las familias beneficiarias de esa ayuda con menores a cargo en 30 euros al mes, pasando de 50 euros actuales a los 80 euros mensuales.

Esta medida supone que un total de 4.504 familias beneficiarias de la PCI que tienen menores a cargo, según datos de septiembre, así como las familias que, durante este año y hasta la entrada en vigor de la ley que regulará la Renta Canaria de Ciudadanía pudieran darse de alta en el sistema, se verán beneficiadas por ese incremento mensual a partir del próximo mes de octubre.

De esta forma, el decreto ley contempla la actualización del complemento fijo mensual que se incrementa pasando de los 50 euros por menor a cargo a una nueva cuantía de 80 euros, con el fin de garantizar la protección a la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en el contexto de la situación económica actual marcada por subida de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más vulnerables.

Según expuso la Consejería de Derechos Sociales, la evolución de la economía, que sigue marcada por la crisis social y económica ahora agravada con la guerra de Ucrania, así como el aumento de los precios de los productos básicos, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la protección social en aquellos hogares más vulnerables en los que hay menores.

Esta subida se suma al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por la Administración del Estado, que se ha recogido en subidas temporales, mientras dure la situación de inflación, del 15%, incrementos efectuados en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en las pensiones no contributivas, correspondiendo a nuestra Comunidad Autónoma, igualmente, realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos ingresos, en especial en aquellas familias con menores a cargo.

La cuantía de esta ayuda bienal se incrementa en 22% para la convocatoria 2022-2023

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, una partida de 21,3 millones de euros para poner en marcha una nueva convocatoria de la ayuda general al alquiler, de la que se beneficiarán miles de familias con pocos recursos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Obras Públicas explica que esa asignación de 21.372.649 euros es la mayor que el departamento ha destinado en el último decenio a pagar esas ayudas de carácter bienal, suponiendo un incremento del 22% respecto a la cantidad global que se pagaba hasta ahora, que era de 17.500.000 euros.

La Consejería elevó hoy al Consejo la autorización del gasto correspondiente a la tramitación anticipada de la convocatoria de subvenciones, cuya finalidad es facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía con escasos recursos económicos, ya sean familias o jóvenes que buscan su primera vivienda, mediante ayudas directas a las personas arrendatarias o cesionarias del derecho de uso. Estas ayudas forman parte de uno de los ejes principales del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el que se pretende apoyar a las familias con menos recursos a pagar los alquileres de sus residencias habituales.

La ayuda, que se convocará en las próximas semanas, se concretará en subvencionar entre el 40 y el 50% del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda habitual, o de una habitación, durante el periodo 2022-2023. El importe previsto de la actuación es de 21.372.649 euros, de los que 16,5 millones los aporta el Gobierno central a través del Plan estatal de Vivienda, y los otros 4,7 millones, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

Entre esas ayudas, destacan las tarjetas de comedor de cuota cero para la compra de alimentos de primera necesidad durante los meses de verano, que sumaron 3,5 millones de euros

El Consejo de Gobierno fue informado hoy por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de las subvenciones concedidas de forma directa por la titular del departamento debido a razones de interés social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros, para dar cumplimiento así a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022, que exige la realización de este trámite. Durante este periodo, la cantidad total ascendió a algo más de 5,3 millones de euros.

Destaca de forma especial la ayuda de 120 euros mediante tarjetas, concedida en julio y agosto, a familias con hijas o hijos en situación económica crítica y que contaron durante el curso con la cuota cero de comedor escolar, es decir, no pagaron nada por ese servicio. Esta subvención ascendió a 3,5 millones de euros.

Otros conceptos importantes incluyen la financiación de los gastos derivados de la participación en los campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas durante este año, por 306.791 euros, o la subvención destinada al transporte escolar en el periodo comprendido entre el primer día lectivo de enero y el último de junio de 2022, por 227.495 euros.

El Ejecutivo limita a cabildos y universidades las entidades que pueden presentarse directamente a las convocatorias

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un decreto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), al objeto de mejorar su gestión y clarificar los gastos susceptibles de ser financiados con cargo a este programa, que arrancó en 2016 con un horizonte temporal de diez años.

El Gobierno adopta el acuerdo, a la vista de los seis años de aplicación del Fondo y los resultados de los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como de los Informes de Evaluación elaborados.

El decreto señala que se hace necesario “hacer compatible una gestión eficaz de estos recursos con el interés general, la conveniencia de adaptar la regulación normativa a las necesidades advertidas durante los primeros años de aplicación y justificación de las aportaciones y subvenciones concedidas, y el actual contexto económico”.

Entre las modificaciones introducidas destaca la eliminación del marco temporal 2016-2025 previsto inicialmente para el Fondo y la flexibilización del marco presupuestario para permitir que las dotaciones consignadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias contemplen el desplazamiento de los compromisos plurianuales a ejercicios futuros. Igualmente, se favorece una gestión centralizada y homogénea de los programas FDCAN a nivel insular, que contribuye a una mayor cohesión económica, social y territorial, evitando la fragmentación de los recursos y el solapamiento de proyectos.

Además, se introducen algunas modificaciones al marco normativo que propicien una ejecución más eficiente por parte de las entidades beneficiarias de los proyectos y programas FDCAN. Con los cambios introducidos se logra flexibilizar el marco temporal y acomodar la financiación a la propia ejecución y se facilita el proceso de justificación, minorando las posibilidades de reintegro.

Con los cambios aprobados hoy, el Ejecutivo limita los beneficiarios de las próximas convocatorias a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, que no firmaron en su momento el convenio por los diez años y ahora mismo no tienen ninguno en vigor, y a las universidades.

El decreto elimina la posibilidad de que los ayuntamientos puedan presentarse directamente a las convocatorias, aunque participarían como beneficiarios finales en los programas que presenten las corporaciones insulares.

Con ella se pretende canalizar las demandas y estudiar la situación de las víctimas de estos hechos, auxiliándoles, en la medida de sus competencias, en la remoción de los obstáculos que puedan existir para acceder a la información

Estará presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e integrada por representantes del Gobierno, Fecai, Fecam y de la Asociación de afectados por la desaparición de familiares y adopciones ilegales, Colectivo Sin Identidad

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, constituir la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, tal y como establece en su artículo 10, apartado 1, la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta comisión, que estará conformada por dos miembros en representación del Gobierno de Canarias, uno de los cuales ostentará la presidencia, un miembro representante de la Fecam, un miembro representante de la Fecai y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas a los efectos contemplados en esta ley, ha sido largamente demandada por el colectivo de afectados.

A través de ella se pretende canalizar las demandas y estudiar la situación de las víctimas de estos hechos, auxiliándoles, en la medida de sus competencias, en la remoción de los obstáculos que puedan existir para acceder a la información, además de velar por el cumplimiento del resto de disposiciones de la Ley.

Una vez aprobada su composición, el próximo paso será celebrar su sesión constitutiva, con el propósito de analizar las acciones necesarias para poder dar cumplimiento a la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en Canarias, una norma que tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de menores y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 136, 133 y 147 del Estatuto de Autonomía, para visibilizar y conocer en profundidad la realidad de la sustracción de menores que se produjo en Canarias, y que se sitúa en los últimos años de la dictadura y primeros de la democracia.

A tenor del acuerdo adoptado, la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad estará integrada, por parte del Gobierno de Canarias, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que ostentará la presidencia; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, en calidad de suplente; el viceconsejero de Cultura, Juan Márquez; y la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, como suplente.

Las entregas o importaciones de bienes y servicios que se realizaban en instalaciones dañadas seguirán con el tipo 0 hasta el mes de junio de 2023

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la prórroga durante seis meses de diversas bonificaciones fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), al entender que siguen siendo necesarias para avanzar “en un proceso de recuperación que, tal y como la realidad está mostrando, es largo”.

El Ejecutivo modifica, de esta manera, el decreto aprobado el 30 de septiembre de 2021 y amplía hasta el 30 de junio del próximo año la aplicación del tipo 0 del IGIC a las entregas o importaciones de bienes y servicios, “necesarios para la reposición, recuperación, o reactivación de las actividades empresariales o profesionales, incluidas las agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, y las actividades culturales, sanitarias, educativas, científicas, deportivas, sociales o religiosas, en aquellos casos en los que las construcciones, instalaciones o explotaciones en las que se desarrollaban estas actividades hayan sido destruidas o dañadas directamente por la erupción volcánica.”.

El Consejo de Gobierno autorizó el gasto para la contratación anticipada del servicio por un periodo de veinticuatro meses

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 29 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a destinar 2.733.425,94 euros a la contratación del servicio de  vigilancia, seguridad y protección de los centros sanitarios dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, del Servicio Canario de la Salud, por un periodo de veinticuatro meses.

La tramitación del expediente de contratación se realizará de forma anticipada y su presupuesto de licitación se distribuirá a razón de 1.366.712,96 euros en 2023 y 1.366.712,98 en 2024.

El servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros sanitarios es indispensable para que la actividad de asistencial y administrativa del Servicio Canario de la Salud se realice con normalidad y se garantice la protección de sus instalaciones.

Las revisiones se han conseguido pagar en tiempo y forma, evitando las reclamaciones millonarias por intereses de demora que ocurrían en legislaturas anteriores

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto de 3.762.771 euros por la revisión de precios de las obras ejecutadas entre noviembre de 2021 y abril de 2022 por la UTE en el proyecto del Cierre del Anillo Insular de Tenerife. Tramo El Tanque-Santiago del Teide, adaptando los pagos a los precios actuales de los materiales de construcción, cuyo valor se ha visto incrementado en el último año y medio debido al alza que ha experimentado la inflación en todo el mundo en los últimos meses por la crisis de precios del combustible y la guerra en Ucrania. Esta obra es la de mayor envergadura de todas las que ejecuta en la actualidad el Gobierno de Canarias, ya que se adjudicó en 2019 por más de 252 millones de euros.

Esa revisión de precios es habitual en el seguimiento que la Consejería realiza a la ejecución de las obras que están en marcha, una norma que persigue adaptar los precios que la administración pública paga a las empresas que ejecutan sus proyectos a los precios reales de los materiales de construcción y a los posibles modificados de los proyectos. En este sentido, las administraciones públicas también se ven obligadas a hacer frente a las consecuencias económicas que genera la inflación provocada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles, en este caso en los materiales de construcción.

La Consejería informo de que en la actual legislatura se ha conseguido al fin agilizar estos pagos y evitar así que las empresas constructoras interpongan demandas por intereses de demora con reclamaciones millonarias, como sucedía habitualmente en anteriores legislaturas.

Como ejemplo, se recordó que el propio Consejo de Gobierno autorizó hace casi un año un pago de 7,1 millones para hacer frente a las reclamaciones de dos UTE que habían pedido a la Consejería una actualización de precios en el año 2014 y no se les atendió. Una de esas UTE, la que ejecutó las obras de la nueva carretera entre Adeje y Santiago del Teide, decidió acudir a la Justicia ante la demora de los responsables de la Consejería en 2014 para hacer frente a sus reclamaciones por revisión de precios y al pago de certificaciones de obras. Finalmente una sentencia les dio la razón en 2019 condenando al Gobierno a pagar una reclamación millonaria en concepto de intereses devengados por el retraso en los pagos de las revisiones de precios, principalmente entre los años 2010 y 2014.

Además, la Consejería recordó que estas revisiones de precios llevan implantadas desde hace años en la gestión de las obras de carreteras, por lo que cumple también con los preceptos del Real Decreto Ley 3/2022, que establece que las administraciones públicas de toda España deben adaptar los precios que se pagan a las constructoras a la realidad actual del mercado de los materiales de construcción.