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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba el gasto de más de 38 millones de euros para programas de pobreza

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

De ellos, 19,6 millones de euros irán a financiar los servicios sociales comunitarios; casi siete millones de euros para prevención del riesgo y ayudas económicas en Infancia y Familia; y 12 millones para prestaciones básicas en los 88 municipios

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy lunes, 1 de abril, la realización del gasto que conlleva las aportaciones dinerarias que se conceden a las corporaciones municipales para financiar las distintas líneas de pobreza financiadas a los ayuntamientos en las áreas de los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, programas de ayuda para evitar el riesgo en las familias y la infancia y el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias. Serán más de 38 millones de euros destinados a proporcionar la financiación básica de programas destinados a la población más vulnerable.

Plan Concertado y PCI: Las áreas de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos recibirán un importe global que asciende a 19.641.028 euros, dos millones más que en 2018, de los cuales 6.909.857 euros se destinará a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción, PCI.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios, proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación, para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.

Es objeto del citado protocolo distribuir los créditos entre los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019, con el objetivo de dar continuidad a los Programas que viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social, constituyendo la red de servicios sociales de gestión local.

Estos recursos están dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren; dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar. También incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros ocupacionales de titularidad de las corporaciones locales.

Por lo que respecta a las prestaciones básicas de servicios sociales, se autoriza el gasto de la transferencia del Estado por un importe de 12.000.000 euros para dar continuidad a la realización de una serie de programas que vienen siendo llevados a cabo por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria. Hay que recordar que la Comunidad Autónoma debería haber recibido el año pasado 30 millones de euros para la lucha contra la exclusión social, pero a fecha de hoy solo han sido ingresados estos 12 millones.

Estos doce millones serán distribuidos entre los ayuntamientos de Canarias a través de un protocolo con la FECAM con la finalidad de implementar y reforzar actividades enmarcadas en las prestaciones básicas de servicios sociales, centradas en el apoyo a los programas y acciones municipales de lucha contra la pobreza e inclusión social y a las redes solidarias, que serán distribuidos de acuerdo al protocolo general de actuación suscrito entre la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios.

Los equipos municipales especializados de atención a la infancia y a la familia y los centros y servicios de día contarán con un importe total de 5.854.870 euros, que se repartirá entre los municipios se ha realizado de acuerdo al protocolo adicional, incluido en el acuerdo suscrito en 2015, entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según la actual Ley de protección integral del menor se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. Corresponde a los municipios la detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial.

En la atención integral a los menores, tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo, así como las graves carencias que menoscaben su desarrollo. Las administraciones públicas deberán velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante actividades de información, divulgación y promoción; fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre; limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales para su desarrollo integral; disminuir los factores de riesgo de marginación y evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.

Las administraciones públicas canarias, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán y fomentarán las actuaciones preventivas que, en el marco de lo establecido en la Ley, se determinen en los planes y programas de servicios sociales y, específicamente, en aquellos que tengan por objeto la atención integral a los menores.

Como recurso preventivo prioritario se establecerán programas de apoyo a la familia, destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral. El apoyo a la familia podrá consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.

También se ha aprobado la petición de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de disponer 800.000 euros para financiar proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, con la finalidad de poder gestionar subvenciones a distintas entidades del Tercer Sector de Acción Social con cargo a la línea de financiación del Estado de Proyectos Sociales de Apoyo a la Familia e Infancia, acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en virtud de la cual correspondió a la Canarias la cantidad de 3.061.462 euros.

Este crédito irá destinado a financiar proyectos de intervención social y prestaciones económicas que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza y de exclusión, con especial atención a las familias con tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monomarentales.

El Gobierno aprueba la ejecución de siete nuevos parques eólicos

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Con estos nuevos parques, un total de 26 instalaciones podrán optar a la convocatoria de ayudas para la instalación de energía eólica en Canarias, cuyo plazo de presentación finaliza mañana martes

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ha aprobado hoy los decretos por los que se acuerda ejecutar siete nuevos parques eólicos que suman una potencia total de 95,2 megavatios (MW).

En concreto, los decretos aprobados se refieren a cuatro parques eólicos localizados en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en Fuerteventura. Además en todos los casos, se ordena modificar el planeamiento afectado en el plazo de seis meses.

Estos parques podrán optar a la convocatoria de ayudas abierta hasta mañana martes, 2 de abril, para la instalación de nueva potencia eólica en las islas y para la que se cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros, financiado con fondos FEDER.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, aseguró que con la aprobación de estos 7 nuevos parques, Canarias consigue superar con creces el objetivo de alcanzar los 180 megavatios nuevos de potencia eólica a través de esta convocatoria de ayudas.

“En concreto, y a fecha de hoy, hay 26 proyectos eólicos localizados en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental y están en disposición de acogerse a esta convocatoria” detalló el consejero.

La implantación de todos estos parques podría suponer 220 MW más de potencia eólica instalada, lo que implicaría un aumento de en tono al 5% más de energía renovable con respecto a los 600 MW que ya están instalados en Canarias.

En este contexto, el consejero destacó el esfuerzo y el trabajo realizado por el personal de las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad, así como “la confianza que han demostrado los promotores en que el Gobierno de Canarias podía sacar adelante la tramitación necesaria para que pudieran concurrir a esta convocatoria de ayudas”.

“A partir de ahora, es necesario que tanto los promotores como el operador del sistema y las administraciones locales trabajen de la mano para que estos estos proyectos puedan materializarse y convertirse en una realidad que ayude a Canarias a seguir avanzando en la implantación de un modelo energético mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, añadió.

Asimismo, recordó que el Gobierno de España se ha comprometido a publicar este mismo año una nueva convocatoria de ayudas para la instalación en Canarias de energía eólica y fotovoltaica en el Archipiélago.

Condiciones de la convocatoria

Los proyectos que resulten beneficiados de esta convocatoria deben estar completamente finalizados el 30 de junio de 2022 y el importe máximo que se puede conceder por proyecto es de 448.000 euros por MW, estableciendo un límite de 15.000.000 euros por empresa y proyecto.

El texto establece un tope máximo de potencia eólica instada por isla de 70MW en Gran Canaria, 55 en MW en Tenerife; 35MW en Lanzarote; 45 MW en Fuerteventura; 7 MW en La Palma y 5 MW en La Gomera.

Las solicitudes recibidas se evaluarán conforme a una puntuación entre 0 y 15 en la que se tendrá en cuenta el importe de la ayuda unitaria, el emplazamiento y la instalación y la viabilidad administrativa del proyecto.

Nuevos decretos de ejecución

Entre los 7 parques eólicos cuya ejecución aprobó hoy el Consejo de Gobierno se incluyen 4 parques de Gran Canaria, como son los parques de Santa Lucía del Mar (9 MW) y de Montaña de Arinaga (18,9 MW), impulsados por Energías Alternativas de las Islas, S. L, en el municipio de Agüimes; el parque de Salinetas, con 4 MW de potencia, promovido en Telde por Loro Parque, S.A.; y el parque eólico Agüímes, de 9,6 MW, de Naturgy Renovables, S. L. U.

Con respecto a Tenerife, se aprobó la puesta en marcha de los parques Central de Granadilla, de 16,1 MW, impulsado por Green Power España, y el Parque Magua 1, de 8,4 MW, promovido por Disa Renovables en Arico.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ordenó la ejecución del proyecto Parque Eólico del Rosario y la Infraestructura de Evacuación, promovido por Naturgy Energy y cuya instalación conlleva una potencia eólica de 29,2 MW.

Sanidad recibirá un millón de euros adicionales para los puntos de urgencias y reducir listas de espera

Rueda de prensa tras el consejo de Gobierno

Los recursos se destinarán a la actividad asistencial de los puntos de urgencias y a reforzar las áreas quirúrgicas y de consultas del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy dotar de un 1.000.000 euros adicionales a la Consejería de Sanidad para financiar el gasto derivado de la actividad asistencial de los puntos de urgencias y reforzar las áreas quirúrgicas y de consultas para reducir las listas de espera.

Los recursos están previstos en la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y requieren de una modificación presupuestaria para su disposición efectiva por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Durante 2019, el SCS contratará en el marco del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN) un total de 118 profesionales sanitarios, para continuar con la mejora de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios.

Estos 118 nuevos profesionales serán 29 médicos, 30 Diplomados Universitarios en Enfermería (DUE), 19 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico (TER), cuatro Técnicos Especialistas de Laboratorio (TEL), 11 auxiliares administrativos y 25 celadores.

De ahí que el incremento de la actividad asistencial resultante del aumento de los recursos, de este año y de ejercicios anteriores, requiera de una mayor dotación presupuestaria.

Listas de espera

Asimismo, la reducción de las listas de espera constituye el principal objetivo asistencial de la Consejería, para el que se han realizado importantes esfuerzos en los últimos ejercicios presupuestarios y que requiere de financiación adicional para continuar con la tendencia al descenso de los tiempos de demora.

Entre diciembre de 2016 y 2018, la lista de espera quirúrgica ha experimentado una reducción del 28 por ciento, registrándose un cambio de tendencia desde el segundo semestre de 2017, que se ha ido consolidando, de modo que se ha logrado reducir significativamente la demora media para una intervención quirúrgica, un indicador importante.

La reducción de la demora media en este período fue del 21 por ciento, pasando de los 181 días en diciembre de 2016 a los 139 de diciembre de 2018, es decir 42 días menos en dos años.

Respecto a la mediana, dato estadístico que refleja que la mitad de los pacientes pendientes de una intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos, se sitúa en 77 días, frente a los 131 de diciembre de 2016, lo que significa que la mitad de los pacientes tardan menos de 77 días en ser operados.

La reducción de las listas de espera se debe al buen funcionamiento de los programas puestos en marcha -CMA24, Plan Demora, Planes Funciona y Plan Verano- y a la colaboración, el esfuerzo y la profesionalidad de todo el personal sanitario y no sanitario del SCS, cuya labor ha sido determinante en este nuevo descenso de las listas de esperas.

De este modo, y para continuar con la tendencia al descenso de la listas de espera en el SCS, se requiere de financiación suficiente para afrontar el aumento de la actividad asistencial.

Sanidad destinará 4,3 millones al tratamiento de pacientes con gases de uso médico-asistencial

Se contratará el suministro y la gestión del servicio en los centros dependientes del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria por un período de 48 meses

El Servicio Canario de la Salud destinará 4.319.430,24 euros hasta 2023 al tratamiento de pacientes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital del Sur de Tenerife, el Hospital de Ofra y el Centro de Atención Especializada J.A. Rumeu con gases de uso médico-asistencial; gasto fue autorizado hoy en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Sanidad.

Los gases de uso médico-asistencial son medicamentos vitales en tratamientos e intervenciones hospitalarias, como el oxígeno, nitrógeno, protóxido de nitrógeno o la mezcla de gases para usos exclusivamente medicinales.

La partida económica destinada a estos tratamientos incluye la contratación del suministro de gases de uso médico-asistencial y la gestión del servicio que implica, entre otras funciones, el mantenimiento de las instalaciones encargadas del suministro y la distribución de los gases hasta la toma del paciente, el análisis de la calidad del medicamento suministrado, la gestión, control y distribución de botellas, el control del stock en los centros, la trazabilidad de la distribución de botellas, la reposición de pequeño material y el llenado de recipientes criogénicos.

Estas actividades son indispensable para el correcto funcionamiento de las instalaciones y para garantizar la disponibilidad y control de la trazabilidad de los gases medicinales en los centros hospitalarios.

La duración del contrato de suministro y gestión del servicio de gases de uso médico-asistencial en los centros dependientes del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, será de 48 meses, comprendidos entre las anualidades de 2019 y 2023, y que podrá prorrogarse por otros 12 meses.

El Gobierno de Canarias se opondrá a la rebaja de los sexenios para el profesorado que plantea el Estado

El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el contenido de las objeciones planteadas por el Gobierno del Estado a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, que se debatirán en comisión bilateral

El Gobierno del Estado ha manifestado al de Canarias su oposición a diferentes artículos contenidos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año, por entender que contravienen la normativa estatal. En el caso de Educación, la posición que defiende el Estado supondría una reducción de en torno a un 80 por ciento en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Las objeciones del Estado se refieren concretamente a los epígrafes 1, 3 a) y b), y 5 del artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. En ellos, se regula la aplicación de los complementos retributivos al profesorado canario, fruto del desarrollo del acuerdo alcanzado con la representación sindical para implantar el modelo de sexenios en las islas y homologar así sus salarios con los del resto de comunidades autónomas.

El Estado entiende que el importe de dichos complementos supera el límite legal establecido para la creación de nuevos complementos retributivos o aumentar el importe de los ya existentes, que estableció a través del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno estatal reclama ahora que se reduzca sustancialmente el importe de los sexenios a cobrar por el profesorado y se eliminen nuevos complementos.

La Comunidad Autónoma, por su parte, considera que las objeciones del Estado por el establecimiento de los importes de los sexenios y la regulación de varios complementos relativos a las coordinaciones que realiza el profesorado en áreas transversales, como son la prevención de riesgos laborales, la convivencia y las tecnologías de la información y la comunicación no son de aplicación en este caso, al tratarse de complementos ya aprobados en su totalidad en el año 2017.

El acuerdo para la implantación del modelo retributivo que ahora pone en cuestión el Estado se basó en una planificación plurianual, por la que el importe de los sexenios y el resto de complementos se iría incrementando progresivamente hasta el año 2022, cuando el modelo quedaría definitivamente implantado. De hecho, el propio acuerdo, suscrito el 1 de septiembre de 2017, recogía una tabla con los importes exactos a recibir por los sexenios en cada uno de los cinco años de implantación. Así se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y así comenzó a implantarse ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que se aplicó con normalidad durante todo el año pasado.

En desarrollo del acuerdo, el presupuesto para este año 2019 incluyó, en el momento de su aprobación por el Parlamento autonómico el 19 de diciembre de 2018, la actualización de los complementos retributivos. Sin embargo, dos días después, el Estado publicaba el citado Real Decreto-Ley, cuando la Cámara autonómica ya había aprobado las cuentas para 2019, que se publicarían en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, el Gobierno de Canarias entiende que la aprobación del Real Decreto-Ley que limita el crecimiento del gasto fue posterior a la aprobación del presupuesto canario. Pero, es más, la Comunidad Autónoma considera que dichos complementos no son nuevos, ni suponen un incremento desmesurado sobre los salarios establecidos, tal y como parece plantear el Estado, sino que ya estaban plasmados en el acuerdo con los sindicatos del 1 de septiembre de 2017. Precisamente, el no aplicar el total del importe de los sexenios desde el año 2018 obedeció a la voluntad de las partes de no causar un perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma y seguir una senda de gasto perfectamente asumible durante el quinquenio de implantación de los sexenios y así se planificó hace casi dos años.

Por otra parte, la oposición del Estado al incremento en los sexenios se basa en que el Real Decreto-Ley 24/2018, obliga a todas las entidades del Sector Público a que, en su planificación de los gastos de personal al servicio del sector público, no se superen ciertos límites en el incremento de gastos por los conceptos “efectivos de personal”, es decir, nuevas contrataciones, y “antigüedad”. De ahí que el Gobierno de Canarias considere que su contenido tampoco es aplicable a este caso concreto, porque los sexenios no son complementos por antigüedad, sino por la formación continuada que realiza el profesorado.

Aunque está establecido que cada docente puede solicitar su cobro cada seis años, el requisito para obtenerlos es la acreditación de haber realizado actividades formativas homologadas en ese periodo y, por lo tanto, haber mejorado sus conocimientos para la docencia durante los seis años. Sin esa acreditación por formación, no se cobran los sexenios, por lo que hablamos claramente de un complemento retributivo por formación y no por antigüedad y no serían de aplicación las restricciones estatales por ese concepto. El complemento que reciben por antigüedad es el de los trienios que, en ese caso, se aplica de forma automática y no tienen que solicitarlo.

Con estos argumentos, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, consideró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Gobierno de Canarias tiene dos “razones de peso” para oponerse a las objeciones del Estado a la aplicación de los sexenios y sus complementos. La primera, que se trata de un acuerdo establecido en su totalidad desde el 1 de septiembre de 2017, por lo que no considera de aplicación restricciones impuestas por normas posteriores. La segunda, que se confunde la naturaleza de los sexenios, que no son una compensación por antigüedad en el servicio público, sino por el esfuerzo en la formación continua que realiza el profesorado.

Monzón añadió además una tercera, basada en el trato desigual con el resto de territorios del Estado. La consejera señaló que “la razón de ser de los sexenios no es otra que la de homologar los salarios del profesorado de las islas con los del resto de Comunidades autónomas”. Además, añadió que “después de años de intentos, por fin la Comunidad Autónoma dispone de suficiente capacidad presupuestaria para que en las Islas se cobre igual que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que impedirlo supondría un nuevo obstáculo para que Canarias pueda ofrecer empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo de una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto”.

Como conclusión, consideró que “la aplicación inflexible de normas homogéneas de restricción del gasto vuelve a frenar la capacidad de crecimiento de las comunidades autónomas que han sido más eficientes en su política presupuestaria y que disponen de recursos propios suficientes como para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en el caso de Canarias, lograr ser más competitivos y mejorar en las comparaciones con las medias estatales”.

La Consejería de Educación y Universidades ha convocado ya a todas las fuerzas sindicales que firmaron el acuerdo de 2017 para mantener una reunión el próximo miércoles, en la que analizar al detalle las objeciones del Estado y que el profesorado cuente con toda la información disponible.

Sanidad destinó otros 40.194 euros a subvencionar la actividad de cinco asociaciones de pacientes de Canarias

Los fondos irán destinados a apoyar proyectos para enfermos de esclerosis múltiple, afecciones neuromusculares, parkinson, cáncer infantil y cáncer de mama y ginecológico

La Consejería de Sanidad concedió durante el cuarto trimestre de 2018 un total de 40.194,86 euros en subvenciones directas destinadas a cinco asociaciones de enfermos de Canarias, para financiar actividades de ayuda a personas afectadas y al mantenimiento de sus sedes sociales.

Las entidades beneficiadas son la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas, con 18.194,86 euros, destinados al proyecto “Fisioterapia, logopedia y transporte adaptado”; la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias (ASENACAN), con 5.000 euros, para el proyecto de “Rehabilitación especializada a domicilio y ambulatoria a personas afectadas por una enfermedad neuromuscular”; y la Asociación Parkinson de Gran Canaria, con 6.000 euros, para el “Proyecto para el apoyo del bienestar y el mejor desenvolvimiento de los enfermos de parkinson, sus familiares y cuidadores”.

Asimismo, destinó una subvención de 6.000 euros a la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, para el “Proyecto de ayuda al mantenimiento de su sede”, y 5.000 euros, a la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, para el proyecto “Ampliando recursos: Beneficiando pacientes”.

De estas cinco asociaciones subvencionadas en el cuarto trimestre de 2018, ASENECAN renunció a la ayuda de la Consejería de Sanidad una vez concedida al obtener otra subvención para el mismo proyecto de otro departamento del Gobierno de Canarias.

Durante el ejercicio de 2018, la Consejería de Sanidad destinó otros 172.006,28 euros en concepto de subvenciones a otras tres asociaciones: la Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife (Alabente), que recibió 42.006,78 euros para el proyecto “Equipo de profesionales para el Centro de Día Alabente”; la Asociación Gull Lasègue para el Estudio y Tratamiento de la Anorexia y Bulimia en Canarias, que recibió 100.000 euros para el proyecto “Servicio de intervención sociosanitaria del Centro de Día para afectados/as por trastornos de la conducta alimentaria”, y la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias, dotada con 30.000 euros, para el proyecto “Atención a la diabetes y prevención de sus complicaciones en Canarias”.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio del Paisaje

Se trata del último reglamento de desarrollo de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, mediante decreto y a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio del Paisaje, un órgano colegiado con funciones de observación, estudio, formulación de propuestas y criterios de actuación, consulta y asesoramiento en materia de paisaje.

El Observatorio fue creado por el Decreto 137/2016 por el que se aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 25, establece la obligación de regular reglamentariamente la estructura y el régimen jurídico y de funcionamiento de este órgano autonómico. El aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el último de los siete reglamentos previstos para el desarrollo de la Ley del Suelo.

Entre las funciones del Observatorio del Paisaje se encuentran las de establecer los mecanismos de observación de la evolución y transformación del paisaje e impulsar campañas de sensibilización social respecto a su evolución, sus funciones y su transformación fomentando la participación ciudadana.

Asimismo, será el encargado de fijar criterios para establecer los objetivos de calidad paisajística y proponer las medidas de protección, gestión y actuación sobre el territorio, así como actuaciones coordinadas con las instituciones locales y autonómicas para la mejora, restauración o creación de paisajes.

El Observatorio emitirá informes para el asesoramiento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y resolverá, mediante dictámenes, las consultas que los cabildos y ayuntamientos puedan dirigirle. Los informes y los dictámenes tendrán carácter facultativo y no vinculante.

En cuanto a su composición, el Reglamento establece que ejercerá la presidencia quien ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de política territorial. Asumen la vicepresidencia primera, segunda y tercera los titulares de las viceconsejerías con competencias en materia de política territorial, de medio ambiente y de cultura, respectivamente.

Serán vocales los titulares de las consejerías responsables de las áreas de sector primario, turismo, educación, obras públicas, industria, economía, vivienda y administraciones públicas. También integra el Órgano un representante de la Fecam y otro de la Fecai.

El decreto aprobado hoy contempla la posibilidad de que los cabildos, en el ámbito de sus respectivas competencias, creen Laboratorios del Paisaje con funciones equivalentes a las del Observatorio pero referidas al ámbito insular.

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte

El nuevo proyecto de decreto añade el artículo 108 ter, en el que se establece la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor (VTC) mediante el uso de distintivos exteriores

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy lunes, 1 de abril, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias aprobado mediante decreto 72/2012, en lo relativo a la identificación externa de los vehículos autorizados para el arrendamiento con conductor (VTC). El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Con el nuevo proyecto de decreto se pretende adoptar medidas adecuadas para la debida protección de los derechos de los usuarios, así como evitar el intrusismo y la competencia desleal que pueda afectar tanto a las empresas de arrendamiento de vehículo con conductor, como al sector de viajeros en general, mediante la identificación exterior de los vehículos amparados por la correspondiente autorización de transportes.

En concreto, el Reglamento de desarrollo de la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias se modifica añadiendo el artículo 108 ter, en el que se establece la identificación de los vehículos destinados a arrendamiento con conductor mediante el uso de distintivos exteriores regulados con la imagen del Gobierno de Canarias, el número de matrícula del vehículo y las iniciales del nombre de la isla donde estén autorizados dichos vehículos, en un fondo de color asignado por cada Isla.

De esta forma, el distintivo de la isla de El Hierro incluirá las siglas HI sobre fondo turquesa, la isla de Fuerteventura las siglas FV sobre fondo color celeste, la isla de Gran Canaria las siglas GC sobre fondo color amarillo, la isla de La Gomera las siglas GM sobre fondo color rojo, la isla de Lanzarote con las siglas LZ sobre fondo color marrón tierra, la isla de La Palma con las siglas LP sobre fondo color verde y la isla de Tenerife con las siglas TF sobre fondo color azul marino.

Los distintivos, como documentos de control, consistirán en dos autoadhesivos de vinilo transparente. Asimismo, la numeración y año recogidos en los distintivos identificativos externos hacen referencia a los meses y el año en el que la persona titular de las autorizaciones deberá proceder al visado de las mismas, por lo que el órgano encargado de facilitar los distintivos identificativos externos realizará una marca en el número correspondiente al mes concreto en el que el visado debe realizarse. Además, los distintivos identificativos externos deberán colocarse en la parte superior derecha de la luna delantera y en la parte inferior izquierda de la luna trasera del vehículo, respectivamente, de forma que resulten visibles desde el exterior, sin interferir en ningún caso en la visibilidad de la persona conductora.

Los cabildos insulares, competentes para el otorgamiento de las autorizaciones, pondrán a disposición de las empresas titulares de los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor, tantos distintivos identificativos externos como autorizaciones haya expedido a tales empresas titulares, siendo únicamente válidos los distintivos oficiales entregados por dichas corporaciones. Asimismo, el incumplimiento del deber de llevar los distintivos identificativos externos en los lugares indicados el tenerlos deteriorados será sancionado conforme a lo que disponga la legislación vigente de ordenación del transporte por carretera de Canarias.

Con todo, los titulares de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, a la entrada en vigor de este decreto, dispondrán de un plazo de tres meses para identificar los vehículos, por lo que deberán solicitar al cabildo insular correspondiente tantos distintivos como vehículos con autorización dispongan.

El presidente acuerda, previa deliberación del Gobierno, convocar las elecciones autonómicas

El decreto de convocatoria de las elecciones será publicado mañana martes 2 de abril en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor de inmediato

El presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, sometió para su deliberación en la sesión de hoy del Consejo de Gobierno el Proyecto de Decreto por el que se convocan elecciones al Parlamento de Canarias. El decreto será publicado, y entrará en vigor, mañana martes 2 de abril.

Como se recordará, la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, en su artículo 16, atribuye al presidente de la Comunidad Autónoma la convocatoria de elecciones al Parlamento de Canarias.

En consecuencia, el decreto señala que las elecciones al Parlamento de Canarias se celebrarán el domingo 26 de mayo de 2019 y que el número de diputados y diputadas a elegir será el de 70 a distribuir entre 61 escaños correspondientes a las siete circunscripciones insulares y los restantes nueve escaños, a la circunscripción autonómica.

Los escaños de las circunscripciones insulares corresponden a tres por El Hierro, ocho por Fuerteventura, 15 por Gran Canaria, cuatro por La Gomera, ocho por Lanzarote, ocho por La Palma y 15 por Tenerife.

Asimismo, el decreto contempla que la campaña electoral durará 15 días, comenzando a las cero horas del viernes día 10 de mayo de 2019 y finalizando a las cero horas del sábado día 25 de mayo del mismo año.

El Gobierno aprueba la modificación del Decreto de Restauración Turística para simplificar la normativa

De esta forma, se cumple el deber de la Administración pública de revisar periódicamente su normativa para suprimir aquellos aspectos que aparecen regulados en otras normas relacionadas y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la modificación del Decreto 90/2010 de 22 de julio por el que se regula la Actividad Turística de Restauración y los establecimientos donde se desarrolla, cumpliendo así con el deber de las administraciones públicas de revisar periódicamente su normativa en aras de una mayor simplificación y adaptación a las nuevas tendencias del mercado.

En este sentido, y dado que la actividad de restauración también viene ordenada por otra normativa sectorial, no turística, que establece límites, requisitos y condiciones al desarrollo de la misma se ha procedido a suprimir todos aquellos artículos duplicados.

En concreto, el Decreto por el que se regula la Actividad Turística de Restauración en lo relacionado a condiciones de higiene y salubridad contiene aspectos que se regulan en el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos por lo que, en aras de una mayor simplificación normativa, se considera conveniente su supresión en la norma sectorial turística.

Se suprime el artículo 6, relativo a la capacidad de los establecimientos, por encontrarse regulado en el Reglamente de Actividades Clasificadas, ya que con este artículo lo que se pretendía era recordar la forma de calcular el aforo, ya regulado en el Código Técnico de la Edificación.

Se suprime también el artículo 7, relativo a condiciones y requisitos mínimos generales y lo relacionado al número de aseos exigibles y la extracción de humos, por estar regulada en normativa específica, quedando por tanto el artículo 8, limitado a la exigencia de contar con personal que hable español y a los requisitos de equipamiento de los establecimientos.

Asimismo, se modifica el artículo 2, referido al concepto de Actividad Turística de Restauración, incorporándose qué debe entenderse, a los efectos del presente Decreto, por establecimiento abierto al público. La finalidad es incluir en esta regulación todas aquellas iniciativas novedosas o tendencias actuales que, en definitiva, se pueden entender incluidas dentro del concepto de restauración porque ofrecen servicios de comidas y bebidas a través de medios o canales de difusión, como pueden ser portales o páginas web.

Se suprime además el artículo 12, relativo a la facturación, por encontrarse ya contempladas en su normativa específica, el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

El artículo 11, relativo a los precios, también se cambia y ahora recoge que todos los precios que figuren en las cartas y listas de precios deberán incluir el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), por lo que en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “IGIC incluido”. No obstante, si las prestaciones de servicios de restaurante o de bar cafetería se encontrasen exentas de dicho tributo, en las cartas y listas de precios deberá constar de forma clara y visible la expresión “exención franquicia fiscal”.

Decreto de Turismo Activo

A la modificación de este Decreto se suma un cambio en el Decreto del Turismo Activo, en relación con la cuantía mínima del seguro de asistencia o accidente para cubrir los servicios de búsqueda, rescate, traslado y asistencia derivados de un accidente en la prestación de las actividades de turismo activo.

Se trata de un cambio en el apartado 1.5.2 del modelo de declaración responsable, mediante el cual se elimina la cuantía mínima de cobertura del seguro de asistencia o accidente, que se había fijado en 600.000 euros, y no queda fijada ninguna cuantía económica concreta.