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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba la adhesión de Canarias al Fondo de Facilidad Financiera por quinto año consecutivo

El Archipiélago podrá disponer de 275,9 millones para financiar vencimientos de deuda correspondientes al primer trimestre de este año en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aprobó este lunes la adhesión de Canarias al Fondo de Facilidad Financiera con el fin de cubrir en condiciones más favorables que las que actualmente ofrece el mercado los vencimientos de deuda previstos para 2019.

“Esta iniciativa se traduce en importantes ahorros en costes financieros que, al igual que en ejercicios anteriores, se destinarán a incrementar las partidas de los servicios públicos esenciales”, dijo Rosa Dávila.

En concreto, la adhesión de Canarias a este Fondo supuso en 2015 un ahorro para la Comunidad Autónoma de 133 millones de euros en diez años; de 54 millones para las operaciones formalizadas en 2016; en torno a 25 millones para las de 2017 y alrededor de 40 millones en 2018.

Con esta nueva adhesión Canarias podrá disponer de un importe máximo de 275,9 millones de euros para financiar vencimientos de deuda correspondientes al primer trimestre del año, conforme al Acuerdo adoptado el pasado 31 de enero por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en relación con la distribución de este Fondo.

A tal efecto se suscribirá un préstamo a diez años con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con los dos primeros de carencia. El tipo de interés inicial será del 1,019% fijo anual hasta el 30 de septiembre de 2020, importe correspondiente al promedio de las referencias obtenidas del rendimiento medio de la deuda del Estado en dicho periodo.

Este tipo de interés supondrá un ahorro respecto de acudir al mercado financiero normal de algo más de 2,9 millones entre 2019 y 2020, según la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias.

A partir del 30 de septiembre de 2020, se fijará un nuevo tipo de interés único para cada comunidad autónoma equivalente a la media ponderada de los tipos de interés aplicados a los importes dispuestos en los distintos trimestres de 2019.

Este es el quinto ejercicio consecutivo que el Archipiélago se acoge a este mecanismo extraordinario de financiación reservado por la Administración General del Estado para aquellas comunidades autónomas que cumplen con los objetivos de déficit, deuda pública y pago a proveedores.

Tal como ha informado la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la adhesión al Fondo de Facilidad Financiera permitirá al Archipiélago optar, un año más, a condiciones de financiación más favorables que otras comunidades autónomas “que no cumplen y superan, con gran diferencia, el endeudamiento de Canarias”.

En el cuarto trimestre de 2017 y 2018, el Archipiélago renunció a la financiación ofrecida a través de este mecanismo, una vez aprobada por el Gobierno de España, al no necesitar endeudarse debido a la buena situación de las finanzas públicas, lo que ha permitido reducir significativamente la deuda viva de la Comunidad Autónoma.

El Fondo de Facilidad Financiera es junto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Fondo Social y Pago a Proveedores uno de los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas establecido por la Administración General del Estado (AGE) para garantizar las sostenibilidad financiera de las autonomías.

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Salud Mental cuyo presupuesto es de 15,3 millones

Consejo de Gobierno de Canarias

En la elaboración de este documento participaron más de 100 personas, entre miembros de asociaciones de pacientes y usuarios y profesionales de Salud Mental, Atención Primaria, Drogodependencias y de distintas áreas como Dependencia, Instituto de la Mujer y de las consejerías de Empleo, Política Social y Educación y Universidades

El Consejo de Gobierno celebrado hoy aprobó el Plan de Salud Mental de Canarias, documento fruto de la labor colaborativa y coordinada de 22 grupos de trabajo multidisciplinares e interinstitucionales, en los que han participado más de un centenar de personas entre pacientes, familiares y profesionales de los ámbitos de la Salud Mental, Atención Primaria,Salud Pública, Drogodependencias, Dirección General del Menor, de Dependencia, Instituto de la Mujer y las consejerías de Empleo y de Educación.

Este texto, en cuyo proceso de elaboración se invitó a participar a las siete asociaciones de pacientes del ámbito de la salud mental de Canarias, tiene como principal objetivo la rehabilitación psicosocial y la búsqueda de erradicación del estigma, así como la coordinación entre Salud Mental y el ámbito sociosanitario para mejorar la atención a estos pacientes.

Además, el Plan de Salud Mental de Canarias busca marcar las directrices a seguir durante los próximos cinco años en el Archipiélago, por lo que se ha buscado el mayor consenso tanto en el ámbito científico como asistencial, contando siempre con la perspectiva de los usuarios y sus familiares, ejes del sistema sanitario público canario.

Ficha financiera

El Plan de Salud Mental del SCS cuenta con una ficha financiera de 15.339.398 euros, que incide en tres aspectos básicos: la atención a la población con trastorno mental grave; la atención a la población infanto-juvenil, y la mejora de la dotación de recursos y personal de los dispositivos de Salud Mental. Según recoge la ficha financiera, de los 15,3 millones, un total de 4.249.398 estarán destinados a nuevas contrataciones de personal -especialistas en psiquiatría, psicólogía clínica, enfermería, etc- y 11.090.000 para infraestructuras y equipamiento en todas las islas.

Así, se crearán hospitales de día para adultos en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, unidades de media estancia en Fuerteventura y La Palma, unidades de ingreso hospitalario para menores de 18 años en Gran Canaria y Tenerife y unidades de salud mental infanto-juvenil en Gran Canaria y Tenerife. Justo, se está poniendo en marcha la Unidad de Salud Mental de Vecindario y se ha finalizado las instalaciones de los talleres ocupacionales del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Además se ha finalizado la obra de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil de la capital grancanaria.

El Plan contempla la contratación de 106 profesionales, de los cuales ya se están incorporando 12 (un especialista en Psiquiatría, dos en Psicología Clínica, dos de enfermería, cuatro auxiliares de Enfermería, un terapeuta ocupacional y dos auxiliares administrativos).

12 Líneas Estratégicas

El Plan de Salud Mental de Canarias se estructura en 12 líneas estratégicas y que, dada su relevancia y magnitud, se dividen en varias sublíneas que abarcan un total de 22 áreas cada una de ellas abordadas en cada uno de los 22 grupos de trabajo.

Así, el Plan incluye las dos líneas prioritarias que ya habían sido establecidas en el Plan de Salud de Canarias 2016-2017: la atención a las personas con trastorno mental grave y la atención a la salud mental infanto-juvenil. También abarca áreas como la lucha contra el estigma; salud mental y género; atención a las personas de edad avanzada; prevención y tratamiento de la conducta suicida, y la coordinación intra e interinstitucional.

Además, la estrategia engloba otras áreas de gran relevancia como la promoción y prevención y la atención a las personas con trastorno mental común, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, patología dual y adicciones.

Otra de las áreas esenciales del Plan es la rehabilitación psicosocial, indispensable en el tratamiento integral de las personas con trastorno mental grave y que requiere de una amplia variedad de recursos y coordinación intersectorial.

Asimismo, el documento incluye una línea estratégica dedicada a los sistemas de información, una herramienta básica para la planificación y desarrollo estratégico de la Red de Salud Mental, área en la que Canarias destaca, gracias a su Registro RECAP.

Por último, el Plan cuenta con una línea dedicada a la formación e investigación, áreas básicas para el desarrollo de una atención de la mayor calidad y actualización científica.

363.315 consultas a 64.278 pacientes en 2018

A lo largo de 2018 en Canarias a nivel ambulatorio se han atendido a un total de 64.278 pacientes, lo que supone un incremento de 3,18 por ciento con respecto al año 2017. En total, con estos pacientes, se realizaron el año pasado 363.315 consultas.

En las Unidades de Salud Mental de Canarias hay un ligero predominio del sexo femenino, un 55,5 por ciento, entre los pacientes y la franja de edad más común en ambos sexos es la de 46 a 60 años, seguida por la de 31 a 45 años. Los grupos diagnósticos con mayor prevalencia asistida fueron los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes, trastornos del estado de ánimo y esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes.

Cerca de 2.000 pacientes fueron atendidos en las unidades de hospitalización de los centros hospitalarios del SCS, siendo el grupo diagnóstico más frecuente entre los pacientes ingresados la esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes.

El Gobierno incorpora a Educación 42 millones de euros para infraestructura

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias

Con las partidas procedentes del PIEC, el Consejo de Gobierno eleva el presupuesto para Educación por encima de los 1.796 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la incorporación de cuatro partidas pertenecientes al Plan Especial de Empleo para Infraestructuras Educativas al presupuesto de la Consejería de Educación y Universidades, por un montante total de 42 millones de euros.

El presupuesto inicial de la Consejería de Educación era de 1.715.801.875 euros, al que el Consejo ya incorporó 4 millones de euros más para la construcción del Instituto de Educación Secundaria Saulo Torón en su sesión del pasado 25 de febrero, por lo que las partidas disponibles en el departamento autonómico se elevan por el momento hasta los 1.761.801.875 euros para el ejercicio 2019. En breve, se incorporarán también desde la Consejería de Hacienda 3 millones para le primer ciclo de Educación Infantil y casi 6,7 millones más procedentes del Programa de Cooperación Territorial, de manera que el presupuesto de la Consejería de Educación se situará en 1.771.495.049 euros.

En cuanto a la inversión global en Educación, el Gobierno destina este año 3.817.468 euros para los Hoteles Escuela de Canarias, 5.056.713 para las Escuelas de Capacitación Agraria, 4.925.429 para los Institutos de FP Marítimo-Pesquera y 11 millones de euros para los gastos de mantenimiento, vigilancia y conservación de los Centros de Educación Infantil y Primaria, que se transfieren a los ayuntamientos.

Así, la inversión total disponible del Gobierno de Canarias para Educación en el ejercicio 2019 asciende a 1.796.294.659 euros, lo que supone una inversión del 3,91% del Producto Interior Bruto, previsto para Canarias al comienzo de 2019 en 45.930 millones de euros, cuyo importe exacto no se conocerá hasta el final del primer trimestre del año, cuando se podrá realizar con precisión el cálculo de este porcentaje.

El acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Gobierno permitirá consolidar las inversiones del Plan de Infraestructura Educativa de Canarias 2018-2025, con varias partidas destacadas. Del importe total, un millón de euros se reserva exclusivamente para la mejora de instalaciones eléctricas, más de 2,6 millones se destinan al techado de canchas, 1,56 millones a la retirada de amianto y 200.000 euros a las Aulas Enclave.

Los ciclos formativos de FP también cuentan en el acuerdo de hoy con una partida específica para equipamiento, dotada con tres millones de euros, otro millón más se destina a obras de accesibilidad y 200.000 euros a comedores escolares.

Además de estas nuevas partidas, los 42 millones sirven para incrementar la dotación en partidas ya existentes, como el millón para equipamiento informático, los más de 7 millones para equipamiento, material docente y mobiliario o los 2,54 millones para obras RAM.

El resto del importe, casi 22 millones de euros, están consignados para obras nominadas, tanto de nueva construcción, como de ampliación y otras reformas.

El Gobierno de Canarias acuerda iniciar los trámites para renovar el AIEM

El Consejo de Gobierno encomienda al consejero Pedro Ortega iniciar las gestiones con la secretaria de Estado de Hacienda

El Consejo de Gobierno de Canarias acuerda iniciar los trámites para solicitar la renovación, a partir del 1 de enero de 2021, de la Decisión europea (377/2014/UE) que regula el Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) que se aplica en Canarias.

En concreto, el Ejecutivo autonómico encomienda al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, contactar con la secretaria de Estado de Hacienda para iniciar las gestiones necesarias con el fin de ajustar a la realidad actual de la industria canaria la lista de productos que se acogen a las exenciones y reducciones que se aplican con este arbitrio.

Además, acuerda solicitar al Gobierno de España que comunique formalmente a la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comisión Europea la intención de las autoridades españolas de proceder a dicha renovación.

El AIEM incluye una serie de exenciones y reducciones a favor de la producción local, cuyo plazo de vigencia expira el 31 de diciembre de 2020. La renovación de este arbitrio podrá acogerse a la prórroga de dos años acordada por la Unión Europea para las actuales directivas de ayudas de Estado, que permanecerán en vigor hasta el año 2022.

Aprobadas las instrucciones para quienes integren las mesas electorales en los comicios del 26 de mayo

El Gobierno aprueba asimismo la modificación del decreto por el que se regulan los elementos materiales a utilizar en las elecciones para adaptarlo al nuevo régimen electoral del Parlamento de Canarias

El Gobierno de Canarias aprobó hoy el manual de instrucciones de las personas que integren las mesas electorales con motivo de la celebración de las elecciones locales, al Parlamento Europeo y al Parlamento de Canarias que se celebrarán el 26 de mayo de 2019, en el que se explican los derechos y obligaciones y las funciones durante la jornada electoral, como la comprobación de los materiales electorales, la constitución de las mesas, el desarrollo de la votación, el cierre de la votación y el escrutinio y la preparación y entrega de la documentación electoral.

El Ejecutivo asegura que el manual es necesario para una correcta actuación de un órgano electoral de tanta importancia como son las mesas, resultando imprescindible que sea común a todos los procesos electorales que se desarrollen el próximo día 26 de mayo de 2019, ello en aras a la mayor claridad posible en las instrucciones que se dicten a las personas que integren las mesas.

El artículo 27.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General dispone que la designación como presidente y vocal de las mesas electorales “debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días. Con la notificación se entregará a los miembros de las mesas un manual de instrucciones sobre sus funciones supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros o de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autónomas”.

Dicho Manual ha sido supervisado por la Junta Electoral Central, que ha dado su parecer favorable, y ha sido remitido de nuevo a la Comunidad Autónoma de Canarias para que sea aprobado por el Consejo de Gobierno.

Decreto sobre elementos materiales

El Ejecutivo canario también ha aprobado el Decreto por el que se modifica el Decreto 99/2011, de 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y demás elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Canarias, para adaptarlo a la reciente aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, ha supuesto una modificación del régimen electoral del Parlamento de Canarias.

Con esta modificación se trata de adecuar el Decreto al nuevo sistema electoral canario y garantizar la correcta celebración de dicho proceso electoral, regular las condiciones de locales, urnas, papeletas, sobres y demás elementos a utilizar en la asignación de escaños a la nueva circunscripción autonómica.

Así, entre otras cuestiones, establece que cada mesa electoral dispondrá de una urna por circunscripción electoral, claramente identificada y debidamente precintada, e indica las nuevas características y condiciones de impresión de los sobres y papeletas de votación, así como los restantes impresos electorales.

El Consejo de Gobierno declara Bien de Interés Cultural el conjunto de los hornos de cal de El Cotillo

Ubicados en un enclave natural y paisajístico privilegiado de Fuerteventura, de gran importancia estratégica e histórica, cuentan con la categoría de Sitio Etnológico

El Gobierno de Canarias ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Etnológico, al conjunto de los cinco hornos del antiguo Puerto del Tostón, en el municipio de La Oliva, que se despliegan en un enclave natural y paisajístico único desde donde se puede apreciar gran parte de los acantilados de las playas vírgenes de El Cotillo, en la isla de Fuerteventura.

El ámbito de protección comprende la delimitación en torno al conjunto, garantizando la existencia de un espacio protegido a su alrededor para evitar posibles edificaciones que perturben su contemplación, considerando la proximidad del núcleo urbano.

El territorio de Fuerteventura, desde el punto de vista geológico, está formado en gran parte de piedra calcárea o roca caliza, lo que permitió que se desarrollase en la Isla una importante “industria calera” desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, de la que los principales exponentes arquitectónicos son la multitud de hornos de cal que se conservan. Además, se generó una industria particular y familiar alrededor de la cal al construirse hornos en muchas casas majoreras para el consumo privado y local (caleras), siendo el material más usado en la construcción. Por lo tanto, Fuerteventura se convirtió en una importante exportadora de cal viva hacia el resto de las Islas y la Península, de tal manera que se pueden encontrar más de trescientos hornos de norte a sur representativos de esta parte importante de la historia del pueblo majorero.

Tras la conquista de Fuerteventura, El Cotillo adquirió una gran importancia como puerto natural para el comercio de orchilla, cereales y ganado. Es por ello que en el año 1700 se construyó la Torre del Tostón para defender este puerto estratégico de los frecuentes ataques de piratas bereberes, ingleses y franceses. Este fondeadero era conocido desde 1599 como Puerto de Roque y a partir de 1626 adquirió la denominación de Puerto del Tostón hasta derivar, desde mediados del siglo XX, en su nombre actual, Puerto de El Cotillo.

Los hornos de cal de El Cotillo

Los hornos de cal de El Cotillo conforman un bien singular respecto a la mayoría que se conservan en la Isla. En este caso, se trata de un conjunto de cinco hornos correlativos, ubicados en un enclave natural y paisajístico privilegiado de gran importancia estratégica e histórica, el Puerto del Tostón, como demuestra la construcción en el siglo XVIII en este mismo punto de la torre de defensa del Tostón (también denominada Castillo de El Cotillo), declarada Bien de Interés Cultural en 1985.

El conjunto se conserva en el acantilado de El Cotillo, en el mismo núcleo urbano, y está inventariado en la Carta Etnográfica del Cabildo de Fuerteventura como exponente de los más de 300 hornos que se conservan, tanto de producción familiar como de producción industrial, testimonio de la industria calera que existió durante siglos El estado de conservación es bueno, puesto que no se aprecian problemas estructurales y su estabilidad es adecuada.

Los hornos de cal son exponente de la sabiduría técnica que llevó a los canarios a poder subsistir económicamente en los periodos de sequía, explotando uno de los pocos recursos que ofrecía el suelo majorero mediante la extracción y comercialización de la piedra de cal. Hoy rememoran este pasado industrial de la Isla, cuyo valor etnográfico y etnológico se fundamenta en que son construcciones representativas de la cultura popular de Fuerteventura.

El Gobierno aprueba el gasto plurianual de dos millones y medio de euros para licitar la Historia Social Única

Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

El modelo de gestión unificado entre todas las áreas de servicios al ciudadano permitirá gestionar apropiadamente la prestación de éstos a los usuarios y facilitará los trámites en la solicitud de ayudas

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes la licitación del contrato del Modelo Operativo Canario de Servicios al Ciudadano en los ámbitos social y de empleo por un importe de dos millones y medio de euros. El contrato corresponde a los trabajos conjuntos realizados por el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con el objeto de dotar a la Administración Pública en Canarias de un entorno de trabajo interadministrativo para el desarrollo del historial sociolaboral unificado, y el catálogo de servicios ligados, en este caso, a los ámbitos social y de empleo.

El Gobierno apuesta por que Canarias desarrolle un modelo propio para la prestación de servicios, posibilitando el entorno necesario para la gestión unificada de asistencias al ciudadano. Será una estructura operativa común para las distintas unidades del Gobierno de Canarias y de otras administraciones públicas y privadas que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas. El contrato base del acuerdo de gobierno de hoy podría considerarse una primera fase del concepto global de la Historia Social Única ya que parte de los ámbitos social y de empleo para construir el modelo y, en fases ulteriores, integrará otras informaciones, como la sanitaria. En estos dos primeros ámbitos se articulará el modelo a desarrollar no sólo de la información individual del ciudadano, sino, además, de la de su unidad de convivencia. Se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar ya que estas marcan de forma determinante la información básica sobre la que construir el modelo operativo de Canarias.

Se trata por tanto de definir e implementar un modelo cuyo alcance y desarrollo pueda incorporar a la totalidad de las administraciones públicas canarias, al tercer sector y al conjunto de servicios públicos en los ámbitos social y de empleo, con incidencia en la calidad de vida de las personas, pero cuya esencia parte de las unidades de convivencia. En definitiva, esta iniciativa persigue una perspectiva integral de las personas y que, aprovechando los trabajos previos realizados por distintos centros directivos, permita una mejora relevante de la actual situación.

Este nuevo modelo de gestión coordinada facilitará el marco de trabajo del sistema público de servicios al ciudadano que inciden en su calidad de vida y, por tanto, su estructuración, ordenación, planificación y gestión, con el soporte de las correspondientes administraciones públicas en materia social y de empleo, pero también en sanidad, vivienda, educación, justicia, igualdad y violencia de género, prestaciones sociales, atención sociosanitaria y cualesquiera otra que se identifiquen en un futuro inmediato.

Como afección más directa al ciudadano, al permitir facilitar y agilizar la cooperación y acceso interadministrativo a la información, éste no tendrá que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia.

También facilitará la operativa de tal manera que el historial social y laboral unificado hará posible la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.

Este modelo reducirá los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo, a partir de la efectiva redistribución de los recursos aportados por los distintos agentes, primordialmente las administraciones públicas, y su aprovechamiento óptimo.

La sistematización del marco de seguimiento permitirá la adopción de acciones correctoras que garanticen la adecuada evolución del modelo y la optimización continua del modelo para la mejora de su eficacia.

El texto del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en tramitación parlamentaria, introduce este nuevo concepto de colaboración interadministrativa al detallar en su exposición de motivos, apartado III, que “el sistema de servicios sociales funcionará de forma integrada y coordinado en red, de acuerdo con el marco normativo que establece la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen. Para ello, el sistema público de servicios sociales de Canarias se coordinará con todos los demás sistemas que inciden en la calidad de vida, como son los de salud pública, igualdad de género, prevención y protección de las mujeres contra la violencia de género, educativa, de ocupación y empleo, de vivienda, judiciales y otros”. Define, además, el sistema público de servicios sociales de Canarias como la integración de los servicios sociales de titularidad pública, y los de titularidad privada acreditados y contratados por las administraciones públicas, esto es, un sistema para el que demanda coordinación y, por tanto, un modelo de interoperabilidad. Este modelo operativo camina en esta dirección.

El Gobierno de Canarias aprueba una ampliación de crédito para ampliar la plantilla del SCS

Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana acordó incrementar el crédito en dos millones de euros para la contratación de personal de Atención Primaria y Especializada para los puntos de atención a las urgencias, refuerzo de las áreas quirúrgicas y de consultas

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado esta mañana aprobó una ampliación de crédito por valor de dos millones de euros para la ampliación de la plantilla de trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) y reforzar, así, las actuaciones de gestión sanitaria asistencial tanto para Atención Primaria como para Especializada; de este modo se podrá contar con más personal en los puntos de atención a las urgencias, reforzar las áreas quirúrgicas y las consultas.

Este incremento de crédito viene asociado a la puesta en marcha de la Estrategia +AP para impulsar la gestión y liderazgo de Atención Primaria, una estrategia que es fruto del trabajo realizado por el SCS y el foro de Atención Primaria en el que están integrados los representantes de las sociedades científicas relacionadas con Primaria y que prevee la puesta en marcha de una serie de medidas para mejorar la organización e incrementar la plantilla de profesionales de todas las categorías.

Asimismo esta medida, con la que se ampliarán el número de efectivos del SCS, se persigue continuar reforzando el trabajo de los servicios clínicos para la reducción de las listas de espera, tanto de consultas como quirúrgicas, y mejorar, asimismo, los tiempos de demora.

Los contribuyentes canarios multiplican por cuatro los trámites online con la Agencia Tributaria Canaria

Destaca el incremento en las presentaciones telemáticas relacionadas con el IGIC, el pago de tasas de la Comunidad Autónoma y el modelo para la compraventa de vehículos usados

El número de trámites tributarios que los contribuyentes de Canarias realizaron a través de internet se multiplicó por cuatro en 2018 en comparación con los llevados a cabo en el año 2015, al pasar de 188.592 a 681.348 declaraciones presentadas en la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

La cifra refleja la mayor penetración y aplicación de las nuevas tecnologías en las gestiones administrativas que se realizan en la Islas y un “cambio radical en la forma que tienen los ciudadanos y las empresas de relacionarse con la Administración”, explicó la portavoz del Gobierno, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Rosa Dávila explicó que “ofrecer una mayor cartera de servicios disponibles a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria facilita que cualquier persona o empresa pueda acceder y presentar los modelos tributarios las 24 horas del día, a la vez que se evitan desplazamientos innecesarios hasta la Administración Pública”.

El desglose de los datos muestra que los modelos que han experimentado un mayor incremento son los relacionados con las gestiones del IGIC, como la autoliquidación trimestral que presentan autónomos y empresas, que se ha multiplicado por cuatro, o la declaración del resumen anual, cuyas presentaciones online son seis veces más en 2018.

Destaca también, la liquidación vía internet del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compraventa de vehículos usados, que es ocho veces superior al año 2015.

Los contribuyentes canarios también han optado por la gestión online en el caso del pago de tasas de la Comunidad Autónoma vinculadas con el abono de matrículas de la Escuela Oficial de Idiomas, las enseñanzas elementales y profesionales y licencias de pesca. En concreto, esta modalidad de presentación se ha multiplicado casi por ocho.

El Gobierno insiste en que ya tiene su hoja de ruta para que la PCI se convierta en una Renta Canaria de Inclusión

Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales

El Consejo de Gobierno de hoy [lunes, 11 de marzo de 2019] se ha manifestado en contra de tramitar la Proposición de Ley 37 propuesta por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, como ya lo había hecho con las propuestas 33 y 34 de los grupos Podemos y Nueva Canarias, puesto que la Consejería, junto con otros organismos y agentes sociales y económicos, considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inserción a través de la modificación de la PCI, tal y como se acordó en los XI Acuerdos de Concertación Social.

En dicho acuerdo, consensuado con los agentes sociales y económicos del Archipiélago, se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual. “Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales”, aseguró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La propuesta de Nueva Canarias, en su articulo 4, propone dos modalidades: la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas; y la modalidad de “renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo”, dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera de las modalidades citadas.

Ademas, cuando no se trate de pensionistas, la primera de las modalidades se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral. Las rentas complementarias de ingresos procedentes del trabajo quedara vinculada a un convenio de inclusión dirigido a la mejora de la situación laboral de la persona titular, o en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar.

Tal y como se informó en su momento sobre las PPL 33 y 34, se estima que dar pasos en el sentido y alcance del citado articulo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, para articular el ejercicio del derecho hacia una renta ciudadana digna y que ofrezca salidas para las personas en situación de exclusión social, solo se puede hacer de manera progresiva y valorando que lo mas adecuado es la transición de la actual PCI hacia una Renta Canaria de Inclusión debido al impacto presupuestario, la complejidad del desarrollo normativo y la nueva instrucción de los procedimientos administrativos en la gestión y la ejecucion descentralizada y simplificada para tal finalidad, que demandan las Administraciones implicadas y la propia población afectada.

El objetivo que nos debemos plantear es hacer converger a Canarias en la media estatal del gasto social del resto del Estado en cinco años, yendo acompasadamente con su avance socioeconómico. Para posicionar a Canarias en el puesto número 9 de 19 posibles, en relación al porcentaje sostenible del PIB destinado al gasto en Servicios Sociales y Promoción Social, habría que aumentar el gasto en 302.502.985,00 € elevando la cifra a 638.145.986,67€, lo que supondria un incremento del 4´55% al 8,67% del presupuesto actual, un aumento del 0´75% al 1,43% del PIB actual de Canarias y elevar el gasto percapita a 294€, frente a los 154´23 € en estos momentos.

La Comisión parlamentaria que trabaja la ponencia de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias en tramite parlamentario desde enero 2018, cuenta con iniciar una transición desde la Prestación Canaria de Inserción hacia una Renta Canaria de Inclusión, incorporando, desde ya, algunos aspectos prioritarios que se contienen en el Acuerdo del pasado mes de octubre de 2018 de la Mesa de Concertación Social.

“Estamos dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual, contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que fue la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una Renta Canaria de Inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias”, explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. La responsable del área destaca, además, “el importante esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá” a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en materia de políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras comunidades con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14 en el ámbito del Estado”.

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, “si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción.

Cobertura indefinida para familias en exclusión con menores a su cargo

En esta hoja de ruta que ya tiene preparada el Gobierno, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. “Entendemos que se trata del colectivo más vulnerable entre los vulnerables”, argumenta Valido. “Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que ya está en trámite parlamentario desde el 18 de enero de 2018, y que esperamos que se apruebe antes de mayo”, detalló la consejera.

Progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

Nuevos perfiles: trabajadores en precario

Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).

En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.

La consejera destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.

“En definitiva -continua Valido-, con esta modificación y esta transformación de la Prestación de Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Esto quiere decir que permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo realmente importante y lo que significa el gran cambio”.

Incremento de personal

Valido no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente “se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI”. Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la FECAM también dentro de los acuerdos de concertación social.

Por último, y en cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido insistió en que “todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas”, sin contar personal ni programas de inclusión.