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El Ejecutivo canario convoca ayudas para la mejora de accesibilidad y modernización de viviendas

Foto grupo de viviendas

A través de estas ayudas, se podrán financiar, entre otras actuaciones, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad así como subsanar deficiencias en la red eléctrica y de fontanería

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Instituto Canario de Vivienda, publica hoy martes, 16 de julio, en el Boletín Oficial de Canarias, la convocatoria de las subvenciones destinadas a la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad y la modernización de las instalaciones interiores de las viviendas para el ejercicio 2019, por un importe de 350.000 euros.

Se trata de ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad y la modernización de las instalaciones interiores en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. Las viviendas deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse a las ayudas.

Se considerarán actuaciones subvencionables en materia de Accesibilidad, las obras y trabajos tales como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente, necesarios para el acceso a la vivienda desde el exterior; la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre la vivienda y el exterior, tales como videoporteros y análogos, así como la instalación de domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad, y cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en el interior de la vivienda, entre las que se encuentran la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda, la adaptación de baños y cocinas, y otras que cumplan las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo referido a vivienda accesible.

En materia de Modernización de las Instalaciones, se consideran actuaciones subvencionables, la adaptación a la normativa vigente de las instalaciones de electricidad; las destinadas a la subsanación de deficiencias en la red de fontanería garantizando el cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas y las destinadas a la mejora de la red de saneamiento, tanto interior de la vivienda como la conexión a la red general de alcantarillado en el caso de viviendas unifamiliares.

El coste subvencionable será el correspondiente al total de la ejecución de las obras descritas, incluidos los trabajos que sean necesarios para la correcta y completa ejecución de las actuaciones, además de los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán impuestos, tasas o tributos.

Se concederá a los beneficiarios una subvención del 50% del coste subvencionable de la actuación, con un importe máximo por vivienda de 6.000,00 euros. Hay que tener en cuenta que para la obtención de estas ayudas, se requiere que la obra subvencionable no se haya iniciado antes de la fecha de solicitud de la subvención.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, es decir, hasta el 17 de agosto.

Las solicitudes se dirigirán a la dirección del Instituto Canario de la Vivienda, en el modelo oficial que se inserta como Anexo II de la convocatoria, disponible también en la web que el Instituto Canario de la Vivienda tiene habilitada en la dirección de Internet www.gobiernodecanarias. org/vivienda, así como en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (https:// sede.gobcan.es/vivienda/).

Las solicitudes se podrán presentar también en los registros correspondientes de las sedes del Instituto Canario de la Vivienda, sitos en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, nº 18, Edificio de Usos Múltiples II, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, y en la calle J.R. Hamilton nº 16, Edificio Daida, 38071-Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo la solicitud también podrá presentarse en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (https://sede.gobcan. es/vivienda/), así como en cualquier otro registro y oficina a que se refiere el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los mayores de Arrecife disfrutarán de las mejoras acometidas en el centro a partir del próximo lunes

Las obras, que comenzaron en el mes de enero han permitido sanear la edificación poner electricidad y fontanería nueva.

El Gobierno de Canarias ha invertido más de 300.000 euros en la mejora de las instalaciones tras el incendio acaecido en 2016

La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha visitado hoy el Centro de Mayores de Arrecife, donde se ha llevado a cabo unas obras de remodelación con una inversión por parte de la Dirección General de Políticas Sociales de casi 318 mil euros. Las instalaciones estarán operativas partir del lunes y las actividades darán inicio en agosto.

Cristina Valido señaló durante su visita que desde la Consejería se propusieron sacar adelante el proyecto en el año 2017. “A partir de ahí hemos trabajado y obtenido los fondos, de manera que conseguimos adjudicar la obra a partir de principios de este año. Aunque en principio eran solo tres meses, cuando ya estábamos metidos en faena se realizaron otros trabajos de mejora más allá de la renovación de la instalación eléctrica, como colocar iluminación eficiente energéticamente y cumplir con toda la normativa de accesibilidad”, destacó la consejera en funciones.

Las obras, que comenzaron en el mes de enero han permitido sanear la edificación poner electricidad y fontanería nueva, construir nuevos baños e instalar un nuevo ascensor que cumpla la normativa vigente, así como un sistema contra incendios. Asimismo, se ha rehabilitado la cancha de bolas que hasta ahora no podía usarse.

El Centro de Mayores de Arrecife, de titularidad del Gobierno de Canarias, y que contaba con una encomienda de gestión al Ayuntamiento de Arrecife, sufrió un incendio que inutilizó la parte alta del edificio. En febrero de 2018 el Ayuntamiento comunica que paraliza su gestión en el Centro y es la Dirección General de Políticas Sociales quien se hace cargo directamente de los servicios y las obras tanto mayores como menores del inmueble. Aunque desde principios de 2017 se pasa a resolver la causa por el seguro y se realizan obras menores, es a mediados del 2018 cuando se comienzan a eliminar los elementos tóxicos que puedan ser nocivos. Aunque la planta de arriba queda inutilizada, el centro sigue en funcionamiento en la planta baja, una vez eliminados los elementos nocivos producidos durante el incendio además de la localización y causas del siniestro.

La oferta de clases en el centro se retomó en febrero de 2018, un mes después de que la Dirección General retomara la gestión del centro tras renunciar el ayuntamiento, quien tenía la concesión pero sin que resolviera la situación. En el centro se han impartido talleres de fisioterapia, gimnasia, manualidades, pintura, lectoescritura y memoria.

La Dirección General de Políticas Sociales inicia algunas reparaciones menores y de mantenimiento para mejorar la seguridad y habitabilidad de los mayores en el centro. También se inicia la preparación de la licitación de la obra mayor conforme a la nueva Ley de Contratación Pública por lo que el proceso se alarga con nuevas modificaciones que hay que hacer en el proyecto inicial de la misma por las imposiciones de la nueva ley. El proyecto finalmente se entrega y se comienzan las obras en el mes de enero, por lo que el espacio queda cerrado por recomendación de los técnicos hasta la finalización de la obra, aunque las actividades siguen impartiéndose en el Club Deportivo próximo.

El presupuesto para actividades del CM Arrecife es de 42.000 euros para el uso de casi 2000 personas (exactamente 844 hombres y 1.141 mujeres).

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El Gobierno lanza esta semana la convocatoria de formación para el empleo dirigida a más de 15.000 personas

La previsión es desarrollar a lo largo del próximo año 1.485 cursos gratuitos con certificaciones oficiales

El Servicio Canario de Empleo (SCE) ya ha publicado en la Base Nacional de Subvenciones, la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades que planteen acciones de Formación de Oferta, dirigidas prioritariamente a personas en desempleo y con la que el Gobierno pretende cualificar, para la obtención de un certificado profesional, a más de 15.000 personas.

La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, explica que “por primera vez, en esta convocatoria que cada año hacemos para que las entidades impartan la formación, se han establecido módulos económicos específicos para cuantificar el coste real de cada una de las acciones que desarrollen de acuerdo al número de alumnos”.

Estos módulos económicos se han obtenido tras el estudio de su adecuación a los precios de mercado en función de la singularidad, especialización y características técnicas de las distintas especialidades formativas.

“Otra novedad importante -prosigue Valido- es que se establece una mayor puntuación a las entidades que impartan formación en idiomas certificables y también a las relacionada con la economía azul, con lo que damos respuesta al mandato del Parlamento de Canarias para fomentar todas las actividades profesionales relacionadas con el mar”. Con este fin, se ha incluido en la oferta formativa certificados relacionados con la acuicultura, el mantenimiento de embarcaciones o actividades portuarias, entre otras.

Valido detalla que esta convocatoria se adecua a la oferta formativa consensuada y aprobada por el Gobierno junto a los agentes sociales y económicos en el Consejo General de Empleo celebrado en el mes de marzo pasado así como a la demanda y aportaciones consensuada en todos los consejos insulares.

En este sentido pone en valor la intensa labor realizada por el SCE, que “en este año reactivó los consejos insulares de formación y empleo (CIFE) para analizar las prioridades formativas en colaboración con las administraciones locales y los agentes económicos y sociales de cada isla”.

Para el diseño de esta oferta se tuvo en cuenta el impacto de las acciones formativas impartidas en la creación de empleo en cada isla y la buena inserción, un indicador a través del que se mide si la persona que ha certificado ha encontrado un empleo en la misma especialidad en la que se ha formado.

La oferta contempla 1.845 acciones formativas -cursos- ajustadas a las demandas laborales de cada isla y que permitirán obtener, de forma gratuita, un certificado profesional en alguna de las 268 especialidades programadas.

Podrán participar en la presente convocatoria de acciones formativas en modalidad presencial, las Entidades de Formación, públicas o privadas, que dispongan de instalaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que estén acreditadas y/o inscritas, en la especialidad o especialidades por las que concurran.

La convocatoria parte con un presupuesto inicial de 26 millones de euros aunque como, precisa Valido “lo habitual, como ya ocurrió el año pasado es que con los fondos añadidos del PIEC y el reparto definitivo de fondos que se determine en la Conferencia Sectorial, llegue a más de 50 millones de euros”.

En líneas generales, el 90 por ciento del crédito disponible para esta anualidad se distribuirá entre cada una de las islas de acuerdo al número de personas en desempleo registrados en cada una de ellas a 31 de diciembre de 2018 y el 10 por ciento restante, de acuerdo a la tasa de actividad insular determinada por el ISTAC disponible a la citada fecha.

A fin de garantizar el acceso a la formación de personas con mayor dificultad de inserción, se considerarán como colectivos prioritarios a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, personas desempleadas de larga duración, mayores de 55 años, beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo, de PREPARA, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Además, se establecerá una cuota de participación discriminatoria a favor de las mujeres (55% mujeres – 45% hombres), siempre que haya solicitudes presentadas para cada una de las acciones formativas en relación a las programadas.

En el último año, 15.981 personas consiguieron en las Islas un certificado profesional tras recibir la formación gratuita que imparte el SCE o tras presentarse a las pruebas que periódicamente convoca el Instituto Canario de Cualificaciones para acreditar la experiencia laboral o formación profesional. Y muchas de ellas, que habían abandonado sus estudios de primaria y secundaria por circunstancias personales, han conseguido aprobar los exámenes de competencias básicas y obtener, con la formación especializada recibida, un certificado de mayor nivel. Seis de cada diez personas que hacen esta formación se insertan en el mercado laboral, datos que avalan la necesidad de seguir potenciando esta formación.

Convocadas las ayudas para la compra de suelo urbano destinado a la construcción de viviendas protegidas

Vivienda ha presupuestado dos millones de euros para la convocatoria de este año

El BOC publica en su edición del lunes, 8 de julio, las bases y convocatoria del Instituto Canario de Vivienda, de las ayudas dirigidas a subvencionar el coste de la compra de suelo urbano consolidado, o derechos de superficie sobre el mismo, para la construcción de viviendas protegidas que se destinarán a la venta o alquiler a personas inscritas en el Registro General de Demandantes de Vivienda protegida. La convocatoria de este año prevé una inversión total de dos millones de euros.

Las subvenciones serán de hasta 250.000 euros por promotor y variarán según el número de viviendas que se vayan a levantar y si el destino es para el alquiler o la venta. Por cada vivienda a construir para la venta se concederán 10.000 euros y para el alquiler 12.000 euros.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas, las personas jurídicas, las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público y privado, así como las empresas públicas, privadas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas, las asociaciones y fundaciones públicas, las entidades del tercer sector de acción social, las empresas de economía social y las cooperativas de viviendas.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín, es decir el 29 de julio.

Las viviendas a construir deberán destinarse a la venta o al alquiler a personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública de Canarias, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para el acceso a viviendas protegidas de promoción privada, en régimen especial

En el caso de destinarse al alquiler, lo serán por un plazo mínimo de 10 años, y podrá establecerse un contrato de arrendamiento con opción a compra, característica que vendrá expresamente reflejada tanto en la clasificación provisional como definitiva.

Al menos un 4% de las viviendas que se construyan deberán cumplir las características constructivas y de diseño adecuadas, que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad.

La adquisición del suelo o del derecho de superficie debe haberse producido mediante título público o privado de compraventa, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2019

La calificación provisional y el inicio de la construcción de las viviendas protegidas de nueva construcción se deberá iniciar en el plazo de 12 meses contados desde el abono de la subvención.

El promotor vendrá obligado a ejecutar la obra y obtener la Calificación Definitiva de la Promoción en el plazo de 36 meses a partir del otorgamiento de la calificación provisional

El Gobierno destina 430.000 euros a 7 ONG de mujeres excluidas de las ayudas IRPF al no existir líneas específicas

La línea de financiación garantiza así la continuidad de programas dirigidos a familias monoparentales y víctimas de violencia de género, entre otros.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda autoriza ayudas directas a 7 entidades que no recibieron subvenciones en la convocatoria IRPF al no existir una línea específica para la acogida, protección, inserción e integración sociolaboral de las mujeres

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias destinará 428.701 euros a subvencionar a siete entidades que llevan a cabo programas de mujeres y quedaron fuera de la convocatoria cargo al 0,7% del IRPF de 2018 al no existir una línea de financiación exclusiva para proyectos destinados específicamente a la acogida, protección, inserción laboral e integración social las mujeres. De esta forma, estas asociaciones podrán continuar con proyectos encaminados a reforzar la atención especializada a este colectivo que de otra forma se habrían visto abocados al cierre.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas son, en concreto, la Federación Arena y Laurisilva (149.000 euros), Mararía (52.530 euros), Asociación de Familias Monoparentales de Canarias (54.000 euros), Gara (57.683 euros), Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación (56.530 euros), Asociación Española contra el Cáncer (46.530 euros) y Asociación de Familias y Mujeres del Mundo Rural (12.428 euros).

La consejera en funciones, Cristina Valido, explicó ayer que su departamento ha habilitado un crédito extraordinario para garantizar la continuidad de proyectos “vitales”, cumpliendo así con el compromiso adquirido con estas ONG para proporcionarles una alternativa, dada la inexistencia de una vía específica de financiación, y que sus iniciativas siguieran en marcha. “Es imprescindible que las entidades puedan seguir con la importante labor que desempeñan, ayudando a tantas mujeres a tener una vida digna”, destacó.

La oportunidad de conceder las nuevas ayudas de forma directa por valor de casi 430.000 euros está avalada por el programa presupuestario “Fomento de la Inclusión Social” de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, que tiene como objetivo fundamental promover actuaciones encaminadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en exclusión social a través de programas desarrollados por entidades no gubernamentales, mantener y ampliar la red de centros y servicios de atención social básica, así como la realización de iniciativas dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión. Así, esta Dirección General ha considerado que, en base a lo establecido en la Estrategia Canaria de Inclusión Social y a las instrucciones dadas por el Parlamento, debe tenerse especial consideración y priorizar proyectos destinados a paliar situaciones de exclusión o riesgo de padecerla respecto a mujeres que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, fundamentalmente como consecuencia de la imposibilidad por falta de financiación de continuar con determinados programas por parte de entidades dedicadas a su protección y que por su urgencia no pueden esperar a la tramitación de convocatoria pública.

La concesión de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% es una medida del Estado para la financiación de programas de interés general. Hasta el año 2017 la convocatoria de estas subvenciones se había realizado con dos tramos, uno estatal y otro autonómico. A partir de 2018 se produjo un cambio en el modo convocatoria y los criterios de resolución para la baremación vienen determinados por el Estado. Estos criterios son los que han determinado la concesión provisional de ayudas a las entidades con fondos provenientes del IRPF publicada hace unos meses. En la citada resolución, se concedieron ayudas a un total de 147 proyectos de unas 137 entidades sociales con una financiación que ascendió a 6.957.307,88 euros.

En este contexto, Valido recordó que las entidades han solicitado que se impulse una nueva fórmula para adaptar las bases de la convocatoria a la realidad del Tercer Sector en Canarias, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales. Algunas de las peticiones que plantearon fueron que los proyectos innovadores o experimentales tengan una ponderación diferente o que se establezcan límites al número de proyectos a financiar por cada entidad partiendo de lo consolidado en el año anterior.

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Vivienda resuelve la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda resuelve por 333.462,15 euros estas subvenciones dirigidas tanto a comunidades como particulares

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución definitiva de de ayudas a un total de 25 solicitantes (3 son comunidades de propietarios y 22 particulares) dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas. En total, el Gobierno de Canarias realizará una inversión en estas ayudas de 333.462,15 euros.

Estas ayudas tienen por objeto la financiación de obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, con especial atención a la envolvente térmica, en edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las viviendas unifamiliares, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

A estas subvenciones pudieron acceder los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva finalizados antes de 1996 en los que al menos el 70% de su superficie construida sobre rasante -excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles- tenga uso residencial de vivienda, y que al menos el 50% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar acogerse al programa. Las ayudas de este programa podrán aplicarse también para actuaciones en el interior de las viviendas del edificio.

En cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila debían estar finalizadas antes de 1996 y constituir el domicilio habitual de las personas solicitantes.

Las personas beneficiarias incluidas en la resolución definitiva, que no estaban incluidas en la resolución provisional, disponen de un plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias para presentar la aceptación expresa, así como la documentación relacionada. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención y se procederá al archivo de su solicitud.

Desde que la obra que se realice cuente con el certificado final, los beneficiarios contarán con un plazo de dos meses para aportar la justificación del empleo de los fondos percibidos para la actividad objeto de la subvención.

El Ejecutivo canario concederá ayudas de hasta 11.000 euros para facilitar la compra de viviendas a jóvenes

El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria finaliza el 29 de julio próximo

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Instituto Canario de Vivienda, publica en la edición del lunes, 8 de julio, del BOC las bases y convocatoria de subvenciones para este año, destinadas a facilitar a jóvenes de hasta 35 años, residentes en Canarias, el acceso a una vivienda habitual y permanente, en régimen de propiedad. La convocatoria de este año contempla un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Las ayudas podrán ser de hasta 11.000 euros, con el límite del 20% del precio de adquisición de la vivienda, sin gastos y tributos inherentes a la adquisición. La prioridad de las ayudas se establecerá de acuerdo a los ingresos.

La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, destacó hoy la relevancia de esta línea de financiación. “Es fundamental poner en marcha ayudas de este tipo para favorecer la emancipación de los jóvenes, ya que muchos de ellos necesitan apoyo para poder emprender un proyecto de vida. Es responsabilidad de la administración, y de la sociedad, contribuir a que tengan esa oportunidad”.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas mayores de edad que compren mediante escritura pública una vivienda, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2019 y que los ingresos de la unidad de convivencia a la que pertenezca el solicitante, sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM (22.557 euros).

La vivienda deberá destinarse a residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años y el precio de compra, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, debe ser igual o inferior a 120.000 euros.

Junto a la solicitud deberán presentar la escritura de la vivienda, si ya la han comprado y en caso contrario, la declaración responsable de estar en condiciones de comprarla y que el precio, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a 120.000 euros.

Las solicitudes que se dirigirán a la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, se podrán presentar en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda (https:// sede.gobcan.es/vivienda/procedimientos_servicios/tramites/5954), en los registros correspondientes de las sedes del Instituto Canario de la Vivienda, así como en los otros registros que contempla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín.

Canarias recibirá 265.000 euros menos para pobreza infantil pese a que Madrid aumenta la partida total

Gobierno de Canarias recuerda que el Estado debe 18 millones para combatir la exclusión social previstos en los PGE de 2018 y otros 30 correspondientes a los de 2019, es decir, un total de 48 millones

El Gobierno recorta la aportación a las Islas en el reparto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros aunque la línea de financiación global crece en 5 millones

El Gobierno de Canarias recibirá del Estado 265.200 euros menos para combatir la pobreza infantil en 2019 a pesar del incremento de los fondos estatales para este fin. El reparto aprobado ayer en Consejo de Ministros no tiene en cuenta las demandas planteadas por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que ya había advertido de que los criterios establecidos para 2019 podían implicar una reducción de los fondos con respecto a 2018, lo que dejaría sin financiación proyectos que ya estaban en marcha. En total, este año Canarias contará con 3.061.462 euros para sufragar estas líneas de actuación.

La consejera en funciones de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, lamentó hoy la escasa consideración que ha tenido el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con las necesidades que hay en el Archipiélago. El Estado ha incrementado en 5 millones la partida para políticas de pobreza infantil en el conjunto de las comunidades autónomas, pero esa apuesta por combatir la exclusión en la infancia no ha tenido un reflejo en las Islas.

De hecho, además de esta disminución, el departamento que dirige María Luisa Carcedo todavía adeuda 18 millones para políticas para combatir la pobreza en general que tenían que transferirse a Canarias en 2018 y que aún no han llegado, y otros 30 millones correspondientes a 2019. Cabe recordar que Canarias consiguió que se incluyera en los presupuestos de 2018 una partida de 30 millones para combatir la pobreza de la que solo se llegaron a abonar 12 y apenas unos días antes de que finalizara el año. Esos fondos tendrían que haberse incluido también en las cuentas de 2019 al prorrogarse las del ejercicio anterior, pero no ha sido así. El argumento que ha esgrimido el Ejecutivo central es que esos recursos tenían carácter nominativo y no podían prorrogarse de manera automática. Sin embargo, se puede autorizar vía real decreto en Consejo de Ministros, tal como se hizo con el Plan Integral de Empleo de Canarias, una medida que se aprobó “in extremis” poco antes de las elecciones generales y gracias a la insistencia del Gobierno autonómico.

Para desbloquear la transferencia de los citados 18 millones de 2018, Valido se reunió en enero de este año con la ministra Carcedo, quien se comprometió a transferir a las Islas esta partida, un compromiso que no se ha hecho efectivo. “Los incumplimientos, unidos a los retrasos en el abono de parte de los fondos previstos, dificultan enormemente la planificación de actuaciones, muchas de ellas a través de ayuntamientos. Y, al final, los grandes perjudicados son los ciudadanos”, explica la consejera. Otra prueba de ello es que en 2017 el Gobierno central también se retrasó en el ingreso de esta partida para Canarias, lo que generó problemas en los ayuntamientos a la hora de la ejecución, aunque finalmente esta llegó al 85%.

“Es intolerable que no se respeten los acuerdos alcanzados y no se trasladen las partidas en tiempo y forma, de manera que podamos planificar adecuadamente y atender las necesidades de nuestra población”, denunció la consejera. “A pesar de que Canarias ha conseguido rebajar la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza, en 8 puntos en los últimos dos años, el mayor desempeño de todo el país, todavía tenemos que trabajar para mejorar unos indicadores que siguen siendo elevados. Esa realidad debería unir a las fuerzas políticas, más allá de las siglas, en un objetivo común: combatir la exclusión social y conseguir que nuestra región siga prosperando. Por eso pedimos al Partido Socialista en Canarias que exija al Ejecutivo central, donde gobiernan los suyos, que deje de maltratar a esta tierra y a sus instituciones. Nuestros ciudadanos no se merecen ese desprecio”.

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El Gobierno concede ayudas a un total de 63 solicitantes para la mejora de accesibilidad de sus viviendas

El Instituto Canario de la Vivienda publica la resolución por la que se conceden ayudas que estarán destinadas a la instalación de ascensores, salvaescaleras o rampas, además de la adaptación de baños y cocinas para personas con discapacidad, entre otras actuaciones

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, publicado el viernes, 5 de julio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se concede subvenciones a 63 solicitantes para la mejora de la accesibilidad, la conservación y la modernización de las instalaciones interiores de las viviendas, correspondiente al ejercicio 2018, por un importe global de 267.243,83 euros.

La ayuda concedida, cuyas cuantías oscilan entre los 306,58 euros a los 6.000 euros, deberá estar destinada al pago de actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de la vivienda, entre ellas, instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o dispositivos tecnológicos, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como actuaciones que mejoren la accesibilidad universal del interior de las viviendas, tales como ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda o/y adaptación de baños y cocinas. Además, las viviendas deben constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en el momento de solicitar las ayudas. A estas subvenciones pueden acceder los propietarios de viviendas que acrediten que alguno de los miembros de la unidad de convivencia es una persona con discapacidad o mayor de 65 años.

En la citada resolución se incluye igualmente el listado de solicitudes desistidas, un total de 186, y denegadas, un global de 44 solicitudes.

Estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda, están destinadas a la rehabilitación de inmuebles para mejorar su accesibilidad y modernizar las instalaciones interiores en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.

Se han incluido en la lista de beneficiarios a aquellos solicitantes que, como consecuencia de la estimación de las alegaciones presentadas a la resolución provisional, ha resultado acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. A tal fin, los beneficiarios ahora incluidos que no hubieran sido incluidos en la resolución provisional, disponen de un plazo de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en el Boletín Oficial de Canarias para presentar la aceptación expresa. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el interesado no acepta la subvención y se procederá al archivo de su solicitud.

Mayo deja un descenso del índice de accidentalidad laboral superior al 17% en un contexto de creación de empleo

En estos últimos cuatro años, Canarias ha pasado de ocupar el décimo tercer puesto en cuanto a accidentalidad a ser una de las cinco comunidades con menor incidencia

El director general de Trabajo en funciones, José Miguel González, ha destacado hoy “la excelente labor preventiva, formativa y divulgativa” que realiza el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) que en un contexto de creación económica ha conseguido reducir la accidentalidad laboral. El índice de incidencia registrado en Canarias, es decir, el número de accidentes notificados por cada 100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, entre enero y mayo, arroja un descenso del 17,29% respecto al mismo periodo del año anterior.

“En estos cuatro años de legislatura -señala González- se han creado en Canarias más de 100.000 empleos y a pesar de ello, hemos conseguido dar la vuelta a la accidentalidad de tal manera que, desde 2017 solo experimenta descensos y nos hemos colocado como la quinta comunidad con menor incidencia”.

De acuerdo a la Estadísticas de accidentes de trabajo que elabora Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Canarias ha pasado de ser una de las cuatro comunidades con mayor índice de incidencia de la accidentalidad a una de las cinco con menor incidencia, después de Madrid, Cataluña, Valencia y Cantabria.

“Esta nueva tendencia es una consecuencia directa de que todos los agentes que intervienen en el ámbito laboral están incorporando de manera efectiva, y desde su responsabilidad, la cultura preventiva en todas sus actuaciones”. “El consenso de la administración, a través del ICASEL en esta materia, con los agentes sociales y económicos es fundamental para diseñar planes de formación y campañas de divulgación adecuadas”.

Durante los cinco primeros meses de este año, la incidencia bajó en todos los sectores económicos, en especial en Servicios, donde descendió un 22%, pero también lo hizo en Agricultura (-4,71%), Industria (-2,52%) y Construcción (-7,10%).

En números absolutos, en este periodo se han notificado 9.668 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en Canarias de los que la gran mayoría, 9.568 fueron leves, 91 graves y 9 mortales

Además, se notificaron 12.698 accidentes de trabajo sin baja, un 7,33% menos que en el mismo periodo de 2018, y en el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo, accidentes In Itinere ,se notificaron un total de 1.334 accidentes de los que 1.313 fueron leves, 16 graves y 5 accidentes mortales.

“Desde la administración -precisa González- hemos realizado un esfuerzo presupuestario para incrementar las partidas y dotar económicamente la totalidad de las acciones contenidas en el plan de actuación de seguridad y salud en el trabajo, entre las que se encuentra la recuperación de los gabinetes de seguridad laboral, que permitirán asesorar técnicamente al tejido productivo”.

Mejora el proceso de identificación de enfermedades profesionales. La gráfica de enfermedades profesionales notificadas representa en el acumulado en el mes de mayo la más elevada de la historia, lo que supone, como destaca González, “un éxito de las actuaciones de sensibilización que realizamos entre la población en este aspecto y de la mejora en los procedimientos de identificación, y, por lo tanto, de la solución a problemas que antes no eran detectados”.

“Es evidente -señala- que si no abordamos una enfermedad profesional a tiempo, y se confunde con una enfermedad común, no originada por una mala práctica laboral o un ambiente inadecuado, ésta se hace crónica y a la larga se convierte en un accidente laboral o en una baja laboral reincidente, pues no se soluciona el entorno laboral nocivo que está ocasionando esa enfermedad”.

Por patologías, entre enero y mayo se han diagnosticado 102 Trastornos Musculoesqueléticos (60 mujeres y 42 hombres), lo que suponen el 89,47% de las enfermedades profesionales notificadas.

Por sectores de actividad económica, entre enero y mayo, se notificaron en Canarias 85 partes correspondientes al sector Servicios (58 mujeres, 27 hombres) lo que suponen el 74,56% de las notificaciones, le siguen Construcción con 14, Industria 13 y Agricultura y Pesca con 2 enfermedad profesional.