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Derechos Sociales estudia los modelos de renta de ciudadanía del País Vasco y Navarra

El director general de Derechos Sociales, Jonás González, visitó esta semana las dos comunidades autónomas para conocer de cerca cómo gestionan sus rentas de ciudadanía con el fin de que Canarias desarrolle un modelo de éxito

El director general de Derechos Sociales e Inmigración, Jonás González, visitó esta semana el País Vasco y Navarra donde mantuvo diversos encuentros técnicos en los que pudo conocer de primera mano los modelos de renta de ciudadanía de ambas comunidades así como sus sistemas de aplicación.

Según explicó González, “tanto en el País Vasco como en Navarra, la renta de ciudadanía se impulsó como una herramienta de lucha contra la pobreza y, según hemos visto, ha cumplido con su cometido. De hecho, en el País Vasco la renta ciudadana atiende a unas 52.000 unidades de convivencia y en Navarra a cerca de 12.000. Nuestro objetivo es que en Canarias, donde el 36,4% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, tengan los mismos efectos a partir del próximo año”.

Una de las claves de ambos modelos está, según el director general de Derechos Sociales, en el alto desarrollo tecnológico que ambas comunidades autónomas utilizan en la gestión con sistemas y aplicativos informáticos que permiten cruzar datos con Hacienda, Padrón municipal, Seguridad Social, Registro de la Propiedad, etc. “Esto les permite garantizar no sobrepasar el periodo de dos meses para otorgar o denegar una solicitud de renta ciudadana”. En este punto, aclara, que “este es precisamente uno de los grandes retos en las Islas: simplificar la gestión para hacerla más eficaz y no hacer esperar a la gente que peor lo está pasando”.

Además, señala el director general que, a través de la renta ciudadana, se ha impulsado otros aspectos importantes en la atención a las familias más vulnerables como son los complementos al alquiler de la vivienda, estímulos para el empleo o la complementación de las pensiones no contributivas.

González estuvo acompañado por personal del departamento informático y por la jefatura de servicio de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), actual herramienta de protección en Canarias que, según indica, “atiende en torno a unas 6.400 familias en la actualidad y que dará paso a la futura renta ciudadana».

«De las experiencias navarra y vasca nos traemos cosas muy interesantes pero la intención es adaptarla a la realidad de nuestras ocho islas», indica el director general, quien anuncia “a partir de ahora el trabajo se centra en desarrollar un proceso participativo ambicioso con personal de la Dirección general, personal técnico de ayuntamientos y Cabildos, tercer sector, empresariado, sindicatos, personas usuarias de la PCI, grupos parlamentarios y ciudadanía en general, con el fin de definir entre todas y todos el modelo de renta ciudadana a implantar y que vaya más allá del trámite parlamentario. Para ello se cuenta ya con la implicación de todo el Gobierno canario con una especial implicación de las áreas de Presidencia, Hacienda y Empleo”, enfatiza.

En Canarias, adelanta el responsable del departamento de Derechos Sociales, el punto de partida de modelo de renta ciudadana será el del doble derecho: derecho a una prestación económica que permita unas condiciones de vida digna y un derecho a la inclusión social que permita a las familias integrarse y tener una vida de calidad.

Las siguientes cuestiones a definir, explica el director general, son elementos como: la correlación entre los dos derechos, las fases de implantación, los implantación o no de complementos a la renta ciudadana o su vinculación con el empleo. Es por este motivo que González apela a la participación en la construcción de esta norma, ya que “una herramienta tan importante como la renta de ciudadanía necesita del mayor consenso posible entre todos los actores sociales, políticos, sindicales y empresariales de nuestra tierra”.

Según explica González, “nuestro objetivo es que, a partir de la aplicación de la renta ciudadana, Canarias pueda abandonar la cola de los indicadores de pobreza en España y, para ello, haremos todos los esfuerzos necesarios, poniendo nuestras ganas, motivación y talento a la altura del reto histórico que supone esta herramienta”.