El Gobierno acuerda remitir el texto al Consejo Municipal de Canarias y al Consejo de Colaboración Insular

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto por el que se aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y acuerda remitirlo al Consejo Municipal de Canarias y al Consejo de Colaboración Insular para su consulta. Una vez concluya este proceso, regresará al Consejo de Gobierno, de donde se remitirá, por la vía de urgencia, al Consejo Consultivo de Canarias, para recabar su preceptivo dictamen, antes de que sea aprobado de manera definitiva. Se prevé hacerlo dentro de la actual legislatura.

El proyecto de decreto tiene por objeto la aprobación del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, en cumplimiento a lo previsto por la Ley de Servicios Sociales de Canarias, así como determinar los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y fijar el procedimiento de su actualización y revisión.

El Catálogo constituye el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias cuya provisión deberán garantizar las Administraciones públicas competentes, y mediante el que se relacionan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.

De esta forma, el Catálogo de servicios y prestaciones codifica el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada, y que están destinadas a la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias que residen o se encuentran en su territorio, con la finalidad de procurar su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.

Según se contemplan en el proyecto de decreto, las prestaciones del sistema público de servicios sociales promoverán la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.

El derecho de acceso de las personas a los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que se establezcan para cada supuesto en la Ley de Servicios Sociales.