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El Ejecutivo destina 2,5 millones de euros a Mogán para ampliar el parque público de viviendas en alquiler

El ICAVI acepta la cesión de parcelas en San Miguel de Abona para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública

La subvención, enmarcada dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, está dirigida a financiar proyectos que faciliten el acceso a vivienda digna a colectivos con mayores dificultades económicas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha concedido una subvención por importe de 2.500.000 euros al Ayuntamiento de Mogán, destinada al incremento del parque público de vivienda en régimen de alquiler y al fomento de vivienda protegida en arrendamiento. 

Con esta actuación, el Ejecutivo canario refuerza el papel de las administraciones públicas en la promoción del acceso a la vivienda, especialmente entre aquellos sectores de la población con mayores dificultades económicas o que se encuentran excluidos del mercado inmobiliario. La construcción y promoción de vivienda protegida de titularidad pública constituye una herramienta esencial para avanzar en la cohesión social y territorial del Archipiélago.

De acuerdo con la planificación municipal vinculada a estas ayudas para el incremento de vivienda pública, el Ayuntamiento de Mogán ha proyectado el desarrollo de viviendas protegidas en cuatro parcelas; dos de ellas en el barrio de Motor Grande (Puerto Rico), una en El Horno, situada en la calle Tajinaste, y otra en Veneguera.

Entre los objetivos de esta subvención, que se vehiculiza a través del Instituto Canario de la Vivienda, se encuentra facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a personas y familias que, por sus circunstancias sociales o económicas, no pueden acceder al mercado libre; erradicar situaciones de chabolismo e infravivienda, procurando que las personas beneficiarias puedan permanecer en su entorno habitual o, en caso de traslado, mejorar sus condiciones de vida y su integración social y económica; así como remodelar, rehabilitar o reponer viviendas protegidas promovidas por entidades públicas.

Asimismo, la actuación permitirá participar de manera activa en el mercado de la vivienda en contextos de elevada demanda y escasez de oferta, y contribuirá a la mejora y, en su caso, a la rehabilitación del equipamiento y las dotaciones al servicio de las viviendas protegidas.

Esta inversión se enmarca en las políticas públicas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Canarias, orientadas a ampliar el parque público de viviendas en alquiler asequible, fortalecer la función social de la vivienda y dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía canaria.

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