El Ejecutivo limita a cabildos y universidades las entidades que pueden presentarse directamente a las convocatorias

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un decreto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), al objeto de mejorar su gestión y clarificar los gastos susceptibles de ser financiados con cargo a este programa, que arrancó en 2016 con un horizonte temporal de diez años.

El Gobierno adopta el acuerdo, a la vista de los seis años de aplicación del Fondo y los resultados de los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como de los Informes de Evaluación elaborados.

El decreto señala que se hace necesario “hacer compatible una gestión eficaz de estos recursos con el interés general, la conveniencia de adaptar la regulación normativa a las necesidades advertidas durante los primeros años de aplicación y justificación de las aportaciones y subvenciones concedidas, y el actual contexto económico”.

Entre las modificaciones introducidas destaca la eliminación del marco temporal 2016-2025 previsto inicialmente para el Fondo y la flexibilización del marco presupuestario para permitir que las dotaciones consignadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias contemplen el desplazamiento de los compromisos plurianuales a ejercicios futuros. Igualmente, se favorece una gestión centralizada y homogénea de los programas FDCAN a nivel insular, que contribuye a una mayor cohesión económica, social y territorial, evitando la fragmentación de los recursos y el solapamiento de proyectos.

Además, se introducen algunas modificaciones al marco normativo que propicien una ejecución más eficiente por parte de las entidades beneficiarias de los proyectos y programas FDCAN. Con los cambios introducidos se logra flexibilizar el marco temporal y acomodar la financiación a la propia ejecución y se facilita el proceso de justificación, minorando las posibilidades de reintegro.

Con los cambios aprobados hoy, el Ejecutivo limita los beneficiarios de las próximas convocatorias a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, que no firmaron en su momento el convenio por los diez años y ahora mismo no tienen ninguno en vigor, y a las universidades.

El decreto elimina la posibilidad de que los ayuntamientos puedan presentarse directamente a las convocatorias, aunque participarían como beneficiarios finales en los programas que presenten las corporaciones insulares.