Se efectuará una contratación mediante procedimiento abierto para el suministro e instalación de equipos y ‘software’ que integran el sistema de grabación en las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Se busca lograr la unificación de los sistemas; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web; la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos

El Consejo de Gobierno autorizó hoy el gasto correspondiente a la contratación del suministro e instalación de equipos y software que integran el sistema de grabación de las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su mantenimiento y administración mediante procedimiento abierto, por importe de 5.944.928,04 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Además, también se acordó dar cuenta al Parlamento de Canarias de esta autorización de gasto.

El presupuesto se distribuirá en cinco anualidades (en 2020, por 1.400.000 euros; en 2021, por 1.900.000 euros; en el año 2022, por 1.688.910 euros; en 2023, por 300.000 euros; y, finalmente, en 2024 por 656,018,04 euros), coincidiendo así con el plazo de ejecución de cinco años de esta contratación.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia explica que la contratación busca lograr la integración de todos los equipos de videograbación de los órganos judiciales con el gestor procesal Atlante en un entorno web, de tal manera que todas las grabaciones queden integradas en el propio Atlante.

También persigue la unificación de los sistemas de grabación existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web (en vez de la arquitectura cliente-servidor); la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia estima necesario evolucionar los sistemas audiovisuales al servicio de los órganos judiciales y resto de intervinientes en los procesos judiciales a favor de un nuevo modelo que integre todas las prestaciones requeridas y que permita elevar el nivel de aprovechamiento tecnológico al máximo, que simplifique y facilite la gestión integral, así como la incorporación del nivel de funcionalidades más completo existente.

Así, el equipamiento suministrado permitirá la integración e incorporación de funciones que ahora desempeñan diferentes dispositivos, o prestaciones necesarias que en la actualidad son inexistentes y que, en el mejor de los casos, requieren de un personal que disponga de un nivel de conocimiento y especialización medio alto a nivel técnico para su aprovechamiento o utilización, perfiles que por su propia naturaleza no forman parte de los órganos judiciales y que, por lo tanto, no están disponibles para dar asistencia y apoyo permanente en todas las ubicaciones necesarias.

Por el contrario, el nuevo modelo con el equipamiento previsto posibilitará su utilización a usuarios con un nivel de conocimientos técnicos básicos, como son los propios de los órganos judiciales, al simplificar en gran manera el funcionamiento y las necesidades de manejo de los sistemas.

Los sistemas de Sala (130 en la actualidad) disponen de equipamientos que se adquirieron e incorporaron al uso en distintas fases y contratos, y que finalizan la cobertura por parte de los suministradores a lo largo de la vigencia prevista del contrato actual. Debido a la evolución tecnológica, y otros motivos, estos sistemas han quedado obsoletos y son incapaces de atender las nuevas necesidades planteadas y las de un futuro inmediato, además de sufrir un desgate acusado debido al alto nivel de uso y exposición que soportan.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 se hace imprescindible planificar su evolución y sustitución en el más breve plazo de tiempo posible desde el momento en que el soporte a su operatividad finalice. De ahí la urgencia en su implementación en este ejercicio presupuestario.

De esta manera, se prevé la sustitución de todo el equipamiento por sistemas basados en el nuevo modelo, así como la dotación de nuevos sistemas para atender otras necesidades esenciales que hasta la fecha no habían sido cubiertas en la administración de justicia de Canarias, como es el caso de las Salas Gesell, destinadas a la grabación de declaraciones y entrevistas de personas pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad: menores, víctimas de abusos sexuales o de violencia de género. Con el uso de estas Salas se evita una doble o múltiple intervención en los procesos judiciales, y el consiguiente incremento de la victimización, y se mejora la protección y privacidad de las víctimas dando cumplimiento a lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo dispuesto por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Como se recordará, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impuso la obligatoriedad de grabar todas las actuaciones orales en vistas y comparecencias de la jurisdicción civil desde la fecha de su entrada en vigor (8 de enero de 2001). Por lo tanto, a partir de entonces, fue necesario dotar los órganos del orden jurisdiccional civil (así como del social y contencioso-administrativo en los que la Ley tiene carácter supletorio) de los sistemas de grabación, duplicación y almacenamiento, previa adecuación de los espacios necesarios.

Más tarde se extendió la obligatoriedad de la grabación de vistas y comparecencias a la jurisdicción penal, con lo que la totalidad de salas de vistas y polivalentes de las sedes judiciales tuvieron que ser equipadas con tales sistemas.

En cumplimiento de lo anterior, y desde la entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia fue suministrando los diferentes equipos de video grabación para los órganos judiciales, cuya tecnología y características técnicas de los mismos ha ido evolucionando desde la entrada en vigor de la citada Ley hasta la actualidad.