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Franquis solicita el respaldo de los principales sindicatos de las Islas al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha presentado hoy a los representantes de las principales centrales sindicales de Canarias, UGT y CCOO, el proyecto del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias y les ha pedido que sumen sus aportaciones al documento final como ya están haciendo el resto de interlocutores sociales, económicos y políticos a los que el consejero ha requerido su implicación en el último mes para consensuar una propuesta común que será llevada al Parlamento en febrero y que trazará las líneas de actuación de la presente legislatura en materia de vivienda.

“Continuamos con las rondas de contactos con los representantes de todos los sectores sociales de Canarias con la finalidad de sumar todas las voluntades y todas las aportaciones posibles al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, ya que nuestro objetivo es presentar un documento abierto que cuente con las aportaciones de todos y presentarlo en el mes de febrero en el Parlamento”, aseguró Franquis.

El consejero recordó que aprobar este Pacto en el Parlamento será el primer paso para definir las políticas que luego se concretarán, económica y administrativamente, en un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que, entre otros objetivos, se marca el reto de construir 2.200 viviendas con fondos propios y coordinar con otras administraciones y con el sector privado, la construcción de más casas protegidas tras ocho años en los que los Gobiernos anteriores no promovieron la construcción de ninguna VPO en las Islas.

Así se lo ha transmitido el consejero a los representantes sindicales con los que se ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife acompañado de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Maribel Santana.

El consejero Franquis ha pedido a los sindicatos que aporten sus propuestas al Pacto tal y como ya se los pidió a los sectores empresariales de ambas provincias, y les transmitió que “es necesario remar juntos” con el fin de ampliar el número de viviendas disponibles en Canarias para las familias con pocos recursos, y empezar a dar respuesta al elevado número de peticiones de vivienda protegida que existe en las islas.

Franquis informó a los sindicalistas que la Consejería ya ha empezado a dar los primeros pasos en este sentido con la adquisición de pisos vacíos a través de la empresa pública Visocan, que se destinarán a facilitar una casa de manera provisional a aquellas familias vulnerables que estén en situación de desahucio por imposibilidad de hacer frente a los gastos de hipoteca o alquiler.

Este documento con la propuesta del Pacto recoge la necesidad construir viviendas de promoción pública, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a ella de los colectivos con especiales dificultades, y en particular de las personas mayores, y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. También se recoge como uno de los criterios fundamentales este documento hacer efectiva la cesión de suelo por parte de otras administraciones públicas para la construcción de viviendas protegidas, para lo que Franquis ya ha pedido la implicación de los ayuntamientos canarios tras reunirse con la FECAM, y de los cabildos insulares.

Los objetivos del Pacto por la vivienda que desarrollará la Consejería regional a través de sus políticas en este sector se articularán sobre seis ejes principales:

Eje 1. Garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler.

Eje 2. Construcción de viviendas de promoción pública.

Eje 3. El acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades.

Eje 4. Rehabilitación.

Eje 5. Mejora en los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas.

Eje 6. Creación de redes de colaboración.

Cada uno de estos ejes propone una serie de medidas y actuaciones a llevar a cabo por las administraciones en colaboración con otros agentes sociales y económicos que garanticen el acceso a una vivienda digna a miles de familias canarias.

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