Bienestar Social ha valorado al 75 % de las 17.000 solicitudes presentadas
En los últimos cuatro años, el Gobierno en colaboración con los Cabildos Insulares ha abierto 22 residencias para personas mayores dependientes y están en funcionamiento 126 centros para personas con discapacidad. Para el próximo año están pendientes de apertura otras 10 nuevas residencias
En Canarias han sido valoradas como grandes dependientes, 3.700 personas y no 6.400 como informan fuentes no oficiales.
«Las valoraciones a las personas dependientes las realiza la dirección general de Bienestar Social, así que no sé de dónde salen unas cifras que están desinformando a la opinión pública» explicó la directora general de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Araceli Sánchez.
En el último año se han recibido más de 17.000 solicitudes de valoración de dependencia de las que sólo 3.700 han sido declaradas como grandes dependientes.
Según Araceli Sánchez «es posible que esta avalancha de solicitudes se deba a que a principios de año el Ministerio sacó una potente campaña de comunicación en la que las personas que aparecían en los anuncios no eran grandes dependientes, por lo que hemos sufrido una desinformación que ha confundido a las familias». «Quizás- continuó Sánchez- si no hubiéramos tenido que realizar tantas valoraciones, además desplazándonos a cada isla, porque no olvidemos que las valoraciones se realizan a domicilio y vivimos en un Archipiélago, podríamos haber acelerado los planes individuales de atención a las personas que si son grandes dependientes».
«Así y todo ya estamos atendiendo a el 20 % de las personas declaradas grandes dependientes, exactamente, 799 personas a las que ya se les ofrece una prestación o un servicio y cada mes iremos incrementando paulatinamente».
«La aplicación de la ley de dependencia está produciendo mucho desasosiego en el colectivo y no podemos olvidar que ya se han producido o están anunciadas manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Castellón o Elche, por lo que la protesta es generalizada en todo el territorio español» indicó Sánchez
«Por tanto, es comprensible que en Canarias también ocurra, porque no podemos olvidar que se trata de una ley estatal, que no ha estado ni financiada adecuadamente ni regulada adecuadamente porque todavía tenemos que realizar un procedimiento provisional ya que aún el Ministerio no ha terminado de regular legislación básica que le compete».
«En todo caso, me gustaría puntualizar que en Canarias ya se están atendiendo a 8000 personas grandes dependientes o dependientes severos, fuera del paraguas de la ley de dependencia, 2.100 en ayuda a domicilio, 588 en centros de día y 5.314 en plazas residenciales». «Es más ¿ prosiguió la directora- hemos puesto en marcha plazas de prevención porque como dice la ley y todos los expertos debemos coadyuvar para evitar la dependencia y Canarias así lo ha entendido».
En los últimos cuatro años en Canarias se han abierto 22 centros sociosanitarios de personas mayores y están funcionando 126 para personas discapacitadas debidamente dotadas económicamente.
Según Sánchez «esto ha supuesto un tremendo esfuerzo para Gobierno y Cabildos porque hay que tener en cuenta que en Canarias debemos construir en todas las islas, no como en el territorio continental en donde pueden construir plazas residenciales para una población que no tiene el mar por medio para desplazarse».
507 expedientes de prestaciones trasladados a la Seguridad Social
Otra de las desinformaciones es que Canarias debe dar de alta a las personas cuidadoras no profesionales, según «La consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias ha enviado 507 expedientes de prestaciones para cuidadores no profesionales para que la Seguridad Social pueda darlos de alta.
Como recoge la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, las Comunidades autónomas son las encargadas de realizar el Programa de Atención individual y de pagar la nómina a las personas dependientes, que a su vez podrán pagar a los familiares cuidadores no profesionales siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social.
Aunque Bienestar Social ya ha enviado 507 expedientes y los ha incorporado a la nómina de prestaciones de dependencia del mes septiembre, sin embargo no tiene información sobre si la Seguridad Social ha dado de alta o no a los cuidadores no profesionales auque está recibiendo quejas de los familiares de las personas dependientes.
Los responsables de este organismo ya manifestaron en el Consejo Territorial, celebrado el pasado mes de julio que no contaban con personal suficiente para hacer frente al incremento de expedientes de prestaciones en el marco de la ley de dependencia.
Araceli Sánchez, directora de Bienestar Social declaró que «el procedimiento para el cobro de una prestación por dependencia es complejo, pero es el que indica la ley, y por lo tanto las Comunidades Autónomas debemos cumplirlo».
Debido a algunas desinformaciones Sánchez quiso aclarar que «el procedimiento comienza con la solicitud que puede ser presentada tanto en la dirección general de Bienestar Social como en el municipio de empadronamiento, una vez recepcionada, un equipo de valoración se desplaza hasta el domicilio del solicitante para realizar los informes, en este sentido cabe recordar que ya se han formalizado el 75 % de las valoraciones, una excelente cifra si tenemos en cuenta que además vivimos en un territorio fragmentado»
El procedimiento continúa con la resolución del grado y nivel de la persona que lo solicita «hay que tener en cuenta que de la avalancha de solicitudes tan sólo el 20 % han sido baremados como grandes dependientes, aunque el trabajo de valoración es el mismo, porque nosotros acudimos al domicilio de todas las personas que lo soliciten».
Una vez realizada la resolución, se elabora el Plan de Atención Individual (PIA), un programa personalizado. Paralelamente se solicita el informe social al Ayuntamiento, un informe que según la ley de dependencia es obligatorio.
El Plan Individualizado de Atención es el que resuelve si la persona dependiente tiene derecho a un servicio o a una prestación.
Si se trata de una prestación por cuidador no profesional, se da de alta a la persona dependiente en la nómina de prestaciones a la dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda que paga, como así lo indica la ley a la persona dependiente, no al cuidador.
Al mismo tiempo se da traslado del expediente a la Seguridad Social que es quien procede a dar o no de alta al cuidador no profesional, pero no lo comunica a la Comunidad autónoma, por lo que desde la dirección general de Bienestar Social se desconoce a cuántas personas se ha dado de alta.
«Nuestra obligación es pagar la nómina al dependiente y nuestro trabajo está hecho, quiero aclarar a los familiar que si han sido dados de alta o no además de desconocerlo, es una competencia exclusiva de la Seguridad Social» indicó Araceli Sánchez
» Insito nosotros lo que hacemos es dar de alta en nómina a la persona dependiente para que este destine su prestación a los cuidados en el entorno familiar, y este a su vez pagará al cuidador no profesional si está dado de alta en la Seguridad Social. Así lo hemos hecho ya lo hemos hecho con 507 personas dependientes» apuntó la directora de Bienestar Social»
También quiero aclarar – continuó Sánchez- que la prestación máxima por este concepto es de 506,96 euros para las personas declaradas grandes dependientes y de 405,99 para las personas dependientes severos grado III nivel 1.



