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1.241 familias de las Islas perciben actualmente la Prestación Canaria de Inserción

Inés Rojas destaca que «la ayuda económica de la prestación canaria de inserción es la más alta del Estado, pero lo más importante es que para cada uno de los hogares se ha elaborado un itinerario de inserción»

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas informó hoy que 1.241 perciben en estos momentos la prestación canaria de inserción. Rojas destacó que las ayudas económicas percibidas por las familias son las más altas del Estado, pero lo realmente importante es que «para cada uno de los hogares se ha elaborado un itinerario de inserción, como fórmula para encauzar un proyecto de futuro y por tanto salir de la exclusión».

De hecho, mientras que en comunidades como Andalucía se establece una cuantía mínima de 90 euros y una máxima de 600 euros; en Cataluña se fija una cuantía para una unidad familiar de un miembro de 400,38 euros y de 602,19 euros para la unidad familiar de 6 miembros; y Galicia establece una cantidad de 387,68 euros para la familia de un miembro y un complemento de 41,35 euros para la unidad familiar a partir de 3 miembros, en Canarias estas cuantías oscilan entre los 451,67 euros para un miembro y los 629,96 euros, dependiendo del número de miembros de los hogares

«Hasta el momento, el Gobierno ha venido realizando un claro esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de la población en exclusión del Archipiélago, aunque no podemos obviar que estamos en un momento de crisis económica internacional que afecta al Archipiélago que dependemos de las economías sobrantes que los europeos dedican al ocio, que indudablemente disminuyen en una situación de crisis».

Sobre los indicadores de pobreza en Canarias que se han publicado recientemente tanto por Cáritas como por la obra social de la Caixa la consejera indicó que «cada uno utiliza diferentes parámetros pero creo que deberíamos esperar a los estudios del Istac que están referidos específicamente para Canarias, en todo caso, tanto unos como otros indican que las condiciones de vida empeoran en toda España, lo cual es lógico ya que estamos atravesando una crisis económica, pero creo que las medidas que se están tomando desde el Gobierno de Canarias son las correctas».

En este sentido la consejera recordó que desde Bienestar Social, Juventud y Vivienda también se ha abierto una línea de subvenciones para ayudar a las familias en el pago del alquiler».

Rojas destacó «el importante apoyo que se está dando a los Ayuntamientos a la hora de aplicar esta Ley Social Canaria, y que supone la contratación de alrededor de 200 trabajadores sociales municipales, encargados de realizar los itinerarios de inserción».

«En este sentido -prosiguió la consejera- Bienestar Social aporta el 100% del presupuesto para la contratación de equipos sociales a los municipios de menos de 20.000 habitantes, y un 80 % a los de más de 20.000».

La consejera recordó que «por cada solicitante se confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que son elaborados por los profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda, para

facilitar la integración de estas personas a través de proyectos de integración social o actividades de formación».

Entre estos programas también se incluyen programas de empleo o de vivienda porque según la Consejera «se trata de un trabajo trasversal, en este sentido el Gobierno está trabajando mediante la estrategia de empleo y también en el marco del Plan de Vivienda ya que Canarias es de las pocas comunidades que construye vivienda pública en alquiler, en este programa el inquilino nunca pagará más del 12% de sus ingresos.

En el ámbito de la normalización social y personal, los programas se encaminan a través de acciones contra la desestructuración personal, dirigidas hacia la adquisición de mecanismos de autoestima y motivación psicosocial, así como hacia la adquisición de hábitos saludables de vida y, en su caso, a la orientación hacia tratamientos destinados a la mejora de la salud física, psíquica y sensorial, o bien hacia la información y organización para acceder a los recursos públicos o reclamar derechos económicos; acciones contra la desestructuración familiar, que permitan solventar, al menos temporalmente, problemáticas de convivencia como las causadas por separaciones, enfermedades psiquiátricas o adicciones, o incluso la atención a personas dependientes, a través de mecanismos como el respiro familiar en el propio domicilio o en centros ajenos a éste o el acogimiento familiar en otros núcleos familiares; actividades sociales o comunitarias, que procuren la integración a través de acciones de animación sociocomunitaria, o la adaptación de personas que provienen de sectores con problemáticas específicas, como exreclusos o inmigrantes con necesidades de adaptación sociocultural; y actuaciones vinculadas a la intervención social para dificultades relacionadas con la vivienda.

En el ámbito de la formación profesional ocupacional y la escolarización, a través de acciones dirigidas a la educación de personas adultas y escolarización en niveles educativos obligatorios; acciones dirigidas a la formación para el ocio y la cultura y profundización en los valores cívicos; y acciones de formación básica y ocupacional; formación e inserción a través de talleres de empleo, casas de oficio y escuelas taller.

Por último, en el ámbito de la inserción laboral, a través de acciones dirigidas a la orientación profesional y de autoempleo, y actuaciones dirigidas a la consecución de empleo a través de acciones integrales y experimentales de empleo; realización de obras y servicios de interés general y utilidad social; inserción sociolaboral en empresas de inserción; o participación en programas de políticas activas de empleo.

Perfil de los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción

El 37,4% de los hogares que reciben la Prestación Canaria de Inserción son monoparentales cuya persona principal es una mujer, mientras que el 49,9% de los hogares son unipersonales.

En cuanto al sexo, el 74% de los solicitantes son mujeres, frente al 25,3% que son hombres. Además, el 76,3% de los solicitantes se encuentran en paro, y de éstos, el 47,6% poseen estudios de primaria, y el 25,6% el graduado escolar.

En cuanto a la edad, la media de los solicitantes es de 48 años.

Especificidad para mayores de 65 años sin derecho a pensión contributiva

Igualmente, esta normativa establece una serie de excepciones, dirigidas a hacer que aquellas personas que no pueden cobrar la ayuda al no cumplir la totalidad de los requisitos, como las personas sin techo, las mujeres víctimas de violencia de género o las personas mayores de 65 años que no cobran pensión contributiva, puedan hacerlo.

En este sentido, aclaró Rojas, en la mayoría de las comunidades autónomas no se incluyen a las personas mayores de 65 años sin derecho a pensión, aspecto que sí se recoge en la normativa canaria. «Algo que vital importancia ¿ matizó- especialmente si tenemos en cuenta que mientras que, en el ámbito estatal, las prestaciones no contributivas representan sólo el 5%, en Canarias suponen nada más y nada menos que el 15 %».

«Es decir, son las personas mayores de 60 años, y principalmente las mujeres, las que más sufren esta diferencia ya que sólo el 30 % de ellas cobran una pensión de jubilación, que es, además, inferior a la de los hombres porque las pensiones por viudedad son mucho más bajas».

En este sentido, aclaró, con la entrada en vigor de la Ley de Prestación Canaria de Inserción, se han incrementado las Ayudas económicas básicas. De hecho, el Gobierno canario incrementó tanto las AEBAS en su momento como la propia Prestación Canaria para equipararla al 75 % del salario mínimo interprofesional para unidades familiares de un miembro y mucho más para unidades más amplias.