Logo del Gobierno de Canarias
Descargar como PDF

Bienestar Social ha pagado 779 servicios y prestaciones en el marco de la Ley de Dependencia

La directora de Bienestar Social, Araceli Sánchez, recuerda que la Ley de Dependencia tiene un marco de aplicación hasta el año 2015 y que esta ley es estatal

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias está atendiendo en el marco de la Ley de Dependencia a 779 familias con el Plan de Intervención Individualizada aprobado.

Del total, 162 tienen un Servicio de Día, 130 una plaza residencial y 507 prestaciones.

En este sentido Areceli Sánchez lamentó la desinformación ofrecida por la diputada Francisca Luengo «que además está creando un tremendo desasosiego en las familias y puntualizó que ni hay 6.402 personas dependientes ni las prestaciones ascienden a más de 1.000 euros. »

Según el Real Decreto 7/2008 de 11 de enero publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de enero establece la baremación y las cuantías máximas de las prestaciones.

Según Sánchez «hay que tener en cuenta que esta es la cuantía máxima, pero al mismo tiempo el propio Ministerio sigue sin regular la capacidad económica del beneficiario, es decir cuánto cobraría el usuario según su nivel de ingresos, una cuestión que dificulta muchísimo el establecimiento de las prestaciones porque las Comunidades autónomas hemos tenido que regular de forma provisional, al mismo tiempo quiero resaltar que la cuantía máxima de la prestación vinculada al servicio es 811 euros para una persona gran dependiente cuando una plaza pública para estas personas cuesta alrededor de 3.000 euros, con lo cual en la práctica es inviable».

«Desde el Gobierno de Canarias ¿prosiguió la directora- hemos preferido otorgar una plaza o un servicio antes que una prestación, como además indica la ley. En este sentido quiero resaltar que en el marco del Sistema Canario de la Dependencia ya se atienden a 8.000 personas dependientes de las cuales, 5.314 tienen una plaza residencia».

Según Sánchez, «ese es uno de los motivos por los que en Canarias hay 3.700 personas valoradas grandes dependientes en el marco de la Ley de Dependencia y no los 6. 400 de los que se está desinformando, ya que las muchas personas dependientes prefieren el sistema canario y no el de la ley de dependencia porque entienden que les es más beneficioso y sobre todo más seguro, ya que la indefinición normativa y financiera del Ministerio les crea desconfianza»

«No entiendo como- continuó la directora- por un lado en la Comisión Delegada en Madrid se pide paciencia a las Comunidades autónomas y aquí se nos acusa de boicot cuando todos saben que se trata de una ley de carácter estatal y que la normativa es competencia del Estado»

El Ministerio de Educación y La Ministra de Educación y Política Social anunció en el marco de la Comisión delegada del Sistema Nacional de la Dependencia celebrada la pasada semana un nuevo retraso en la normativa que desarrolla la Ley de la Dependencia, al no haber llegado a un acuerdo ni con los agentes sociales, representados por UGT, CCOO, el CERMI y los Consejos de Mayores y Discapacidad en la normativa que desarrolla la Ley de Dependencia como el decreto de la capacidad económica del beneficiario y la acreditación de centros.

La directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez informó que Canarias apoya la postura de los agentes sociales, porque la normativa canaria contempla los principios expuestos por los agentes sociales y mostró su preocupación porque las Comunidades Autónomas «tenemos la presión de aplicar una ley que en estos momentos no presenta ni seguridad jurídica, ni seguridad financiera, ya que el Estado no garantiza ninguna de las dos cosas».

«Por un lado ha habido un recorte considerable de los fondos dedicados a la dependencia». «A principios de año ¿ continuó la directora- el Ministerio nos informó que se repartirían 850 me entre las Comunidades autónomas y a final sólo se transfirieron 250 me, de los que a Canarias sólo llegaron 9 millones de euros, una cantidad absolutamente insuficiente para aplicar la ley».

«Canarias tampoco está de acuerdo con los criterios de reparto, en los que se prima la superficie por encima de la insularidad o la lejanía», apuntó Sánchez.

Ahora se nos comunica que, después de más de un año de aplicación de la ley, el Ministerio no sólo sigue sin completar la normativa, sino que además se plantea modificar la que ya aprobó el pasado año.

Atención e las personas dependientes en Canarias

Araceli Sánchez insistió en que «seguiremos colaborando con el Ministerio con las aportaciones que siempre ha realizado este Gobierno y seguiremos aplicando la ley con nuestra propia normativa, aunque estemos obligados a que sea provisional, que va en consonancia con los agentes sociales, sobre todo a lo de la capacidad económica del beneficiario se refiere»

«Sin embargo, también queremos colaboración del Ministerio ya que otra de las quejas de la Canarias ante la Comisión delegada es que el Estado está ofreciendo datos que priman la concesión de prestaciones a la de servicios, desvirtuando así los principios de la ley, y obviando el esfuerzo de las Comunidades autónomas, como la Canaria, que ya tenían su propio sistema de dependencia autonómico».

En este sentido la directora de Bienestar Social, puntualizó la información ofrecida por el Ministerio, «en la actualidad Canarias está atendiendo a más de 8.700 personas grandes dependientes o dependientes severos, porque nosotros, como indica la ley primamos los servicios a las prestaciones».

En cuanto a algunos datos que hoy salen en los medios de comunicación puntualizar que hasta el momento han sido declarados grandes dependientes 3.614 personas y no 6.400 como ha aparecido en algunas informaciones.